PAH-Madrid y 500×20 registran en el Congreso de Diputados un documento de medidas contra la burbuja del alquiler

Este pasado día 24-1-2019 hemos registrado ante el Congreso de Diputados de Madrid un conjunto de medidas en defensa de los inquilinos ante las subidas abusivas de los alquileres en todo el país.

Estamos recabando el apoyo de más colectivos a las medidas porque creemos que la situación en nuestras ciudades y barrios se ha vuelto insostenible.


CONGRESO DE DIPUTADOS

PRESIDENCIA

La Asociación sin ánimo de lucro Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid PAH-Madrid, inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, con domicilio a efectos de notificación en calle Francisco Silvela, 13, Centro Lista, C.P. 28028, Madrid. Teléfono 619267333. Mail afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com, y la Associació pel lloguer públic i asequible- 500×20 Nº Registro 45225 Generalitat de Catalunya,

Exponen, para el común conocimiento, medidas para pinchar la burbuja del alquiler y asegurar el derecho a la vivienda del inquilinato.

Organizaciones involucradas en la lucha por la vivienda y frente a las consecuencias de la crisis financiera y la estafa hipotecaria venimos reflexionando y compartiendo criterios respecto al problema de los alquileres de viviendas en España, por los precios abusivos que precisamente sufren los sectores de la población con más dificultades económicas.

En nuestras conclusiones hemos descartado “la regulación de precios medios del mercado” porqué eso significa REGULAR POR LEY LA BURBUJA INMOBILIARIA, dando carta de legitimidad a precios abusivos, por mucho que adornen la medida. Tampoco ha funcionado en ningún país ni ciudad, a pesar de que en los medios de comunicación predomina este discurso hoy. Sin embargo, sólo hace falta mirar los medios internacionales para observar que la burbuja se extiende por todo el planeta empujada por los excesos de liquidez inducida por los bancos centrales. Tampoco la medida debe ser muy lesiva para los intereses de la propiedad cuando la propia CDU de Ángela MERKEL, añadió la regulación al programa de su partido para las elecciones alemanas del 2013.

El derecho a la vivienda está amenazado en todas partes frente a este capitalismo financiero capaz de doblegar ciudades como Berlín, donde el precio medio del m2 de vivienda en alquiler ha pasado de 7€ en 2007 a 30€ en la actualidad.

Nosotros proponemos medidas que paran en seco la subida –la congelación de alquileres– y la prórroga forzosa que permite a través de un contrato único supervisado por la Administración que los caseros se vean imposibilitados de subir con picarescas los alquileres.

La segunda gran medida tiene a ver con la justicia fiscal. No puede ser que un trabajador por la misma renta pague un 1000% más que un rentista profesional junto a todos los trajes a medida del Impuesto de Sociedades que permiten la elusión fiscal de los grandes propietarios y la brutal caída de recaudación de ese impuesto, que se ha vuelto irrelevante en los ingresos del Estado. Aparte que la figura fiscal de las SOCIMI es en realidad una UTE – Unión Temporal de Empresas- en la cual siempre hay alguna que redirige los ingresos a paraísos fiscales.

Por ello, proponemos eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores, que suponen más de 10.000 millones anuales, para que ese dinero se invierta en ayudas fiscales a todos los inquilinos, lo que de rebote permitiría acabar con el fraude.

Todo ello en un país como el nuestro donde no existe un parque de vivienda pública que amortigüe precios y donde la picaresca consentida supone que, por ejemplo, un 25% de economía sumergida y el 60% de los contratos de alquiler de la Comunidad de Madrid sean ilegales.

Estas medidas que exponemos queremos consensuarlas con otras organizaciones a escala estatal de cara a un programa de reivindicaciones para las elecciones municipales y autonómicas del 2019 y que se añadirían a lo que tenemos elaborado desde el 2015.

  • Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).

  • Contrato público único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde esté prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección Técnica de las Viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad, con revisiones cada 5 años.

  • Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores, para que tributen como una ganancia más.

  • Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros), con lo se conseguiría acabar con el fraude fiscal de muchos de ellos pues, conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.

  • Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia,  para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.

  • Municipalización del suelo urbano. Debe ser de dominio público y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo-público (sería como un impuesto) y la propia edificación.

Medidas complementarias para hacer efectivas las anteriores:

  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. Las exenciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.

  • Eliminar los incrementos del recibo del alquiler por mejoras arquitectónicas, instalaciones o estéticas de la vivienda, para evitar el doble cobro a Hacienda y al inquilino.

  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.

Associació pel lloguer públic i asequible- 500×20, PAH MADRID




ESPAÑA, EL GRAN ROBO DEL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO. Con la connivencia de todos los Poderes del Estado y los estamentos notarial y registral.

Un saqueo de veinticinco años que supone la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales) cobrados a los deudores.


Sobre una cantidad ficticia e intangible de, más o menos, uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) se han estado calculando, en los últimos veinticinco años, que sepamos, los honorarios e impuestos de todos aquellos prestatarios que intervenían en la constitución de un préstamo o crédito con garantía hipotecaria, esquilmando los bolsillos de los ciudadanos que acudían a firmar una escritura de este tipo de financiación.

Si se acude a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística encontramos que en los últimos 25 años el capital prestado por las entidades financieras en la constitución de hipotecas, periodo 1994-2018, está algo por encima de los dos billones de euros.

El jueves 08 de noviembre de 2018 publicamos en esta web el artículo “CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA: NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA, TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA, DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, CONSTITUYÉNDOSE LA `OBLIGACIÓN PRINCIPAL´ EN PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL”, en el que intentábamos explicar esa desconocida figura económico-financiera que aparece empotrada en la cláusula de “constitución de hipoteca”, denominada “responsabilidad hipotecaria

Si saliéramos a la calle a realizar una encuesta sobre dicha figura nos encontraríamos con la realidad que prácticamente el 100% de los ciudadanos que tienen un préstamo o crédito hipotecario no tienen ni idea de para qué sirve dicha responsabilidad, el alcance de la misma y en relación a que asuntos o temas nos afecta. Es la gran desconocida de los contratos de adhesión que firmamos a la hora de solicitar financiación externa, por lo que no es de extrañar que resulte la menos transparente, clara y comprensible de la escritura notarial. Una figura absolutamente oscura, opaca y sombría que conlleva un total sableo del ciudadano, total desconocedor del esquilme que le están haciendo.

Ya comentamos en nuestro anterior artículo, del pasado jueves 08 de noviembre de 2018, que la «responsabilidad hipotecaria» la conformaban cuatro conceptos:

  • cantidad que ha sido concedida como «obligación principal» por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado,
  • más una cantidad de intereses remuneratorios – u ordinarios – devengados durante un determinado plazo de tiempo -que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura,
  • más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y
  • más una cantidad en concepto de costas y gastos, que pudieran ser precisos para la acreedora en caso de tener que instar procedimiento judicial frente al cliente, que suele oscilar alrededor del 20% de la «obligación principal».

La suma de esos cuatro conceptos configuran la base imponible sobre la cual se calculan los gastos e impuestos de constitución de la garantía hipotecaria, «contrato accesorio» a la «obligación principal». La «responsabilidad hipotecaria» no está unificada dado que tiene un cálculo distinto en cada entidad financiera y puede oscilar, en la mayoría de los casos, entre el 135% y el 200% de la «obligación principal», o valor del préstamo/crédito.

La «responsabilidad hipotecaria» no ha sido nunca negociada, acordada o convenida entre las partes que conforman el «contrato accesorio» , ha sido radicalmente impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una entidad impone una determinada responsabilidad – en cuanto al segundo, tercer y cuarto concepto que la componen – y otra sociedad financiera una diferente, es todo un enigma para “el común de los mortales”. Por lo tanto, tenemos un capital prestado para hipotecas, en los últimos 25 años, según el I.N.E., de dos billones de euros. Si calculamos una «responsabilidad hipotecaria» media, entre la fluctuación que tiene ésta figura de entre 135% y 200%, de 160% – tirando por lo bajo- estamos ante una cantidad estratosférica de uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) que no tiene ningún tipo de contraprestación para la parte prestataria pero que, sin embargo, esta ficticia y falaz cifra constituye, igualmente a la «obligación principal»: capital prestado, la base imponible sobre la que se calcularán los honorarios de los notarios, registros, gestorías e impuestos como el A.J.D.

la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria contiene una figura económico- financiera radicalmente abusiva, por lo tanto nula, y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal…

Siendo el tipo impositivo para el cálculo del I.A.J.D., según la comunidad autónoma, de entre el 0.5% y el 1,5%. Si cogemos un tipo medio entre ambas cifras, el 1,00%, tendríamos el auténtico escandalazo que, en los últimos 25 años, y de esa cantidad fingida de uno coma dos billones de euros, los prestatarios hemos abonado a las arcas tributarias de las comunidades autónomas: la exorbitante cantidad de doce mil millones de euros (12.000.000.000 €), que si la dividimos por los veinticinco años que lleva vigente el saqueo da la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales). No es de extrañar que se hayan construido aeropuertos sin aviones o instalaciones de toda índole en medio de la nada, sinónimos del despilfarro que trajo el dinero fácil, el esquilmado a millones de prestatarios que sin saberlo, dado que ni el banco ni el notario le informaron de ello, ponía de su bolsillo en exceso, alrededor de, un 60%.

Y a todo esto, ¿dónde estaban los medios de comunicación?, desde luego no en su función principal, la de informar al ciudadano de temas que realmente le interesan como el caso del empobrecimiento al que era sistemáticamente sometido. Prueba de ello es lo sucedido estas semanas pasadas con el tema del Tribunal Supremo y el impuesto A.J.D. en las que se han oído y leído idioteces y majaderías de todo pelaje, como ha sido el mensaje de que en otros países de nuestro entorno existían impuestos parecidos al nuestro y lo abonaba el cliente, ¡claro que si, estúpidos! pero porque la base imponible de dichos impuestos es el importe principal del préstamo, no una bazofia de figura denominada «responsabilidad hipotecaria». ¿Hay algún medio que ha deshecho el entuerto?, que se sepa ninguno. Entonces, poco podemos esperar de ellos.

¿Sería posible que alguno de esos medios periodísticos que gastan tiempo y recursos para saber a ciencia cierta si ha sido “escupitajo o bufido” podrían dedicar algo de tiempo a denunciar el ordeño sistemático del bolsillo del consumidor de financiación hipotecaria, en la estimable cantidad de 12.000.000.000 € en veinticinco años, amén de lo abonado en un, más o menos, 60% de exceso en honorarios de notarios, registros y gestorías?. Pues, somos pesimistas al respecto.

Poco esperamos, también, de las instituciones españolas. Parodiando el final del filme “Casablanca”, siempre nos quedará el TJUE, y probablemente tendrá que ser él el que sentencie que la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria, mal llamada hipoteca, contiene una figura económico- financiera radicalmente abusiva, por lo tanto nula y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal, con la responsabilidad que contempla el artículo 1911 del Código Civil.
Publicado el 27 noviembre, 2018 por Pah Madrid


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La cláusula de constitución de las hipotecas es abusiva y nula porque contraviene la directiva europea del consumidor

Los compañeros de PAH -Madrid nos han pasado un documento de investigación sobre la nulidad de la cláusula de constitución de la hipoteca – mejor de la garantía hipotecaria–  que como se observa en su lectura tiene multitud de ramificaciones que darán mucho que hablar. En su documento nos dicen que habrán más entregas pero el primer documento ya nos da una munición tan potente como para dar un nuevo revolcón a la conservadora jurisprudencia de nuestra “JUSTICIA” que ignora la Directiva 93/13/CEE después de 25 años. Material de sobras para cargar el argumentario de nuestros abogados defensores de todos los deudores y estafados. Se trata de convertir este documento en fundamentos de derecho en las causas judiciales y las reclamaciones. El edificio jurídico y financiero del mercado hipotecario tal como ha funcionado los últimos 50 años se esta derrumbando definitivamente. No creemos que sea atrevido decirlo: vencimiento anticipado, cláusulas suelo, falta de legitimación activa por titulización del crédito, el AJD y ahora este nuevo agujero. Sólo falta que hayan esos jueces y magistrados valientes que planten cara al lobby de la Banca que tienen instalado en lo más alto de la magistratura de este país.

El título de su documento es :


CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA:

NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA,

TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA,

DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO

DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA,

CONSTITUYÉNDOSE LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”

EN PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL.

Leído así, “a palo seco”, parece un auténtico bombazo pero más lo es cuando entras a analizar los fundamentos de tal afirmación y las consecuencias de ello.

La cláusula mal llamada de constitución de hipoteca, que debiera ser de “constitución de garantía hipotecaria“, configura un “contrato accesorio” a la “obligación principal” que recoge el objeto esencial de la escritura y la adecuación entre la financiación concedida y su retribución, a través de sus correspondientes intereses. La “obligación principal” puede subsistir perfectamente sin el “contrato accesorio

Ese “contrato accesorio”, que integra la garantía hipotecaria, constituye una exigencia de las entidades financieras para conseguir mayor seguridad de “cobro a futuro” ante la posibilidad que la parte prestataria pueda caer en morosidad en relación con la “obligación principal”. Pero no es inherente a la “obligación principal”, más bien una costumbre financiera, muy dilatada en el tiempo, de tener el máximo de seguridad a la hora de prestar dinero, que en otros países de nuestro entorno no existe.

Este intento de las entidades de “todo bueno, bonito y barato” para ellas, en detrimento del prestatario, ha calado en este país, y dicha actitud ha traído consigo, con la connivencia de todos los poderes del Estado, notarios y registradores, auténticas anomalías y perversiones financieras que hoy día determinados estamentos de la sociedad pueden considerar como normales.
Leído así, “a palo seco”, parece un auténtico bombazo pero más lo es cuando entras a analizar los fundamentos de tal afirmación y las consecuencias de ello.

La cláusula mal llamada de constitución de hipoteca, que debiera ser de “constitución de garantía hipotecaria“, configura un “contrato accesorio” a la “obligación principal” que recoge el objeto esencial de la escritura y la adecuación entre la financiación concedida y su retribución, a través de sus correspondientes intereses. La “obligación principal” puede subsistir perfectamente sin el “contrato accesorio“. De hecho, sucede de forma cotidiana en los préstamos y créditos personales, dado que existe una responsabilidad patrimonial universal del deudor, establecida en el artículo 1.911 del Código Civil, conforme a la cual éste responde con todos sus bienes presentes y futuros en tanto que la deuda no esté totalmente satisfecha.

Ese “contrato accesorio”, que integra la garantía hipotecaria, constituye una exigencia de las entidades financieras para conseguir mayor seguridad de “cobro a futuro” ante la posibilidad que la parte prestataria pueda caer en morosidad en relación con la “obligación principal”. Pero no es inherente a la “obligación principal”, más bien una costumbre financiera, muy dilatada en el tiempo, de tener el máximo de seguridad a la hora de prestar dinero, que en otros países de nuestro entorno no existe.

Este intento de las entidades de “todo bueno, bonito y barato” para ellas, en detrimento del prestatario, ha calado en este país, y dicha actitud ha traído consigo, con la connivencia de todos los poderes del Estado, notarios y registradores, auténticas anomalías y perversiones financieras que hoy día determinados estamentos de la sociedad pueden considerar como normales.

El “contrato accesorio” contiene la cláusula de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, que en realidad está compuesta por la garantía hipotecaria, anexo accesorio y subsidiario a la responsabilidad universal de la parte prestataria.

Esta cláusula contiene una figura que se denomina “responsabilidad hipotecaria” que es la gran desconocida entre los deudores/prestatarios de este país:

  • ¿qué es la `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿a quién beneficia dicha `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿tiene algo que ver con la `obligación principal´ que consta en la escritura de la financiación otorgada?,
  • ¿tiene repercusiones económicas para la parte prestataria?,
  • ¿cómo se configura esa responsabilidad y las cantidades que la componen?,
  • ¿puedo, como una de las partes del contrato, influir en el cálculo de esa `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿por qué aparece dicha responsabilidad en las CARGAS del inmueble que constituye la garantía hipotecaria, en el Registro de la Propiedad?,
  • si la parte prestataria cae en mora, ¿en qué le afecta esa `responsabilidad hipotecaria´?

Y podríamos seguir preguntándonos, unas cuantas veces más, sobre dicha “responsabilidad hipotecaria” dado que no encontraremos nada sobre ella en las escrituras que firmamos ante notario, y este profesional -fedatario público- no nos dirá nada al respecto.

Esas ocho preguntas recién expuestas, y otras más, se contestarán según vaya desgranándose este artículo.

Si el ciudadano/consumidor/cliente intenta acudir a las GUÍAS HIPOTECARIAS que sobre préstamos o créditos tiene publicados el Banco de España o la Asociación Hipotecaria Española -a la que pertenecen, como miembros, prácticamente todas las entidades financieras de este país- se encontrará con un total oscurantismo con respecto a esta figura económica.

Entonces, dicha cláusula ¿supera el análisis del control de transparencia, tal y como contempla en su articulado la Directiva 93/13/CEE?, podemos afirmar que NO, ni mucho menos. La parte prestataria firma ante notario la escritura que, además de la “obligación principal”, engloba el “contrato accesorio” que contempla la garantía hipotecaria, sin tener la menor idea de lo que supone, y características, esa `responsabilidad hipotecaria´ que contiene la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA. Ninguna de las fichas de información precontractual que, por legislación, hay que entregar al potencial cliente, ni las ofertas vinculantes, ni los folletos informativos de las entidades financieras, ni la intervención notarial, pueden dar fe de una explicación con argumentos razonados y fundamentados que den la posibilidad a la parte prestataria de, a la hora de firmar la escritura de financiación externa, conocer a fondo lo que representa, y en que le afecta, la susodicha `responsabilidad hipotecaria´.

Añadir, en relación a esta cuestión, que los medios de comunicación no han ayudado nada en ello ya que, y se ha visto en estas últimas semanas, desinforman más que informan. Por lo tanto, no cabe duda que el cliente/consumidor ha firmado el contrato ignorando totalmente lo que significa dicha responsabilidad. Por ello, es indiscutible que esa cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA es claramente abusiva, por lo que es nula y, por lo tanto, ha de tenerse por no puesta desde el mismo momento de la firma notarial de la escritura de constitución de la `obligación principal´ y del `contrato accesorio´ que contiene la garantía hipotecaria de la misma.

¿Cómo quedaría, entonces, dicha escritura? Pues, muy sencillo, se quedaría sin la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, con la obligación principal´ constituyendo una especie de préstamo o crédito personal, con las responsabilidades -de la parte deudora- que contempla el artículo 1.911 de nuestro Código Civil.

Antes de entrar a definir lo que es la “responsabilidad hipotecaria” y sus consecuencias para la parte prestataria, y las que debiera tener y no tiene, vamos a hablar de otros conceptos directamente ligados a esa responsabilidad.

El Registro de la Propiedad es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, en la que se inscribe y da publicidad a la propiedad de los inmuebles, y los derechos que recaen sobre los mismos. En el Registro de la Propiedad se inscribe la constitución de la garantía hipotecaria, dependiendo la cuantía de los honorarios registrales del importe de la “responsabilidad hipotecaria”.

El notario autoriza y da fe del contrato accesorio de constitución de la garantía hipotecaria y, ya puestos, debe apreciar la legalidad de las condiciones que contempla la escritura, siendo la cuantía de sus honorarios calculada en relación a la base imponible que constituye la “responsabilidad hipotecaria”.

El I.A.J.D. es un gravamen que se aplica a los actos formalizados en documento público, que son inscribibles, y con cuantía económica, como es el caso de la constitución de la garantía hipotecaria, y cuya cuantía se calcula en relación a la base imponible que constituye la “responsabilidad hipotecaria”. Destacar que, sin embargo, el I.A.J.D. de compraventa de vivienda tiene como base de cálculo -base imponible- exclusivamente el importe escriturado de compraventa.

El cálculo de los gastos que abona el prestatario a la gestoría son igualmente calculados en relación a la base imponible que constituye la `responsabilidad hipotecaria´. Pero, ¿qué es la “responsabilidad hipotecaria”? Es la suma de cuatro conceptos que las entidades financieras calculan en base a lo que presumen que acabarían reclamando en caso de que la parte prestataria caiga en mora, y esa cantidad es el importe/responsabilidad máximo/a por el que responderá el inmueble que constituye la garantía hipotecaria, llegado el momento de intentar recuperar la financiación concedida.

::__ clausula constitución garantía hipotecaria –::

¿Qué conceptos son esos? Son, en la mayoría de los casos, cuatro: cantidad que ha sido concedida como “obligación principal” por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado, más una cantidad de intereses remuneratorios -u ordinarios- devengados durante un determinado plazo de tiempo -que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura, más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y más una cantidad en concepto de costas y gastos, que pudieran ser precisos para la acreedora en caso de tener que instar procedimiento judicial frente al cliente, que suele oscilar alrededor del 20% de la “obligación principal“.

La suma de esos cuatro conceptos configuran la base imponible sobre la cual se calculan los gastos de constitución de la garantía hipotecaria, “contrato accesorio” a la “obligación principal“. La “responsabilidad hipotecaria” no está unificada dado que tiene un cálculo distinto en cada entidad financiera y puede oscilar, en la mayoría de los casos, entre el 135% y el 200% de la “obligación principal“, o valor del préstamo/crédito.

La “responsabilidad hipotecaria” no ha sido nunca negociada, acordada o convenida entre las partes que conforman el “contrato accesorio“, ha sido radicalmente impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una entidad impone una determinada responsabilidad -en cuanto al segundo, tercer y cuarto concepto que la componen- y otra sociedad financiera una diferente, es todo un enigma para “el común de los mortales”.

Probablemente, si este artículo llegase a conocimiento de los bancos y cajas, o de sus adláteres, vendrían a informarnos de las bondades de dicha “responsabilidad hipotecaria“, y de que la establecen por nuestro bien, etc., etc., etc. Pero, en realidad, dicha responsabilidad constituye una contraseña que tienen todas las entidades financieras entre sí.

Nos explicamos con un ejemplo: un determinado ciudadano solicita un préstamo de 200.000 €, la “responsabilidad hipotecaria” de esa “obligación principal”, calculada en un 150%, representa una responsabilidad de 300.000 €. Ésta cantidad queda reflejada en las CARGAS del inmueble que constituye la garantía hipotecaria, en el correspondiente Registro de la Propiedad. Si ese mismo ciudadano acude, con posterioridad, a otra entidad financiera a solicitar nueva financiación, con la misma garantía hipotecaria, el nuevo banco o caja solo tiene que solicitar tasación del inmueble y comprobar la diferencia entre ésta y la “responsabilidad hipotecaria” que está contemplada en las CARGAS del inmueble; existiendo dos posibilidades:

  1. la nueva tasación es igual o inferior a la “responsabilidad hipotecaria” registrada, evidentemente la actual entidad denegará la reciente solicitud de capital,
  2. pero puede pasar que esa nueva tasación dé un valor, por ejemplo, de 360.000 €. La diferencia entre la responsabilidad registrada, 300.000 €, y la actual tasación constituirá la cantidad, 60.000 €, por la que la nueva entidad puede ofrecer una nueva “responsabilidad hipotecaria” que, a un cálculo del 150%, puede representar nueva financiación, para el solicitante, por una cantidad de 40.000 €.

De todo esto nunca será informada la parte prestataria, o el potencial cliente, y esa interesada oscuridad alrededor de esta figura económica, la “responsabilidad hipotecaria“, principal actor de la mal llamada cláusula de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, la hace radicalmente abusiva, nula, teniéndose por no puesta desde el mismo momento de la firma -ante notario- de la escritura.

Es evidente que el análisis del control de transparencia de dicha cláusula ha de hacerse de oficio por el Titular del Juzgado en el que ha recaído la demanda interpuesta, previamente a su admisión a trámite, dado que el Decreto que emite el correspondiente Letrado de la Administración de Justicia acordará expedir mandamiento al oportuno Registro de la Propiedad, comprensivo de una serie de extremos innecesarios si se dispone la abusividad y, por tanto, nulidad de la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, ya que en realidad es de constitución de garantía hipotecaria.

Llegado este caso, se inadmite la demanda de ejecución, a través de auto, quedando en manos de la actora lo que a su derecho conviniere.

No nos vamos a extender más en este artículo, pero consideramos interesante dejar una serie de pinceladas de una lista de cuestiones que serán tratadas más adelante en esta web.

• SUBASTA POR DEBAJO DEL 70% DE LA TASACIÓN DEL INMUEBLE, POR DEUDA INFERIOR A ESE PORCENTAJE, Y POSTERIOR CÁLCULO DE TASACIÓN DE COSTAS Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES.

Es sangrante comprobar cómo en los Juzgados de primera instancia se celebran subastas, de viviendas habituales de la parte ejecutada, por el 60% del valor de tasación del inmueble -en lugar del 70%- debido a la deuda que mantiene la parte demandada con la actora, y obviando resoluciones dictadas por la D.G.R.yN. que hablan de subastar por él % que corresponda exactamente a la deuda si ésta oscila entre el 60% y el 70% de la tasación de la finca, y -para más inri- luego se liquidan los intereses y se calculan las costas olvidando, de forma deshonesta y desvergonzada, que determinadas partidas están contempladas en la “responsabilidad hipotecaria” y que, por lo tanto, es el inmueble subastado, y que constituye la garantía hipotecaria, quién debiera responder de esos conceptos.

Esta irregular forma de actuación puede llegar a constituir un delito de enriquecimiento injusto de la parte acreedora, entre otros.

• TEMA TITULIZACIÓN. SI LA CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, QUE CONFORMA EL “CONTRATO ACCESORIO” A LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”, ES DECLARADA ABUSIVA, NULA, Y HA DE ESTIMARSE COMO NO PUESTA EN LA ESCRITURA DESDE EL MISMO MOMENTO DE SU FIRMA, TENEMOS QUE SI LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL” HA SIDO CEDIDA PARA SU TITULIZACIÓN, A TRAVÉS DE UN F.T.H. O F.T.A., HABRÍA QUE CONSIDERAR QUE DICHA FINANCIACIÓN TITULIZADA NO TENDRÁ EL RESPALDO DE UNA GARANTÍA HIPOTECARIA Y, A SU VEZ, LA ENTIDAD QUE CONCEDIÓ DICHA FINANCIACIÓN, QUE SE RESERVA LA TITULARIDAD REGISTRAL DEL INMUEBLE, DEJA DE TENER RELACIÓN DIRECTA CON LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”, LO QUE LE CIERRA CUALQUIER POSIBILIDAD DE RECLAMAR -JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE- DICHA OBLIGACIÓN.

Ya que tenemos que los artículos 30 y 31 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la titulización, en él la entidad financiera es la cedente de los derechos de crédito, participaciones hipotecarias, etc., y es el Fondo de titulización el que se constituye como entidad emisora de los bonos de titulización que van a distribuirse en el mercado, teniendo en cuenta -si fuera necesario- a la mercantil representante legal de dicho Fondo, la Sociedad Gestora. Y esto es lo que hay, lo demás son zarandajas, pamplinas y chuminadas de Titulares de algunos órganos judiciales que, como el dicho “antes muerto que sencillo”, buscan cualquier disculpa con tal de no sobreseer los procedimientos. Filfas que con el paso del tiempo veremos tienen las patas muy cortas.

• SI HA SIDO DECLARADA ABUSIVA LA CLÁUSULA DE INTERESES ORDINARIOS, POR CONTENER SUELO, O LA CLÁUSULA DE INTERESES DE DEMORA, POR LO TANTO DICHAS CLÁUSULAS SON NULAS Y HAN DE TENERSE COMO NO PUESTAS EN LA ESCRITURA DESDE EL MISMO MOMENTO DE FIRMARSE LA MISMA, ¿QUÉ PASA CON ESOS DOS CONCEPTOS DENTRO DE LA `RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA´ QUE HA CONFORMADO LA BASE IMPONIBLE PARA CALCULAR LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA?

Aquí habría que preguntarse si al prestatario le ampara la legislación y jurisprudencia europea y española para reclamar lo que -en su momento- abonó de más por los gastos de constitución de garantía hipotecaria por los conceptos de intereses ordinarios (suelo) y de demora, si ambas cláusulas han sido declaradas abusivas y nulas, sin poder surtir ningún efecto sobre el consumidor/prestatario desde el mismo momento de la constitución de la escritura. Consideramos que sí, y con intereses incluidos.

• AQUÉL CONSUMIDOR QUE HA LLEGADO AL FINAL DEL PLAZO, AMORTIZANDO LA FINANCIACIÓN CONCEDIDA, PRÉSTAMO O CRÉDITO, SIN CAER NUNCA EN MORA, ¿PODRÁ SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE AQUELLAS CANTIDADES DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN CUYA BASE IMPONIBLE HAN SIDO LOS CONCEPTOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTAS Y GASTOS?

Creemos igualmente que sí, ya que en su momento la acreedora le obligó a realizar unos pagos de los llamados “por sí”, por si caía en mora, por si la entidad tenía que instar un procedimiento judicial, por si tenía que instarlo de forma extrajudicial,…. que nunca llegaron a materializarse. Es evidente que no dándose ninguno de esos “por sí”, el prestatario debiera poder recuperar esos gastos indebidos que tuvo que afrontar en la constitución de la garantía hipotecaria. Y probablemente, con intereses.

• DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES.

Las entidades financieras debieran tener mucho más cuidado con los inmuebles que constituyen las garantías hipotecarias de la `obligación principal´ de los préstamos y créditos que han concedido, dado que, dependiendo de cómo actúen, sus conductas pueden ser señaladas, y denunciadas, como un delito de alzamiento de bienes.

Y máxime ahora, con la posibilidad que la cláusula de constitución de garantía hipotecaria pueda reclamarse como abusiva, nula, y por lo tanto inexistente desde el mismo momento de la firma ante notario de la escritura de constitución.

Aquí podemos añadir una pincelada de lo que ya desarrollaremos más adelante, en un nuevo artículo. Las entidades financieras tienen la malísima costumbre que cuando se adjudican en subasta el inmueble que constituye la garantía hipotecaria de la `obligación principal´ que ha caído en mora y, por lo tanto, ha sido ejecutada, alegremente se deshacen de ellos -poniéndolos a la venta- en paquetes de miles de inmuebles de este tipo que engrosan los stocks de los fondos denominados “buitres“, y todo tipo de carroñeros patrios; y todo ello sin esperar a que el procedimiento judicial en curso termine y, por lo tanto, sin saber si instancias judiciales superiores deciden sobreseer dicho proceso retrotrayendo todos los actos procesales del mismo, anulando la subasta y adjudicación del inmueble. ¿Qué pasaría en esta situación, dado que el adquiriente del inmueble se puede considerar como un “tercero de buena fe”?, pues que le tocaría a la administración del Estado indemnizar a la parte ejecutada. Consideramos que esto es injusto -pagar del erario público las barrabasadas de las entidades financieras- y que debieran ser dichas entidades quienes hicieran frente a las devoluciones de los inmuebles que correspondan, y si hubieran sido vendidos a un tercero, indemnizar con los correspondientes daños y perjuicios a los afectados, ciudadano/consumidor/prestatario/cliente, añadiendo a ello -si así lo considera conveniente el interesado- interponer una denuncia por un delito de alzamiento de bienes, por ir la entidad financiera de “sobrado” y no esperar a que termine, de forma definitiva, el procedimiento judicial en curso.

Madrid 7 de noviembre de 2018

PAH – Madrid




impuesto AJD – NI EL CUENTO DE `PINOCHO´ TENÍA TANTA FANTASÍA

LOS COMPAÑEROS/AS de PAH-MADRID NOS ENVIAN ESTE ALEGADO DE LAS MANIOBRAS DE GOBIERNO Y TRIBUNAL SUPREMO PARA DISFRAZAR SU SERVICIO A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA BANCA


Manda huebos”, y no nos referimos a aquella expresión –con v- que en 1997 se escuchó en el Congreso de los Diputados, ésta es de origen netamente judicial, “mandat opus”, que es lo mismo que decir `la necesidad obliga´. Y sí, es cierto, la necesidad nos obligará a destapar lo que existe detrás de esa actitud `pinochiana´ del Gobierno y Cía.

El Boletín Oficial del Estado de ayer, 08 de noviembre de 2018, publicó el Real Decreto-ley 17/2018, de 08 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y en su punto IV de la `declaración de intenciones´ miente cual bellaco cuando afirma…

“Se modifica el artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista, estableciendo así una excepción a la regla general establecida en el párrafo primero del propio artículo 29.”

El artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , es claro, diáfano y entendible sin posibilidad alguna de mala interpretación del mismo. Dice,

“Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyointerés se expidan.”

Por lo tanto:

  • en la compra de un inmueble el sujeto pasivo es “ el adquiriente del bien ”, el comprador,
  • en la constitución de una garantía hipotecaria el sujeto pasivo es “el adquiriente del derecho”, la entidad acreedora,
  • en la compra de un inmueble, los que “insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan ”serán los sujetos pasivos, es evidente que será el comprador, y
  • en la constitución de una garantía hipotecaria aquél que “ inste[n] o solicite[n] los documentos notariales, o a quél[los] en cuyo interés se expidan”no puede ser otro que el acreedor o, lo que es lo mismo, la entidad acreedora.

¿Entonces, a que ha venido todo este paripé entre el Poder judicial y el ejecutivo?, pues muy sencillo, el intentar tapar a toda costa uno de los mayores complots conómicos, sino el mayor, que se estableció en este país hace decenios en contra de la ciudadanía. Maquinación financiero- política, que con ayuda de otros estamentos, como el notarial y el registral, han esquilmado los bolsillos de millones de clientes – prestatarios.

Lo triste es que no ha existido hasta ahora el medio de comunicación con los suficientes “bemoles” para destapar esta gigantesca trama, de exprimir y empobrecer al ciudadano, y que al final nos veremos obligados a destaparen estas páginas.

La razón que justifica el enorme poder que tienen las entidades financieras en este país y la compra de voluntades, de todo tipo, que ha supuesto esa execrable forma de actuar, repartiendo decenas de miles de millones entre los intervinientes del contubernio.

Pah – Madrid




UNA HÁBIL ESTRATEGIA, QUE CONSTITUYE MANIOBRA TORTICERA DE LOS PODERES DEL ESTADO, A ESPALDAS DE LA CIUDADANÍA DE ESTE PAÍS

DOCUMENTO PUBLICADO POR PAH MADRID

Ayer, martes 06/11/2018, habló el Poder judicial, y hoy, miércoles 07/11/2018, ha hablado el ejecutivo, parece ser que -cuando toque- hablará el legislativo. Y cada vez es más claro que la decisión tomada ayer por la Sala Tercera del Tribunal Supremo es un elemento más del engranaje de la trama que los poderes del Estado han diseñado en las últimas semanas. Lo que pasa es que al Poder Judicial es al que le ha tocado `bailar con la más fea´.

Escuchar hoy, en la rueda de prensa que ha dado, decir al Presidente del Gobierno que en el Consejo de Ministros del jueves 08/11/2018 se aprobará un Real Decreto-ley que añadirá un párrafo al artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, especificando que el impuesto A.J.D. deberá abonarlo las entidades financieras y no la parte prestataria, es de traca, de auténtica traca. ¿Por qué?, muy sencillo:

  1. dice el artículo 29 de dicho R.D L. , “ “ Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 2º.- Es claro y transparente como el “agua cristalina”, el I.A.J.D. debe abonarlo – sin ambages alguno – la entidad financiera, y
  2. qué pretende el Presidente del Gobierno ¿transitar el vergonzoso camino que ya realizara un compañero de filas, como el señor Solbes, con su calamitoso y funesto segundo párrafo del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?, y nos hacemos ésta pregunta no por el rumbo doctrinal del párrafo si no por la auténtica inutilidad de dicho párrafo; en 1995 fue un escandaloso intento- que fructificó- de ayuda gubernativa a la banca en general, y ahora sirve de un totalmente inútil `apagafuegos ́ para borregos y ciudadanía varía.

Es muy duro decirlo, pero es la pura realidad, hoy día el acto más idiota y tramposo cala en la ciudadanía. Y ellos lo saben. Y si además tienen los medios de comunicación actuando como una `clac teatral ́, pues `miel sobre hojuelas ́. La realidad, lo siento aguarles la fiesta a la banca y a los poderes del Estado, es imparable: LA RETROACTIVIDAD SERÁ TOTAL EN LA DEVOLUCIÓN DE LO ABONADO, POR LA PARTE PRESTATARIA, EN CONCEPTO DEL IMPUESTO A.J.D., y no hagan caso de las mil y una patochadas que estamos escuchando estos días, y las que están por venir; hacen que pensar si lo que existe es mucha ignorancia o demasiada mala fe.

Y en cuanto a las entidades financieras y su mensaje sibilino manifestando que en su momento no fueron ellos los que cobraron el impuesto, y que debe devolverlo quién lo recaudó, tiene las patitas muy cortas, y no va a ningún sitio. Solamente hay que recordarles que tampoco cobraron ellos las minutas de notarios, registradores, gestores, y en algunos casos tasadores, y sin embargo quienes devuelven dichas cantidades son ellos, las entidades financieras.

Lo triste de todo esto es, además, encontrar algunos medios de comunicación haciendo de palmeros, repitiendo hasta la saciedad la nimiedad anunciada por el Presidente del Gobierno. ¡Cuánto pesebre!

Y en cuanto al señor Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del C.G.P.J., miente cuando dice que existe “ falta de claridad en la Ley”, y lo sabe. Repetimos, el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es clarísimo al respecto, a quién le toca `rascarse el bolsillo ́ en relación al I.A.J.D. es a las entidades financieras. Y punto.

Bueno, cada vez queda menos, atentos a lo que se va a publicar en esta web mañana jueves 08 de noviembre de 2018. Poco va a durar la repercusión del nefasto resultado , de ayer 06/11/2018, del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en relación al I.A.J.D.




AJD, ESE IMPUESTO QUE CUANDO EL TRIBUNAL SUPREMO DISPONE QUE HA DE PAGARLO LA BANCA SE `ARMA LA DE TROYA´, PERO CUANDO ACORDÓ QUE ERA EL PRESTATARIO QUIÉN DEBIA HACER FRENTE A SU ABONO, NI EL PODER NI LOS MEDIOS SALIERON, DE FORMA TAN AGITADA, EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

CHAPUZA DE PAÍS!

PAH – Madrid | Publicado el

Pero eso sí, sin entrar a examinar el fondo de la cuestión. Y algunos se preguntarán, ¿y eso por qué?, muy sencillo, si te pones a analizar -con seriedad- quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados te encontrarás muy fácilmente con la respuesta: la entidad financiera que acuerda con el consumidor la concesión del préstamo e impone a éste la garantía hipotecaria a dicha financiación. No hay más historia, es fácil, pero precisamente por ello, los bancos y cajas necesitan de “mucho ruido” alrededor de esta cuestión con `dimes y diretes´ que realmente no llevan a ningún sitio pero sí consiguen que estemos mucho más pendientes del dedo que señala a la Luna que no de ese satélite natural de la Tierra.

Para intentar evitar se reproduzca, en esta cuestión, ese refrán que dice “que los árboles no nos impidan ver el bosque”, vamos a intentar entrar de lleno en la Luna, olvidándonos por completo del dedo bobo. En relación a este impuesto, el A.J.D., tenemos que realizar la siguiente retrospectiva, analizada y desglosada en tres apartados y un capítulo:

PRIMER APARTADO

  • Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En cuyo Título III, ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, y en el apartado SUJETO PASIVO, tenemos el artículo 30, “ Será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho, y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan ”.

  • Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y reglamentos de las Comunidades Europeas.

Esta Ley regula un conjunto de materias cuyo lazo de unión es, precisamente, la necesidad de adecuar nuestra normativa tributaria a las normas de armonización emanadas de la Comunidad Económica Europea , introduciendo en su Título III una serie de modificaciones en el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre , que sin embargo deja inalterable el artículo 30, expuesto un poco más arriba.

  • – Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En este Texto refundido, en el que se recogen los preceptos del aprobado por el Real Decreto Legislativo 3.050/1980, de 30 de diciembre, con las modificaciones que en el mismo se han ido introduciendo por las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, por la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, por la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de Tasas Judiciales, por el Real Decreto – ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas financieras, fiscales y laborales, por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por la citada Ley 29/1991. Incorporando, igualmente, otras disposiciones que, especialmente en materia de beneficios fiscales, afectaban a la regulación del Texto refundido hasta ahora vigente, armonizando su contenido.

En su Título III, ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, artículo 29, Sujeto Pasivo, contempla que “ Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan .” , sin modificación alguna sobre el ya contemplado en el Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

  • Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En su Título III, ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, artículo 68, Sección 2ª. Sujeto Pasivo, considera que “ Será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan .”, hasta aquí todo perfecto dado que recoge lo mismo que ya hiciera el Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados – en su artículo 30 – y el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados – en su artículo 29 – , pero se realizó un añadido, segundo párrafo, cuyo vergonzoso contenido tenía un solo objetivo: FAVORECER, DE FORMA ESCANDALOSA, A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, Y PERJUDICANDO, DE FORMA SANGRANTE, A LOS CIUDADANOS, A ESOS QUE HABIAN VOTADO EN LAS URNAS EL EJECUTIVO QUE NOS GOBERNABA EN ESOS MOMENTOS, con don Pedro Solbes Mira como Ministro de Economía y Hacienda, y a escasas semanas de ser nombrado Presidente del Consejo “Ecofin” -Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea – durante la Presidencia española de la UE en el segundo semestre de 1995. Ese segundo párrafo, que contentó a las todopoderosas entidades financieras y constituyó una” puñalada trapera ́ para la ciudadanía, como consumidores, exponía que “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

Este es el repulsivo y nauseabundo párrafo que, ¡por fin!, unos MAGISTRADOS, con mayúsculas, han considerado que en un Estado de Derecho no puede consentirse tamaña desvergüenza, y lo han anulado por ser contrario a la Ley. Hasta ahora, en este casi cuarto de siglo que ha pasado desde tal ignominia, todos han estado callados como “p….”: Poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Y eso que han transitado varios gobiernos por la Moncloa, de diferente signo, que pudieron revertir tal atropello, pero éste es el País que tenemos, y se ve que no podemos pedir “peras al olmo”. Triste, muy triste. A continuación, vamos a dar los razonamientos por los que decimos que ese segundo párrafo del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no debiera haber visto nunca la luz, aunque solo fuera por decencia, decoro y honestidad política. Que se ve,es mucho pedir a nuestros gobernantes

Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

Este es el repulsivo y nauseabundo párrafo que, ¡por fin!, unos MAGISTRADOS, con mayúsculas, han considerado que en un Estado de Derecho no puede consentirse tamaña desvergüenza, y lo han anulado por ser contrario a la Ley. Hasta ahora, en este casi cuarto de siglo que ha pasado desde tal ignominia, todos han estado callados como “p….”: Poder ejecutivo, legislativo y judicial.

SEGUNDO APARTADO

El CAPÍTULO I, Fuentes del derecho, del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, en su artículo 1, con actualización en vigor desde el 29/07/1974, manifiesta:

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

La Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados expone en su artículo 29 que será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho, y es claro que el derecho a la garantía hipotecaria la tiene la entidad financiera, nunca la parte prestataria del contrato. Por lo tanto, intentar retorcer dicho razonamiento con un párrafo añadido al artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, normativa de rango inferior a la Ley, no impide que lo que se tenga que aplicar– a título judicial, y en base al artículo 1.1 del Código Civil- sea la Ley frente al Reglamento que la contradice, al ser una disposición de rango superior.

4. “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.”

En este caso, existe Ley, por lo tanto debe ser ella la que deba interpretarse y aplicarse, con prioridad a cualquier otro ordenamiento de rango inferior, por los órganos judiciales españoles, como es el Tribunal Supremo.

TERCER APARTADO

Este capítulo es fundamental para entender, en realidad, el alcance de la villanía que en este País han trazado, con total alevosía, los tres Poderes del Estado. Un ciudadano, consumidor, se acerca a una entidad financiera a solicitar financiación externa para una cuestión de su provecho. Llega a un acuerdo con el acreedor- en cantidad, plazo e interés- y le es concedido ese préstamo o crédito. Esa es la “obligación principal”entre acreedor y prestatario

Cualquier préstamo o crédito puede perfectamente subsistir de esta forma, y se les denomina préstamo o crédito personal, a los que la parte deudora responde de forma universal e ilimitada, con sus bienes presentes y futuros. Dichas concesiones de financiación no precisan ni de escritura pública ni quedar reflejadas -como CARGAS- en los Registros de la Propiedad. Es de sentido común el considerar que los gastos de este acuerdo deban ser repercutidos – en lo que les beneficie- a la parte prestataria.

Pero la entidad financiera no se conforma con esa responsabilidad universal e ilimitada del deudor y quiere más, mucho más, una “garantía hipotecaria”por lo que decide añadir a esa “obligación principal” “un contrato accesorio”́, que éste sí debe quedar reflejado en escritura notarial y aparecer como CARGA en el correspondiente Registro de la Propiedad, en el inmueble que constituya dicha garantía. ¿A quién beneficia este `contrato accesorio ́?, sola y exclusivamente a la parte acreedora, ya que ningún beneficio le reporta a la parte prestataria. Sin embargo, hasta hace bien poco, estaba todo de tal forma confabulado que los gastos de constitución de esa garantía hipotecaria corrían a cargo de los deudores. ¿Y donde estaban el Poder ejecutivo, legislativo y judicial, para intentar parar tal ignominia?, ¿mirando para otro lado?, peor, mucho peor, legislando y dictando jurisprudencia ciscándose encima de los ciudadanos consumidores y en beneficio de las entidades financieras. En este asunto, esta es la “marca España” que hemos tenido durante decenios, y hemos arrastrado por el fango. Pero aún hay más. ¿Se calculan los impuestos en base a la financiación concedida por la entidad financiera en la `obligación principal ́?, no, ni mucho menos. La base imponible sobre la que se calculan los impuestos, y los pagos de notaría, gestoría y Registro, la constituye la responsabilidad hipotecaria que contiene el `contrato accesorio ́ en el que se constituye la garantía hipotecaria.

Por lo tanto, “blanco y en botella”. Pero, ¿qué es la responsabilidad hipotecaria?. Es la suma de una serie de conceptos que son garantizados con el/los inmueble/s hipotecado/s, y que en la gran mayoría de los casos, son cuatro: cantidad que ha sido concedida como `obligación principal ́ por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado, más una cantidad de intereses remuneratorios -u ordinarios – devengados durante un determinado plazo de tiempo – que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura, más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y más una cantidad en concepto de costas y gastos que suele oscilar alrededor del 20% de la `obligación principal ́. La suma de esos cuatro conceptos representa, en un abanico que puede ir del 135% al 200%, la responsabilidad hipotecaria que contempla el “contrato accesorio”,constituyendo la base imponible de los Impuestos y gastos de constitución de hipoteca.

Y el segundo, tercer y cuarto concepto, de dicha responsabilidad, lo define unilateralmente la entidad acreedora, sin intervención alguna de la parte deudora.>Por lo tanto, ¿quién debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados?, indefectiblemente el acreedor. Y eso debiera ser inamovible.

El intentar contemporizar dicha situación, como así parece ser que pretenden determinados grupos parlamentarios en el Congreso, tomando una actitud salomónica, además de ser una auténtica desvergüenza como casi siempre, en beneficio de las entidades financieras -demuestra la catadura moral de nuestros políticos,a los que les importa más bien poco la ciudadanía,consumidora de estos productos de financiación.

La Sentencia nº 1505/2018 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, es justa, bien armada y razonada en Derecho, por magistrados especializados en tributario, que tumba la incomprensible doctrina anterior, contraria a Derecho, y que no debe a no ser se pretenda dar un auténtico escandalazo a nivel internacional, y aún nos puedan calificar, en el exterior, más como “monarquía bananera”
que como un Estado de Derecho modificarse ni reinterpretarse.

La doctrina dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo, en sus Sentencias nº 147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo de 2018, decaen ante la actual Sentencia nº 1505/2018 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, y otras dos que le acompañan y que todavía no han sido notificadas, dado que la Sala Civil tenía como justificación a su fallo -muy endeble, pero al fin y al cabo excusa o coartada el segundo párrafo del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que ahora ha sido anulado por ser contrario a la Ley, por lo que debe prevalecer única y exclusivamente la nueva doctrina dictada por la Sala Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo. Desde nuestro punto de vista, inmodificable.Resulta curioso, como desagradable anécdota, que cuando la Sala Civil del Tribunal Supremo decidió modificar, a través de sus Sentencias 147/2018 y 48/2018, lo dictado en su Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, en la que fallaba considerando como sujeto pasivo del impuesto A.J.D. a la entidad de crédito ya que a favor de la misma se constituye el derecho real de hipoteca – y como secuela de ello quedaba la abusividad y, por ende, nulidad de la cláusula de gastos de constitución que trasladaba dicho tributo al consumidor- ni el Poder judicial, ni los políticos, ni los medios ni tertulianos, se “rasgaron las vestiduras” a favor de los consumidores, sin embargo ahora parece que se acaba el mundo por el mero hecho de que las entidades financieras paguen lo que tenían que haber abonado desde hace casi un cuarto de siglo. Demasiado servilismo al poderoso.

Todos viven, de una u otra forma, de su protectorado: financiación de campañas electorales, patrocinios de todo tipo, publicidad a gogó, y prebendas varias.Aquí ya no hay escapatoria, cualquier cambio en las tres sentencias dictadas este octubre por la Sala de lo Contencioso- Administrativo, en relación a esta cuestión, supondría una provocación al consumidor, que esperamos, y deseamos- llegado el caso- provoque una auténtica marabunta de ciudadanos hartos y asqueados de esta “plutocracia”.

CAPÍTULO: PLAZOS Y RETROACTIVIDAD

Si nos atenemos exclusivamente al tema tributario, tenemos que la retroactividad sería de cuatro años y 30 días a partir del siguiente a la publicación de la Sentencia nº 1505/2018 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, en el Boletín Oficial del Estado, y las otras dos aún no conocidas por no ser todavía notificadas.

En este caso, la reclamación debiera ir dirigida a la Agencia Tributaria de las Comunidades Autónomas o, inclusive, podría solicitarse tal devolución a las entidades financieras ya que constituiría una auténtica estupidez que el consumidor se lo reclamase a la Agencia Tributaria y ésta, a su vez, se lo solicitase a la entidad financiera. Duplicidad de requerimientos que hablaría muy poco a favor de este País de “charanga y pandereta”.

Pero existe otra vía, la de solicitar el análisis del control de transparencia, en base a la Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia europea, y ahí no existe retroactividad alguna ya que una cláusula declarada abusiva, y por lo tanto nula, tiene que tenerse por no puesta en la escritura desde el mismo momento de su firma, por lo que la retroactividad sería hasta la misma fecha de constitución de la garantía hipotecaria.

Damos por hecho, que tras el descrédito de nuestro Alto Tribunal con la retroactividad de las cláusulas suelo, y la del vencimiento anticipado, no se arriesgará a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le saque los colores- en relación a esta cuestión- por tercera vez, sería de “traca”, pero de los Poderes de este País te puedes esperar cualquier cosa.

No debemos tampoco olvidar que, la Sentencia nº 1505/2018 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, hace referencia a que el impuesto A.J.D. afecta al artículo 31 de nuestra Constitución y, por ello, al principio de capacidad económica y contributiva, estando ese precepto contemplado dentro de los derechos y libertades reconocidos en su Capítulo Segundo del Título I, vinculando a todos los poderes públicos. Por lo tanto, algo tendrá también que decir nuestro Tribunal Constitucional. Aunque, lo que es esperanza, esperanza, …. En definitiva, vamos a esperar al lunes 05 de noviembre y que los 31 magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sepan actuar con lealtad y honestidad hacia el Estado de Derecho que dicen que es en el que vivimos.

Si no es así, y parodiando la mirada mordaz del sketch de humor “informe Mongolia”́, ¡estamos hartos … !, los ciudadanos, como consumidores, clamaremos a los cuatro vientos : ¡estamos hartos de gobiernos que solo miran por el interés de bancos y cajas !, ¡estamos hartos de partidos políticos que se olvidan del pueblo, estando pendientes solo de la estabilidad financiera!, ¡estamos hartos de magistrados que, en lugar de impartir justicia con equidad y honestidad, argumentan como escudo , por ejemplo, determinadas repercusiones económicas!, ¡¡ESTAMOS HARTOS!!

Pah MAdrid




el grupo de GAP-UCI Madrid entrevista al coordinador de Afectados por la Hipoteca de su Comunidad

Por la importancia de los contenidos publicamos la entrevista que afectados de GAH Fontarron UCI hicieron a nuestro compañero de lucha, Luís Chamarro, coordinador de Afectados por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid, que junto a PAH-Madrid llevan las negociaciones con los grupos parlamentarios sobre aspectos trascendentales de la legislación.

…los hipotecados deben saber con garantías quién tiene su deuda…

La Banca que ofertaba hipotecas a los ciudadanos sabía incluso cuando iba a ocurrir una crisis económica.

..que a nadie le puedan quitar la casa por no poder pagar una deuda que está basada en una estafa.

los comerciales de los Bancos ofrecen la dación en pago

… la dación en pago la definimos como un producto financiero tóxico y letal….. porqué el banco, en una negociación extrajudicial, sin iniciar una ejecución, se queda con la vivienda, la amortización, los intereses y luego las rentas del alquiler social.