Y van 4! Ruido de sables de los lobbistas armados de la Banca en el Tribunal Supremo en la decisión sobre el AJD

AJD: si la inscripción registral es buena para la Banca española al vender 176.000 millones de créditos morosos a los edge-funds también lo es para que pague como sujeto pasivo del impuesto 4.000 millones


Hasta 4 veces el Tribunal Supremo ha modificado su opinión sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Los vericuetos jurídicos de los cambios de criterio de un Tribunal Supremo sin credibilidad social

Primero fue la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 (rec. 2658/2013) dictada ante una demanda colectiva de la OCU en la que se declaró la cláusula como abusiva pero sin hacer distinción alguna. El Tribunal Supremo decidió en aquel entonces que “la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho”. Eso levantó enormes expectativas entre los hipotecados sobre las posibilidades de dar un golpe económico a la Banca española.

Por segunda vez ocurrió, el 15 de marzo de 2018 dos sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 (recursos núm. 1211/2017 y 1518/2017, respectivamente) dictadas en dos recursos de casación presentados por clientes contra Banco Sabadell y CaixaBank. Estos recursos contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo, en 1 y 17 de febrero de 2017 aclaraban que los consumidores de entidades financieras – prestatarios- eran los responsables de satisfacer los tributos de formalización de las hipotecas y en ese caso, responsables del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

En estos recursos de casación – recurso extraordinario contra sentencia interpretativa de la ley– la Audiencia Provincial de Oviedo abordó la problemática de las cláusulas contenidas en las escrituras que los gastos de tasación del inmueble hipotecado así como los gastos y tributos de formalización de la escritura y de su inscripción en el Registro de la Propiedad. La sentencia del Tribunal Supremo declarando que los tributos sí iban a cargo del hipotecado se basó en la doctrina del Tribunal Constitucional que aseguraba que imponer que el sujeto pasivo del AJD sea la persona beneficiada del préstamo hipotecario es una opción política legislativa, culpando al Parlamento y a sus señorias de su opción al legislar el AJD contra el deudor y dejaba a la Banca al margen del pago.

Por tercera vez, el 18 de octubre del 2018, y ésta en una sala distinta la TS- contencioso-administrativo sala 3 Sección Segunda Sentencia núm. 1505-de-2018-10-16, los magistrados optaron por el criterio que el beneficiario de la inscripción registral de la hipoteca era el sujeto pasivo del impuesto, la Banca, pues era el único interesado en inscribir la hipoteca para ejercer sus derechos. Este razonamiento lo deja claro la Sala en los fundamentos de derecho de la página 25:

Las dificultades para determinar con seguridad quién sea la persona del “adquirente” y la presencia en nuestro caso de un negocio complejo en el que
cabría –al menos a efectos dialécticos- identificar dos adquirentes, nos conducen a utilizar –como criterio hermenéutico complementario- el contenido
del artículo 29 del texto refundido y considerar esencial la figura del “interesado” para despejar aquellas incógnitas.

Desde esta perspectiva, no nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento que nos ocupa no es otro que el acreedor hipotecario, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca (el elemento determinante de la sujeción al impuesto que analizamos), pues ésta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad.

Conviene recordar, además, que la persona del hipotecante puede coincidir con el mismo deudor o con un tercero (el hipotecante no deudor, que solo responde con el bien hipotecado), siendo así que –en este último caso- no solo se exigiría el gravamen a una persona completamente ajena a la hipoteca, sino que la base imponible del impuesto incluiría sumas distintas a aquellas que se contemplan en el único negocio en el que participó, comprometiéndose seriamente, creemos, el principio de capacidad contributiva.

La Sala tercera mata este giro radical jurisprudencial en el fundamento de derecho 6 de la página 26 cuando dice:

1. Con lo razonado en el fundamento anterior estamos en condiciones de dar respuesta a la cuestión que hemos considerado preferente de las dos que nos suscita la Sección Primera de esta Sala: el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es una escritura
pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario.

Y por cuarta vez, en un giro inesperado, al día siguiente el 19 de octubre, el Presidente de la  Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, exige que el acuerdo de la sección segunda sea refrendada por el pleno de la  Sala. Ruido de sables. Los tentáculos del pulpo del lobby bancario en las entrañas del poder judicial aprietan ante una sentencia que pone en serios aprietos el balance contable de la BANCArota. Por unos 4000 millones parece ser que la banca española se puede morir.


La Culpa la tiene el legislador (*1)

La Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (*2) recoge en su artículo 29 que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. Sin embargo, el reglamento que así regula este impuesto (*3) atribuye la condición de adquirente del bien al hipotecado.

“El problema, según entiende el Supremo, es que el reglamento que regula este impuesto ha interpretado mal la ley, porque a quien interesa que la hipoteca se inscriba registralmente es al banco”, señala Patricia Suárez. En concreto, en su artículo 68, dice el reglamento: “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía, se considerará adquirente al prestatario”.

¿Qué señorías parlamentarias,  el 29 de mayo de 1995 en tiempos de Felipe González, modificaron el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que lo que dice la Ley no se cumpliera en dicho reglamento?

¿ Cuántas leyes hipotecarias y reglamentos están manipulados por el lobby bancaria instalado en el Poder Legislativo o cuántas leyes bien redactadas son retorcidas por el lobby bancario instalado en el Poder Judicial?


La Dirección General del Notariado tiene claro que la Banca es la beneficiaria de la inscripción de la hipoteca

El despacho de Abogados Garrigues en nombre de las diez de las entidades de <servicing> más relevantes del mercado español estableció una ronda de reuniones con las entidades financieras, principales beneficiadas de limpiar balances, y la Dirección General del Notariado que estaban gestionando la recuperación de 176.000 millones de euros de créditos fallidos. El despacho entendió que era imprescindible obtener una vía para que los fondos buitre, adquirente del crédito fallido y nuevo acreedor, obtuviera ese tipo de copia que le permitiera acceder rápidamente a la ejecución, subasta y, llegado el caso, a la adjudicación del activo:

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha dictado una resolución de gran calado que va a permitir que los inversores internacionales – fondos buitre- que han adquirido créditos fallidos (o NPLs, non-performing loans) de entidades financieras españolas puedan acelerar de forma muy significativa la recuperación de los mismos, especialmente si están garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Finalmente, en una resolución de 28 de junio de 2018, la DGRN responde afirmativamente a la consulta planteada por el despacho en nombre de sus clientes (diez de las entidades de servicing más relevantes del mercado español) y confirma que los notarios pueden perfectamente expedir una nueva copia “con efectos ejecutivos” a favor del inversor que adquiere los NPLs garantizados con hipoteca inmobiliaria si antes ese inversor no obtuvo otra. Según la DGRN, esa nueva copia faculta al nuevo acreedor para acceder al procedimiento ágil y privilegiado de ejecución hipotecaria.

Esta noticia de junio de este año (*4), de la que hablaremos en otra entrada, muestra a las claras que el único beneficiario de la inscripción registral es el banco o el fondo buitre. Dicho de otra manera, la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del TS daba validez jurídica en su sentencia del miércoles pasado a los notarios: que EL BANCO O EL FONDO BUITRE ES EL SUJETO PASIVO PUES NECESITA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA HIPOTECA.

PARA LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA QUE ESGRIME LA BANCA NO HAY ÓRGANO JUDICIAL QUE PONGA VETO A UNA INSCRIPCIÓN REGISTRAL  PERO CUANDO ESA MISMA INSCRIPCIÓN OBLIGA AL PAGO DE UN IMPUESTO ENTONCES ES EL DEUDOR QUIÉN TAMBIÉN DEBE RECIBIR CASTIGO Y NO LA BANCA

La Plataforma de Afectados por la hipoteca de Madrid lo tiene claro: PODER JUDICIAL BRAZO EJECUTOR DE LA BANCA, era el artículo que reproduciamos en nuestra web donde se lamenta que el poder judicial “En lugar de cumplir con esa obligación, de carácter imperativo, han estado `mariposeando´ haciendo el papel de `ejecutor´ a favor de las peticiones y demandas de las voraces entidades financieras.”


Notas a pie de página.

  1. el confidencial, ¿Por qué cambió de opinión el Supremo respecto a los gastos hipotecarios?
  2. BOE.ES, Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  3. BOE.ES, Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

    CAPÍTULO II. Documentos notariales SECCIÓN 1 Hecho Imponible

    Artículo 67 Norma general

    Están sujetas las escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establecen los artículos siguientes.

    SECCIÓN 2 Sujeto Pasivo

    Artículo 68 Contribuyente

    Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

    Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario.

    Párrafo 2.º del artículo 68 anulado por Sentencia TS (Sala Tercera, Sección 2.ª) de 16 de octubre 2018, Rec. 5350/2017.

  4. Bufete Abogados Garrigues, Los fondos podrán recuperar más rápido los créditos fallidos tras una resolución de la DGRN.

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desahucios en abierto hipotecarios y de alquiler son ilegales por muchas causas

Hemos informado en esta entrada – declarem els desnonaments en oberts il·legals– de cómo en la Ley de Enjuiciamiento Civil  – LEC- en todo su clausulado, el juez debe informar siempre a la persona juzgada del día y fecha de su desalojo. Igualmente que nuestra asociación con muchas otras estamos trabajando una reclamación a los Juzgados para que se deje de utilizar esa práctica inhumana de echar a la gente sin recursos a la calle sin más.

Nuestro compañero y asociado Carlos Cobo, desde Andalucía, aduce más causas sobre esa ilegalidad.


Después de leer el manifiesto contra los desahucios en abierto (en catalán) pero se entiende bien, observo que, se centra mucho en Barcelona, pero el problema es en general de toda España.

Resumiendo, no es fácil (por no decir, imposible) que un Juez admita que firma documentos SIN LEER, que son redactados con los letrados de la Admon de justicia (antes secretarios judiciales) e incluso los gestores o tramitadores procesales, es decir, una cadena de errores Humanos que NO HACEN SU TRABAJO como es debido, que utilizan “plantillas” sin el más mínimo rigor, ni toman en cuenta las circunstancias personales del Ejecutado.

Prueba de ella es, que si leyeran la documentación que se aporta en las causas judiciales (ya sean por impago de Hipoteca o Alquiler) donde los abogados exponen la situación de extrema vulnerabilidad de la persona, se aportan documentos para demostrarlo (certificado de ingresos, en caso de enfermedad historial médico, certificado de minusvalía y/o invalidez etc..) y estando los Jueces OBLIGADOS desde el pasado 3 de mayo de 2008 a cumplir la convención de la ONU en materia de protección de las personas con Discapacidad (tengan o no reconocido el grado), vulneran la propia convención y además, un derecho constitucional recogido en su artículo 49.

Si todo ello fuera poco, España firmó y ratificó la convención de la ONU en el tratado Económico, social y cultural y que desde 2013 es de obligado cumplimiento para España.

Como vemos una y otra vez, ni la Constitución ni la Convención de la ONU de tienen en cuenta cuando se trata de proteger el derecho del Ejecutado, la parte más débil y vulnerable del procedimiento y vemos como una y otra vez, los Jueces Prevarican a favor de las entidades financieras.

Los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios Judiciales) están OBLIGADOS a revisar las cláusulas del contrato de OFICIO, incluso si ni siquiera se han alegado que dichas cláusulas sean abusivas. Una vez revisadas, si el contrato puede subsistir sin dichas cláusulas, se tienen que eliminar.

Si el Juez considera que declarar la Nulidad puede resultar más perjudicial para el ejecutado que beneficioso (Art.1.303 C.c.) “Se anula el contrato y se devuelve la “cosa”. El Juez puede Condenar al Banco a continuar con el contrato SIN LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS y SIN INTERESES. Algo que podría ser muy beneficios para el ejecutado, porque la gran parte de la letra mensual se la lleva los intereses, ya que el sistema financiero Español es “calcado” del francés (que primero amortiza intereses y finalmente capital). Lo justo sería al 50%, pero como todo ha sido diseñado por y para favorecer a los bancos, raro es el Juez que pierda el tiempo en investigar como pillar las “Trampas y Estafas” de los Bancos y finalmente van a lo fácil y rápido. Que considero fácil y rápido?, el banco ejecuta y expone sus motivos, el ejecutado se opone y se pone fecha para juicio, en la mayoría de los casos en ejecutado pierde y si recurre, el banco se vuelve a oponer a ese recurso alegando todo tipo de MENTIRAS!, pero como lo argumenta muy bien, se lo da “todo masticado” al Juez o Letrado de la Admon de Justicia (antes Secretario Judicial) y el ejecutado ve cómo pierde en todas las Instancias porque el Juez de 1ª Instancias que es quien valora la Prueba, NO HA HECHO SU TRABAJO!!, por lo que se puede denunciar a la Administración de Justicia de España ante la ONU por no haber cumplido con la Convención y por haber sido un error GUBERNAMENTAL y no achacado a un error profesional.

Un saludo

Carlos A. Cobo

NOTA: “Los Jueces pueden condenar al banco mantenido el contrato sin las cláusulas abusivas y SIN INTERESES”. Raro es el Abogado que se fija en las fechas de Oferta Vinculante y Escrituras y mucho más raro es que lo hagan los Jueces. Ahí empieza la clave de todo, si las fechas no se corresponden con lo que marcaba la directiva en su momento, el Juez debe declarar que el cliente NO FUE INFORMADO.




Una canción de guerra contra los desahucios

De nuestro amigo de barrio, Mateólika…. nos envía esta canción contra los desahucios

UN POCO DE MÚSICA SIEMPRE VA BIEN

MATEÓLIKA – CANAL DE YOUTUBE

Podéis seguir su canal aquí>>>>>

Canal del Cantautor de Barcelona Mateólika. Desde 2007 recorriendo el mundo guitarra en mano, denunciando injusticias a ritmo de ventilador y otras hiervas. Aquí encontraras todos los vídeos relacionados con las actuaciones en diferentes partes el mundo, solo, en trió o junto a MDM. Espero que disfrutes tanto viéndolo como lo he disfrutado yo actuando! Salud y Punk familia!




Dos medidas urgentes contra los rentistas: Congelación de alquileres y desgravación fiscal a todos los inquilinos

La congelación de alquileres sería una medida de justicia social.
La desgravación fiscal a todos los inquilinos sería una medida de justicia fiscal

Las continuadas subidas de los precios del alquiler en toda la geografía desde el 2014 han rondado algunos años los dos dígitos en algunas grandes ciudades como Barcelona y Madrid que concentran la mayor proporción de hogares viviendo en ese régimen . Por ejemplo, Barcelona que tiene entorno a los 230.000 hogares en régimen de arrendamiento hay barrios del centro donde el incremento del alquiler fue del 12% anual en 2017 (*1). Existe un efecto rebote pues el incremento de precios se traslada de los barrios centrales a los periféricos y de estos a las ciudades de toda el área metropolitana.

El rotativo La Vanguardia en su editorial lanzaba un titular desafiante: “Y los alquileres siguen subiendo(*2) donde afirma sin remilgos que “Los elevados precios de los alquileres han llegado a niveles insostenibles para una amplia capa de la población, lo que agrava el problema de la vivienda en Catalunya

La incesante inversión inmobiliaria extranjera nacida por la inyección, en el casino especulativo, de miles de millones por los bancos centrales – BCE , Reserva Federal- a través de los programas de expansión cuantitativa de sus balances ha creado un efecto arrastre en los mercados locales (*3). En concreto en Barcelona, la inversión inmobiliaria extranjera fue de 1.997 millones en 2015 y de 2.500 millones en 2016 y iguala al total del presupuesto anual del Ayuntamiento de la ciudad condal. Eso crea una ola gigantesca especulativa sobre la que surfean los inversionistas nacionales, abuelitos y propietarios marginales castigando al precariado con subidas del alquiler inasumibles.

La congelación de alquileres sería una medida de justicia social.

¿Pero por qué esa ola mundial de inversión inmobiliaria que se ha trasladado a todos los rincones? Los datos de la rentabilidad total y la rentabilidad bruta permiten ver que hoy en España no hay otra inversión “legal” que permita las rentabilidades del alquiler de viviendas. ¡Vamos que no hay mejor negocio que un tonto pagándote un alquiler! (*4)

La rentabilidad TOTAL de un inmueble en alquiler suma las rentas derivadas de los arrendamientos, los incrementos anuales y la revalorización del valor de la vivienda a lo largo de los años. Según el Banco de España – BdE – la rentabilidad total de la vivienda en 2017 fue del 11,4%. O sea, que la suma de aquellas cantidades permite en un mercado alcista recuperar el valor de la vivienda en 10 años a costa del inquilino y otros parámetros como que la vivienda este comprada al contado.

El Banco de España en su informe sobre el mercado de la vivienda indica claramente que el arrendamiento de viviendas supera con creces cualquier otro negocio o inversión como depósitos a plazo, Bonos del Estado o Bolsa.

En la serie histórica de rentabilidad total del alquiler indica que la anterior burbuja del alquiler (1999 a 2006) fue la más rentable.

Por su parte, la rentabilidad BRUTA de un inmueble en alquiler resulta de dividir el dinero anual que obtenemos por una vivienda en alquiler entre su precio de venta. Así, por ejemplo, una vivienda que se alquile por 12.000 euros al año (1.000 euros/mes) y que valga 240.000 euros se dice que ofrece una rentabilidad bruta del 5% de acuerdo con esta fórmula: (12.000/240.000) x 100 = 5%. Al igual que la  anterior serie histórica las rentabilidades BRUTAS también han sido desorbitadas en nuestro país que demuestran como el rentismo inmobiliario en el capitalismo extrae enormes plusvalías de las rentas salariales lo que reprime las compras de bienes, la inversión industrial, etc

LA OBLIGADA CONGELACIÓN DE ALQUILERES

Ninguna economía puede resistir semejante especulación sobre un bien básico. Las rentabilidades del alquiler superan con dos dígitos los aumentos salariales de los últimos 20 años. La rentabilidad rentista inmobiliaria supera con dos dígitos el incremento del PIB de los últimos 20 años. Eso quiere decir que enormes y crecientes cantidades de dinero van a parar a esa rama de la economía en detrimento del consumo, de la inversión y de la investigación y desarrollo. Eso ha sido posible, porqué los partidos del régimen del 78 han priorizado legislativamente, judicialmente, fiscalmente y económicamente esa opción. Cómo a los arrendadores, los propietarios, llevan 50 años chupando del bote ahora les toca a los inquilinos al menos que durante unos años no haya ningún incremento de alquileres de ninguna vivienda.

Y eso ¿como se hace?

  • Obligando a que todos los contratos de alquiler tengan un contrato único, supervisado por las oficinas de vivienda y en papel oficial con número y fianza registrada.
  • Congelación de todos los gastos, mejoras etc durante ese mismo tiempo para evitar la picaresca.
  • Para los nuevos contratos, suponiendo que la LAU permita sólo contratos de 3 o 5 años, bastará conocer la fianza depositada del anterior contrato aunque el inquilino sea nuevo.

SÍ,  porqué a las rentabilidades DESCARADAS que hemos comentado antes hay que sumar las enormes ventajas fiscales con que cuentan en nuestro país los caseros.

La desgravación fiscal a todos los inquilinos sería una medida de justicia fiscal

Como hemos explicado numerosas veces en este blog, las exenciones y desgravaciones fiscales al arrendamiento de viviendas provoca un boquete de miles de millones cada año a las arcas del Estado español cada año. ¿Por qué? Porqué supuestamente esa dejación de políticas públicas en manos de la iniciativa privada debían permitir el desarrollo de un mercado del alquiler – muy exiguo históricamente desde 1950- y abaratar precios. Después de 25 años de practicar esas políticas es evidente su fracaso viendo como esta la situación. Por contra, pensamos que esas políticas buscaban lo contrario: incrementar aún más fiscalmente los beneficios de los rentistas inmobiliarios grandes y los marginalmente pequeños.

SÍ, porqué a las rentabilidades descaradamente OBSCENAS que hemos comentado antes hay que sumar las enormes ventajas fiscales con que cuentan en nuestro país los caseros. Esto lo hemos explicado muy bien en nuestro blog  >>> AQUÍ>>> y también >>> AQUÍ>>>.

Pero vamos a ver un par de ejemplos que constatan como las rentas del trabajo, que son las que de verdad generan riqueza. pagan hasta 10 veces más impuestos que las rentas inmobiliarios. O sea, pagan un 1.000% más. O de otra manera, los ingresos salariales pagan 10 euros de impuestos por solo 1 euro los mismos ingresos en renta inmobiliaria.

En el siguiente ejemplo tenemos dos declaraciones de IRPF. Una de la persona física -A- que declara ingresos por valor de 27.000€, obtenidos de una renta salarial, del trabajo en una empresa. Por otra parte tenemos otra persona -C- que declara dos alquileres pero la suma de ingresos es la misma: 27.000€. Vemos en las siguientes declaraciones hechas delante del portal web de la Agencia Tributaria como la persona -A- con una renta salarial paga 2297 euros de impuestos pero en cambio, la persona -C- por ejemplo un abuelito- que solo declara ingresos de rentas de alquiler- por los mismos 27.000€- sólo deberá pagar 432€ porque las exenciones y desgravaciones fiscales sobre esos 27.000 euros acaban con una base imponible de sólo 7560€.

La persona -A- paga un 1.000%  más de impuestos respecto de la persona -C-. La diferencia es 10 a 1. Por cada 10 euros de impuestos trabajando, creando riqueza, el rentista inmobiliario sólo paga 1 euro por los mismos ingresos (27.000€). Esto sólo tiene un nombre : EXPOLIO DEL INQUILINO y DE LA RIQUEZA DEL PAÍS.

Estas diferencias impositivas tienen lugar tanto en personas físicas como jurídicas. Para evitar la picaresca en todas las medidas anteriores bastará que todos los inquilinos tengan derecho a una desgravación fiscal en el IRPF de manera todos los contratos acabaran siendo legales porqué el mismo inquilino delatará el fraude fiscal. Eso no ocurre ahora porqué el PP eliminó las desgravaciones fiscales a los inquilinos en el 2013 para no tener que investigar la enorme bolsa de fraude de los propietarios. Este expolio fiscal consciente a la Hacienda Pública y a los inquilinos está muy bien explicado aquí>>>

LA OBLIGADA JUSTICIA FISCAL

Por lo tanto, ante semejante escándalo sólo cabe la justicia fiscal para el inquilino. Para aflorar la bolsa de fraude de los arrendadores bastará con:

  • Eliminar las desgravaciones fiscales al arrendamiento para que tributen como una ganancia más.
  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. Las exenciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • Eliminar los incrementos del recibo del alquiler por mejoras arquitectónicas, instalaciones o estéticas de la vivienda para evitar el doble cobro a Hacienda y al inquilino.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.
  • Si la Agencia Tributaria suprime las desgravaciones fiscales de los arrendadores (4 millones de caseros) se pueden realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible… relacionado con un 30%. Con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de los arrendadores pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.

  • contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.

  • Gravar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas no poniendo en el mercado sus viviendas vacías en alquiler o vendiéndolas.
  • Todas estas medidas evitan el enorme colapso burocrático que supone el engorroso y escurridizo control de precios según indices en un mercado libre, que la Administración no controla y toda la picaresca asociada.

Salva TORRES, activista de 500×20


Notas a pie de página

  1. La Vanguardia, El alquiler alcanza en Barcelona el precio más alto de la historia.
  2. La Vanguardia, Y los alquileres siguen subiendo.
  3. La Vanguardia, La inversión inmobiliaria en Barcelona alcanzará récord con 2.500 millones en 2016.
  4. bankinter.com, La tabla definitiva para saber si un piso está caro o barato (ejemplos).

TODO ESTE EXPOLIO FISCAL ESTÁ MUY BIEN EXPLICADO AQUÍ>>>

desvelamos la verdad! los salarios pagan un 1.000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler


Portal del inquilino – espacio de derechos y empoderamiento

 


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Una Gran Victòria: BBVA no farà fora Scarlett fins a obtenir pis d’emergència de l’Ajuntament de Barcelona

El passat dijous 31 de maig del 2018 va haver un intent de desnonament a Sant Andreu, a prop del Pont del Dragó. Era Scarlett, que amb els seus fills de 11 i 8 fan una familia monoparental. Va haver gent solidària que es va apropar pel cridament a la solidaritat que va fer la […]

dimecres 21 març 18,30 hores: presentem el sindicat de llogaters a Nou Barris. Prou lloguers abussius!

Ens complau dir-vos que presentem el Sindicat de LLogateres al districte de Nou Barris, del qual en formem part, des de l’inici. Volem que sigui una eina per acabar amb la bombolla de lloguers que viu la ciutat i expulsa milers de persones dels seus habitatges, barris i ciutat.




Bombolla de Lloguer i Rendisme Immobiliari – xerrada de Salva Torres a l’Observatori del Guinardó

En el marc de les xerrades de l’Observatori del Guinardó-Can Baró (en defensa dels Serveis Públics i els Drets Socials) el nostre company Salva TORRES explica la seva visió sobre la bombolla del lloguer i com podem acabar amb ella. La profusió de dades i anàlisi permeten una visió general del problema a la ciutat de Barcelona i a l’estat espanyol sobre com el capitalisme manega el rendisme immobiliari.




Varios Ciudadanos Han Denuciado al Estado Español en Badalona por los desahucios

Este pasado viernes 27/09/18 a las 08:00 horas en el edificio VIVER del AYUNTAMIENTO de BADALONA varios ciudadanos han denunciado al Estado Español, a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Badalona por empobrecer a las familias para luego DESAHUCIARLAS. Las más altas instituciones internacionales:  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de y la ONU denuncian continuamente las nulas políticas SOCIALES sobre la población. Violando los Acuerdos Sobre Menores sistemáticamente.

El gobierno del Ayuntamiento de Badalona en vez de SENSIBILIZARSE con las familias ha pretendido mediante la presencia de Mossos coartar la denuncia. Hasta cuando lo vamos a permitir. La Plataforma de Afectados por la Crisis – PAC- aseguran seguiran denunciando como ciudadanos libres que son las atrocidades que se cometen en este País .

Asimismo, el Ayuntamiento de Badalona en boca del regidor Jordi SUBIRANA, de Units per Avançar, ha dado la espalda a una justa reivindicación de ciudadanos de su ciudad descalificando la denuncia como “La PAC siempre monta pitotes” lo que en realidad favorece la represión con la ley mordaza de los activistas de la PAC.

PAC – Badalona




Un decreto judicial de El Vendrell cuestiona la mayoría de las ejecuciones hipotecarias

Un letrado de la Administración de Justicia -antes secretario judicial- de este municipio del Penedès decreta que lo ejecutado no puede ser desahuciado en la misma ejecución hipotecaria.

Josep Cabayol / Siscu Baiges / Xavier Mostacero

El 11 de octubre había previsto un lanzamiento hipotecario en El Vendrell. El abogado José Ángel Gallegos presentó, una vez más, recurso de reposición convencido de que la ‘Ley de Enjuiciamiento Civil’ (LEC) no permite el desahucio en el mismo proceso de ejecución hipotecaria si aún vivos a la vivienda. Y el Letrado de la Administración de Justicia -antes secretario judicial-, Leandro Sánchez García, le ha dado la razón y ha dejado sin efecto el lanzamiento / desahucio. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas ejecutadas conservan la posesión de la vivienda y pueden -de momento- continuar en la finca subastada y adjudicada. El decreto es firme y por tanto no se puede recurrir.

Nuevo Proceso

El adjudicatario del inmueble subastado, con esta interpretación de la ley, no pierde sus derechos, pero si quiere obtener la posesión deberá formular la correspondiente demanda e iniciar otro proceso judicial.

En cuanto a los ejecutados y en el caso de que el adjudicatario demande, además del tiempo que puedan ganar con la dilatación judicial, podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas, incluso aquellas que, contraviniendo las disposiciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE -, el juez haya podido rechazar en el trámite de la ejecución hipotecaria, como serían las cláusulas abusivas denunciadas fuera de plazo y no tenidas en consideración.

Los hechos y la ley

El artículo 675 – ‘Posesión judicial y ocupantes del inmueble’ – de la ‘Ley de Enjuiciamiento Civil’- explica / explicita cuando se puede hacer la entrega de la posesión al adjudicatario de la subasta del bien inmueble y lo condiciona a dos casos:

Primero: cuando la vivienda está vacío. Y segundo: cuando los ocupantes de esta vivienda son terceros.

Precisamos: el artículo 675 dice en su primer apartado: ‘Si el adquirente lo solicita, se le pondrá en posesión del inmueble que no esté ocupado’. Y segundo: en caso de estar ocupado, el adquirente podrá pedir al tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente ‘. Es decir, personas diferentes a los ejecutados: precaristas, inquilinos, ocupas. Entonces también se le otorga la posesión al adjudicatario si la solicita.

En ningún caso se hace referencia al ejecutado. En ningún momento se contempla que se le pueda desahuciar si el piso no está vacío, si el ejecutado continúa viviendo / ocupando la vivienda.

Conclusiones

El decreto no es intrascendente. De la lectura legal de estos artículos se deduce que el antiguo propietario, si todavía habita el inmueble, no ha perdido la posesión, porque vivo / ocupa la vivienda. En consecuencia, no debe ser desahuciado. Las preguntas son cuánta gente ha sido desahuciada ilegalmente y por qué la justicia no sólo ha hecho esta interpretación de la ley sino también por qué le cuesta tanto analizar / revisar el posible grave / fatal error en la aplicación de la norma.

Si se generalizaran decisiones como la decretada por el tribunal de El Vendrell, muchos de los desahucios realizados, dice Gallegos, se convertirían ilegales. Es difícil saber cuántos pero no es atrevido afirmar que lo serían la mayoría.

Así las cosas, la inmensa mayoría de las ejecuciones hipotecarias realizadas no deberían ser válidas.

FUENTE:  sicom.cat / elmon.cat Un decret judicial de El Vendrell qüestiona la majoria de les execucions hipotecàries.



DOCUMENTOS

recurso reposición abogado : jose Ángel GALLEGOS

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Artículo 675. Posesión judicial y ocupantes del inmueble.

  1. Si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado.
  2. Si el inmueble estuviera ocupado, el Secretario judicial acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar los derechos que crean asistirles en el juicio que corresponda.

Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 661, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda.

  1. La petición de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista que señalará el Secretario judicial dentro del plazo de diez días, en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa.
  2. El auto que resolviere sobre el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble dejará a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos de los interesados, que podrán ejercitarse en el juicio que corresponda.

[Los apartados 2 y 3 de este artículo están redactados conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click aquí.]




TROBADA: ATUREM DESNONAMENTS OBERTS i/o CONFIDENCIALS

TROBADA: ATUREM DESNONAMENTS OBERTS
DIA. dimarts 2 OCTUBRE
HORA: 19 hores
LLOC: ateneu La Bòbila C/estudiant s/n baixos plaça SÓLLER
METRO: groga (Llucmajor)- blava (Virrei)- vermella (Fabra i Puig)

OBJECTE:

En els dos darrers anys hem vist com els jutjats utilitzen una mesura administrativa anomenada DESNONAMENT OBERT per desallotjar habitatges després de sentències judicials fermes. Aquesta mesura no té cap empara legal, al menys a la LEC- Ley de Enjuiciamiento Civil – dons als articles 440 y 704 de la citada llei s’obliga l’administració de Justicia a fixar data i traslladar a les parts els fets.

Está BEN EXPLICAT AQUÍ i també AQUÍ.

ÉS NECESSARI FIXAR DATA DE LLANÇAMENT PERQUÈ LES FAMÍLIES PUGUIN ORGANITZAR LA SEVA VIDA

Les famílies són desnonades sense gaire miraments com hem vist al carrer Comte Borell 59. Però també amb el cas de Lourdes a La Sagrera els Jutjats han deixat de practicar els protocols mínims d’ajut quan hi ha menors i adults malalts doncs el desalllotjament va ser SECRET, ni tant sols van ser avissats els Serveis Socials dÈmergència.

Hem parlat amb diferents entitats i col·lectius de la ciutat i rodalies i tothom hem coincidit que això no pot continuar així vulnerant qualsevol dret humà o constitucional. Volem proposar un manifest i una campanya amb el suport de tots els col·lectius, entitas i associacions d’advocats per acabar amb aquesta xacra. Segurament això haurà d’acabar amb una negociació amb el Deganat de Jutjes i mobilitzacions davant els jutjats de la ciutat, etc.

US ESPEREM!!!

LA TARDOR SERÀ CALENTA SI NO ES SOLUCIONA




El hedge-fund americano Blackstone marca tendencia en la concentración de la propiedad inmobiliaria en España

La compra del 50,1% de Testa Inmobiliaria por esta firma de capital riesgo de New York la convierte en la principal SOCIMI española

Fuente: cincodias.com

En España desde el 2001 al 2009 se constituyeron 11.847.772 hipotecas en una época donde la banca estaba dispuesta a poner la alfombra roja para endosarlas a cualquier ciudadano. Para el 2007 la subida continuada de tipos de interés del BCE hasta el 3%, bajo la presidencia de Jean-Claude Trichet, con el pretexto de la solidez de la economía euro se reflejó en continuadas subidas del tipo de referencia de tasas hipotecarias: el EURIBOR. Este índice fabricado por un pool totalmente privado entre la EBA – European Banking Association- y la agencia Thomson-Reuters, llegó en 2008 al máximo en años: 4,8%.

La crisis económica del siglo ya se había iniciado hacía más de un año en EE.UU. En 2007 cuando aún el ministro Solbes hablaba de su autodenominado “círculo virtuoso de crecimiento” de la economía española se inició una oleada de ejecuciones hipotecarias hasta sumar 758.061 en 2018 (*1). Bajo la apariencia de una subida de tipos supuestamente obligada por la economía recalentada en nuestro país miles de hogares se vieron arrastrados a impagos de la hipoteca por cuotas inasumibles. Hacía el 2012 la banca española había acumulado suelo edificable por millones de m2 y cerca de 1,5 millones de viviendas entre particulares y promotores. La operación Trichet había funcionado.

Esos créditos hipotecarios ejecutados por la Banca española fueron creados de la nada: La Banca nunca prestó su capital ni los depósitos de clientes. Creó un activo en su cuenta y un pasivo en el banco del vendedor (que a su vez era activo del vendedor). Cada ejecución hipotecaria era un enorme negocio: la banca sin prestar nada obtenía una vivienda mientras que el deudor perdía el capital inicial invertido, las amortizaciones, los intereses y su proyecto de vida. Injusto o no esa es la operativa que les permite a esos prestamistas privados que manejan la infernal maquinaria que hay detrás de la creación monetaria bancaria moderna.

En 2013 los activos inmobiliarios saqueados por la Banca española sumaban más de 280.000 millones de euros según FUNCAS (*2). Durante el camino hasta hoy conocemos los casos de la venta de + 100.000 hipotecas de Caixa de Catalunya al Fondo de Titulización FTA 2015 que compró Blackstone. Las familias afectadas conocieron los métodos de extorsión del <servicer> Anticipa que hoy es un ejemplo generalizado a todas las compañías que compran esos activos a la banca española ( préstamos improductivos – en mora con hipotecas asociadas). También sabemos que esos préstamos estaban titulizados por lo que los bancos tuvieron que rescatarlos extinguiendo decenas de Fondos de Titulización amortizándolos anticipadamente gracias a la compra masiva de los mismos por el BCE. Eso lo explicamos muy bien en su momento AQUÍ>>>

Todas las operaciones de venta de activos de la banca española, desde créditos al consumo, hipotecas impagadas y viviendas, se realiza con empresas afincadas en paraísos fiscales como Luxemburgo donde tienen sede muchas de las que operan en nuestro país: Axactor, Blackstone, Cerberus, Lindorff… En el mismo estudio de J.G. Montalvo para Funcas citado en -*2- la Banca española ponía en venta préstamos NPL (non performing loans) y activos adjudicados (REO) por valor de 190.000 millones a finales del 2017.

El expolio de los hogares españoles se observa en este gráfico adjunto donde nuestro país representa la mitad de las ventas de activos problemáticos en Europa. El papel de la FED – Reserva Federal de EE.UU- y del Banco Central Europeo -BCE- ha sido clave en el desarrollo del proceso de expolio de los hogares. Con la excusa de la crisis ambos bancos centrales – lobbistas de la banca privada- han lanzado programas de compras masivas de deuda titulizada – Expansión cuantitativa de dinero – QE – sin las cuales hubiera sido imposible atender semejantes compras. E igualmente han suministrado dinero a tipos 0% de interés sólo para privilegiados para poder apalancar las compras previamente. La operativa es sencilla: las empresas – fondos buitre- realizan la compra de manera apalancada para después titulizar y vender entre otros al BCE o a la FED los titulos. Ambos bancos centrales tienen en sus bóvedas más de 4 billones de € en bonos comprados sólo a empresas privilegiadas como estas.

Para muestra tres botones:

  • el fondo FTA 2015 se constituyó con más de 100.000 hipotecas de Caixa Catalunya y fue comprado desde Luxemburgo por una compleja red de sociedades pantalla con el beneplácito del Gobierno del momento: Rajoy. En la escritura del FTA2015 se asegura que el FROB vende “la cartera Hercules de CX” – 4.187 millones de euros- a Blackstone Group International Partners como mejor oferta. En nuestro artículo de agosto del 2017 teníamos claro la complejidad de los procesos de expolio que esconden las fechorias:

A pesar de lo cual, más adelante figura en delegación de Blackstone la sociedad Spain Residential Finance SARL– pg.15. Para completar el galimatías societario en la escritura- del FTA2015- rubricada en presencia del referido notario don J.C.Ollé i Favaró se presenta el representante de otra sociedad –Alcmena Midco Sàrl- que se subroga en la posición contractual de Spain Residential Finance – pg.17. En los anexos de la escritura – pg.386 – se lee que desde el Gran Ducado de Luxemburgo el día 17 de marzo de 2015 la sociedad BRE/Management 7 SA. cuyo director es Jean-François Bossy – ya lo hemos nombrado- que actúa como administradora de la sociedad Alcmena Midco Sàrl otorga poderes totales para la operación al ya mencionado abogado Alfonso Benavides Grases. Como ven, todo un dechado de transparencia y de limpieza en una operación de una cuantía colosal.

  • El título de esta entrada habla de la compra por parte de Blackstone del 50% de las acciones de Testa inmobiliaria, la principal inmobiliaria de España, que cierra un ciclo de expolio aunque el parque de viviendas de Testa aún es muy pobre en relación al parque de viviendas total (10.615 sobre un total de 18 millones en el país)
  • en el año 2009 el Gobierno del PSOE del sr. Zapatero aprobó con el apoyo de todo el arco parlamentario -PP+ CiU+PNV+CC – la figura fiscal de las SOCIMI – Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario-, una nueva modalidad societaria creada por Ley 11/2009, de 26 de octubre (BOE del 27 de octubre). Con esa medida el Gobierno de esa época modernizaba la fiscalidad siguiendo la estela desreguladora que venía de EE.UU y de la UE. De todas maneras, la Fundación Ideas – PSOE- ya había discutido el asunto para supuestamente modernizar y profesionalizar el mercado del alquiler en España que lo veían “atomizado” y muy de abuelitos. Lo explicábamos muy bien AQUÍ>>>

FUENTE: garcia montalvo- FUNCAS

En resumen, en 15 años la banca española ha aumentado su presencia en el sector residencial vendiendo los activos expoliados a los hogares españoles a fondos de inversión afincados en paraísos fiscales, que a su vez están participados por esos bancos – o tienen intereses convergentes-que usan dinero a raudales fabricados por la FED y el BCE como colaboradores necesarios de todo el entramado embaucador.

Este relato se confirma con la última ‘Encuesta de Condiciones de Vida’ que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la misma se confirma una disminución del 86% hasta el 81% en el número de hogares que vivian en propiedad en nuestro país. No es que la gente no quiera comprar sino que aquellas 759.051 ejecuciones hipotecarias han expulsado un 5% de hogares. Esa diferencia es el resultado del expolio concertado de las élites financieras.

El mito izquierdista de las Socimis y la realidad del alquiler en España

Pero ¿cómo es la distribución de la propiedad inmobiliaria en España? ¿la vivienda está en manos de los fondos buitre??

Aunque parezca extraño, a veces se me ha preguntado mi insistencia en conocer la distribución de la propiedad inmobiliaria en este país. Tiene una importancia fundamental a la hora de calibrar las políticas públicas de vivienda sobre todo en el tema del alquiler. Por ejemplo no es lo mismo que más de la mitad de la oferta de vivienda de alquiler este en manos de personas físicas o jurídicas pues eso tiene relación con la principal política redistributiva: la fiscalidad.

Lo que resulta disparatado es que se hagan políticas sin conocer esos datos. Si algún gobierno las tiene nunca han sido públicas. Ni en el INE – Instituto Nacional de Estadística- ni en la Dirección General del Notariado ni en Registradores de España- es posible encontrar la distribución de cuantas viviendas tiene cada propietario. Solo se encuentran aproximaciones en las sucesivas búsquedas en Internet. Lo que resulta también paradigmático es que en muchos sectores de la izquierda y de los movimientos sociales dan por supuesto que las SOCIMIS y los Fondos buitres controlan el mercado de oferta de alquiler. Los datos indirectos que voy a mostrar indican lo contrario. De hecho, la totalidad de SOCIMIS del estado español tienen una cartera de viviendas que llega al 1% unos centenares por debajo de la cantidad de vivienda pública de alquiler de este país que es una miseria. Testa la principal inmobiliaria – SOCIMi – tiene una cartera de 10.615 pisos.

Eso crea una ola gigantesca mundial sobre la que surfean también abuelitos y propietarios marginales castigando al precariado con subidas del alquiler inasumibles.

La tendencia mundial es a la concentración de la vivienda en pocas manos pero hoy en España el mercado de alquiler está mayoritariamente en manos de personas físicas.

– radiografía del mercado español de Vivienda de Fotocasa –

En el inicio de esta entrada hemos mostrado las herramientas que ha utilizado el conglomerado de prestamistas – la banca privada y sus lobbistas BCE-FED- para dar un vuelco a esa distribución colocando los activos en paraísos fiscales desde donde controlan esa riqueza expoliada. La burbuja recurrente de compra y alquiler de vivienda en España y en todo el mundo, como un hecho único que no sucedía antes, tiene que ver con la inyección por parte de todos los bancos centrales – lobbistas de los prestamistas privados- de centenares de miles de millones de dinero. Eso crea una ola gigantesca mundial sobre la que surfean también abuelitos y propietarios marginales castigando al precariado con subidas del alquiler inasumibles. Los datos que muestran que la propiedad inmobiliaria en España está en manos de personas físicas y no jurídicas – por ejemplo SOCIMI- son estas:

  • Cuatro de cada diez viviendas se compran al contado en España. Según el INE, un 33,23% de las viviendas que se adquieren en España son al contado según los datos del INE, que incluyen también novaciones y renovaciones de hipoteca. Según los datos del Consejo General del Notariado, que no incluye estas dos últimas opciones, el porcentaje de vivienda comprada al contado en 2017 se elevó al 43,60% del total. (*3)
  • Según el anuario 2017 del Colegio de Registradores, en el último ejercicio completo un 87,45% de las adquisiciones de viviendas fueron realizadas por personas físicas y un 12,55% por personas jurídicas. El pico de adquisiciones de estas empresas y fondos de inversión se alcanzó en 2013 (21,93%), cuando los precios estaban en sus momentos más bajos.(ver *3)
  • Un tercio de la oferta de Airbnb en España está en manos de propietarios y empresas con más de 5 pisos (*4). Aunque el tema de pisos turísiticos puede dar datos distorsionados, estos confirman que la vivienda en personas físicas domina ese mercado. Un 11% de los anunciantes controlan el 46% del mercado ofreciendo 2 o más viviendas de alquiler turístico. Un 75% de los anunciantes tienen un anuncio lo que supone un 40% del total de la oferta.
  • Según la radiografía del mercado español de Vivienda de Fotocasa, el 69% de los españoles tiene un piso o casa a su nombre. Y un 16% tiene dos o más viviendas. De media, cada propietario español cuenta con 1,03 viviendas a su nombre, cifra que se eleva al 2,3 en el caso de los propietarios que tienen dos o más viviendas. (*5)
  • un mundo aparte es la Iglesia Católica que consideramos la PRINCIPAL SOCIMI DEL ESTADO ESPAÑOL. Tampoco hay datos sobre sus propiedades inmobiliarias pero consta que trafica con alquileres a pesar de que no paga ningún impuesto de ninguna clase y recibe millones en donaciones y herencias. Lo explicamos muy bien aquí>>>

El resumen sería que una buena parte de la oferta de vivienda en alquiler está en manos de propietarios físicos y bastante atomizada aunque los ciclos financieros que hemos dibujado anteriormente llevaran a una concentración cada vez mayor de la propiedad. En la próxima crisis todo hace suponer que una nueva tanda de ejecuciones hipotecarias se sumaran a las que aún están en curso de la anterior. No es así de extrañar que los hogares en alquiler en los últimos años hayan crecido en todo el país hasta situarse en 3,6 millones según el INE respecto de los 2,5 que había en 2012. Todo el precariado ha sido expulsado como perfil financiero solvente.

Por otro lado, la aseveración que hacemos aquí enmarcada en la historia de medio siglo de nuestro país queda más que confirmada:

El ABC. SÁBADO 2 DE MAYO DE 1959. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 41

(situaba la política que derecha e izquierda han hecho durante los últimos 60 años)

«NO QUEREMOS UNA ESPAÑA DE PROLETARIOS, SINO DE PROPIETARIOS»

“ASPIRAMOS A QUE LA VIVIENDA SEA DEL QUE LA VIVE Y QUE DE LA “LIMITADA” PASEMOS AL IDEAL DE LA “VENTA LIMITADA” (VPO)

Palabras don D. José Luis de Arrese – primer Ministro de Vivienda – en el homenaje que le tributaron los agentes de la propiedad inmobiliaria.

salva TORRES


notas a pie.

  1. ejecuciones hipotecarias 2007-2018 CGPJ – consejo general poder judicial- AQUÍ y AQUÍ – 758.061 viviendas.
  2. FUNCAS, Nuevas coberturas y normas contables: efectos sobre los activos problemáticos de la banca española / José García Montalvo.
  3. eldiario.es, Cuatro de cada diez viviendas se compran al contado en España.
  4. eldiario.es, Un tercio de la oferta de Airbnb en España está en manos de propietarios y empresas con más de 5 pisos .
  5. FOTOCASA-BLOG, Radiografía del mercado de la vivienda 2016-17.



#SOLUCIÓ-per-a-Lourdes. La família de Lourdes es queda i resisteix al seu habitatge

La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda.

CATALÀ

La família de Lourdes es queda I resisteix al seu habitatge

Amb aquest document volem informar de la irregularitat practicada en el desnonament que hem patit la meva família dijous passat 13 de setembre en ser desallotjats sense coneixement del dia i hora del mateix de la que és la nostra casa des de 1991. Ha estat un llançament irregular, anomenat obert, instat pel Jutjat nº 55 de Barcelona, ​​en nom Kontur Grup Company 3000 SL, empresa subhastera de capital rus.

El Jutjat va mantenir en secret el desallotjament tot i que tenim tres fills menors i un adult amb malaltia greu amb la qual cosa no vam tenir assistència de Serveis Socials d’Emergència i reallotjament alternatiu. El Jutjat ha vulnerat les convencions internacionals de drets humans i de la Infància i els seus propis acords amb l’administració per al reallotjament d’afectats per desnonaments.

Davant d’aquesta situació dramàtica vam decidir tornar a entrar en el qual va ser la nostra llar. Encara que les lleis injustes d’aquest país donin cobertura al capital risc immobiliari forà no acceptem esperar la beneficència d’una pensió per unes setmanes. Això no és vida per a ningú. Ho sabem perquè som activistes del dret a l’habitatge.

Portem 3 anys litigant als jutjats per recuperar la nostra casa que va ser injustament subhastada també amb tota classe d’irregularitats. Són 3 anys demanant arribar a una solució justa i pactada amb l’Administrador de l’empresa subhastera, KonstatinToporkov, propietària del nostre habitatge.

M’he reunit en diferents ocasions amb Konstantin Toporkov i, en l’últim moment, sempre ha fet prevaler la força dels jutjats i la seva inversió per sobre de qualsevol altra consideració raonable. La ciutat és plena de famílies que esperen des de fa més d’un any un pis d’emergència. El sr. Toporkov, que mou bé les seves empreses immobiliàries entre els secrets de les subhastes judicials d’habitatges de famílies desesperades, sap perfectament quin negoci té. És just que trobem en una negociació una solució viable a les dues parts.

La meva família demana a entitats, veïns i l’Ajuntament, que reforcin aquesta petició d’un acord pactat amb Kontur Grup Company 3000 S.L. Necessitem un pis on viure i Kontur G.C.3000 S.L.y seu representant Konstantin Toporkov està relacionat amb fins a 42 empreses més, totes immobiliàries, i publicita els pisos en portals immobiliaris, de manera que els meus fills no comprenen per què no vol tenir una llogatera més.

#LOURDESesQUEDA
#SOLUCIÓxLourdes


CATELLANO

La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda.

Con este documento queremos informar de la irregularidad practicada en el desahucio que hemos sufrido el pasado jueves 13 de setiembre al ser desalojados sin conocimiento del día y hora del mismo de la que es nuestra casa desde 1991. Ha sido un lanzamiento irregular, llamado abierto, instado por el Juzgado nº 55 de Barcelona, en nombre Kontur Grup Company 3000 S.L., empresa subastera de capital ruso.

El Juzgado mantuvo en secreto el desalojo a pesar que tenemos tres hijos menores y un adulto con enfermedad grave con lo cual no tuvimos asistencia de Servicios Sociales de Emergencia y realojo alternativo. El Juzgado ha vulnerado las convenciones internacionales de derechos humanos y de la Infancia y sus propios acuerdos con la administración para el realojo de afectados por desahucios.

Ante esta situación dramática decidimos volver a entrar en el que fue nuestro hogar. Aunque las leyes injustas de este país den cobertura al capital riesgo inmobiliario foráneo no aceptamos esperar la beneficencia de una pensión por unas semanas. Eso no es vida para nadie. Lo sabemos porque somos activistas del derecho a la vivienda.

Llevamos 3 años litigando en los juzgados para recuperar nuestra casa que fue injustamente subastada también con toda clase de irregularidades. Son 3 años pidiendo llegar a una solución justa y pactada con el Administrador de la empresa subastera, KonstatinToporkov, propietaria de nuestra vivienda.

Me he reunido en diferentes ocasiones con Konstantin Toporkov y, en el último momento, siempre ha hecho prevalecer la fuerza de los juzgados y su inversión por encima de cualquier otra consideración razonable. La ciudad esta llena de familias que esperan desde hace más de un año un piso de emergencia. El sr. Toporkov, que mueve bien sus empresas inmobiliarias entre los entresijos de las subastas judiciales de viviendas de familias desesperadas, sabe perfectamente qué negocio tiene. Es justo que encontremos en una negociación una solución viable a las dos partes.

Mi familia pide a entidades, vecinos y al Ayuntamiento, que refuercen esta petición de un acuerdo pactado con Kontur Grup Company 3000 S.L. Necesitamos un piso donde vivir y Kontur G.C.3000 S.L.y su representante Konstantin Toporkov está relacionado con hasta 42 empresas más, todas inmobiliarias, y publicita los pisos en portales inmobilarios, por lo que mis hijos no comprenden por qué no desea tener una inquilina más.

#LOURDESseQUEDA

#SOLUCIÓNparaLourdes




El desahucio abierto y secreto de Lourdes y sus 3 hijos enfrenta al juzgado 55 de Barcelona contra la jurisprudencia del TJUE

Vídeo- Documento de SICOM.CAT – explicación del caso de Lourdes y familia

La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda.

Con este documento queremos informar de la irregularidad practicada en el desahucio que hemos sufrido el pasado jueves 13 de setiembre al ser desalojados sin conocimiento del día y hora del mismo de la que es nuestra casa desde 1991. Ha sido un lanzamiento irregular, llamado abierto, instado por el Juzgado nº 55 de Barcelona, en nombre Kontur Grup Company 3000 S.L., empresa subastera de capital ruso.


concentración delante de la vivienda de uno de los responsables de Kontur Group S.L: Konstantin Toporkov.

Hoy a primera hora de la mañana, mientras Lourdes estaba gestionando su situación precaria y sus 3 hijos menores estaban en la escuela, una comisión judicial acompañada de los Mossos se presentaba en su domicilio. Han despertado a Antonio, el marido, que sufre una fuerte crisis de ansiedad desde hace semanas y con lo puesto lo han dejado en el rellano de la escalera cambiando la cerradura de la puerta de la que fue su casa durante 30 años.

Al mediodía, una familia de 5 personas se encontraban con lo puesto en la calle en el barrio de la Sagrera. Ni los servicios sociales ni el CUESC estaban llamados. Los muebles se han quedado dentro y toda su vida también. Los Mossos, dependientes de la Generalitat, han actuado sin informar al Ayuntamiento ni a sus servicios sociales, y han actuado de conformidad con los Autos y sentencias del Juzgado de Instrucción nº55 de Barcelona para entregar su vivienda a una empresa de capital ruso que se dedica a comprar pisos de bancos en las subastas… UNA EMPRESA SUBASTERA- Kontur Grup Company s.l. , de las que hay a decenas en los juzgados.

Konstantin Toporkov de Kontur Group sl

Era un desahucio abierto pues desde julio la familia sabía que le podía pasar. Pero era secreto pues ni siquiera los servicios sociales estaban avisados. Los juzgados están utilizando esta artimaña sin ningún amparo legal más que la propia fuerza de la policía para ejecutarlos. Los desahucios abiertos son ilegales.

El mismo día que el TJUE declara ilegal la cláusula de vencimiento anticipado que uso Catalunya Caixa para robar la vivienda a la familia el Juzgado 55 de Barcelona ejecuta un desahucio ilegal a favor de una empresa subastera con la ayuda de la policía catalana

Más claro no lo podemos decir. La familia y la abogada han luchado en los juzgados desde el 2015 para enmendar una injusticia a todas luces. Todos los recursos han resultado infructuosos ante el muro de la Ciudad de la Justicia, en el descansillo del Juzgado de Instrucción 55 y en la Audiencia Provincial a la que se recurrió también.

Por qué decimos que el desahucio es ilegal?

      • porque en los sucesivos recursos de la abogada por las numerosas cláusulas abusivas de la hipoteca de Catalunya Caixa el Juzgado nunca los ha tomado en consideración a pesar que cuando se inició la ejecución en 2014 la jurisprudencia europea había dado el primer golpe a la legislación hipotecaria española en materia de cláusulas abusivas (caso AZIZ).
      • Porqué en 2018 la abogada ha recurrido nuevamente en ese sentido y el Juzgado 55 ha hecho oídos sordos a la reclamación obligada por Europa que de oficio debía haber suspendido todo el proceso ejecutivo y la adjudicación a Catalunya Caixa y al remate al subastero ruso. La razón es que se había interpuesto un tercero, un ciudadano, que no tenía la culpa de lo que había hecho anteriormente el Banco. O sea, que ahora los bancos, creando sociedades pantalla de subasteros pueden quedarse con las viviendas de las familias y el argumento les permitiría saltarse todas las normativas europeas para no perjudicar a un tercero que se ha presentado al festín de la carroña en la subasta del juzgado.
      • porqué cuando se inició la ejecución hipotecaria, Catalunya Caixa ya no tenía la legitimación activa para reclamar la hipoteca porqué había vendido el crédito al Fondo de titulización MBScat1. La reclamación de ausencia de legitimación llegó también al Juzgado, que la rechazó a pesar de tener toda la documentación en la mano.
      • porqué la abogada reclamó a la Audiencia Provincial de Barcelona  y su Sección 13 rechazó nuevamente en un auto lleno de errores donde se citaba el Fondo de titulización en litigio como Participaciones hipotecarias cuando estaba constituido por Certificados de Transmisión hipotecaria, lo que quería decir que generaban jurisprudencia sin leer siquiera los papeles >>>>> TODO ESTA MUY BIEN EXPLICADO Y DOCUMENTADO AQUÍ>>>
      • Y POR ÚLTIMO porqué es un DESAHUCIO ABIERTO Y SECRETO que vulnera los más elementales derechos humanos y no está amparados en ninguna legislación de derecho civil.

La actuación de la justicia estatal y de la policía autonómica dejando a la familia en la calle traspasa el problema a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ada COLAU que se encuentran desbordados desde hace meses por la magnitud del desastre en la ciudad.

El retraso en la transposición de la normativa europea a la ley hipotecaria española lleva un retraso de dos años, 90 millones de multa a España y la familia tendrá el derecho a la reclamación al banco en primer lugar y al Estado en último término por los daños económicos y morales causados por la actuación ilegal de los juzgados y de la policía.

Primer intento de desahucio en el 2016 a la Sagrera

Nuestra Asociación ha recomendado a la familia afectada, activista de nuestra entidad así como del sindicat de Llogaters de Barcelona que la batalla no ha terminado aquí y que vamos a apoyar todas las actuaciones necesarias para:

  1. realizar un manifiesto de todas las entidades que luchamos en la ciudad por el derecho a la vivienda para reclamar la abolición de los desahucios abiertos que tanto daño causan a la población más indefensa.
  2. ayudar jurídicamente y en la movilización para reclamar y resarcir el daño causado por tanta injusticia porque entendemos que después de todas las sentencias el juzgado de instrucción 55 de Barcelona está actuando NEGLIMENTEMENTE al margen de la legislación española y europea en materia de derechos de los deudores hipotecarios. Porqué si el juzgado fuera CONSCIENTE de que ha dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley eso tiene un nombre: PREVARICACIÓN y eso es un delito penal.



Mor Joan Balañach, company de lluites pel dret a l’habitatge i membre de la FAVB.

Joan, va ser el referent i responsable de la temàtica de l’habitatge a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Actualment ocupava la responsabilitat de segon vice-president a la Junta de l’entitat en la que ha portat una llarga trajectòria com activista, conjuntament amb la de l?Associació de Veïns de la dreta de l’Eixample.

Podem destacar que vam col·laborar amb ell en la denúncia de la venda del dret de superfície dels 298 habitatges del Consell Comarcal del Barcelonès, als barris de Can Peguera, les Corts, la Sagrera i Porta de la ciutat comtal. Igualment al llarg d’aquests anys vam confluir en diverses accions amb la FAVB i per tant amb el Joan.

Recordarem el seu treball com mostra el tuit de la FAVb sobre la seva pèrdua:

La tristor s’ha apoderat de nosaltres sobtadament. En Joan Balañach, company entranyable, tan ferm en els principis com tendre amb la manera de fer, ha mort. La , de la que era vicepresident, els moviments socials i la ciutat de trobarem a faltar el seu batec.

Rescatem aquest documents que són una mostra de la seva lluita i la de tothom pel dret a l’habitatge al nostre web:




La revolució urbana Entre la municipalització i la col·lectivització de la propietat immobiliària a Barcelona, ​​1936-1937

La realitat de la especulació immobiliària a Barcelona és un problema recurrent en tota la història de la ciutat. La nostra Associació està fent un esforç d’anàlisi i cerca de solucions per a l’accés universal de les classes populars a un dret fonamental com es l’habitatge. Els darrers articles del web sobre la problemàtica de la bombolla del lloguer en són una mostra: AQUÍ, AQUÍ, AQUÍ. Les solucions assajades durant la revolució del 36 ens permeten entendre que significaria avui un decret de municipalització del sòl urbà o de la propietat immobiliària, amb la conseqüent abolició de la Ley de la Propiedad Horizontal. El següent article ens introdueix els problemes d’habitatge d’aquella època i les solucions revolucioàries que es van assajar.


Revista Masala / Texto: Maribel Cadenas y Miquel Fernández / Imágenes: AC Documentos de Actividad Contemporánea

El juny del 1937 a la Catalunya revolucionària s’aprova el Decret de Municipalització de la Propietat Urbana, sense precedents al sud d’Europa i del qual només tenim notícies que s’hagi assajat durant la Revolució soviètica. Aquest decret havia d’implicar l’expropiació i municipalització de totes les propietats urbanes no utilitàries i la imposició d’un màxim de renda a les utilitàries lucratives.

Aquest article exposa alguns dels debats previs a l’elaboració del decret entre la petita burgesia liberal, els estatalistes i els llibertaris, des del juliol del 1936 fins després dels Fets de Maig del 1937.

Sense cap mena de dubte, la màxima expressió de la ciutat socialista havia de començar amb la socialització del sòl. Aquesta mesura es decreta després dels fets contrarevolucionaris del maig, el juny del 1937, quan el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), amb el beneplàcit d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liquida les milícies antifeixistes organitzades a través de la Confederació Nacional de Treballadors (CNT) i el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). L’aplicació del decret a ciutats com Barcelona implicava una municipalització del sòl burocratitzada i centralitzada. La CNT creia que calia sindicalitzar i no municipalitzar la propietat urbana, ja que considerava el municipi l’entitat burocràtica per excel·lència, i veia en aquest moviment l’intent d’enfonsar «tota classe de col·lectivització». Per al POUM encara era més clar: el decret «pretenia perpetuar el règim econòmic de la burgesia».

Avui resulta especialment interessant recuperar la història d’aquesta fita i les seves contradiccions. En primer lloc, tot i la dimensió revolucionària que espontàniament li podríem atribuir, el decret va ser impulsat a causa dels greus problemes de liquiditat amb què es trobava el consistori i el mateix govern de la Generalitat republicana a partir del triomf de la revolució el 19 de juliol del 1936. En segon lloc, la CNT i el POUM van ser els primers a fer efectiva la socialització i anar més enllà d’alguna de les normatives que implicarien el decret i de la resposta contrarevolucionària —i, en concret, de Josep Tarradellas, conseller de Finances— que detallarem a continuació.

L’abolició de la propietat urbana com a fonament de la nova societat

El conegut Pla Nova Barcelona o Pla Macià, elaborat pels arquitectes revolucionaris del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània), estava supeditat al que Josep Lluís Sert va anomenar la «nova economia urbana». Les condicions úniques i necessàries, segons Sert, per aplicar qualsevol pla urbanístic eren: la socialització de la propietat urbana, la col·lectivització de la indústria de la construcció i la socialització del treball professional dels tècnics.(1)

Previs al Decret de Municipalització de la Propietat Urbana de l’11 de juny del 1937, es van aprovar el de Col·lectivitzacions i Control Obrer, del 24 d’octubre del 1936, i el de Municipalització dels Serveis Públics, del 9 de gener del 1937. Aquestes tres reestructuracions haurien de permetre la «revolució urbana», la necessària transformació de la ciutat capitalista en una més propera al socialisme. No es tractava d’una proposta utòpica. Aquests arquitectes havien arribat a la conclusió racional que només d’aquesta manera es podia substituir la motivació irracional de construir per guanyar diners per la de construir per satisfer les necessitats bàsiques, especialment la d’habitatge. I, aquí, tècnics i obrers van arribar a la mateixa conclusió: calia abolir la propietat urbana.

En paraules de Torres i Clavé: «Volem creure en aquesta nova societat; la tendència social actual de municipalitzar l’estatge, desposseint els propietaris particulars de llurs drets sobre aquest i el terreny, haurà trobat el camí per a desempallegar-se de tots aquells prejudicis que en l’anterior societat impedien la realització de l’única solució racional del problema, i nosaltres, els tècnics, que no havíem tingut por d’arribar a conclusions lògiques, sabíem, pels estudis realitzats sobre la matèria, que no hi havia altre camí […]. Tots, obrers manuals i tècnics, esperem, doncs, de la nova societat, aquelles mesures radicals que han de posar fi a l’explotació de l’estatge. Cal, abans que tot, desposseir de llurs drets tan indignament exercits la propietat particular».

Com a «acció complementària» a «l’enderroc d’habitatges malsans», calia una actuació nova: «l’habilitació immediata dels nombrosos pisos que han quedat desallotjats en la ciutat: Diagonal, passeig de Gràcia, Rambla de Catalunya, etc. i part de l’Eixample» (GATCPAC, 1937). Així doncs, el centre de la ciutat va créixer, però no guanyant terreny al mar, sinó enfilant-se ver la muntanya: seguint la línia del passeig de Gràcia-Diagonal-Balmes. Els habitatges dels aparells polítics i ideològics del vell ordre (sindicats patronals, hotels de luxe, palaus i residències de l’alta burgesia) van esdevenir les seus dels departaments governamentals, de sindicats, partits i ateneus, d’hospitals, cooperatives o restaurants populars. S’iniciava eufòricament la recuperació per a usdefruit popular dels estatges més privilegiats.

Cal recordar, però, l’argument econòmic, tan essencial a l’hora de propulsar la municipalització de la propietat urbana: la conjunció d’uns altíssims nivells d’atur en el ram de la construcció, la desaparició de la inversió privada després de la revolució del 19 juliol del 1936 i l’inici de la guerra van accelerar encara més les ànsies socialitzadores dels immobles: era necessari trobar una nova font de finançament que substituís els propietaris privats per un de sol: l’autoritat municipal.

Els liberals, els estatalistes i els anarcosindicalistes

Els Decrets de Col·lectivitzacions i de Municipalització de la Propietat Urbana, necessaris per a l’esmentada «revolució urbana», van sorgir en el si del Consell d’Economia de Catalunya. La idea del Consell neix dins de les milícies antifeixistes i es va formalitzar mitjançant un decret de l’11 d’agost del 1936. La composició volia reflectir un equilibri entre les tres tendències que lluitaven contra el feixisme: el moviment obrer llibertari, els partits i sindicats d’inspiració marxista i la petita burgesia republicana.(2)

Els lloguers es van començar a deixar de pagar i van aparèixer diverses iniciatives revolucionàries encaminades a una administració alternativa de la propietat urbana, com ara l’Administració Popular Urbana de la CNT. Aquesta situació era la que neguitejava Tarradellas, qui emprendria un seguit de mesures legals per torpedinar els efectes emancipadors de la socialització dels immobles, una sèrie de decrets destinats clarament a protegir els propietaris i controlar les requises immobiliàries que s’estaven duent a terme des del primer dia de la revolució.

La contrarevolució o la fi del somni col·lectivista

La primera mesura va ser el Decret del 12 d’agost del 1936 de la Rebaixa dels lloguers de finques urbanes a Catalunya. La intenció era clarament contrarevolucionària: rebaixar els lloguers (allò circumstancial) per tal de salvar la propietat (l’essencial), «en un moment de particular desbordament revolucionari». La segona mesura va ser la creació per decret del 18 de setembre del 1936 del Comissariat de la Vivenda. Aquest és el primer organisme creat ad hoc per exercir un control polític directe sobre la riquesa urbana de tot Catalunya. Segons Grijalbo, vocal del Consell d’Economia per la UGT, aquest organisme es va crear al marge i en contra dels sindicats, fet que va provocar un recel que desencadenaria tota una sèrie d’incautacions de propietats per compte d’entitats diverses i sense una ordenació superior.

La tercera mesura, el Decret núm. 48 d’aquest pla, suspenia momentàniament el pagament de lloguers. «Es tractava, novament, d’una mesura de defensa de la propietat» i, segons el POUM, «tenia un sentit purament negatiu i anava dirigit exclusivament contra l’Administració Popular Urbana de la CNT». Així doncs, l’objectiu primordial d’aquesta disposició va ser aturar les apropiacions d’immobles considerades «arbitràries» per part del Comissariat. D’entre elles, les que més ira aixecaven eren les anarcosindicalistes, perquè eren les més preeminents i «perquè, a banda d’estar obertament enfrontada [la CNT] amb el Sindicat de Gestors Administratius i Administradors de Finques Units (UGT), exercia una competència ja aleshores qualificable d’il·legal a les funcions atorgades al Comissariat». Dins del mateix decret es creava una Comissió per a l’estudi del règim immobiliari formada per representants de les conselleries de Finances, Justícia, Economia i dels ajuntaments, i se suspenia el Comissariat de la Vivenda.

El projecte finalment aprovat va ser el presentat per Joan Grijalbo, vocal del ram de la Construcció per la UGT, amb algunes petites esmenes. La municipalització consistia en una expropiació molt àmplia, bé que no total, dels antics propietaris privats del sector. Afectava tots els immobles (3) excepte les finques utilitàries i les utilitàries-lucratives amb rendes baixes segons els municipis.(4)

Per als inspiradors del decret, la municipalització no era un acte revolucionari, sinó gairebé el contrari, es justificava per la situació «excepcional» del ram de la construcció en el marc de l’abandonament dels empresaris i propietaris. El preàmbul expositiu del decret no deixava dubtes sobre aquestes diferències. L’argumentació bàsica, gairebé única, per a l’adopció de la municipalització feia referència a la crisi del ram de la construcció i a l’atur consegüent.(5)

Els Fets de Maig del 1937 van suposar un gir en la situació política catalana, i també van significar un qüestionament del model col·lectivista pactat en els primers moments de la revolució a favor d’una estructuració econòmica molt més controlada pels organismes estatals. La contrarevolució impulsada pel PSUC s’acarnissaria amb les col·lectivitzacions, atacant els espais d’autogestió i substituint la lògica participativa obrera per l’estatalista.

Reflexions

Després d’aquest succint repàs d’una de les concrecions pràctiques del període revolucionari, queda preguntar-se què significa avui aquesta experiència i com la podríem adequar a les condicions presents. Actualment ens trobem en un dels moments més agres pel que fa a l’acumulació mitjançant la despossessió, en aquest cas, d’un bé tan bàsic com l’habitatge. Aquest bocí d’història resulta un exemple paradigmàtic d’una política urbana revolucionària.

Una política d’aquest tipus ni aleshores ni ara seria utòpica, sinó més aviat una necessitat per restablir la civilitat i reduir les tensions i patiments del conjunt de la societat. D’altra banda, en ser un organisme públic el recaptador principal o únic, allò comú esdevindria agent real de redistribució de la riquesa —si més no, d’aquella necessària per a la reproducció social—. Els ingressos dels consistoris creixerien substancialment gràcies a la recaptació dels lloguers de l’habitatge. Aquest augment de la liquiditat podria afavorir la col·lectivització no només del sòl, sinó dels materials i de la feina dels tècnics de la construcció, tal com suggeria el GATCPAC. També podríem afavorir la gestió autònoma d’aquests béns bàsics a través del que, en aquell moment, eren les Caixes Immobiliàries, ens públics, dues terceres parts dels quals serien formats per representants cívics i la tercera pel consistori.

Resta encara cercar respostes a preguntes com ara, quines propietats serien objecte de l’expropiació? La infrautilitzada o destinada exclusivament a l’especulació? O, simplement, com proposaven la CNT i el POUM, tota propietat urbana? Qui seria el titular? El municipi, les cooperatives? Es podria heretar l’usdefruit d’aquesta propietat si no és lucrativa?

Per engegar tot això, caldria aprofundir més en l’estudi d’aquests moments de transformació radical de les formes d’organització i distribució de la riquesa de les ciutats. Analitzar cadascun dels projectes debatuts abans de l’aprovació d’aquest decret ens permetria dissenyar propostes per a una nova economia urbana menys violenta i conscient dels efectes perversos i injustos de la liberalització del mercat del sòl.

Notes

(1). Concretament, afirmarà: «mientras los alojamientos constituyan la base de negocios y de especulación para el capital privado, y que su construcción y explotación dependan de empresas que no buscan más que un mayor rendimiento de los capitales invertidos, las viviendas en nuestras ciudades no serán “decentes”, ya que son la más pura expresión de esta organización financiera. […] Solo podremos empezar la regeneración de nuestras ciudades el día en que el alojamiento se considere como un servicio público de primera necesidad y se realice con las técnicas modernas para satisfacer nuestras eternas o nuevas necesidades. Para alcanzar ese resultado es preciso: a) Liberar el suelo de las ciudades. b) Que el alojamiento sea un servicio público» (Sert, 1937).

(2). Estava format per 15 membres, 5 de cadascuna de les tendències esmentades. Però, tal com assenyala Cendra, «Aquest equilibri no reflectia fidelment l’estat real de la situació política del moment a Catalunya, que es caracteritzava per l’hegemonia social de l’anarcosindicalisme. Significava, almenys, una sobrevaloració de la importància del bloc UGT-PSUC, de poca importància en els primers moments de la revolució» (2006: 26).

(3). Que no havien estat ja expropiats sense indemnització per haver estat declarats als tribunals els seus propietaris com a facciosos.

(4). «Son exceptuadas de la municipalización las fincas utilitarias y también las utilitarias-lucrativas que rendían en el mes de junio de 1936 hasta 25 pesetas mensuales en los Municipios de menos de 15.000 habitantes, hasta 59 pesetas mensuales en los Municipios de más de 15.000 habitantes, exceptuando el de Barcelona, y hasta 100 pesetas mensuales en el Municipio de Barcelona» (La Vanguardia, 19 de juny de 1937).

(5). Al preàmbul, d’una forma breu, s’expliquen els fonaments econòmics i socials pels quals els consellers de Finances, Justícia i Economia presenten al Consell el decret, amb tres línies bàsiques que el justifiquen: a) aconseguir que tot el col·lectiu obrer directament vinculat al ram de la construcció no es vegi «privat dels elements de vida indispensables» per haver d’engreixar les llistes d’atur forçós; b) la necessitat d’aportar noves fonts per la tresoreria de la Generalitat que permetin l’acabament de les obres abandonades pels constructors i la promoció de noves de naturalesa pública; e) evitar a la població la imatge d’abandonament que alimentava una progressiva manca de credibilitat en el govern republicà per la situació tan excepcional com la que s’estava vivint (Florences i Coca, 2012).

Cendra, I.: El Consell d’Economia de Catalunya, 1936-1939: revolució i contrarevolució en una economia col·lectivitzada. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006.

Florences i Coca, S.: El decret de municipalització de la propietat urbana de 1937. La seva aplicació a la ciutat de Barcelona. Universitat Oberta de Catalunya, 2011.

GATCPAC: «Esbós del pla a seguir per una acció immediata en el problema de la vivenda al Casc Antic de la ciutat». A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, núm. 25 (Problemes de la Revolució), 1937.

Grijalbo, J. i Fàbregas, F.: Municipalització de la propietat urbana. Barcelona, UGT, 1937.

Redacción: «El decreto sobre la municipalización de la propiedad urbana en Cataluña». La Vanguardia, 19 de juny del 1937, p. 3.

Roca, F.: «El decret de municipalització de la propietat urbana de l’11 de juny del 1937 i la “nova economia urbana”». Recerques: història, economia, cultura, núm. 2 (1972), p. 223-228.

Roca, F.: El Pla Macià. De la Gross-Barcelona al Pla Comarcal. Barcelona, La Magrana, 1977.

Roca, F.: Política, economía y espacio. La política territorial en Cataluña (1936-1939). Barcelona, Ediciones del Serbal, 1983.

Sert, J. L.: «Rapport n.o 2. Cas d’application Villes», en V Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. París, Logis et Loisirs, 1937.

Torres i Clavé, J.: «La transformació del concepte de l’estatge». Nova Iberia: revista mensual il·lustrada, núm. 2 (febrer del 1937), Barcelona, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, p. 39-41.




Ada Colau! dificil derrotar l’especulació immobiliària a Barcelona amb les seves eines.

Las mesures del Govern de la ciutat són encara un pas molt curt en el camí del parc públic d’habitatge a Barcelona.

El Govern en minoria absoluta d’Ada COLAU a Barcelona afila les darreres mesures en matèria d’habitatge abans de les eleccions municipals més disputades del 2019, amb escenaris inquietants, i com a nau insígnia dels Comuns i Podem a l’Estat espanyol. La victòria ajustada a les eleccions del 2015 es va donar al districte de Nou Barris on la candidatura d’Ada Colau va arrasar a tots els col·legis electorals. La raó evident era que el districte va patir des del 2007 un tsunami de desnonaments que entitats com la nostra, Asc. 500×20 i l’Avv de Ciutat Meridiana vam intentar aturar només amb bona voluntat i les mans buides.

Totes les mesures publicitades a la premsa van encaminades a augmentar el parc d’habitatge públic de la ciutat i són modificacions, actualitzacions o intencions d’aplicar normatives o lleis ja existents però que mai s’han usat més que excepcionalment. Les mesures del Govern d’Ada Colau ja han rebut el rebuig dels constructors i d’una bona part dels grups municipals. La Banca calla però té l’aixeta del crèdit perquè la capacitat fiscal i pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona no pot donar gaires alegries davant d’un tsunami inversor propulsat per BCE a través del crèdit bancari als constructors.

Les mesures convertides en *estrella* per les crítiques rebudes són:

  1. per a totes les noves llicències de construcció dels promotors privats reserva del 30% per a contribuir a la creació d’habitatge social. En el cas d’aplicar-se totes les promocions amb sostre superior als 600 m2 reservarien un 30% dels pisos a habitatge social de “compra protegida-HPO” o “lloguer social” – que no públic- perquè l’edifici és de propietat privada. Ens trobaríem així amb una mesura anti-gentrificadora doncs en un edifici d’habitatges de qualitat trobariem habitatge social de compra o lloguer.
  2. l’extensió a tota la ciutat del dret de tempteig i retracte de manera que l’Ajuntament tingui preferència a l’adquisició de finques en totes les operacions de compravenda a la ciutat comtal. En cas d’aplicar-se a tota la ciutat l’Ajuntament es reservaria el dret prioritari a comprar una finca si es posa a la venda. Un exemple d’aquest dret s’aplica als habitatges procedents d’execucions hipotecàries dels grans tenidors o de la banca.
  3. establir un termini de dos anys com a màxim per obligar als promotors a edificar solars i edificis declarats en ruïna i de tres anys per a reparcel·lacions. Si el constructor o propietari no ho fa, la mesura permet a l’Ajuntament l’expropiació forçosa i l’inici d’obres i pagar al propietari o promotor després en valor en pisos. Seria com una permuta no pactada d’ús corrent en el món de la promoció d’habitatges
  4. aplicació de les mesures legals contra el assajament immobiliari que existeixen des del 2007 amb la llei de l’habitatge.

La mesura 1 i 2 necessitaria la modificació del PGM – Pla General Metropolità- que requereix l’acord majoritari del tot el Consistori. La tercera mesura es basa en una llei del 1956 que permet obligar a construir si es supera el termini de la llicència sense fer-ho per evitar cassos de retenció especulativa. Aquesta tercera de fet Colau l’ha aplicat a l’inrevés donant nous terminis als promotors per construir després de l’aturada de la crisi. La quarta està contemplada en la Llei d’habitatge del 2007 que cap equip de govern no es va atrevir mai a aplicar. El mateix Jordi Hereu no es va atrevir en el cas del barri del Clot que expliquem aquí>>>. Totes les mesures esperen un llarg procés de tramitació consistorial i una batalla judicial dels promotors i ens privats pel lucre cessant.

La mesura 1, de reserva del 30%, carrega monetàriament sobre els promotors el deure de construir sabent que un 30% dels habitatges aniran a Habitatge de Protecció Oficial – venda- que serà l’elecció preferida per treure’s els crèdits bancaris. Diversos moviments socials hem demanat que només es faci habitatge de lloguer social i no pas HPO que va ser “el bressol de la societat dels propietaris” a l’Estat espanyol en les darreres èpoques i que va ser la metxa de la bombolla immobiliària. Els cassos de lloguer social, no són parc públic, sempre tenen data de caducitat (es retornen al mercat lliure) i sempre han necessitat enormes ajudes fiscals sobre m2 construït (* 1). De fet, aquestes ajudes sempre han existit però els promotors no tenen cap interès (* 2). No podrem tenir moltes alegries amb aquesta mesura.

La mesura 2, el dret de tempteig i retracte, pot tenir llargues batalles judicials pel tema de lucre cessant dels promotors. Ara be, aquesta mesura així com la mesura 3 d’expropiació de solars buits, descarreguen sobre l’Ajuntament la despesa pressupostària de comprar o construir. Tot i sent l’Ajuntament de Barcelona una administració rica, la darrera polèmica oberta pel PSC desvelant les retallades de despesa per manca de pressupost, siguin exagerades o no demostren que l’Ajuntament no és tant poderós econòmicament com a primera vista pot semblar (* 3). Ja li dèiem a l’alcaldessa Ada Colau al gener del 2016:

L’especulació immobiliària ofega Barcelona: què fem Ada Colau? on explicàvem que la inversió immobiliària estrangera a la ciutat al 2015 (1.975 milions €) s’apropa al pressupost total del consistori de l’alcaldessa Ada Colau (2.550 milions €) de tot l’any 2015 i per a tota la ciutat. Aquest monstre inversor no ho podrà derrotar amb les seves mateixes armes, és impossible.

Només amb el pressupost actual de l’Ajuntament de Barcelona no podem derrotar l’especulació immobiliària.

L’Estat espanyol està estructurat fiscalment com un estat franquista, que és d’on ve. El centralisme fiscal fa que la majoria de la recaptació fiscal dels impostos més importants estigui concentrada a Madrid i és “la capital del Reino” la que, després de cobrar, distribueix.

Després està la “Ley de Estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite del gasto público” on des de la modificació del article 135 de la Constitució, totes les administracions estan vigilades i tenen minvades la possibilitat d’endeutament. És el mantra neolliberal que diu que no es pot gastar més del que ingresses i que l’Equip de Govern d’Ada Colau, avui per avui, no ha renegat (*4). Encara que s’ha de reconèixer que el deute de Barcelona – 835,5 milions (*5)-no supera el 35% del pressupost anual – 2500 milons- té moltes limitacions legislatives i fiscals

De vegades les comparacions són importants per donar una magnitud del que es parla: L’emissió de deute internacional de Merlín -5.000 milions d ‘€ –  primera SOCIMI española- dobla el pressupost municipal de l’Ajuntament d’Ada Colau per 2018. Testa, participada, en un 17% per Merlín Properties, s’ha gastat 228 milions d ‘€ per comprar 1500 habitatges a CaixaBank, l’Ajuntament de Barcelona ha comprat 500 pisos per valor de 40 milions d’ €. Es necessitarà alguna cosa més que bona voluntat per aixecar un parc d’habitatge públic al nostre país (* 6).

Finalment, ni de l’Administració de Rajoy abans ni la de Pedro Sánchez avui podem esperar cap cop de mà pressupostari o legislatiu en matèria de lloguer per donar un tomb a la nostre ciutat en el tema de la inversió immobiliària, i l’emergència habitacional, que obliga al consistori a actuar desesperadament en els marges legals i pressupostari per a fer front al monstre de l’especulació.

En aquest terreny en que es vol moure Ada Colau, el del pressupost, és molt difícil derrotar l’especulació immobiliària. Però també les mesures 2 i 3 podrien tenir l’efecte contrari: produir un rebot circumstancial de la construcció residencial, resultat de la indignació dels promotors, que ompli les arques municipals de la recaptació immobiliària produïda. Però si aquesta circumstància es donés oblideu-vos del lloguer social als pisos del 30%, tots seran HPO.

Un exercici de realitat: Barcelona va construir 55.000 habitatges en la dècada prodigiosa

Viena té una població igual a Barcelona: 1,7 milions de persones. El rotatiu digital El Confidencial fa una explicació que resumeix be el repte de Barcelona si ens emmirallen a la capital austríaca en el que es refereix a habitatge públic i social (* 7):

“Como el mayor propietario inmobiliario de Austria, la ciudad de Viena posee alrededor de 220.000 apartamentos de alquiler”, recuerda un informe publicado por Wolfgang Föster, del Departamento de Estudios Inmobiliarios de la ciudad. Como complemento, hay otras organizaciones de lucro limitado que gestionan otros 136.000 apartamentos, y las cuales tienen el compromiso de reinvertir sus beneficios en el sector inmobiliario u ofrecer su vivienda a familias con bajos ingresos (un 50% debe estar destinada a ellos) a cambio de exenciones fiscales. El ayuntamiento impone un máximo precio de alquiler según la zona, gracias a una ley de 1917. En 2013 se encontraba en un máximo de 7 euros por metro cuadrado para estos pisos protegidos.

Este año, el municipio (Viena) ha gastado unos 577 millones en subsidiar el alquiler, construir y reformar, una cantidad sustancial debido al tamaño medio de la ciudad. Por ejemplo, Londres gasta una cantidad semejante, y su alcalde, Sadiq Khan, ha calculado que necesitarán unos 2.700 millones de libras de inversión para evitar que la crisis inmobiliaria se agrave. Estas intervenciones se traducen en facilidades económicas para los vecinos. En el reportaje de ‘The Guardian’, una enfermera llamada Barbara Hammer explica que paga 560 euros al mes por una casa de 80 metros cuadrados a 15 minutos en tranvía del centro de la ciudad

A Barcelona existeixen uns 820.000 habitatges i només uns 12.000 tenen la categoria de lloguer públic o social (1,5%). La demanda d’aquesta classe d’habitatge de lloguer a la ciutat està col·lapsada i hi ha cues d’un any per rebre un habitatge d’emergència. A la dècada prodigiosa de la bombolla immobiliària a Barcelona es van construir 55.872 habitatges. Ens podem imaginar l’esforç inversor de tot plegat. Les dades no són nostres, però és un estudi que vam fer el 2014 sobre dades proporcionades pel Consorci de l’habitatge de Barcelona:

Si tots els habitatges s’haguessin destinat a un parc públic de lloguer com demana la nostra associació des de la seva constitució fa més d’una dècada, només tindríem 65.000 habitatges…… el 8% de tots els pisos de la ciutat…. lluny de les dades de Viena, però també de Berlín o París. El que ha passat en els darrers 45 anys d’Ajuntaments democràtics és responsabilitat sobre tot del PSC i d’Iniciativa però també dels altres. Ada Colau no té cap responsabilitat fins el 2015 però tampoc ens podem creure que aquelles mesures faran miracles. És necessiten altres mesures polítiques de molt abast que necessiten una amplia mobilització ciutadana.

Sense justicia fiscal no hi ha un lloguer just.

Ho explicàvem molt alt i clar en aquest article fa uns dies>>>


Es posible una renta de alquiler adecuada a la renta familiar en mercado libre?

Por supuesto que SÍ. Es posible pagar un alquiler en función de la renta a un propietario privado sea cual sea su condición: abuelito, propietario marginal, Socimi, SICAV, sociedad patrimonial, fondo de inversión inmobiliaria etc……

Basta legislarlo. Para aflorar la bolsa de fraude de los arrendadores bastará con:

  • contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. La deducciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.
  • Eliminar las degravaciones fiscales al arrendamiento para que tributen como una ganancia más.
  • Con el ahorro fiscal eliminado a los arrendadores realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible… relacionado con aquel 30%. Con ello, el fraude fiscal de los arrendadores se habrá acabado.
  • Gravar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas no poniendo en el mercado sus viviendas vacías en alquiler.
  • Todas estas medidas evitan el enorme colapso burocrático que supone el engorroso y escurridizo control de precios según indices en un mercado libre, que la Administración no controla y toda la picaresca asociada.

El enorme lobby inmobiliario no tiene argumentos ante la injusticia del tratamiento fiscal de sus rentas parasitarias. Los países europeos más avanzados, tienen grandes parques de vivienda pública que suponen un enorme ahorro para todo el país. La gente paga menos por su vivienda y tiene dinero para gastar en la economía. ¿Por qué eso no es posible en nuestro país?

Se imaginan el parque de vivienda pública que podríamos tener si cada año el Estado español gastará esos 10.000 millones de euros en vivienda?

Por qué el Estado español y la izquierda monárquica ha renunciado a las políticas públicas de vivienda de alquiler y todo ese dinero lo regala a la iniciativa privada?

Ha demostrado ese derroche fiscal su papel en la promoción de la vivienda de alquiler en 25 años? NO NO y NO…. ha servido para reducir precios? NO NO y NO

Hace falta tocar alguna ley para asegurar la justícia fiscal? Hace falta modificar la LAU? NO NO y NO sólo la normativa de la Agencia Tributaria

Los Ayuntamientos del cambio, que piden todas las competencias en materia de alquiler, deberían tener muy claro todo lo explicado

A los Ayuntamientos del cambio……

SIN JUSTICIA FISCAL CONTRA LAS RENTAS INMOBILIARIAS PARASITARIAS NO HAY ALQUILER JUSTO NI ASEQUIBLE!

Salva TORRES, activista de asc. 500×20


Notes a peu de pàgina

  1. gencat.cat, Préstecs per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer– 2018-2042.
  2. El País, La construcción de vivienda social cae hasta niveles de los años 50.
  3. Socialistes Barcelona, Collboni denuncia desviacions al pressupost de Colau que podrien acabar en retallades.
  4. El Periódico, L’Ajuntament de Barcelona presenta un pressupost de més de 2.500 milions.
  5. europapress/catalunya, La deuda del Ayuntamiento de Barcelona se mantiene en 835,5 millones.
  6. El Confidencial, La política de Viena para ofrecer pisos baratos y qué podemos aprender de ella.
  7. Valencia Plaza, Testa Socimi: la primera en número de pisos en alquiler ultima su salida a bolsa invertiendo 500 millones para crecer