Fraude masivo en Ciutat Badia con la venta de centenares de pisos protegidos.

image_pdfimage_print
Familias marroquíes son víctimas de propietarios sin escrúpolos con la connivencia de Caixes, inmobiliarias, notarios y Hacienda, mientras la Administración catalana miraba hacía el otro lado cobrando plusvalías.

www.elpais.com el marroquí Youssef Ajnif

“Que alguien me explique este embrollo”, reclama el marroquí Youssef Ajnif. En paro desde hace dos años, Youssef asegura que nadie le explicó que el piso que compraba era de protección oficial y escriturado sólo en 6.000 euros.

En Badia del Vallès con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimerías del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de España, también conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria.

El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan apiñados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kilómetro cuadrado, son de protección oficial especial, pero ello no impidió que en los años del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.

Fue un “fraude masivo“, según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las Cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000.

 Una estafa basada en el desconocimiento de la lengua, las leyes y unos tipos de interés desconocidos en sus países de origen.

Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades “por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado”.
El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca.

El Departament d’Habitatge de ICV-EUiA auxilia a las Cajas

Catalunya-Caixa, Penedès y Caja Madrid se van ha quedar con pisos valorados por 40.000 €, sobre el papel y legalmente, por los que concedieron hipotecas de hasta 200.000€. Durante varios años han cobrado miles de euros de intereses casi sin amortización. Para evitar la pérdida patrimonial, Habitatge a través de su secretaria, Carme TRILLA, aprobaron un decreto en febrero que sale en auxilio una vez más del sistema financiero. Cambiando la figura jurídica de “protección especial” a “régimen general”, con ello las cajas podrían vender los pisos a más precio.
Esta decisión, según las entidades que están ayudando a los afectados, solo sirve para reducir “las pérdidas de las cajas, que se habrían quedado un piso que no vale casi nada”, asegura Alternativa d’Esquerres per Badia.Los bancos participaron en el fraude concediendo hipotecas irresponsables, pero una vez más, no se les hace pagar los platos rotos, sino que son asistidos por la Administración”, agrega Ada Colau, del Observatorio Desc.
Estas entidades sociales destacan, además, que la revalorización de los pisos de Badia beneficia a todos menos a las familias afectadas. “El hecho de que se duplique el valor del piso significa que estas personas han gozado de un incremento patrimonial y Hacienda les reclamará el pago de los impuestos correspondientes a pesar de que la vivienda dejará de ser suya porque se la quedará el banco”, señala Colau.
La Generalitat y CatalunyaCaixa ya han previsto la solución: el acuerdo establece que la caja dará créditos a las familias para pagar estos impuestos. El problema es que los afectados rechazan volverse a endeudar con el banco.
Los primeros propietarios que vendieron sus pisos ahora deberían responder por la venta fraudulenta y por el dinero negro cobrado en mano delante de notario y de la Caixa que avalaba el fraude. Y ¿qué hay de los notarios y de la Hacienda pública?

2 comentarios en “Fraude masivo en Ciutat Badia con la venta de centenares de pisos protegidos.

  1. Si los pisos solo podian ser valorados en 40000 euros y se han valordado por cinco veces más lo justo es que los vendedores devuelvan la diferencia y que los notarios y organismos oficiales paguen por el fraude realizado.

  2. Los que no entiendo es que la primera parte del artículo esté directamente copiada de un artículo de El País y a partir del titular que reza El Departament d'Habitatge de ICV-EUiA auxilia a las Cajas estemos ante "otro" artículo, pues si no me equivoco, ya no es igual en el diario de Prisa.

    La dura crítica a ICV y a su Secretaria de Habitatge, Carme Trilla, no se corresponde exactamente con lo que dice el artículo de El País, donde se matiza claramente al afirmar esto en un párrafo que merece ser reproducido íntegro:

    También la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "altísimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entró en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumplían todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", señala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que debía ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró ayer que iniciarán las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.

    Podríamos afirmar que el departament de habitatge pasa la patata caliente a la Agencia Tributaria, que a su vez está a la espera de que se formalicen las correspondientes denuncias.

    Estaba a punto de hacer correr el escrito, al que he llegado a través de Rebelión.org, pero ahora, ante los cabos sueltos que observo necesito contrastar. Me parece un error vuestra forma de enfocar la noticia, porque copiáis parte de un texto de El País y luego lo continuáis con ¿otro texto copiado? al no referenciarlo bajo el titular surgen las sospechas, las dudas, las preguntas.

    Un servidor tiene muy claro de qué pie calzan los bancos, las adminstraciones (títeres de los mismos) y los medios que, como El País, viven de sus infectos intereses. Obviamente, tengo claro que los ciudadanos afectados por la situación son víctimas, y me da igual si son migrantes u oriundos. el problema es que el artículo tiene debilidades por su origen y su forma de ser presentado, como ya he explicado, y eso desconcierta.

    Saludos cordiales y a ver si vigilamos más, que en la lucha contra los abusos de bancos, políticos del sistema y falsimedia hay que afinar más.

Deja un comentario