Desahucio precario y desahucio alquiler social, una nueva lacra…

por Mari Flor Álvarez, Asociación Plataforma de Afectados por la Hipoteca Bierzo Stop Desahucios Ponferrada y Castilla y León.

Se entiende por precario la situación que se da cuando una persona tiene la posesión de una cosa, normalmente un bien inmueble, sin ser su dueño. El dueño tolera dicha posesión, pero ello no significa que otorgue al poseedor ningún derecho sobre la cosa.

Se trata de un supuesto no regulado expresamente en nuestra legislación civil. De hecho, sólo se refieren al precario las normas de carácter procesal relativas a conceder al dueño de la cosa una acción de desahucio contra el poseedor, acción encuadrable dentro del procedimiento verbal.

Generalmente el precario es una situación de hecho que puede provenir de una posesión sin título, de una posesión meramente tolerada, o de una posesión concedida graciosamente por el dueño de la cosa.

La posesión sin título puede surgir de no existir dicho título, o haber éste concluído sus efectos, o devenido ineficaz.

En ambos casos el precario se regulará por las reglas de la posesión, siendo el precarista un poseedor de buena o mala fe, según los casos.

Este tipo de precario es algo que siempre ha estado relacionado con la posesión, derecho real, pero “de hecho”.

Por otro lado, parece claro que si el precario normalmente es una situación de hecho, podrá serlo “de derecho”, esto es, podrá pactarse un verdadero contrato. Tal situación ha sido muy discutida, pues esta figura entonces estará más cerca del comodato (préstamo de cosa no fungible) que de la propia posesión.

Lo anterior tiene importancia, pues según se considere una opción u otra, habrá de regirse el precario, al no tener regulación propia, por lo pactado y por las normas de la posesión o del comodato, instituciones distintas y con regulación diferente, pero ambas dentro del Código Civil español y según se trate.

En nuestro derecho, el precario no está regulado en el Código Civil, va apareciendo solamente en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que al regular el procedimiento verbal admite su utilización “para la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario por el dueño, usufructuario o cualquier persona con derecho a poseer dicha finca”.

Obviamente, tratándose de una situación posesoria no es objeto de inscripción registral, quedando excluida su inscripción por el artículo 5 de la Ley Hipotecaria.

Se podría formular DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO VERBAL DE DESAHUCIO POR PRECARIO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. COMPETENCIA.- Conforme al art. 52.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento civil, el conocimiento de esta demanda corresponde a los Juzgados de esta ciudad, por ser el lugar en que se halla la finca.
  2. PROCEDIMIENTO.- El art. 250.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil, establece que se sustanciará por los trámites del juicio verbal, regulado en los arts. 437 y ss de la Ley Rituaria.
  3. Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.”

III- LEGITIMACIÓN.- Es parte legítima para promover un  juicio, el demandante, en su condición de «alquilado solidario» de la vivienda que ocupa el demandado-a alega que se vieron forzados por su situación social-económica ocupar una vivienda o un bloque

  1. ACCIÓN QUE SE EJERCITA (O FUNDAMENTOS DE DERECHO SUSTANTIVO).-

-. El art. 348.2 del Código Civil: ” El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”.

-. El art. 444 del Código Civil: ” Los actos meramente tolerados, y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión”. Pero siendo el caso se intentará evitar que las familias sean lanzadas a la calle con el vil fin de alterar el núcleo familiar

-. El art. 1941 del Código Civil: ” La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida”, salvo excepciones

-. El art. 1.942 del Código Civil: ” No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño”.

  1. JURISPRUDENCIA.- Tomando el precario en el apropiado y amplio sentido que le ha dado la jurisprudencia, es aplicable al disfrute o simple tenencia de una cosa sin título y sin pagar merced, por voluntad de su poseedor o sin ella, pues si bien es cierto que la no oposición del propietario no pone término naturalmente a su tolerancia, la resistencia contraria del tenedor (familia de alquiler solidario) ocupante se puede puede mejorar su posición sin enervar la acción del dueño par hacer efectiva su voluntad de rescatar la cosa, pues según lo también declarado por la jurisprudencia, esta ha ido paulatinamente ampliando el concepto de precario hasta comprender no sólo los supuestos en que se detente una cosa con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en que la tenencia del precarista no se apoya en ningún título y presenta caracteres de abusiva … mereciendo esa calificación de precario toda situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo, y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndose tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia respecto a un poseedor de peor derecho (STS 30-10-86).

Hemos de decir alto y claro que en nuestro colectivo no hay situaciones ni necesidad de ocupación, nuestras familias son la mayoría lanzamientos de desahucio por ejecución hipotecaria, todos paralizados y siguen por derecho en sus casas a la espera de resoluciones de los juzgados.

Ojo al dato:

Subvenciones fiscales a los propietarios, exenciones y desgravaciones: sostenemos que superan los 10.000 millones de euros anuales, sumando las del IRPF y las del Impuesto de Sociedades. La Hacienda Pública regala cada año más y más dinero a los propietarios rentistas en la medida que crecen y crecen los hogares que viven en viviendas de alquiler que se acercan ya a los 4 millones. El crecimiento estatal de los hogares en alquiler hasta el 18% es consecuencia de la expulsión de la sociedad de los propietarios de amplias franjas de la población precaria que no tienen ya perfil financiero solvente. Dicho de otra manera, el Estado español renuncia desde hace décadas a miles de millones para supuestamente incentivar el mercado de alquiler y abaratarlo. Aunque el objetivo presupuestario de esa clase de fomento del alquiler ha sido un fracaso estrepitoso en realidad ha sido un éxito político y electoral de los partidos constitucionales.

Todo esto se resume en la disparatada diferencia de la tributación fiscal de las rentas del trabajo y de las rentas del alquiler que declaran los propietarios caseros, pues los trabajadores pagan 10 veces más, o sea, un 1.000% más. El precariado es el más perjudicado tanto por pagar más impuestos, como por ser exprimido por el propietario casero, sea cual sea su condición. Al perro flaco todo son pulgas. Eso demuestra que vivimos en un país profundamente clasista, que no ha dejado atrás la herencia franquista, porque los que no trabajan, los rentistas, pagan menos impuestos o ninguno, como la Iglesia Católica.

Acabando, tenemos una tabla reivindicativa para darle una vuelta a toda esta herencia franquista en materia de vivienda. Pero será difícil si al tiempo no hay cambios políticos y económicos, una verdadera revolución democrática.

Algo tan sencillo, porque los precios de los alquileres en última instancia dependen de la legislación sobre vivienda. Sí garantizas políticamente el derecho a la vivienda, los precios bajan (Viena). Sí fomentas políticamente la burbuja, los precios suben (España)

La población tiene cada vez más dificultades para pagar la vivienda. La situación puede considerarse “insostenible”, pero “se puede revertir” políticamente. A nuestro juicio, las administraciones “tienen que declarar una situación de emergencia habitacional” y se debe impulsar una reforma de la ley de arrendamientos urbanos que corrija “la asimetría entre propietario e inquilino” y permita a lo segundos quedarse en las viviendas durante más años, manteniendo las rentas acordadas en sus contratos. A pesar de mostrarse compresivo con el hecho de que el de la vivienda sea un negocio, hemos denunciado que, ante la situación actual “es un saqueo”.

“Ahora la mayoría de la gente no puede acceder a una hipoteca” para la compra de vivienda, en parte por el “empleo precario”, y opta también por el alquiler precario u ocupación.

“Los problemas de vivienda y de especulación “La situación actual no es casual sino fruto de las políticas de vivienda que se han puesto en marcha desde el franquismo con un doble objetivo: por un lado, garantizar el acceso de la población a la vivienda, pero, por otro, fomentar la construcción como motor económico”, ha señalado.

Cómo objetivo ha tenido que ver con el “efecto arrastre” que tiene la construcción sobre el resto de los sectores económicos que, en momentos de crisis, también afecta negativamente. A nuestro juicio, que en el futuro se sigan generando las burbujas inmobiliarias tiene mucho que ver con que los ciudadanos, principalmente los propietarios que son también inversores, sean conscientes de su “responsabilidad” sobre el derecho a la vivienda. “Es un problema de todos los ciudadanos y de todos los partidos políticos, que deberían reflexionar al respecto”. Además, ha reivindicado una reforma de la ley de arrendamientos que garantice que el inquilino tiene “por lo menos los mismos derechos” que los propietarios y ha considerado que es necesario pensar cómo incrementar el parque de viviendas sociales.

Publicada en tierrabierzo.com

PD: He de mencionar, que en esta OPINIÓN ha colaborado Salvador Torres, de 500X20, experto en materia de ocupación y alquiler social.




PAH-Madrid y 500×20 registran en el Congreso de Diputados un documento de medidas contra la burbuja del alquiler

Este pasado día 24-1-2019 hemos registrado ante el Congreso de Diputados de Madrid un conjunto de medidas en defensa de los inquilinos ante las subidas abusivas de los alquileres en todo el país.

Estamos recabando el apoyo de más colectivos a las medidas porque creemos que la situación en nuestras ciudades y barrios se ha vuelto insostenible.


CONGRESO DE DIPUTADOS

PRESIDENCIA

La Asociación sin ánimo de lucro Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid PAH-Madrid, inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, con domicilio a efectos de notificación en calle Francisco Silvela, 13, Centro Lista, C.P. 28028, Madrid. Teléfono 619267333. Mail afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com, y la Associació pel lloguer públic i asequible- 500×20 Nº Registro 45225 Generalitat de Catalunya,

Exponen, para el común conocimiento, medidas para pinchar la burbuja del alquiler y asegurar el derecho a la vivienda del inquilinato.

Organizaciones involucradas en la lucha por la vivienda y frente a las consecuencias de la crisis financiera y la estafa hipotecaria venimos reflexionando y compartiendo criterios respecto al problema de los alquileres de viviendas en España, por los precios abusivos que precisamente sufren los sectores de la población con más dificultades económicas.

En nuestras conclusiones hemos descartado “la regulación de precios medios del mercado” porqué eso significa REGULAR POR LEY LA BURBUJA INMOBILIARIA, dando carta de legitimidad a precios abusivos, por mucho que adornen la medida. Tampoco ha funcionado en ningún país ni ciudad, a pesar de que en los medios de comunicación predomina este discurso hoy. Sin embargo, sólo hace falta mirar los medios internacionales para observar que la burbuja se extiende por todo el planeta empujada por los excesos de liquidez inducida por los bancos centrales. Tampoco la medida debe ser muy lesiva para los intereses de la propiedad cuando la propia CDU de Ángela MERKEL, añadió la regulación al programa de su partido para las elecciones alemanas del 2013.

El derecho a la vivienda está amenazado en todas partes frente a este capitalismo financiero capaz de doblegar ciudades como Berlín, donde el precio medio del m2 de vivienda en alquiler ha pasado de 7€ en 2007 a 30€ en la actualidad.

Nosotros proponemos medidas que paran en seco la subida –la congelación de alquileres– y la prórroga forzosa que permite a través de un contrato único supervisado por la Administración que los caseros se vean imposibilitados de subir con picarescas los alquileres.

La segunda gran medida tiene a ver con la justicia fiscal. No puede ser que un trabajador por la misma renta pague un 1000% más que un rentista profesional junto a todos los trajes a medida del Impuesto de Sociedades que permiten la elusión fiscal de los grandes propietarios y la brutal caída de recaudación de ese impuesto, que se ha vuelto irrelevante en los ingresos del Estado. Aparte que la figura fiscal de las SOCIMI es en realidad una UTE – Unión Temporal de Empresas- en la cual siempre hay alguna que redirige los ingresos a paraísos fiscales.

Por ello, proponemos eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores, que suponen más de 10.000 millones anuales, para que ese dinero se invierta en ayudas fiscales a todos los inquilinos, lo que de rebote permitiría acabar con el fraude.

Todo ello en un país como el nuestro donde no existe un parque de vivienda pública que amortigüe precios y donde la picaresca consentida supone que, por ejemplo, un 25% de economía sumergida y el 60% de los contratos de alquiler de la Comunidad de Madrid sean ilegales.

Estas medidas que exponemos queremos consensuarlas con otras organizaciones a escala estatal de cara a un programa de reivindicaciones para las elecciones municipales y autonómicas del 2019 y que se añadirían a lo que tenemos elaborado desde el 2015.

  • Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).

  • Contrato público único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde esté prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección Técnica de las Viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad, con revisiones cada 5 años.

  • Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores, para que tributen como una ganancia más.

  • Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros), con lo se conseguiría acabar con el fraude fiscal de muchos de ellos pues, conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.

  • Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia,  para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.

  • Municipalización del suelo urbano. Debe ser de dominio público y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo-público (sería como un impuesto) y la propia edificación.

Medidas complementarias para hacer efectivas las anteriores:

  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. Las exenciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.

  • Eliminar los incrementos del recibo del alquiler por mejoras arquitectónicas, instalaciones o estéticas de la vivienda, para evitar el doble cobro a Hacienda y al inquilino.

  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.

Associació pel lloguer públic i asequible- 500×20, PAH MADRID




04-02-2019: judici al nostre company Toni TALLADA i altres dos activistes de 9barris – 2 anys de presó

¡¡¡OTRO JUICIO AL ACTIVISMO¡¡¡.

Toni Tallada – presidente de asc. 500×20 en 2014

“EL FISCAL ME PIDE DOS AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN POR TIRAR UNOS PAPELES AL SUELO…”

El 22 octubre del 2014 después de dar soporte en uno de los cientos de desahucios que asolan el distrito de Nou Barris, los congregados allí decidimos ir a la oficina de servicios sociales a hablar con su directora, pues los colectivos en defensa de la vivienda de la zona considerábamos que el papel de servicios sociales en el tema de la vivienda dejaba bastante que desear. No era la primera vez que íbamos a un centro de servicios sociales para hacer llegar nuestras reclamaciones, pidiendo incluso la interlocución de responsables políticos para que nos aclararan los protocolos y actuaciones frente a los desahucios y exigir más implicación.

Así pues esa mañana nos dirigimos hacia la oficina de servicios sociales unas 70 personas. Entramos en primer lugar un grupo de unas 15 personas con la intención de hablar con la directora cuando de repente vimos como lxs trabajadorxs se encerraban con llave en los despachos laterales. Les dijimos que veníamos ha hablar pero nadie salió a atendernos.

Pasados un par de minutos sin que nadie nos hiciera caso decidimos tirar algunos papeles al suelo en modo de protesta y marcharnos. Cogimos 2 bolsas de papeles del container de reciclaje y los lanzamos al suelo de las dependencias.

En un momento dado un grupo de personas que estaban detrás nuestro tiró mobiliario y algunas macetas al suelo. Yo particularmente les increpé su actitud y una vez calmada la cosa salí del local para ver si localizaba al mediador del ayuntamiento, que me constaba que se dirigía hacia allí.

Según me enteré días después algunos trabajadores del equipamiento se habían sentido violentados por los hechos, incluso algunos cogieron la baja y se les proporcionó atención psicológica.

Quiero aclarar que en ningún momento presencié amenazas ni coacciones a lxs trabajadorxs y que en ningún modo los hubiera permitido. Lxs activistas por el derecho a la vivienda vivimos una tensa escenificación de la violencia institucional cada vez que se intenta desahuciar a una familia y a pesar de ello mantenemos nuestro adn pacifista intacto.

Pues bien, por esta acción de protesta la fiscalía me pide 2 anos y medio de cárcel por desórdenes públicos y seré juzgado el día 4 de febero.

Las únicas pruebas acusatorias que tienen sobre mis actos es una fotografía en la que se me ve tirando papeles al suelo y un testimonio que lo ratifica. La pregunta a la judicatura es obvia: ¿esto actos constituyen delito penal? (actuaciones premeditadas con el propósito de alterar la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones, según el fiscal). Pues bien, la judicatura manifiesta que ya se dilucidará en el juicio, pero por lo pronto usted está en libertad condicional a la espera de jucio.
Tal es el despropósito del escrito de acusación que incluso está imputado el compañero Filiberto Bravo que ni siquiera entró en las dependencias, cosa demostrable. Una vez más la presunción de inocencia al desagüe.

Asistimos una vez más a un juicio político donde las pruebas no se sostienen y las peticiones de penas son totalmente desproporcionadas.

En Nou Barris (como en muchos lugares) ya estamos acostumbrados a que cuando hay protestas, huelgas o acciones reivindicativas los/las imputados/as sean los/las activistas más reconocibles los que acaben siendo juzgados/as por el sólo hecho de haber estado en el escenario, ante la incapacidad de las fuerzas del orden (fiscalía incluida) de identificar a quien realmente comete un desaguisado punible. En octubre del 2014 yo era presidente de la asociación 500×20 y Filiberto Bravo presidente de la AAVV de Ciutat Meridiana. Evidentemente, detrás de estas actuaciones jurídico-policiales había (y hay) un claro objetivo: descabezar a los movimientos sociales moliendo a multas y juicios a sus miembros más activos.

Esta táctica del descabezamiento que utiliza el establishment no es nueva, huele a rancia de antigua, pero en los últimos tiempos estamos asistiendo a un repunte desacomplejado de acciones judiciales contra personas y colectivos reivindicativos al fin de acallar sus voces y meter miedo al personal. Todo un retroceso democrático, propio de estados represivos.

Quiero recordar que precisamente la humanidad ha avanzado en derechos y libertades gracias a tanta gente que a lo largo de la historia se ha revelado ante la injusticia y la desigualdad y por ello muchos fueron perseguidos y castigados. A algunxs lxs callaron, muchxs recogieron el testigo.

Por último quiero agradecer todas las muestras de solidaridad que estoy recibiendo estos días y deciros que me preocupa mucho más que una familia se vaya a la calle que afrontar este montaje.

Se que puedo contar con vosotrxs.

Antoni Tallada. Enero 2019


Así es como vimos la notícia en el 2014

ciutat meridiana: menos condenas y más derechos sociales.

 

TAMBIÉN EN LA PRENSA

Demanen dos anys per l’assalt dels Serveis Socials a Ciutat Meridiana.

 




500×20 amb solidaritat amb Badalona: prou de criminalitzar la pobresa!

Aquest dissabte dia 12 vam tenir una jornada completa. Al matí varem fer una assemblea per decidir una posició definitiva sobre com acabar amb la bombolla de lloguer que assola la ciutat. Després a la tarda unes 25 persones de les assemblees de famílies de Sant Andreu i Nou Barris vam anar a la manifestació de Badalona. Sota el lema “la precarietat mata” unes 500 persones vam desfilar entre la concentració davant l’edifici sinistrat i la seu de l’Ajuntament.

Mentre les companyies de llum cobren el subministrament més car de tota Europa i tenen beneficis estratosfèrics, avui hem sabut que milers de llars de tota badalona i en general de tot l’estat tenen la llum punxada perquè no poden pagar preus abussius amb salaris miserables.

També hem sabut, que el dia del sinistre la dotació de bombers estava sota mínims per culpa de les retallades de pressupost generalitzades des de l’inici de la crisi.

En definitiva, el lema de la manifestació convocada per la PAC Badalona i els bombers encertava: la precarietat mata!

 




Campanya a Barcelona: Prou desnonaments oberts i silenciosos!

Segons les dades de l’Ajuntament de Barcelona en el darrer any 2018 els Serveis Socials i les Oficines d’Habitatge de Barcelona han tingut coneixement de 60 desnonaments oberts i silenciosos. Vol dir, que hi hagut més dels que es coneixen.

Què són desnonaments oberts i silenciosos? Doncs el jutge accepta a instàncies de la propietat que el desnonament d’una llar es faci en qualsevol dia d’un període que pot ser determinat – 15 dies – o més. A més ara coneixem que a pesar dels acords amb el Consistori, els jutges no avissen als serveis socials però tampoc a la familia afectada. És una pràctica arbitrària dels tribunals que no està emparada amb cap llei.

La nostra Associació en els darrers mesos varem ser testimonis que moltes famílies que acollim reben aquestes notificacions judicials i hem patit la desfeta moral de la nostra gent quan la Comissió judicial ha practicat aquesta injustícia. Aquesta va ser la raó que ens va empènyer a convocar a tots els grups d’habitatge de la ciutat a crear la plataforma “PROU DESNONAMENTS OBERTS I SILENCIOSOS” que ha recollit el suport, de moment, de més de 163 entitats de la ciutat. Mou-te i que la teva entitat, sigui quina sigui, doni suport a les famílies afectades>>>

Volem exigir a la Jutge degana de la Ciutat que deixin tots els jutges i tribunals de usar aquesta mesura cruel i injusta. recolza la iniciativa.

Vine a donar suport a la roda de premsa davant de la Ciutat de la Justícia el 15!

 




500×20 – Dos desnonaments oberts a Sant Andreu – La historia de dues dones valentes!

El cas de Laura que ja ha estat desallotjada del seu habitatge.

Aquesta setmana el barri de Sant Andreu es va despertar amb l’amenaça de dos desnonaments en obert. Això vol dir, que les famílies poden estar esperant dies sense saber quan una Comitiva Judicial acompanyada dels Mossos d’Esquadra vindran a casa a desallotjar-te. I per això l’angoixa o la sorpresa de quan es produirà tot causa una profunda desesperació de veure’t al carrer sense saber on anar a dormir, on deixar les teves coses.

El grau de violència exercit és tant gran que ens costa entendre com funcionaris com els de justícia o la policia no es neguen a realitzar aquestes tasques per propietaris sense el mínim d’humanitat. El dimecres 5 de desembre, quan encara ressonava el suïcidi d’Alicia de Madrid i el de Sista a Gràcia, una Comissió judicial va aporrejar la porta de l’habitatge de Laura, al barri de Camp de l’Arpa, per desnonar-la per la força.

Feia uns mesos que s’havia quedat a l’atur i no podia pagar el lloguer d’una important immobiliària. Aquesta va instar el desnonament al primer rebut impagat i al 3er ja va instat el desnonament obert que començava a comptar des del dilluns 3. No van deixar passar ni el pont de la suposada Constitució que garanteix un habitatge digne. Les coses de Laura van quedar dins l’habitatge i es va quedar al carrer amb el que portava posat. Ni Serveis Social ni res. La Comissió judicial va canviar el pany de la porta deixant les pertenences de Laura dins. Tot el cap de setmana Laura i les companyes de la nostra Asc.500×20 han estat negociant una habitació en una pensió mentre el resolt l’allotjament de Laura. Primer van ser dos dies fins divendres i després de negociacions àrdues amb el CUESB es va aconseguir dos dies mes fins dilluns. Dilluns cal tornar a negociar perquè no es quedi al carrer de nou.

En tot això, l’advocat d’ofici no va informar a Laura que tenia un desnonament obert. Aquest advocat en 40 anys d’experiència se li va haver d’informar que els desnonaments oberts vulneraven diversos articles de la Llei d’Enjudiciament Civil i que presentes un escrit exigint la suspensió per vulneració de drets humans i de l’ONU. L’actitud prepotent dels Mosos d’Esquadra presents que explica Laura en el vídeo posen de manifest que aquesta policia necessita una profunda reforma democràtica.

El cas de Arancha i el seu fill petit.

L’Arancha ens ha enviat el seu cas per explicar que és el que l’ha succeït ens els darrers mesos. Al igual que Laura, està esperant l’ordre de desnonament en obert. Té un fill petit i aquesta és la seva historia explicada per ella…

Expongo mi caso para cualquier persona que se vea ahora o próximamente en la misma situación que estoy pasando a día de hoy,espero ser clara y poder explicarme bien, allá voy!

Expongo mi caso para cualquier persona que se vea ahora o próximamente en la misma situación que estoy pasando a día de hoy,espero ser clara y poder explicarme bien, allá voy!

Hace 4 años me alquile un pisito para mi y mi bebé que estaba en camino lo alquilé por 525€mensuales, yo trabajaba a tiempo completo y tenía una nómina de unos mil euros ,al ser mamá cojí una reducción de jornada por maternidad con lo cual mi nómina bajó.

Aun así nunca fallé en pagar mi alquiler ,lo hacía religiosamente, hasta el pasado noviembre del 2017 donde me llegó un burofax donde ponía que el contrato de alquiler acabaría ese mes y que si quería quedarme en el piso me pusiera en contacto con el abogado de la propiedad para las nuevas condiciones.

Y así hice, llame a la abogada de la propiedad y me comunico que la nueva condición era una subida en el precio, mi asombro vino cuando la subida era de 525€ que pagaba a 800€ .

No podía hacer frente a ese coste cuando era lo que ganaba mensualmente que es lo que les comenté, pero su respuesta fue “pues si no te vas lo llevaremos judicialmente”.

Asi fue, al siguiente mes me acerque a informar a Habitatge para que me asesoraran que podría pasar que yo no tenía ninguna alternativa para ir a ningún lado que mi límite de pago era el que tenía y no podía cambiar de momento. En febrero llego la primera orden de desahucio, ahí fue cuando tuve que ir asistencia jurídica gratuita y me adjudicaron el abogado de oficio.

El primer día que lo visite le entregue toda mi documentación que había recogido nominas,contrato,declaración de renta ,todos los recibos del alquiler, mi carnet de familia monoparental, libro de familia etc ,su respuesta fue …”Yo intentaré alargarlo un par de meses pero te iras ala calle” mentalmente mi cabeza estaba a punto de estallar con lo cual me centré en hacer horas trabajando por si me reclamaban lo debido en esos meses y guardar todo lo que pudiera para no verme sin nada.

Un familiar me informo de la Asc. 500×20 que fuera allí expusiera mi caso que me asesorarían de lo que podría pasar y por donde irían los tiros. Todo cambio, llego algo de calma después de hablar con ellos, apoyo absoluto y fuerza en los siguientes desahucios en puerta que fueron llegando. Dos exactamente dónde se movilizaron y estuvieron a mi lado.

A día de hoy sigo en la misma situación a la espera de fecha y hora del próximo desahucio, pidiendo ayuda y información a mi letrado … su respuesta ante mi incomprensión de su actitud es desearme suerte y negación de presentar recurso alguno para evitar que se produzca el lanzamiento, y aunque he ganado la confirmación de mesa de emergencia sé que no estoy sola que hay más personas en mi situación que si no se resiste y se lucha no se llega ala meta y aunque me invada el miedo en momentos de verme en la calle sola con mi pequeño seguiré peleando por vivir dignamente.

Arancha.




Ha sido una semana negra y trágica para el derecho a la vivienda: muchos desahucios con fecha y en abierto y un suicido.

El mes de noviembre, desde hace una década, es un mes muy duro para las familias precarias en el trabajo y en la vivienda. No sólo empieza el frío sino también una actividad frenética de los juzgados, actuando en nombre de los propietarios, para echar a la gente de sus casas antes de Navidad. Cada día de noviembre se perpetra una injusticia en nombre del derecho a la propiedad. Jueces, secretarios, policía y propietarios son un ejército sin alma que ciegamente actúan vulnerando los derechos humanos que el estado español ha ido firmando en los tratados internacionales y que supuestamente están reflejados en la Constitución del régimen del 78. En los desahucios no hay miramientos. Da igual que hayan menores, ancianos, madres solteras, o hombres sin empleo.

Esta semana ha sido aciaga en la zona norte de Barcelona. Las comisiones judiciales han campado a sus anchas por todos los barrios intentando echar de sus casas en un total de 10 desahucios conocidos y los desconocidos que suelen llegar hasta 20 o 30 a la semana. La solidaridad con las familias, que la reclamaban de sus convecinos, no se ha hecho esperar.

Todos los desahucios se pudieron aplazar. Es un respiro que muchas familias esperan para recibir un piso de emergencia que nunca llega pues la lista es para más allá de un año. La desesperación se apodera de muchas mujeres, madres y solas, que saben que en un momento u otro llegará el fatídico “desahucio abierto” sin fecha para que jueces, secretarios, comisiones judiciales, policía se ponen de acuerdo para aparecer en cualquier momento del día o la noche para dejar a una madre y sus hijos en la calle.

10 años de crisis llevamos parando desahucios y la clase política, la banca y la propiedad miran al otro lado mientras la sociedad se desangra.

El mes de noviembre nos trae el recuerdo de los suicidios del vecino M.P de L’Hospitalet el día 11 del 2010 que se colgó de un árbol delante de su casa. Pero también de Amaia Egaña que se tiró por la ventana el dia 9 del 2012. La crisis económica y el fracaso de una vida ha provocado una larga lista de suicidios en España que es silenciada en los medios de comunicación. En 13.300 suicidios, entre el 2008-2015, se calcula el daño del terrorismo de este sistema injusto con los pobres. Esta lista muestra una pequeña cantidad recogida por el 15-M>>>

Este lunes 26 de noviembre mientras se paraban 3 desahucios en nuestros barrios, en Madrid, Alicia, una mujer de 65 años se tiraba por la ventana cuando iba a ser desahuciada y la comisión judicial subía por la escalera a echarla. ¿Dónde esta la humanidad de esta gente que después de esto continúan su trabajo como si no hubiera pasado nada?

¿Hasta cuando vamos a callar? ¿cuando nuestra gente piensa alzar la voz y salir a la calle para acabar con tanto sufrimiento?


Pero la vida continua. Y este sábado nuestros activistas estaban en la plaza Sóller y en la fiesta del barrio de Sant Andreu-Nord, repartiendo la declaración contra los desahucios abiertos, vendiendo nuestra nueva camiseta con “stop desahucios” y invitando a la gente a sumarse a la protesta.




ESPAÑA, EL GRAN ROBO DEL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO. Con la connivencia de todos los Poderes del Estado y los estamentos notarial y registral.

Un saqueo de veinticinco años que supone la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales) cobrados a los deudores.


Sobre una cantidad ficticia e intangible de, más o menos, uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) se han estado calculando, en los últimos veinticinco años, que sepamos, los honorarios e impuestos de todos aquellos prestatarios que intervenían en la constitución de un préstamo o crédito con garantía hipotecaria, esquilmando los bolsillos de los ciudadanos que acudían a firmar una escritura de este tipo de financiación.

Si se acude a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística encontramos que en los últimos 25 años el capital prestado por las entidades financieras en la constitución de hipotecas, periodo 1994-2018, está algo por encima de los dos billones de euros.

El jueves 08 de noviembre de 2018 publicamos en esta web el artículo “CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA: NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA, TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA, DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, CONSTITUYÉNDOSE LA `OBLIGACIÓN PRINCIPAL´ EN PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL”, en el que intentábamos explicar esa desconocida figura económico-financiera que aparece empotrada en la cláusula de “constitución de hipoteca”, denominada “responsabilidad hipotecaria

Si saliéramos a la calle a realizar una encuesta sobre dicha figura nos encontraríamos con la realidad que prácticamente el 100% de los ciudadanos que tienen un préstamo o crédito hipotecario no tienen ni idea de para qué sirve dicha responsabilidad, el alcance de la misma y en relación a que asuntos o temas nos afecta. Es la gran desconocida de los contratos de adhesión que firmamos a la hora de solicitar financiación externa, por lo que no es de extrañar que resulte la menos transparente, clara y comprensible de la escritura notarial. Una figura absolutamente oscura, opaca y sombría que conlleva un total sableo del ciudadano, total desconocedor del esquilme que le están haciendo.

Ya comentamos en nuestro anterior artículo, del pasado jueves 08 de noviembre de 2018, que la «responsabilidad hipotecaria» la conformaban cuatro conceptos:

  • cantidad que ha sido concedida como «obligación principal» por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado,
  • más una cantidad de intereses remuneratorios – u ordinarios – devengados durante un determinado plazo de tiempo -que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura,
  • más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y
  • más una cantidad en concepto de costas y gastos, que pudieran ser precisos para la acreedora en caso de tener que instar procedimiento judicial frente al cliente, que suele oscilar alrededor del 20% de la «obligación principal».

La suma de esos cuatro conceptos configuran la base imponible sobre la cual se calculan los gastos e impuestos de constitución de la garantía hipotecaria, «contrato accesorio» a la «obligación principal». La «responsabilidad hipotecaria» no está unificada dado que tiene un cálculo distinto en cada entidad financiera y puede oscilar, en la mayoría de los casos, entre el 135% y el 200% de la «obligación principal», o valor del préstamo/crédito.

La «responsabilidad hipotecaria» no ha sido nunca negociada, acordada o convenida entre las partes que conforman el «contrato accesorio» , ha sido radicalmente impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una entidad impone una determinada responsabilidad – en cuanto al segundo, tercer y cuarto concepto que la componen – y otra sociedad financiera una diferente, es todo un enigma para “el común de los mortales”. Por lo tanto, tenemos un capital prestado para hipotecas, en los últimos 25 años, según el I.N.E., de dos billones de euros. Si calculamos una «responsabilidad hipotecaria» media, entre la fluctuación que tiene ésta figura de entre 135% y 200%, de 160% – tirando por lo bajo- estamos ante una cantidad estratosférica de uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) que no tiene ningún tipo de contraprestación para la parte prestataria pero que, sin embargo, esta ficticia y falaz cifra constituye, igualmente a la «obligación principal»: capital prestado, la base imponible sobre la que se calcularán los honorarios de los notarios, registros, gestorías e impuestos como el A.J.D.

la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria contiene una figura económico- financiera radicalmente abusiva, por lo tanto nula, y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal…

Siendo el tipo impositivo para el cálculo del I.A.J.D., según la comunidad autónoma, de entre el 0.5% y el 1,5%. Si cogemos un tipo medio entre ambas cifras, el 1,00%, tendríamos el auténtico escandalazo que, en los últimos 25 años, y de esa cantidad fingida de uno coma dos billones de euros, los prestatarios hemos abonado a las arcas tributarias de las comunidades autónomas: la exorbitante cantidad de doce mil millones de euros (12.000.000.000 €), que si la dividimos por los veinticinco años que lleva vigente el saqueo da la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales). No es de extrañar que se hayan construido aeropuertos sin aviones o instalaciones de toda índole en medio de la nada, sinónimos del despilfarro que trajo el dinero fácil, el esquilmado a millones de prestatarios que sin saberlo, dado que ni el banco ni el notario le informaron de ello, ponía de su bolsillo en exceso, alrededor de, un 60%.

Y a todo esto, ¿dónde estaban los medios de comunicación?, desde luego no en su función principal, la de informar al ciudadano de temas que realmente le interesan como el caso del empobrecimiento al que era sistemáticamente sometido. Prueba de ello es lo sucedido estas semanas pasadas con el tema del Tribunal Supremo y el impuesto A.J.D. en las que se han oído y leído idioteces y majaderías de todo pelaje, como ha sido el mensaje de que en otros países de nuestro entorno existían impuestos parecidos al nuestro y lo abonaba el cliente, ¡claro que si, estúpidos! pero porque la base imponible de dichos impuestos es el importe principal del préstamo, no una bazofia de figura denominada «responsabilidad hipotecaria». ¿Hay algún medio que ha deshecho el entuerto?, que se sepa ninguno. Entonces, poco podemos esperar de ellos.

¿Sería posible que alguno de esos medios periodísticos que gastan tiempo y recursos para saber a ciencia cierta si ha sido “escupitajo o bufido” podrían dedicar algo de tiempo a denunciar el ordeño sistemático del bolsillo del consumidor de financiación hipotecaria, en la estimable cantidad de 12.000.000.000 € en veinticinco años, amén de lo abonado en un, más o menos, 60% de exceso en honorarios de notarios, registros y gestorías?. Pues, somos pesimistas al respecto.

Poco esperamos, también, de las instituciones españolas. Parodiando el final del filme “Casablanca”, siempre nos quedará el TJUE, y probablemente tendrá que ser él el que sentencie que la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria, mal llamada hipoteca, contiene una figura económico- financiera radicalmente abusiva, por lo tanto nula y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal, con la responsabilidad que contempla el artículo 1911 del Código Civil.
Publicado el 27 noviembre, 2018 por Pah Madrid


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La impunidad de la banca y las preferentes | Luisa Vicente

Luisa, una activista de EstafaBanca – preferentes- nos envía este vídeo de una charla  en el Cafe de la Ópera de Barcelona sobre esta temática que tanto ha afectado a miles de personas.




La cláusula de constitución de las hipotecas es abusiva y nula porque contraviene la directiva europea del consumidor

Los compañeros de PAH -Madrid nos han pasado un documento de investigación sobre la nulidad de la cláusula de constitución de la hipoteca – mejor de la garantía hipotecaria–  que como se observa en su lectura tiene multitud de ramificaciones que darán mucho que hablar. En su documento nos dicen que habrán más entregas pero el primer documento ya nos da una munición tan potente como para dar un nuevo revolcón a la conservadora jurisprudencia de nuestra “JUSTICIA” que ignora la Directiva 93/13/CEE después de 25 años. Material de sobras para cargar el argumentario de nuestros abogados defensores de todos los deudores y estafados. Se trata de convertir este documento en fundamentos de derecho en las causas judiciales y las reclamaciones. El edificio jurídico y financiero del mercado hipotecario tal como ha funcionado los últimos 50 años se esta derrumbando definitivamente. No creemos que sea atrevido decirlo: vencimiento anticipado, cláusulas suelo, falta de legitimación activa por titulización del crédito, el AJD y ahora este nuevo agujero. Sólo falta que hayan esos jueces y magistrados valientes que planten cara al lobby de la Banca que tienen instalado en lo más alto de la magistratura de este país.

El título de su documento es :


CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA:

NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA,

TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA,

DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO

DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA,

CONSTITUYÉNDOSE LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”

EN PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL.

Leído así, “a palo seco”, parece un auténtico bombazo pero más lo es cuando entras a analizar los fundamentos de tal afirmación y las consecuencias de ello.

La cláusula mal llamada de constitución de hipoteca, que debiera ser de “constitución de garantía hipotecaria“, configura un “contrato accesorio” a la “obligación principal” que recoge el objeto esencial de la escritura y la adecuación entre la financiación concedida y su retribución, a través de sus correspondientes intereses. La “obligación principal” puede subsistir perfectamente sin el “contrato accesorio

Ese “contrato accesorio”, que integra la garantía hipotecaria, constituye una exigencia de las entidades financieras para conseguir mayor seguridad de “cobro a futuro” ante la posibilidad que la parte prestataria pueda caer en morosidad en relación con la “obligación principal”. Pero no es inherente a la “obligación principal”, más bien una costumbre financiera, muy dilatada en el tiempo, de tener el máximo de seguridad a la hora de prestar dinero, que en otros países de nuestro entorno no existe.

Este intento de las entidades de “todo bueno, bonito y barato” para ellas, en detrimento del prestatario, ha calado en este país, y dicha actitud ha traído consigo, con la connivencia de todos los poderes del Estado, notarios y registradores, auténticas anomalías y perversiones financieras que hoy día determinados estamentos de la sociedad pueden considerar como normales.
Leído así, “a palo seco”, parece un auténtico bombazo pero más lo es cuando entras a analizar los fundamentos de tal afirmación y las consecuencias de ello.

La cláusula mal llamada de constitución de hipoteca, que debiera ser de “constitución de garantía hipotecaria“, configura un “contrato accesorio” a la “obligación principal” que recoge el objeto esencial de la escritura y la adecuación entre la financiación concedida y su retribución, a través de sus correspondientes intereses. La “obligación principal” puede subsistir perfectamente sin el “contrato accesorio“. De hecho, sucede de forma cotidiana en los préstamos y créditos personales, dado que existe una responsabilidad patrimonial universal del deudor, establecida en el artículo 1.911 del Código Civil, conforme a la cual éste responde con todos sus bienes presentes y futuros en tanto que la deuda no esté totalmente satisfecha.

Ese “contrato accesorio”, que integra la garantía hipotecaria, constituye una exigencia de las entidades financieras para conseguir mayor seguridad de “cobro a futuro” ante la posibilidad que la parte prestataria pueda caer en morosidad en relación con la “obligación principal”. Pero no es inherente a la “obligación principal”, más bien una costumbre financiera, muy dilatada en el tiempo, de tener el máximo de seguridad a la hora de prestar dinero, que en otros países de nuestro entorno no existe.

Este intento de las entidades de “todo bueno, bonito y barato” para ellas, en detrimento del prestatario, ha calado en este país, y dicha actitud ha traído consigo, con la connivencia de todos los poderes del Estado, notarios y registradores, auténticas anomalías y perversiones financieras que hoy día determinados estamentos de la sociedad pueden considerar como normales.

El “contrato accesorio” contiene la cláusula de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, que en realidad está compuesta por la garantía hipotecaria, anexo accesorio y subsidiario a la responsabilidad universal de la parte prestataria.

Esta cláusula contiene una figura que se denomina “responsabilidad hipotecaria” que es la gran desconocida entre los deudores/prestatarios de este país:

  • ¿qué es la `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿a quién beneficia dicha `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿tiene algo que ver con la `obligación principal´ que consta en la escritura de la financiación otorgada?,
  • ¿tiene repercusiones económicas para la parte prestataria?,
  • ¿cómo se configura esa responsabilidad y las cantidades que la componen?,
  • ¿puedo, como una de las partes del contrato, influir en el cálculo de esa `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿por qué aparece dicha responsabilidad en las CARGAS del inmueble que constituye la garantía hipotecaria, en el Registro de la Propiedad?,
  • si la parte prestataria cae en mora, ¿en qué le afecta esa `responsabilidad hipotecaria´?

Y podríamos seguir preguntándonos, unas cuantas veces más, sobre dicha “responsabilidad hipotecaria” dado que no encontraremos nada sobre ella en las escrituras que firmamos ante notario, y este profesional -fedatario público- no nos dirá nada al respecto.

Esas ocho preguntas recién expuestas, y otras más, se contestarán según vaya desgranándose este artículo.

Si el ciudadano/consumidor/cliente intenta acudir a las GUÍAS HIPOTECARIAS que sobre préstamos o créditos tiene publicados el Banco de España o la Asociación Hipotecaria Española -a la que pertenecen, como miembros, prácticamente todas las entidades financieras de este país- se encontrará con un total oscurantismo con respecto a esta figura económica.

Entonces, dicha cláusula ¿supera el análisis del control de transparencia, tal y como contempla en su articulado la Directiva 93/13/CEE?, podemos afirmar que NO, ni mucho menos. La parte prestataria firma ante notario la escritura que, además de la “obligación principal”, engloba el “contrato accesorio” que contempla la garantía hipotecaria, sin tener la menor idea de lo que supone, y características, esa `responsabilidad hipotecaria´ que contiene la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA. Ninguna de las fichas de información precontractual que, por legislación, hay que entregar al potencial cliente, ni las ofertas vinculantes, ni los folletos informativos de las entidades financieras, ni la intervención notarial, pueden dar fe de una explicación con argumentos razonados y fundamentados que den la posibilidad a la parte prestataria de, a la hora de firmar la escritura de financiación externa, conocer a fondo lo que representa, y en que le afecta, la susodicha `responsabilidad hipotecaria´.

Añadir, en relación a esta cuestión, que los medios de comunicación no han ayudado nada en ello ya que, y se ha visto en estas últimas semanas, desinforman más que informan. Por lo tanto, no cabe duda que el cliente/consumidor ha firmado el contrato ignorando totalmente lo que significa dicha responsabilidad. Por ello, es indiscutible que esa cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA es claramente abusiva, por lo que es nula y, por lo tanto, ha de tenerse por no puesta desde el mismo momento de la firma notarial de la escritura de constitución de la `obligación principal´ y del `contrato accesorio´ que contiene la garantía hipotecaria de la misma.

¿Cómo quedaría, entonces, dicha escritura? Pues, muy sencillo, se quedaría sin la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, con la obligación principal´ constituyendo una especie de préstamo o crédito personal, con las responsabilidades -de la parte deudora- que contempla el artículo 1.911 de nuestro Código Civil.

Antes de entrar a definir lo que es la “responsabilidad hipotecaria” y sus consecuencias para la parte prestataria, y las que debiera tener y no tiene, vamos a hablar de otros conceptos directamente ligados a esa responsabilidad.

El Registro de la Propiedad es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, en la que se inscribe y da publicidad a la propiedad de los inmuebles, y los derechos que recaen sobre los mismos. En el Registro de la Propiedad se inscribe la constitución de la garantía hipotecaria, dependiendo la cuantía de los honorarios registrales del importe de la “responsabilidad hipotecaria”.

El notario autoriza y da fe del contrato accesorio de constitución de la garantía hipotecaria y, ya puestos, debe apreciar la legalidad de las condiciones que contempla la escritura, siendo la cuantía de sus honorarios calculada en relación a la base imponible que constituye la “responsabilidad hipotecaria”.

El I.A.J.D. es un gravamen que se aplica a los actos formalizados en documento público, que son inscribibles, y con cuantía económica, como es el caso de la constitución de la garantía hipotecaria, y cuya cuantía se calcula en relación a la base imponible que constituye la “responsabilidad hipotecaria”. Destacar que, sin embargo, el I.A.J.D. de compraventa de vivienda tiene como base de cálculo -base imponible- exclusivamente el importe escriturado de compraventa.

El cálculo de los gastos que abona el prestatario a la gestoría son igualmente calculados en relación a la base imponible que constituye la `responsabilidad hipotecaria´. Pero, ¿qué es la “responsabilidad hipotecaria”? Es la suma de cuatro conceptos que las entidades financieras calculan en base a lo que presumen que acabarían reclamando en caso de que la parte prestataria caiga en mora, y esa cantidad es el importe/responsabilidad máximo/a por el que responderá el inmueble que constituye la garantía hipotecaria, llegado el momento de intentar recuperar la financiación concedida.

::__ clausula constitución garantía hipotecaria –::

¿Qué conceptos son esos? Son, en la mayoría de los casos, cuatro: cantidad que ha sido concedida como “obligación principal” por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado, más una cantidad de intereses remuneratorios -u ordinarios- devengados durante un determinado plazo de tiempo -que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura, más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y más una cantidad en concepto de costas y gastos, que pudieran ser precisos para la acreedora en caso de tener que instar procedimiento judicial frente al cliente, que suele oscilar alrededor del 20% de la “obligación principal“.

La suma de esos cuatro conceptos configuran la base imponible sobre la cual se calculan los gastos de constitución de la garantía hipotecaria, “contrato accesorio” a la “obligación principal“. La “responsabilidad hipotecaria” no está unificada dado que tiene un cálculo distinto en cada entidad financiera y puede oscilar, en la mayoría de los casos, entre el 135% y el 200% de la “obligación principal“, o valor del préstamo/crédito.

La “responsabilidad hipotecaria” no ha sido nunca negociada, acordada o convenida entre las partes que conforman el “contrato accesorio“, ha sido radicalmente impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una entidad impone una determinada responsabilidad -en cuanto al segundo, tercer y cuarto concepto que la componen- y otra sociedad financiera una diferente, es todo un enigma para “el común de los mortales”.

Probablemente, si este artículo llegase a conocimiento de los bancos y cajas, o de sus adláteres, vendrían a informarnos de las bondades de dicha “responsabilidad hipotecaria“, y de que la establecen por nuestro bien, etc., etc., etc. Pero, en realidad, dicha responsabilidad constituye una contraseña que tienen todas las entidades financieras entre sí.

Nos explicamos con un ejemplo: un determinado ciudadano solicita un préstamo de 200.000 €, la “responsabilidad hipotecaria” de esa “obligación principal”, calculada en un 150%, representa una responsabilidad de 300.000 €. Ésta cantidad queda reflejada en las CARGAS del inmueble que constituye la garantía hipotecaria, en el correspondiente Registro de la Propiedad. Si ese mismo ciudadano acude, con posterioridad, a otra entidad financiera a solicitar nueva financiación, con la misma garantía hipotecaria, el nuevo banco o caja solo tiene que solicitar tasación del inmueble y comprobar la diferencia entre ésta y la “responsabilidad hipotecaria” que está contemplada en las CARGAS del inmueble; existiendo dos posibilidades:

  1. la nueva tasación es igual o inferior a la “responsabilidad hipotecaria” registrada, evidentemente la actual entidad denegará la reciente solicitud de capital,
  2. pero puede pasar que esa nueva tasación dé un valor, por ejemplo, de 360.000 €. La diferencia entre la responsabilidad registrada, 300.000 €, y la actual tasación constituirá la cantidad, 60.000 €, por la que la nueva entidad puede ofrecer una nueva “responsabilidad hipotecaria” que, a un cálculo del 150%, puede representar nueva financiación, para el solicitante, por una cantidad de 40.000 €.

De todo esto nunca será informada la parte prestataria, o el potencial cliente, y esa interesada oscuridad alrededor de esta figura económica, la “responsabilidad hipotecaria“, principal actor de la mal llamada cláusula de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, la hace radicalmente abusiva, nula, teniéndose por no puesta desde el mismo momento de la firma -ante notario- de la escritura.

Es evidente que el análisis del control de transparencia de dicha cláusula ha de hacerse de oficio por el Titular del Juzgado en el que ha recaído la demanda interpuesta, previamente a su admisión a trámite, dado que el Decreto que emite el correspondiente Letrado de la Administración de Justicia acordará expedir mandamiento al oportuno Registro de la Propiedad, comprensivo de una serie de extremos innecesarios si se dispone la abusividad y, por tanto, nulidad de la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, ya que en realidad es de constitución de garantía hipotecaria.

Llegado este caso, se inadmite la demanda de ejecución, a través de auto, quedando en manos de la actora lo que a su derecho conviniere.

No nos vamos a extender más en este artículo, pero consideramos interesante dejar una serie de pinceladas de una lista de cuestiones que serán tratadas más adelante en esta web.

• SUBASTA POR DEBAJO DEL 70% DE LA TASACIÓN DEL INMUEBLE, POR DEUDA INFERIOR A ESE PORCENTAJE, Y POSTERIOR CÁLCULO DE TASACIÓN DE COSTAS Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES.

Es sangrante comprobar cómo en los Juzgados de primera instancia se celebran subastas, de viviendas habituales de la parte ejecutada, por el 60% del valor de tasación del inmueble -en lugar del 70%- debido a la deuda que mantiene la parte demandada con la actora, y obviando resoluciones dictadas por la D.G.R.yN. que hablan de subastar por él % que corresponda exactamente a la deuda si ésta oscila entre el 60% y el 70% de la tasación de la finca, y -para más inri- luego se liquidan los intereses y se calculan las costas olvidando, de forma deshonesta y desvergonzada, que determinadas partidas están contempladas en la “responsabilidad hipotecaria” y que, por lo tanto, es el inmueble subastado, y que constituye la garantía hipotecaria, quién debiera responder de esos conceptos.

Esta irregular forma de actuación puede llegar a constituir un delito de enriquecimiento injusto de la parte acreedora, entre otros.

• TEMA TITULIZACIÓN. SI LA CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, QUE CONFORMA EL “CONTRATO ACCESORIO” A LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”, ES DECLARADA ABUSIVA, NULA, Y HA DE ESTIMARSE COMO NO PUESTA EN LA ESCRITURA DESDE EL MISMO MOMENTO DE SU FIRMA, TENEMOS QUE SI LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL” HA SIDO CEDIDA PARA SU TITULIZACIÓN, A TRAVÉS DE UN F.T.H. O F.T.A., HABRÍA QUE CONSIDERAR QUE DICHA FINANCIACIÓN TITULIZADA NO TENDRÁ EL RESPALDO DE UNA GARANTÍA HIPOTECARIA Y, A SU VEZ, LA ENTIDAD QUE CONCEDIÓ DICHA FINANCIACIÓN, QUE SE RESERVA LA TITULARIDAD REGISTRAL DEL INMUEBLE, DEJA DE TENER RELACIÓN DIRECTA CON LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”, LO QUE LE CIERRA CUALQUIER POSIBILIDAD DE RECLAMAR -JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE- DICHA OBLIGACIÓN.

Ya que tenemos que los artículos 30 y 31 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la titulización, en él la entidad financiera es la cedente de los derechos de crédito, participaciones hipotecarias, etc., y es el Fondo de titulización el que se constituye como entidad emisora de los bonos de titulización que van a distribuirse en el mercado, teniendo en cuenta -si fuera necesario- a la mercantil representante legal de dicho Fondo, la Sociedad Gestora. Y esto es lo que hay, lo demás son zarandajas, pamplinas y chuminadas de Titulares de algunos órganos judiciales que, como el dicho “antes muerto que sencillo”, buscan cualquier disculpa con tal de no sobreseer los procedimientos. Filfas que con el paso del tiempo veremos tienen las patas muy cortas.

• SI HA SIDO DECLARADA ABUSIVA LA CLÁUSULA DE INTERESES ORDINARIOS, POR CONTENER SUELO, O LA CLÁUSULA DE INTERESES DE DEMORA, POR LO TANTO DICHAS CLÁUSULAS SON NULAS Y HAN DE TENERSE COMO NO PUESTAS EN LA ESCRITURA DESDE EL MISMO MOMENTO DE FIRMARSE LA MISMA, ¿QUÉ PASA CON ESOS DOS CONCEPTOS DENTRO DE LA `RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA´ QUE HA CONFORMADO LA BASE IMPONIBLE PARA CALCULAR LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA?

Aquí habría que preguntarse si al prestatario le ampara la legislación y jurisprudencia europea y española para reclamar lo que -en su momento- abonó de más por los gastos de constitución de garantía hipotecaria por los conceptos de intereses ordinarios (suelo) y de demora, si ambas cláusulas han sido declaradas abusivas y nulas, sin poder surtir ningún efecto sobre el consumidor/prestatario desde el mismo momento de la constitución de la escritura. Consideramos que sí, y con intereses incluidos.

• AQUÉL CONSUMIDOR QUE HA LLEGADO AL FINAL DEL PLAZO, AMORTIZANDO LA FINANCIACIÓN CONCEDIDA, PRÉSTAMO O CRÉDITO, SIN CAER NUNCA EN MORA, ¿PODRÁ SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE AQUELLAS CANTIDADES DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN CUYA BASE IMPONIBLE HAN SIDO LOS CONCEPTOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTAS Y GASTOS?

Creemos igualmente que sí, ya que en su momento la acreedora le obligó a realizar unos pagos de los llamados “por sí”, por si caía en mora, por si la entidad tenía que instar un procedimiento judicial, por si tenía que instarlo de forma extrajudicial,…. que nunca llegaron a materializarse. Es evidente que no dándose ninguno de esos “por sí”, el prestatario debiera poder recuperar esos gastos indebidos que tuvo que afrontar en la constitución de la garantía hipotecaria. Y probablemente, con intereses.

• DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES.

Las entidades financieras debieran tener mucho más cuidado con los inmuebles que constituyen las garantías hipotecarias de la `obligación principal´ de los préstamos y créditos que han concedido, dado que, dependiendo de cómo actúen, sus conductas pueden ser señaladas, y denunciadas, como un delito de alzamiento de bienes.

Y máxime ahora, con la posibilidad que la cláusula de constitución de garantía hipotecaria pueda reclamarse como abusiva, nula, y por lo tanto inexistente desde el mismo momento de la firma ante notario de la escritura de constitución.

Aquí podemos añadir una pincelada de lo que ya desarrollaremos más adelante, en un nuevo artículo. Las entidades financieras tienen la malísima costumbre que cuando se adjudican en subasta el inmueble que constituye la garantía hipotecaria de la `obligación principal´ que ha caído en mora y, por lo tanto, ha sido ejecutada, alegremente se deshacen de ellos -poniéndolos a la venta- en paquetes de miles de inmuebles de este tipo que engrosan los stocks de los fondos denominados “buitres“, y todo tipo de carroñeros patrios; y todo ello sin esperar a que el procedimiento judicial en curso termine y, por lo tanto, sin saber si instancias judiciales superiores deciden sobreseer dicho proceso retrotrayendo todos los actos procesales del mismo, anulando la subasta y adjudicación del inmueble. ¿Qué pasaría en esta situación, dado que el adquiriente del inmueble se puede considerar como un “tercero de buena fe”?, pues que le tocaría a la administración del Estado indemnizar a la parte ejecutada. Consideramos que esto es injusto -pagar del erario público las barrabasadas de las entidades financieras- y que debieran ser dichas entidades quienes hicieran frente a las devoluciones de los inmuebles que correspondan, y si hubieran sido vendidos a un tercero, indemnizar con los correspondientes daños y perjuicios a los afectados, ciudadano/consumidor/prestatario/cliente, añadiendo a ello -si así lo considera conveniente el interesado- interponer una denuncia por un delito de alzamiento de bienes, por ir la entidad financiera de “sobrado” y no esperar a que termine, de forma definitiva, el procedimiento judicial en curso.

Madrid 7 de noviembre de 2018

PAH – Madrid




Sicom: Cotxes, canvi climàtic i periodisme. Coches, cambio climático y periodismo

els companys de Sicom, SICOM, Solidaritat i Comunicació, amb els que col·laborem habitualment ens passen aquest document molt important des del punt de vista ambiental perquè afecta a la qualitat de vida de la ciutadania i el model d’urbanisme a les ciutats amb prioritat del transport privat.

No participeu de la manipulació dels fabricants!

En castellano -> Coches, cambio climático y periodismo.

El govern espanyol acaba d’anunciar que no es podran matricular cotxes que emetin diòxid de carboni a partir de 2040: dièsel, gasolina, híbrids, gas natural. I que estaran prohibits cap a mitjan segle. Ho especifica en l’esborrany de la ‘Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica’. Els fabricants de vehicles ja han aixecat el crit al cel, tot i la tebiesa de la mesura proposada.

Actuar sobre el transport és clau per a reduir la contaminació [ el transport és responsable del 25% de les emissions de GEH a Espanya i del 33% dels emesos per la UE ] [GEH Món]. Tot i l’evidència, la indústria continua negant les dades i utilitza els seus lobbies per conformar/modificar les informacions dels mitjans, també dels públics, condicionats com estan pel pes de la publicitat en els seus pressupostos.

+1,5ºC: inevitable.

Segons les dades facilitades per l’informe especial de l’IPCC publicat a Incheon, Corea del Sud, la temperatura havia pujat de promig 1ºC arreu del món a 2017. I creix a un ritme de 0.20ºC per decenni. Forma part del consens científic que la gran inèrcia dels GEH fa que els seus efectes perdurin en tota la seva intensitat al voltant de 25 anys. En conseqüència, la temperatura, fem el que fem, pujarà 0,5ºC a l’inici de la dècada dels 40, situant-se en els +1,5ºC que no s’haurien de superar segons els ‘Acords de París’.

+1,7: no retorn.

L’IPCC publicat a Incheon, però, en l’apartat D.1.2 del ‘Summary for Policymakers’ va més enllà. I diu: superar en 0.20ºC el +1,5ºC, és a dir, sobrepassar el 1,7ºC, suposaria un esforç de captura de carboni tècnicament i econòmica, tal vegada impossible d’aconseguir. En altres paraules, que anar més enllà dels +1,7ºC condueix a una situació, ara mateix, irreversible.
Aplicant les dades ‘oficials’ d’augment de la temperatura, si no fem res, arribarem als +1,7ºC a començaments del decenni dels 50. I si els GEH perduren en tota la seva intensitat com a mínim 25 anys, tenim, com a màxim i sent generosos, fins a 2030 per aplicar les mesures correctores. [De fet i per anar bé, hauria de ser reducció a la meitat de les emissions fetes a 2010 com a molt tard a 2025]

Transport.

Dèiem que les dades oficials asseguren que a la UE el transport suposa 1/3 de les emissions i a Espanya la ¼ part. No actuar sobre aquest sector fins a 2040 i no prohibir fins aleshores les energies fòssils és una temeritat que conduirà irremeiablement a un fatal augment de la temperatura.

Crida als i les periodistes.

El mal que estan fent els mitjans de comunicació, tots, però en especial els públics per la seva missió de servei a la ciutadania, polemitzant i donant la veu principal als fabricants de vehicles contaminants (que els tenen collats a través de la publicitat i que tan sols veuen el futur a través dels seus negocis), és d’una irresponsabilitat que ratlla el delicte, perquè no només crea confusió i confon a la ciutadania, sinó que contribueix al deteriorament de la salut pública.

Fem una crida als periodistes perquè, en l’exercici del seu codi deontològic, no participin d’aquest atemptat contra el dret a la salut de totes i tots.

Dcoumentació:

IPCC

‘Summary for policymakers

capítol primer

Josep Cabayol, Siscu Baiges, Ester González, Frederic Pahisa, en nom de SICOM -Solidaritat i Comunicació.




impuesto AJD – NI EL CUENTO DE `PINOCHO´ TENÍA TANTA FANTASÍA

LOS COMPAÑEROS/AS de PAH-MADRID NOS ENVIAN ESTE ALEGADO DE LAS MANIOBRAS DE GOBIERNO Y TRIBUNAL SUPREMO PARA DISFRAZAR SU SERVICIO A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA BANCA


Manda huebos”, y no nos referimos a aquella expresión –con v- que en 1997 se escuchó en el Congreso de los Diputados, ésta es de origen netamente judicial, “mandat opus”, que es lo mismo que decir `la necesidad obliga´. Y sí, es cierto, la necesidad nos obligará a destapar lo que existe detrás de esa actitud `pinochiana´ del Gobierno y Cía.

El Boletín Oficial del Estado de ayer, 08 de noviembre de 2018, publicó el Real Decreto-ley 17/2018, de 08 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y en su punto IV de la `declaración de intenciones´ miente cual bellaco cuando afirma…

“Se modifica el artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista, estableciendo así una excepción a la regla general establecida en el párrafo primero del propio artículo 29.”

El artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , es claro, diáfano y entendible sin posibilidad alguna de mala interpretación del mismo. Dice,

“Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyointerés se expidan.”

Por lo tanto:

  • en la compra de un inmueble el sujeto pasivo es “ el adquiriente del bien ”, el comprador,
  • en la constitución de una garantía hipotecaria el sujeto pasivo es “el adquiriente del derecho”, la entidad acreedora,
  • en la compra de un inmueble, los que “insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan ”serán los sujetos pasivos, es evidente que será el comprador, y
  • en la constitución de una garantía hipotecaria aquél que “ inste[n] o solicite[n] los documentos notariales, o a quél[los] en cuyo interés se expidan”no puede ser otro que el acreedor o, lo que es lo mismo, la entidad acreedora.

¿Entonces, a que ha venido todo este paripé entre el Poder judicial y el ejecutivo?, pues muy sencillo, el intentar tapar a toda costa uno de los mayores complots conómicos, sino el mayor, que se estableció en este país hace decenios en contra de la ciudadanía. Maquinación financiero- política, que con ayuda de otros estamentos, como el notarial y el registral, han esquilmado los bolsillos de millones de clientes – prestatarios.

Lo triste es que no ha existido hasta ahora el medio de comunicación con los suficientes “bemoles” para destapar esta gigantesca trama, de exprimir y empobrecer al ciudadano, y que al final nos veremos obligados a destaparen estas páginas.

La razón que justifica el enorme poder que tienen las entidades financieras en este país y la compra de voluntades, de todo tipo, que ha supuesto esa execrable forma de actuar, repartiendo decenas de miles de millones entre los intervinientes del contubernio.

Pah – Madrid




Hem participat a la MANIFESTACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL SUPREM A L’IMPOST DE LES HIPOTEQUES

JA NI DISSIMULEN PROTEGINT LA BANCA!

Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona més de 500 persones hem assistit a la manifestació contra la Sentència del Tribunal Suprem autorectificant-se per donar la raó als Bancs. La nostra associació ha participat amb tots els col·lectius i persones que lluitem contra una justícia lacaia de la Banca.





UNA HÁBIL ESTRATEGIA, QUE CONSTITUYE MANIOBRA TORTICERA DE LOS PODERES DEL ESTADO, A ESPALDAS DE LA CIUDADANÍA DE ESTE PAÍS

DOCUMENTO PUBLICADO POR PAH MADRID

Ayer, martes 06/11/2018, habló el Poder judicial, y hoy, miércoles 07/11/2018, ha hablado el ejecutivo, parece ser que -cuando toque- hablará el legislativo. Y cada vez es más claro que la decisión tomada ayer por la Sala Tercera del Tribunal Supremo es un elemento más del engranaje de la trama que los poderes del Estado han diseñado en las últimas semanas. Lo que pasa es que al Poder Judicial es al que le ha tocado `bailar con la más fea´.

Escuchar hoy, en la rueda de prensa que ha dado, decir al Presidente del Gobierno que en el Consejo de Ministros del jueves 08/11/2018 se aprobará un Real Decreto-ley que añadirá un párrafo al artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, especificando que el impuesto A.J.D. deberá abonarlo las entidades financieras y no la parte prestataria, es de traca, de auténtica traca. ¿Por qué?, muy sencillo:

  1. dice el artículo 29 de dicho R.D L. , “ “ Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 2º.- Es claro y transparente como el “agua cristalina”, el I.A.J.D. debe abonarlo – sin ambages alguno – la entidad financiera, y
  2. qué pretende el Presidente del Gobierno ¿transitar el vergonzoso camino que ya realizara un compañero de filas, como el señor Solbes, con su calamitoso y funesto segundo párrafo del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?, y nos hacemos ésta pregunta no por el rumbo doctrinal del párrafo si no por la auténtica inutilidad de dicho párrafo; en 1995 fue un escandaloso intento- que fructificó- de ayuda gubernativa a la banca en general, y ahora sirve de un totalmente inútil `apagafuegos ́ para borregos y ciudadanía varía.

Es muy duro decirlo, pero es la pura realidad, hoy día el acto más idiota y tramposo cala en la ciudadanía. Y ellos lo saben. Y si además tienen los medios de comunicación actuando como una `clac teatral ́, pues `miel sobre hojuelas ́. La realidad, lo siento aguarles la fiesta a la banca y a los poderes del Estado, es imparable: LA RETROACTIVIDAD SERÁ TOTAL EN LA DEVOLUCIÓN DE LO ABONADO, POR LA PARTE PRESTATARIA, EN CONCEPTO DEL IMPUESTO A.J.D., y no hagan caso de las mil y una patochadas que estamos escuchando estos días, y las que están por venir; hacen que pensar si lo que existe es mucha ignorancia o demasiada mala fe.

Y en cuanto a las entidades financieras y su mensaje sibilino manifestando que en su momento no fueron ellos los que cobraron el impuesto, y que debe devolverlo quién lo recaudó, tiene las patitas muy cortas, y no va a ningún sitio. Solamente hay que recordarles que tampoco cobraron ellos las minutas de notarios, registradores, gestores, y en algunos casos tasadores, y sin embargo quienes devuelven dichas cantidades son ellos, las entidades financieras.

Lo triste de todo esto es, además, encontrar algunos medios de comunicación haciendo de palmeros, repitiendo hasta la saciedad la nimiedad anunciada por el Presidente del Gobierno. ¡Cuánto pesebre!

Y en cuanto al señor Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del C.G.P.J., miente cuando dice que existe “ falta de claridad en la Ley”, y lo sabe. Repetimos, el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es clarísimo al respecto, a quién le toca `rascarse el bolsillo ́ en relación al I.A.J.D. es a las entidades financieras. Y punto.

Bueno, cada vez queda menos, atentos a lo que se va a publicar en esta web mañana jueves 08 de noviembre de 2018. Poco va a durar la repercusión del nefasto resultado , de ayer 06/11/2018, del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en relación al I.A.J.D.