ESA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LLAMADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

José Ángel Gallegos Gómez, abogado especialista hipotecario que asesora diversas organizaciones y activista por el derecho a la vivienda desde hace ya 7 años, se encuentra hoy en el banquillo de los acusados por intentar impedir la prevaricación de un juez contra un ejecutado hipotecario en beneficio del banco ejecutante.

no hay más sumisión que a la verdad
no hay más sumisión que a la verdad

Hace algo más de tres años aproximadamente, llevando a cabo la defensa de un deudor hipotecario, durante el proceso de ejecución hipotecaria, se encontró con que el magistrado Francisco David Gutiérrez Cabrera del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Vilanova i la Geltrú que se encargaba de dicha ejecución, violaba la Ley más de lo que es normal que la viole la Administración de Justicia en estos procesos, obviamente en perjuicio del deudor hipotecario y en beneficio del banco ejecutante durante todo el proceso. Lo que dió como resultado el que el deudor hipotecario se querellara contra él por prevaricación. La querella no fue admitida a trámite (como es habitual porque la misión del TSJC no es juzgar y condenar a los jueces prevaricadores sino impedirlo) pero fue noticia del Diari de Vilanova, lo que no debió gustar en demasía a su señoría ya que posteriormente, denunció a José Ángel.

Ahora, la fiscalía acusa falsamente con uno de sus habituales trucos a José Ángel del delito de coacciones, tipificado en el artículo 172 del Código Penal que dice lo siguiente:

El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código”.

y le piden 3 años de prisión.

Tal como se describe el delito de coacciones el artículo del Código Penal, no cabe de ninguna manera esta acusación porque ni hubo violencia, ni intentó impedir lo que la Ley NO PROHIBE. Justamente todo lo contrario, intentaba impedir que el juez infringiera la Ley, una vez más.

Documentación aportada por José Angel Gallegos, abogado