Declaración de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Leganés, Pah Bierzo-CyL oficial, PAH Madrid, PAH -Hospitaler-ACS, Asociación en Defensa de los Afectados por la vivienda -ADAV Parla-, la Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500×20 y Stop Desahucios Valencia.

El encarecimiento del precio de un derecho básico como es la vivienda es un fenómeno mundial que afecta en mayor o menor medida sobre todo a las grandes áreas metropolitanas donde se concentra la mayor parte de la población. Si en el 2016 eran Barcelona y Madrid las que lideraban los aumentos de los precios de la vivienda de compra y alquiler hoy esas subidas se han trasladado como una ola a toda su área metropolitana. Y en 18 años, desde el inicio de siglo, ya es la segunda burbuja que sufrimos en la vivienda.

El origen y causa de esta nueva burbuja inmobiliaria hay que buscarla en las inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales que han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero que ha transformado la vivienda en un lujo inalcanzable para las clases populares. Los mercados de capitales y de renta fija hipotecaria son el núcleo de esta contrarevolución sobre el derecho a la vivienda donde la Banca española tiene toda la responsabilidad, con el apoyo vergonzante y vergonzoso de todos los estamentos políticos y judiciales, de vender a precio de saldo el parque inmobiliario del hundimiento del sistema de Cajas de Ahorros.

En la ola especulativa se han subido fondos buitres extranjeros que operan desde paraísos fiscales hasta el propietario marginal que exige incrementos abusivos de hasta el 50% de la renta de alquiler mientras practica el fraude fiscal. La población sólo ve la punta del iceberg especulativo cuando la ex-alcaldesa Ana Botella vendió bajo coste al fondo buitre Blackstone 1860 viviendas sociales municipales en una operación de intereses obscuros que recuerdan aún el tamayazo que dio la victoria durante décadas de la Comunidad al Partido Popular. La ausencia de un parque de vivienda pública de alquiler y asequible es ahora una losa en nuestro país y también la otra cara de la moneda de la promoción de “la sociedad de los propietarios” franquista que la izquierda patria nunca renunció como máquina de crecimiento económico en estas décadas.

Da igual el informe que se mire porque todos reflejan la misma tendencia: el precio de la vivienda bate récord en medio de una profunda depresión de los salarios que han sufrido los trabajadores desde la última crisis. El informe del portal inmobiliario Fotocasa indica eso, pero ha llamado especialmente la atención el top de subidas en el alquiler, de dos dígitos, que se ha trasladado a municipios como Leganés, en Madrid, con una variación de 30,9% y le sigue, Sabadell (29,6%), Fuenlabrada (29,1%) y Terrassa (23,5%), entre otras. A su vez, toda el área metropolitana de Madrid ha tenido una subida interanual media en 2018 del 15%.

Esas subidas son especulativas y abusivas. Son especulativas porqué no existe ninguna razón económica de encarecimiento de la construcción ni mejoras significativas de habitabilidad ni eficiencia energética en el parque de viviendas de alquiler que suelen tener una vida media entre 50 a 100 años, sobre todo en Madrid capital, por lo que están sobradamente amortizadas más de una vez. Son abusivas porqué el mercado está manipulado en el lado de la oferta y las continuadas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos desde el 1994 han dejado totalmente indefenso al inquilino delante de la propiedad. Esos abusos se aplican en toda la relación contractual con la más absoluta pasividad de la Administración como muestra el hecho que en nuestra Comunidad más del 50% de las fianzas de alquiler no están depositadas en la Agencia de Vivienda Social como se ha denunciado en el Parlamento autonómico.

El resultado ha sido un incremento espectacular de los desahucios en las viviendas de alquiler que se suma a los hipotecarios con lanzamientos que niegan los más elementales derechos de los ciudadanos expulsados de sus viviendas sin alternativa vulnerando los jueces y la policía implicada los convenios internaciones de derechos humanos firmados por el Estado español y lo que la propia Constitución declara en el artículo 47. A ello, hay que añadir que fruto de la desesperación miles de hogares pobres (hogares monoparentales de mujeres con menores, inmigrantes y jóvenes) se ven abocados a la ocupación de viviendas vacías y directamente se les aplica el código penal con multas. Con el absoluto desprecio de legisladores, jueces y magistrados asistimos a un drama humano que no ocurre en ningún otro país europeo con miles de suicidios directos e indirectos fruto de la angustia mientras asistimos al vergonzoso espectáculo de un Tribunal Supremo postrado a los intereses de la Banca pero con magistrados sordos a la zozobra de la ciudadanía.

Ante un panorama que creemos dantesco la reciente modificación de la LAU propuesta por el PSOE y apoyada sólo por el PDEcat y PNV no iba a resolver ningún problema pero la regulación de precios que promueve Unidos-Podemos también sería una legitimación por ley de la burbuja. Esa medida ha sido un fracaso en París y Berlín con alquileres insostenibles que han dado lugar a que los movimientos sociales quieran un referéndum para que los alquileres estén ligados a la renta disponible de los hogares. O intentar comparar nuestras ciudades con Viena que tiene un 40% de vivienda social es sencillamente absurdo.

Lo que demuestra la subida en 2018 de un 31% de Leganés y las otras ciudades es que necesitamos ya una congelación de los alquileres y la prórroga forzosa de los contratos por ley junto a otras medidas que garanticen el derecho del inquilinato a una vivienda que el Estado en su dejación de funciones por décadas de justicia social no es capaz de proveer. Así las organizaciones firmantes proponemos a todos las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda del Estado estas medidas porque queremos consensuarlas de cara a unificar objetivos en las luchas compartidas.

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER
JUSTICIA FISCAL y SOCIAL

Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
Contrato único inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores para que tributen como una ganancia más.
Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible…, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros) y con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de muchos de ellos pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.
Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.
municipalización del suelo urbano. el suelo urbano debe ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo-público (sería como un impuesto) y la propia edificación.