Una canción de guerra contra los desahucios

De nuestro amigo de barrio, Mateólika…. nos envía esta canción contra los desahucios

UN POCO DE MÚSICA SIEMPRE VA BIEN

MATEÓLIKA – CANAL DE YOUTUBE

Podéis seguir su canal aquí>>>>>

Canal del Cantautor de Barcelona Mateólika. Desde 2007 recorriendo el mundo guitarra en mano, denunciando injusticias a ritmo de ventilador y otras hiervas. Aquí encontraras todos los vídeos relacionados con las actuaciones en diferentes partes el mundo, solo, en trió o junto a MDM. Espero que disfrutes tanto viéndolo como lo he disfrutado yo actuando! Salud y Punk familia!




Bombolla de Lloguer i Rendisme Immobiliari – xerrada de Salva Torres a l’Observatori del Guinardó

En el marc de les xerrades de l’Observatori del Guinardó-Can Baró (en defensa dels Serveis Públics i els Drets Socials) el nostre company Salva TORRES explica la seva visió sobre la bombolla del lloguer i com podem acabar amb ella. La profusió de dades i anàlisi permeten una visió general del problema a la ciutat de Barcelona i a l’estat espanyol sobre com el capitalisme manega el rendisme immobiliari.




#SOLUCIÓ-per-a-Lourdes. La família de Lourdes es queda i resisteix al seu habitatge

La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda.

CATALÀ

La família de Lourdes es queda I resisteix al seu habitatge

Amb aquest document volem informar de la irregularitat practicada en el desnonament que hem patit la meva família dijous passat 13 de setembre en ser desallotjats sense coneixement del dia i hora del mateix de la que és la nostra casa des de 1991. Ha estat un llançament irregular, anomenat obert, instat pel Jutjat nº 55 de Barcelona, ​​en nom Kontur Grup Company 3000 SL, empresa subhastera de capital rus.

El Jutjat va mantenir en secret el desallotjament tot i que tenim tres fills menors i un adult amb malaltia greu amb la qual cosa no vam tenir assistència de Serveis Socials d’Emergència i reallotjament alternatiu. El Jutjat ha vulnerat les convencions internacionals de drets humans i de la Infància i els seus propis acords amb l’administració per al reallotjament d’afectats per desnonaments.

Davant d’aquesta situació dramàtica vam decidir tornar a entrar en el qual va ser la nostra llar. Encara que les lleis injustes d’aquest país donin cobertura al capital risc immobiliari forà no acceptem esperar la beneficència d’una pensió per unes setmanes. Això no és vida per a ningú. Ho sabem perquè som activistes del dret a l’habitatge.

Portem 3 anys litigant als jutjats per recuperar la nostra casa que va ser injustament subhastada també amb tota classe d’irregularitats. Són 3 anys demanant arribar a una solució justa i pactada amb l’Administrador de l’empresa subhastera, KonstatinToporkov, propietària del nostre habitatge.

M’he reunit en diferents ocasions amb Konstantin Toporkov i, en l’últim moment, sempre ha fet prevaler la força dels jutjats i la seva inversió per sobre de qualsevol altra consideració raonable. La ciutat és plena de famílies que esperen des de fa més d’un any un pis d’emergència. El sr. Toporkov, que mou bé les seves empreses immobiliàries entre els secrets de les subhastes judicials d’habitatges de famílies desesperades, sap perfectament quin negoci té. És just que trobem en una negociació una solució viable a les dues parts.

La meva família demana a entitats, veïns i l’Ajuntament, que reforcin aquesta petició d’un acord pactat amb Kontur Grup Company 3000 S.L. Necessitem un pis on viure i Kontur G.C.3000 S.L.y seu representant Konstantin Toporkov està relacionat amb fins a 42 empreses més, totes immobiliàries, i publicita els pisos en portals immobiliaris, de manera que els meus fills no comprenen per què no vol tenir una llogatera més.

#LOURDESesQUEDA
#SOLUCIÓxLourdes


CATELLANO

La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda.

Con este documento queremos informar de la irregularidad practicada en el desahucio que hemos sufrido el pasado jueves 13 de setiembre al ser desalojados sin conocimiento del día y hora del mismo de la que es nuestra casa desde 1991. Ha sido un lanzamiento irregular, llamado abierto, instado por el Juzgado nº 55 de Barcelona, en nombre Kontur Grup Company 3000 S.L., empresa subastera de capital ruso.

El Juzgado mantuvo en secreto el desalojo a pesar que tenemos tres hijos menores y un adulto con enfermedad grave con lo cual no tuvimos asistencia de Servicios Sociales de Emergencia y realojo alternativo. El Juzgado ha vulnerado las convenciones internacionales de derechos humanos y de la Infancia y sus propios acuerdos con la administración para el realojo de afectados por desahucios.

Ante esta situación dramática decidimos volver a entrar en el que fue nuestro hogar. Aunque las leyes injustas de este país den cobertura al capital riesgo inmobiliario foráneo no aceptamos esperar la beneficencia de una pensión por unas semanas. Eso no es vida para nadie. Lo sabemos porque somos activistas del derecho a la vivienda.

Llevamos 3 años litigando en los juzgados para recuperar nuestra casa que fue injustamente subastada también con toda clase de irregularidades. Son 3 años pidiendo llegar a una solución justa y pactada con el Administrador de la empresa subastera, KonstatinToporkov, propietaria de nuestra vivienda.

Me he reunido en diferentes ocasiones con Konstantin Toporkov y, en el último momento, siempre ha hecho prevalecer la fuerza de los juzgados y su inversión por encima de cualquier otra consideración razonable. La ciudad esta llena de familias que esperan desde hace más de un año un piso de emergencia. El sr. Toporkov, que mueve bien sus empresas inmobiliarias entre los entresijos de las subastas judiciales de viviendas de familias desesperadas, sabe perfectamente qué negocio tiene. Es justo que encontremos en una negociación una solución viable a las dos partes.

Mi familia pide a entidades, vecinos y al Ayuntamiento, que refuercen esta petición de un acuerdo pactado con Kontur Grup Company 3000 S.L. Necesitamos un piso donde vivir y Kontur G.C.3000 S.L.y su representante Konstantin Toporkov está relacionado con hasta 42 empresas más, todas inmobiliarias, y publicita los pisos en portales inmobilarios, por lo que mis hijos no comprenden por qué no desea tener una inquilina más.

#LOURDESseQUEDA

#SOLUCIÓNparaLourdes




El desahucio abierto y secreto de Lourdes y sus 3 hijos enfrenta al juzgado 55 de Barcelona contra la jurisprudencia del TJUE

Vídeo- Documento de SICOM.CAT – explicación del caso de Lourdes y familia

La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda.

Con este documento queremos informar de la irregularidad practicada en el desahucio que hemos sufrido el pasado jueves 13 de setiembre al ser desalojados sin conocimiento del día y hora del mismo de la que es nuestra casa desde 1991. Ha sido un lanzamiento irregular, llamado abierto, instado por el Juzgado nº 55 de Barcelona, en nombre Kontur Grup Company 3000 S.L., empresa subastera de capital ruso.


concentración delante de la vivienda de uno de los responsables de Kontur Group S.L: Konstantin Toporkov.

Hoy a primera hora de la mañana, mientras Lourdes estaba gestionando su situación precaria y sus 3 hijos menores estaban en la escuela, una comisión judicial acompañada de los Mossos se presentaba en su domicilio. Han despertado a Antonio, el marido, que sufre una fuerte crisis de ansiedad desde hace semanas y con lo puesto lo han dejado en el rellano de la escalera cambiando la cerradura de la puerta de la que fue su casa durante 30 años.

Al mediodía, una familia de 5 personas se encontraban con lo puesto en la calle en el barrio de la Sagrera. Ni los servicios sociales ni el CUESC estaban llamados. Los muebles se han quedado dentro y toda su vida también. Los Mossos, dependientes de la Generalitat, han actuado sin informar al Ayuntamiento ni a sus servicios sociales, y han actuado de conformidad con los Autos y sentencias del Juzgado de Instrucción nº55 de Barcelona para entregar su vivienda a una empresa de capital ruso que se dedica a comprar pisos de bancos en las subastas… UNA EMPRESA SUBASTERA- Kontur Grup Company s.l. , de las que hay a decenas en los juzgados.

Konstantin Toporkov de Kontur Group sl

Era un desahucio abierto pues desde julio la familia sabía que le podía pasar. Pero era secreto pues ni siquiera los servicios sociales estaban avisados. Los juzgados están utilizando esta artimaña sin ningún amparo legal más que la propia fuerza de la policía para ejecutarlos. Los desahucios abiertos son ilegales.

El mismo día que el TJUE declara ilegal la cláusula de vencimiento anticipado que uso Catalunya Caixa para robar la vivienda a la familia el Juzgado 55 de Barcelona ejecuta un desahucio ilegal a favor de una empresa subastera con la ayuda de la policía catalana

Más claro no lo podemos decir. La familia y la abogada han luchado en los juzgados desde el 2015 para enmendar una injusticia a todas luces. Todos los recursos han resultado infructuosos ante el muro de la Ciudad de la Justicia, en el descansillo del Juzgado de Instrucción 55 y en la Audiencia Provincial a la que se recurrió también.

Por qué decimos que el desahucio es ilegal?

      • porque en los sucesivos recursos de la abogada por las numerosas cláusulas abusivas de la hipoteca de Catalunya Caixa el Juzgado nunca los ha tomado en consideración a pesar que cuando se inició la ejecución en 2014 la jurisprudencia europea había dado el primer golpe a la legislación hipotecaria española en materia de cláusulas abusivas (caso AZIZ).
      • Porqué en 2018 la abogada ha recurrido nuevamente en ese sentido y el Juzgado 55 ha hecho oídos sordos a la reclamación obligada por Europa que de oficio debía haber suspendido todo el proceso ejecutivo y la adjudicación a Catalunya Caixa y al remate al subastero ruso. La razón es que se había interpuesto un tercero, un ciudadano, que no tenía la culpa de lo que había hecho anteriormente el Banco. O sea, que ahora los bancos, creando sociedades pantalla de subasteros pueden quedarse con las viviendas de las familias y el argumento les permitiría saltarse todas las normativas europeas para no perjudicar a un tercero que se ha presentado al festín de la carroña en la subasta del juzgado.
      • porqué cuando se inició la ejecución hipotecaria, Catalunya Caixa ya no tenía la legitimación activa para reclamar la hipoteca porqué había vendido el crédito al Fondo de titulización MBScat1. La reclamación de ausencia de legitimación llegó también al Juzgado, que la rechazó a pesar de tener toda la documentación en la mano.
      • porqué la abogada reclamó a la Audiencia Provincial de Barcelona  y su Sección 13 rechazó nuevamente en un auto lleno de errores donde se citaba el Fondo de titulización en litigio como Participaciones hipotecarias cuando estaba constituido por Certificados de Transmisión hipotecaria, lo que quería decir que generaban jurisprudencia sin leer siquiera los papeles >>>>> TODO ESTA MUY BIEN EXPLICADO Y DOCUMENTADO AQUÍ>>>
      • Y POR ÚLTIMO porqué es un DESAHUCIO ABIERTO Y SECRETO que vulnera los más elementales derechos humanos y no está amparados en ninguna legislación de derecho civil.

La actuación de la justicia estatal y de la policía autonómica dejando a la familia en la calle traspasa el problema a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ada COLAU que se encuentran desbordados desde hace meses por la magnitud del desastre en la ciudad.

El retraso en la transposición de la normativa europea a la ley hipotecaria española lleva un retraso de dos años, 90 millones de multa a España y la familia tendrá el derecho a la reclamación al banco en primer lugar y al Estado en último término por los daños económicos y morales causados por la actuación ilegal de los juzgados y de la policía.

Primer intento de desahucio en el 2016 a la Sagrera

Nuestra Asociación ha recomendado a la familia afectada, activista de nuestra entidad así como del sindicat de Llogaters de Barcelona que la batalla no ha terminado aquí y que vamos a apoyar todas las actuaciones necesarias para:

  1. realizar un manifiesto de todas las entidades que luchamos en la ciudad por el derecho a la vivienda para reclamar la abolición de los desahucios abiertos que tanto daño causan a la población más indefensa.
  2. ayudar jurídicamente y en la movilización para reclamar y resarcir el daño causado por tanta injusticia porque entendemos que después de todas las sentencias el juzgado de instrucción 55 de Barcelona está actuando NEGLIMENTEMENTE al margen de la legislación española y europea en materia de derechos de los deudores hipotecarios. Porqué si el juzgado fuera CONSCIENTE de que ha dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley eso tiene un nombre: PREVARICACIÓN y eso es un delito penal.



La revolució urbana Entre la municipalització i la col·lectivització de la propietat immobiliària a Barcelona, ​​1936-1937

La realitat de la especulació immobiliària a Barcelona és un problema recurrent en tota la història de la ciutat. La nostra Associació està fent un esforç d’anàlisi i cerca de solucions per a l’accés universal de les classes populars a un dret fonamental com es l’habitatge. Els darrers articles del web sobre la problemàtica de la bombolla del lloguer en són una mostra: AQUÍ, AQUÍ, AQUÍ. Les solucions assajades durant la revolució del 36 ens permeten entendre que significaria avui un decret de municipalització del sòl urbà o de la propietat immobiliària, amb la conseqüent abolició de la Ley de la Propiedad Horizontal. El següent article ens introdueix els problemes d’habitatge d’aquella època i les solucions revolucioàries que es van assajar.


Revista Masala / Texto: Maribel Cadenas y Miquel Fernández / Imágenes: AC Documentos de Actividad Contemporánea

El juny del 1937 a la Catalunya revolucionària s’aprova el Decret de Municipalització de la Propietat Urbana, sense precedents al sud d’Europa i del qual només tenim notícies que s’hagi assajat durant la Revolució soviètica. Aquest decret havia d’implicar l’expropiació i municipalització de totes les propietats urbanes no utilitàries i la imposició d’un màxim de renda a les utilitàries lucratives.

Aquest article exposa alguns dels debats previs a l’elaboració del decret entre la petita burgesia liberal, els estatalistes i els llibertaris, des del juliol del 1936 fins després dels Fets de Maig del 1937.

Sense cap mena de dubte, la màxima expressió de la ciutat socialista havia de començar amb la socialització del sòl. Aquesta mesura es decreta després dels fets contrarevolucionaris del maig, el juny del 1937, quan el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), amb el beneplàcit d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liquida les milícies antifeixistes organitzades a través de la Confederació Nacional de Treballadors (CNT) i el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). L’aplicació del decret a ciutats com Barcelona implicava una municipalització del sòl burocratitzada i centralitzada. La CNT creia que calia sindicalitzar i no municipalitzar la propietat urbana, ja que considerava el municipi l’entitat burocràtica per excel·lència, i veia en aquest moviment l’intent d’enfonsar «tota classe de col·lectivització». Per al POUM encara era més clar: el decret «pretenia perpetuar el règim econòmic de la burgesia».

Avui resulta especialment interessant recuperar la història d’aquesta fita i les seves contradiccions. En primer lloc, tot i la dimensió revolucionària que espontàniament li podríem atribuir, el decret va ser impulsat a causa dels greus problemes de liquiditat amb què es trobava el consistori i el mateix govern de la Generalitat republicana a partir del triomf de la revolució el 19 de juliol del 1936. En segon lloc, la CNT i el POUM van ser els primers a fer efectiva la socialització i anar més enllà d’alguna de les normatives que implicarien el decret i de la resposta contrarevolucionària —i, en concret, de Josep Tarradellas, conseller de Finances— que detallarem a continuació.

L’abolició de la propietat urbana com a fonament de la nova societat

El conegut Pla Nova Barcelona o Pla Macià, elaborat pels arquitectes revolucionaris del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània), estava supeditat al que Josep Lluís Sert va anomenar la «nova economia urbana». Les condicions úniques i necessàries, segons Sert, per aplicar qualsevol pla urbanístic eren: la socialització de la propietat urbana, la col·lectivització de la indústria de la construcció i la socialització del treball professional dels tècnics.(1)

Previs al Decret de Municipalització de la Propietat Urbana de l’11 de juny del 1937, es van aprovar el de Col·lectivitzacions i Control Obrer, del 24 d’octubre del 1936, i el de Municipalització dels Serveis Públics, del 9 de gener del 1937. Aquestes tres reestructuracions haurien de permetre la «revolució urbana», la necessària transformació de la ciutat capitalista en una més propera al socialisme. No es tractava d’una proposta utòpica. Aquests arquitectes havien arribat a la conclusió racional que només d’aquesta manera es podia substituir la motivació irracional de construir per guanyar diners per la de construir per satisfer les necessitats bàsiques, especialment la d’habitatge. I, aquí, tècnics i obrers van arribar a la mateixa conclusió: calia abolir la propietat urbana.

En paraules de Torres i Clavé: «Volem creure en aquesta nova societat; la tendència social actual de municipalitzar l’estatge, desposseint els propietaris particulars de llurs drets sobre aquest i el terreny, haurà trobat el camí per a desempallegar-se de tots aquells prejudicis que en l’anterior societat impedien la realització de l’única solució racional del problema, i nosaltres, els tècnics, que no havíem tingut por d’arribar a conclusions lògiques, sabíem, pels estudis realitzats sobre la matèria, que no hi havia altre camí […]. Tots, obrers manuals i tècnics, esperem, doncs, de la nova societat, aquelles mesures radicals que han de posar fi a l’explotació de l’estatge. Cal, abans que tot, desposseir de llurs drets tan indignament exercits la propietat particular».

Com a «acció complementària» a «l’enderroc d’habitatges malsans», calia una actuació nova: «l’habilitació immediata dels nombrosos pisos que han quedat desallotjats en la ciutat: Diagonal, passeig de Gràcia, Rambla de Catalunya, etc. i part de l’Eixample» (GATCPAC, 1937). Així doncs, el centre de la ciutat va créixer, però no guanyant terreny al mar, sinó enfilant-se ver la muntanya: seguint la línia del passeig de Gràcia-Diagonal-Balmes. Els habitatges dels aparells polítics i ideològics del vell ordre (sindicats patronals, hotels de luxe, palaus i residències de l’alta burgesia) van esdevenir les seus dels departaments governamentals, de sindicats, partits i ateneus, d’hospitals, cooperatives o restaurants populars. S’iniciava eufòricament la recuperació per a usdefruit popular dels estatges més privilegiats.

Cal recordar, però, l’argument econòmic, tan essencial a l’hora de propulsar la municipalització de la propietat urbana: la conjunció d’uns altíssims nivells d’atur en el ram de la construcció, la desaparició de la inversió privada després de la revolució del 19 juliol del 1936 i l’inici de la guerra van accelerar encara més les ànsies socialitzadores dels immobles: era necessari trobar una nova font de finançament que substituís els propietaris privats per un de sol: l’autoritat municipal.

Els liberals, els estatalistes i els anarcosindicalistes

Els Decrets de Col·lectivitzacions i de Municipalització de la Propietat Urbana, necessaris per a l’esmentada «revolució urbana», van sorgir en el si del Consell d’Economia de Catalunya. La idea del Consell neix dins de les milícies antifeixistes i es va formalitzar mitjançant un decret de l’11 d’agost del 1936. La composició volia reflectir un equilibri entre les tres tendències que lluitaven contra el feixisme: el moviment obrer llibertari, els partits i sindicats d’inspiració marxista i la petita burgesia republicana.(2)

Els lloguers es van començar a deixar de pagar i van aparèixer diverses iniciatives revolucionàries encaminades a una administració alternativa de la propietat urbana, com ara l’Administració Popular Urbana de la CNT. Aquesta situació era la que neguitejava Tarradellas, qui emprendria un seguit de mesures legals per torpedinar els efectes emancipadors de la socialització dels immobles, una sèrie de decrets destinats clarament a protegir els propietaris i controlar les requises immobiliàries que s’estaven duent a terme des del primer dia de la revolució.

La contrarevolució o la fi del somni col·lectivista

La primera mesura va ser el Decret del 12 d’agost del 1936 de la Rebaixa dels lloguers de finques urbanes a Catalunya. La intenció era clarament contrarevolucionària: rebaixar els lloguers (allò circumstancial) per tal de salvar la propietat (l’essencial), «en un moment de particular desbordament revolucionari». La segona mesura va ser la creació per decret del 18 de setembre del 1936 del Comissariat de la Vivenda. Aquest és el primer organisme creat ad hoc per exercir un control polític directe sobre la riquesa urbana de tot Catalunya. Segons Grijalbo, vocal del Consell d’Economia per la UGT, aquest organisme es va crear al marge i en contra dels sindicats, fet que va provocar un recel que desencadenaria tota una sèrie d’incautacions de propietats per compte d’entitats diverses i sense una ordenació superior.

La tercera mesura, el Decret núm. 48 d’aquest pla, suspenia momentàniament el pagament de lloguers. «Es tractava, novament, d’una mesura de defensa de la propietat» i, segons el POUM, «tenia un sentit purament negatiu i anava dirigit exclusivament contra l’Administració Popular Urbana de la CNT». Així doncs, l’objectiu primordial d’aquesta disposició va ser aturar les apropiacions d’immobles considerades «arbitràries» per part del Comissariat. D’entre elles, les que més ira aixecaven eren les anarcosindicalistes, perquè eren les més preeminents i «perquè, a banda d’estar obertament enfrontada [la CNT] amb el Sindicat de Gestors Administratius i Administradors de Finques Units (UGT), exercia una competència ja aleshores qualificable d’il·legal a les funcions atorgades al Comissariat». Dins del mateix decret es creava una Comissió per a l’estudi del règim immobiliari formada per representants de les conselleries de Finances, Justícia, Economia i dels ajuntaments, i se suspenia el Comissariat de la Vivenda.

El projecte finalment aprovat va ser el presentat per Joan Grijalbo, vocal del ram de la Construcció per la UGT, amb algunes petites esmenes. La municipalització consistia en una expropiació molt àmplia, bé que no total, dels antics propietaris privats del sector. Afectava tots els immobles (3) excepte les finques utilitàries i les utilitàries-lucratives amb rendes baixes segons els municipis.(4)

Per als inspiradors del decret, la municipalització no era un acte revolucionari, sinó gairebé el contrari, es justificava per la situació «excepcional» del ram de la construcció en el marc de l’abandonament dels empresaris i propietaris. El preàmbul expositiu del decret no deixava dubtes sobre aquestes diferències. L’argumentació bàsica, gairebé única, per a l’adopció de la municipalització feia referència a la crisi del ram de la construcció i a l’atur consegüent.(5)

Els Fets de Maig del 1937 van suposar un gir en la situació política catalana, i també van significar un qüestionament del model col·lectivista pactat en els primers moments de la revolució a favor d’una estructuració econòmica molt més controlada pels organismes estatals. La contrarevolució impulsada pel PSUC s’acarnissaria amb les col·lectivitzacions, atacant els espais d’autogestió i substituint la lògica participativa obrera per l’estatalista.

Reflexions

Després d’aquest succint repàs d’una de les concrecions pràctiques del període revolucionari, queda preguntar-se què significa avui aquesta experiència i com la podríem adequar a les condicions presents. Actualment ens trobem en un dels moments més agres pel que fa a l’acumulació mitjançant la despossessió, en aquest cas, d’un bé tan bàsic com l’habitatge. Aquest bocí d’història resulta un exemple paradigmàtic d’una política urbana revolucionària.

Una política d’aquest tipus ni aleshores ni ara seria utòpica, sinó més aviat una necessitat per restablir la civilitat i reduir les tensions i patiments del conjunt de la societat. D’altra banda, en ser un organisme públic el recaptador principal o únic, allò comú esdevindria agent real de redistribució de la riquesa —si més no, d’aquella necessària per a la reproducció social—. Els ingressos dels consistoris creixerien substancialment gràcies a la recaptació dels lloguers de l’habitatge. Aquest augment de la liquiditat podria afavorir la col·lectivització no només del sòl, sinó dels materials i de la feina dels tècnics de la construcció, tal com suggeria el GATCPAC. També podríem afavorir la gestió autònoma d’aquests béns bàsics a través del que, en aquell moment, eren les Caixes Immobiliàries, ens públics, dues terceres parts dels quals serien formats per representants cívics i la tercera pel consistori.

Resta encara cercar respostes a preguntes com ara, quines propietats serien objecte de l’expropiació? La infrautilitzada o destinada exclusivament a l’especulació? O, simplement, com proposaven la CNT i el POUM, tota propietat urbana? Qui seria el titular? El municipi, les cooperatives? Es podria heretar l’usdefruit d’aquesta propietat si no és lucrativa?

Per engegar tot això, caldria aprofundir més en l’estudi d’aquests moments de transformació radical de les formes d’organització i distribució de la riquesa de les ciutats. Analitzar cadascun dels projectes debatuts abans de l’aprovació d’aquest decret ens permetria dissenyar propostes per a una nova economia urbana menys violenta i conscient dels efectes perversos i injustos de la liberalització del mercat del sòl.

Notes

(1). Concretament, afirmarà: «mientras los alojamientos constituyan la base de negocios y de especulación para el capital privado, y que su construcción y explotación dependan de empresas que no buscan más que un mayor rendimiento de los capitales invertidos, las viviendas en nuestras ciudades no serán “decentes”, ya que son la más pura expresión de esta organización financiera. […] Solo podremos empezar la regeneración de nuestras ciudades el día en que el alojamiento se considere como un servicio público de primera necesidad y se realice con las técnicas modernas para satisfacer nuestras eternas o nuevas necesidades. Para alcanzar ese resultado es preciso: a) Liberar el suelo de las ciudades. b) Que el alojamiento sea un servicio público» (Sert, 1937).

(2). Estava format per 15 membres, 5 de cadascuna de les tendències esmentades. Però, tal com assenyala Cendra, «Aquest equilibri no reflectia fidelment l’estat real de la situació política del moment a Catalunya, que es caracteritzava per l’hegemonia social de l’anarcosindicalisme. Significava, almenys, una sobrevaloració de la importància del bloc UGT-PSUC, de poca importància en els primers moments de la revolució» (2006: 26).

(3). Que no havien estat ja expropiats sense indemnització per haver estat declarats als tribunals els seus propietaris com a facciosos.

(4). «Son exceptuadas de la municipalización las fincas utilitarias y también las utilitarias-lucrativas que rendían en el mes de junio de 1936 hasta 25 pesetas mensuales en los Municipios de menos de 15.000 habitantes, hasta 59 pesetas mensuales en los Municipios de más de 15.000 habitantes, exceptuando el de Barcelona, y hasta 100 pesetas mensuales en el Municipio de Barcelona» (La Vanguardia, 19 de juny de 1937).

(5). Al preàmbul, d’una forma breu, s’expliquen els fonaments econòmics i socials pels quals els consellers de Finances, Justícia i Economia presenten al Consell el decret, amb tres línies bàsiques que el justifiquen: a) aconseguir que tot el col·lectiu obrer directament vinculat al ram de la construcció no es vegi «privat dels elements de vida indispensables» per haver d’engreixar les llistes d’atur forçós; b) la necessitat d’aportar noves fonts per la tresoreria de la Generalitat que permetin l’acabament de les obres abandonades pels constructors i la promoció de noves de naturalesa pública; e) evitar a la població la imatge d’abandonament que alimentava una progressiva manca de credibilitat en el govern republicà per la situació tan excepcional com la que s’estava vivint (Florences i Coca, 2012).

Cendra, I.: El Consell d’Economia de Catalunya, 1936-1939: revolució i contrarevolució en una economia col·lectivitzada. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006.

Florences i Coca, S.: El decret de municipalització de la propietat urbana de 1937. La seva aplicació a la ciutat de Barcelona. Universitat Oberta de Catalunya, 2011.

GATCPAC: «Esbós del pla a seguir per una acció immediata en el problema de la vivenda al Casc Antic de la ciutat». A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, núm. 25 (Problemes de la Revolució), 1937.

Grijalbo, J. i Fàbregas, F.: Municipalització de la propietat urbana. Barcelona, UGT, 1937.

Redacción: «El decreto sobre la municipalización de la propiedad urbana en Cataluña». La Vanguardia, 19 de juny del 1937, p. 3.

Roca, F.: «El decret de municipalització de la propietat urbana de l’11 de juny del 1937 i la “nova economia urbana”». Recerques: història, economia, cultura, núm. 2 (1972), p. 223-228.

Roca, F.: El Pla Macià. De la Gross-Barcelona al Pla Comarcal. Barcelona, La Magrana, 1977.

Roca, F.: Política, economía y espacio. La política territorial en Cataluña (1936-1939). Barcelona, Ediciones del Serbal, 1983.

Sert, J. L.: «Rapport n.o 2. Cas d’application Villes», en V Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. París, Logis et Loisirs, 1937.

Torres i Clavé, J.: «La transformació del concepte de l’estatge». Nova Iberia: revista mensual il·lustrada, núm. 2 (febrer del 1937), Barcelona, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, p. 39-41.




Ada Colau! dificil derrotar l’especulació immobiliària a Barcelona amb les seves eines.

Las mesures del Govern de la ciutat són encara un pas molt curt en el camí del parc públic d’habitatge a Barcelona.

El Govern en minoria absoluta d’Ada COLAU a Barcelona afila les darreres mesures en matèria d’habitatge abans de les eleccions municipals més disputades del 2019, amb escenaris inquietants, i com a nau insígnia dels Comuns i Podem a l’Estat espanyol. La victòria ajustada a les eleccions del 2015 es va donar al districte de Nou Barris on la candidatura d’Ada Colau va arrasar a tots els col·legis electorals. La raó evident era que el districte va patir des del 2007 un tsunami de desnonaments que entitats com la nostra, Asc. 500×20 i l’Avv de Ciutat Meridiana vam intentar aturar només amb bona voluntat i les mans buides.

Totes les mesures publicitades a la premsa van encaminades a augmentar el parc d’habitatge públic de la ciutat i són modificacions, actualitzacions o intencions d’aplicar normatives o lleis ja existents però que mai s’han usat més que excepcionalment. Les mesures del Govern d’Ada Colau ja han rebut el rebuig dels constructors i d’una bona part dels grups municipals. La Banca calla però té l’aixeta del crèdit perquè la capacitat fiscal i pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona no pot donar gaires alegries davant d’un tsunami inversor propulsat per BCE a través del crèdit bancari als constructors.

Les mesures convertides en *estrella* per les crítiques rebudes són:

  1. per a totes les noves llicències de construcció dels promotors privats reserva del 30% per a contribuir a la creació d’habitatge social. En el cas d’aplicar-se totes les promocions amb sostre superior als 600 m2 reservarien un 30% dels pisos a habitatge social de “compra protegida-HPO” o “lloguer social” – que no públic- perquè l’edifici és de propietat privada. Ens trobaríem així amb una mesura anti-gentrificadora doncs en un edifici d’habitatges de qualitat trobariem habitatge social de compra o lloguer.
  2. l’extensió a tota la ciutat del dret de tempteig i retracte de manera que l’Ajuntament tingui preferència a l’adquisició de finques en totes les operacions de compravenda a la ciutat comtal. En cas d’aplicar-se a tota la ciutat l’Ajuntament es reservaria el dret prioritari a comprar una finca si es posa a la venda. Un exemple d’aquest dret s’aplica als habitatges procedents d’execucions hipotecàries dels grans tenidors o de la banca.
  3. establir un termini de dos anys com a màxim per obligar als promotors a edificar solars i edificis declarats en ruïna i de tres anys per a reparcel·lacions. Si el constructor o propietari no ho fa, la mesura permet a l’Ajuntament l’expropiació forçosa i l’inici d’obres i pagar al propietari o promotor després en valor en pisos. Seria com una permuta no pactada d’ús corrent en el món de la promoció d’habitatges
  4. aplicació de les mesures legals contra el assajament immobiliari que existeixen des del 2007 amb la llei de l’habitatge.

La mesura 1 i 2 necessitaria la modificació del PGM – Pla General Metropolità- que requereix l’acord majoritari del tot el Consistori. La tercera mesura es basa en una llei del 1956 que permet obligar a construir si es supera el termini de la llicència sense fer-ho per evitar cassos de retenció especulativa. Aquesta tercera de fet Colau l’ha aplicat a l’inrevés donant nous terminis als promotors per construir després de l’aturada de la crisi. La quarta està contemplada en la Llei d’habitatge del 2007 que cap equip de govern no es va atrevir mai a aplicar. El mateix Jordi Hereu no es va atrevir en el cas del barri del Clot que expliquem aquí>>>. Totes les mesures esperen un llarg procés de tramitació consistorial i una batalla judicial dels promotors i ens privats pel lucre cessant.

La mesura 1, de reserva del 30%, carrega monetàriament sobre els promotors el deure de construir sabent que un 30% dels habitatges aniran a Habitatge de Protecció Oficial – venda- que serà l’elecció preferida per treure’s els crèdits bancaris. Diversos moviments socials hem demanat que només es faci habitatge de lloguer social i no pas HPO que va ser “el bressol de la societat dels propietaris” a l’Estat espanyol en les darreres èpoques i que va ser la metxa de la bombolla immobiliària. Els cassos de lloguer social, no són parc públic, sempre tenen data de caducitat (es retornen al mercat lliure) i sempre han necessitat enormes ajudes fiscals sobre m2 construït (* 1). De fet, aquestes ajudes sempre han existit però els promotors no tenen cap interès (* 2). No podrem tenir moltes alegries amb aquesta mesura.

La mesura 2, el dret de tempteig i retracte, pot tenir llargues batalles judicials pel tema de lucre cessant dels promotors. Ara be, aquesta mesura així com la mesura 3 d’expropiació de solars buits, descarreguen sobre l’Ajuntament la despesa pressupostària de comprar o construir. Tot i sent l’Ajuntament de Barcelona una administració rica, la darrera polèmica oberta pel PSC desvelant les retallades de despesa per manca de pressupost, siguin exagerades o no demostren que l’Ajuntament no és tant poderós econòmicament com a primera vista pot semblar (* 3). Ja li dèiem a l’alcaldessa Ada Colau al gener del 2016:

L’especulació immobiliària ofega Barcelona: què fem Ada Colau? on explicàvem que la inversió immobiliària estrangera a la ciutat al 2015 (1.975 milions €) s’apropa al pressupost total del consistori de l’alcaldessa Ada Colau (2.550 milions €) de tot l’any 2015 i per a tota la ciutat. Aquest monstre inversor no ho podrà derrotar amb les seves mateixes armes, és impossible.

Només amb el pressupost actual de l’Ajuntament de Barcelona no podem derrotar l’especulació immobiliària.

L’Estat espanyol està estructurat fiscalment com un estat franquista, que és d’on ve. El centralisme fiscal fa que la majoria de la recaptació fiscal dels impostos més importants estigui concentrada a Madrid i és “la capital del Reino” la que, després de cobrar, distribueix.

Després està la “Ley de Estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite del gasto público” on des de la modificació del article 135 de la Constitució, totes les administracions estan vigilades i tenen minvades la possibilitat d’endeutament. És el mantra neolliberal que diu que no es pot gastar més del que ingresses i que l’Equip de Govern d’Ada Colau, avui per avui, no ha renegat (*4). Encara que s’ha de reconèixer que el deute de Barcelona – 835,5 milions (*5)-no supera el 35% del pressupost anual – 2500 milons- té moltes limitacions legislatives i fiscals

De vegades les comparacions són importants per donar una magnitud del que es parla: L’emissió de deute internacional de Merlín -5.000 milions d ‘€ –  primera SOCIMI española- dobla el pressupost municipal de l’Ajuntament d’Ada Colau per 2018. Testa, participada, en un 17% per Merlín Properties, s’ha gastat 228 milions d ‘€ per comprar 1500 habitatges a CaixaBank, l’Ajuntament de Barcelona ha comprat 500 pisos per valor de 40 milions d’ €. Es necessitarà alguna cosa més que bona voluntat per aixecar un parc d’habitatge públic al nostre país (* 6).

Finalment, ni de l’Administració de Rajoy abans ni la de Pedro Sánchez avui podem esperar cap cop de mà pressupostari o legislatiu en matèria de lloguer per donar un tomb a la nostre ciutat en el tema de la inversió immobiliària, i l’emergència habitacional, que obliga al consistori a actuar desesperadament en els marges legals i pressupostari per a fer front al monstre de l’especulació.

En aquest terreny en que es vol moure Ada Colau, el del pressupost, és molt difícil derrotar l’especulació immobiliària. Però també les mesures 2 i 3 podrien tenir l’efecte contrari: produir un rebot circumstancial de la construcció residencial, resultat de la indignació dels promotors, que ompli les arques municipals de la recaptació immobiliària produïda. Però si aquesta circumstància es donés oblideu-vos del lloguer social als pisos del 30%, tots seran HPO.

Un exercici de realitat: Barcelona va construir 55.000 habitatges en la dècada prodigiosa

Viena té una població igual a Barcelona: 1,7 milions de persones. El rotatiu digital El Confidencial fa una explicació que resumeix be el repte de Barcelona si ens emmirallen a la capital austríaca en el que es refereix a habitatge públic i social (* 7):

“Como el mayor propietario inmobiliario de Austria, la ciudad de Viena posee alrededor de 220.000 apartamentos de alquiler”, recuerda un informe publicado por Wolfgang Föster, del Departamento de Estudios Inmobiliarios de la ciudad. Como complemento, hay otras organizaciones de lucro limitado que gestionan otros 136.000 apartamentos, y las cuales tienen el compromiso de reinvertir sus beneficios en el sector inmobiliario u ofrecer su vivienda a familias con bajos ingresos (un 50% debe estar destinada a ellos) a cambio de exenciones fiscales. El ayuntamiento impone un máximo precio de alquiler según la zona, gracias a una ley de 1917. En 2013 se encontraba en un máximo de 7 euros por metro cuadrado para estos pisos protegidos.

Este año, el municipio (Viena) ha gastado unos 577 millones en subsidiar el alquiler, construir y reformar, una cantidad sustancial debido al tamaño medio de la ciudad. Por ejemplo, Londres gasta una cantidad semejante, y su alcalde, Sadiq Khan, ha calculado que necesitarán unos 2.700 millones de libras de inversión para evitar que la crisis inmobiliaria se agrave. Estas intervenciones se traducen en facilidades económicas para los vecinos. En el reportaje de ‘The Guardian’, una enfermera llamada Barbara Hammer explica que paga 560 euros al mes por una casa de 80 metros cuadrados a 15 minutos en tranvía del centro de la ciudad

A Barcelona existeixen uns 820.000 habitatges i només uns 12.000 tenen la categoria de lloguer públic o social (1,5%). La demanda d’aquesta classe d’habitatge de lloguer a la ciutat està col·lapsada i hi ha cues d’un any per rebre un habitatge d’emergència. A la dècada prodigiosa de la bombolla immobiliària a Barcelona es van construir 55.872 habitatges. Ens podem imaginar l’esforç inversor de tot plegat. Les dades no són nostres, però és un estudi que vam fer el 2014 sobre dades proporcionades pel Consorci de l’habitatge de Barcelona:

Si tots els habitatges s’haguessin destinat a un parc públic de lloguer com demana la nostra associació des de la seva constitució fa més d’una dècada, només tindríem 65.000 habitatges…… el 8% de tots els pisos de la ciutat…. lluny de les dades de Viena, però també de Berlín o París. El que ha passat en els darrers 45 anys d’Ajuntaments democràtics és responsabilitat sobre tot del PSC i d’Iniciativa però també dels altres. Ada Colau no té cap responsabilitat fins el 2015 però tampoc ens podem creure que aquelles mesures faran miracles. És necessiten altres mesures polítiques de molt abast que necessiten una amplia mobilització ciutadana.

Sense justicia fiscal no hi ha un lloguer just.

Ho explicàvem molt alt i clar en aquest article fa uns dies>>>


Es posible una renta de alquiler adecuada a la renta familiar en mercado libre?

Por supuesto que SÍ. Es posible pagar un alquiler en función de la renta a un propietario privado sea cual sea su condición: abuelito, propietario marginal, Socimi, SICAV, sociedad patrimonial, fondo de inversión inmobiliaria etc……

Basta legislarlo. Para aflorar la bolsa de fraude de los arrendadores bastará con:

  • contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. La deducciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.
  • Eliminar las degravaciones fiscales al arrendamiento para que tributen como una ganancia más.
  • Con el ahorro fiscal eliminado a los arrendadores realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible… relacionado con aquel 30%. Con ello, el fraude fiscal de los arrendadores se habrá acabado.
  • Gravar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas no poniendo en el mercado sus viviendas vacías en alquiler.
  • Todas estas medidas evitan el enorme colapso burocrático que supone el engorroso y escurridizo control de precios según indices en un mercado libre, que la Administración no controla y toda la picaresca asociada.

El enorme lobby inmobiliario no tiene argumentos ante la injusticia del tratamiento fiscal de sus rentas parasitarias. Los países europeos más avanzados, tienen grandes parques de vivienda pública que suponen un enorme ahorro para todo el país. La gente paga menos por su vivienda y tiene dinero para gastar en la economía. ¿Por qué eso no es posible en nuestro país?

Se imaginan el parque de vivienda pública que podríamos tener si cada año el Estado español gastará esos 10.000 millones de euros en vivienda?

Por qué el Estado español y la izquierda monárquica ha renunciado a las políticas públicas de vivienda de alquiler y todo ese dinero lo regala a la iniciativa privada?

Ha demostrado ese derroche fiscal su papel en la promoción de la vivienda de alquiler en 25 años? NO NO y NO…. ha servido para reducir precios? NO NO y NO

Hace falta tocar alguna ley para asegurar la justícia fiscal? Hace falta modificar la LAU? NO NO y NO sólo la normativa de la Agencia Tributaria

Los Ayuntamientos del cambio, que piden todas las competencias en materia de alquiler, deberían tener muy claro todo lo explicado

A los Ayuntamientos del cambio……

SIN JUSTICIA FISCAL CONTRA LAS RENTAS INMOBILIARIAS PARASITARIAS NO HAY ALQUILER JUSTO NI ASEQUIBLE!

Salva TORRES, activista de asc. 500×20


Notes a peu de pàgina

  1. gencat.cat, Préstecs per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer– 2018-2042.
  2. El País, La construcción de vivienda social cae hasta niveles de los años 50.
  3. Socialistes Barcelona, Collboni denuncia desviacions al pressupost de Colau que podrien acabar en retallades.
  4. El Periódico, L’Ajuntament de Barcelona presenta un pressupost de més de 2.500 milions.
  5. europapress/catalunya, La deuda del Ayuntamiento de Barcelona se mantiene en 835,5 millones.
  6. El Confidencial, La política de Viena para ofrecer pisos baratos y qué podemos aprender de ella.
  7. Valencia Plaza, Testa Socimi: la primera en número de pisos en alquiler ultima su salida a bolsa invertiendo 500 millones para crecer



Es posible anular un desahucio por renta abusiva? SÍ……… y ha ocurrido en este país.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava del 2014 nos plantea ese primer interrogante que permite un viaje por el paraiso fiscal en que viven las rentas parasitarias del alquiler y la posibilidad de un alquiler justo.

Este documento explica a partir de una sentencia en Alava sobre alquiler abusivo en una vivienda pública qué medidas habría que tomar en el mercado libre para poder realizar un verdadero control de precios. A partir del análisis de los precios y la grave situación del alquiler en Barcelona abre una discusión paralela con Javier Burón, gerente de vivienda de la ciudad, contraponiendo a sus propuestas que el control de alquileres es imposible sin justicia fiscal. Presenta una serie de medidas como la retirada de todas las subvenciones a la propiedad (+ de 10.000 millones anuales – más de 2 veces el presupuesto estatal de Sanidad) por parasitismo rentista. Y añade que ese dinero sea gastado en un parque de vivienda pública y en desgravar el alquiler a todos los inquilinos en función de su renta para así acabar por una vez con la enorme bolsa de fraude fiscal de los propietarios físicos y jurídicos.


Un hogar de Vitoria gana en segunda instancia un pleito con Alokabide

El 13 de Junio de 2014 la Audiencia de Álava anulaba un desahucio de alquiler promovido por Alokabide, la gestora de vivienda pública del Gobierno vasco, en demanda interpuesta el 20 de noviembre de 2013. El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vitoria-Gasteiz, declaró en el Auto de Juicio Verbal de Desahucio nº 1586/13 la condena en costas y el pago de las cantidades no abonadas de rentas de alquiler de una vivienda de Alokabide situada en la capital Vitoria y el desahucio del inquilino.

El inquilino de esa vivienda pública recurrió aquel Auto porque Alokabide había suprimido del contrato la cláusula de revisión de rentas y lejos de adecuar la renta de alquiler, en las revisiones anuales, a la renta familiar disponible continuó aumentando estas. El fallo de la Audiencia Provincial de Álava decía claro que anulaba el desahucio del inquilino basándose en que la sociedad pública gestora (Alokabide) no revisó anualmente el precio del alquiler, a pesar de que las condiciones económicas del afectado habían empeorado y de que, por tanto, le correspondía pagar una renta menor.

El recurso del inquilino se basó en el Real Decreto 39/2008, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo -aplicable en el País Vasco-, así como en la Orden de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Vivienda, sobre precios máximos. También en los criterios manifestados públicamente en sede del Parlamento Vasco, en las que se ha venido asegurando que el límite de renta de alquiler es del 30 por ciento de los ingresos.

Lo explicábamos en nuestro blog en noviembre del 2014:


Claro, era un piso público!

Pero eso es generalizable?

Veamos que sucede en Barcelona actualmente en los alquileres

Datos del alquiler referenciado a la renta familiar disponible y al precio medio del mercado libre de la ciudad en el período 2000-2018.

Creemos que existe consenso entre determinados sectores mayoritarios de la sociedad que lo que ocurre hoy con el aumento de alquileres es un disbarate producido por una legislación que sólo beneficia a la propiedad inmobiliaria. Esa legislación, basada en las sucesivas reformas de la LAU – Ley de Arrendamientos Urbanos- del 1985 de Miguel BOYER- PSOE, con el apoyo mayoritario del arco parlamentario, ha ido empeorando las condiciones para el inquilino. Reducir los tiempos de los contratos, facilitar el desahucio y incentivar fiscalmente a la propiedad ha sido la receta ensayada, una y otra vez, durante los últimos 25 años con un resultado nefasto: aumento de la inseguridad del inquilino, precios desorbitados en relación a la renta familiar disponible y reducción de la oferta. La receta neoliberal – lejos del pretendido incremento- de viviendas en alquiler y la reducción de precios tuvo el efecto contrario porqué en un mercado libre, que domina el 98,5% de la oferta,la pretendida receta era una estafa.

Las diferentes reformas del alquiler ensayadas se parecen en filosofía a las reformas del mercado de trabajo. Ambas han destrozado los derechos de los más indefensos con medidas que supuestamente iban a mejorar el paro o el aumento de la oferta de viviendas de alquiler. Todo mentira. En el pico de la burbuja hipotecaria en 2006 la vivienda en propiedad llegaba al 90,1% del parque de 24 millones de viviendas del país. Era récord mundial de vivienda en propiedad en “la sociedad de los propietarios hipotecados“. Solamente en ciudades como Barcelona los hogares en alquiler alcanzaban en número cifras europeamente razonables entorno al 32%.

Hasta aquí todo este análisis tendría el consenso entre los partidarios de políticas socialmente redistributivas.

El disenso viene cuando se buscan alternativas para mejorar esta situación tan desventajosa para crecientes capas de la población, que despojadas de todo perfil financiero solvente, para comprar una hipoteca, se ven lanzadas a alquilar una vivienda. El aumento de la demanda en ciudades como Barcelona ha llevado el mercado a cifras del 36% de hogares en alquiler. Pero el aumento de la oferta y de la demanda, de los 3 últimos años, sólo ha supuesto un nuevo incremento de los precios de los alquileres que en cifras oficiales ya superan a los de la anterior burbuja en la ciudad condal.

El aumento es de 1,4 €/m2 desde máximos en el 2008 – 12,2€ – hasta los 13,6 del 2017. La imagen muestra los datos del Incasol referenciados a las fianzas depositadas. Aunque si se miran los precios de los portales privados el alquiler medio llega hasta los 16 €/m2.

Por lo tanto, nos encontramos con una nueva burbuja del alquiler. Tampoco ha sido la primera ni la segunda. La burbuja principal fue del 1998 al 2007 cuando las rentabilidades del alquiler de las que hablamos más adelante, superaron durante una década los dos digitos. Lo que hace a esta burbuja especialmente dolorosa es que las rentas familiares han caído, en toda esta década de crisis, hasta un 25% lo que hace que la vivienda puede llevarse hasta el 70% de la renta familiar disponible.

Qué significa que el alquiler medio sea de 13,3 €/m2 en el 2018?. Pues que un piso medio de 70m2 cuesta una renta de 930 euros, gastos aparte y suministros aparte…. lo que significa que la vivienda se acerca a los 1200 euros en Barcelona. Los datos de la ciudad y distritos se pueden consultar en Xifres d’Habitatge publicadas por el Ayuntamiento de Barcelona desde el 2000 (1).

Por distritos, la variación suele estar entre un euro y 1,5 euros. En el 2008, pico de la anterior burbuja, los precios medios €/m2 por distritos en Barcelona eran:

  • Eixample: 11,15 €/m2
  • Les Corts: 12, 15 €/m2
  • Sant Gervasi: 12,55 €/m2
  • Nou Barris: 10,3 €/m2

¿El recibo de alquiler debe estar adecuado a la renta familiar disponible o a lo que dictamine el mercado libre?

Javier Burón, actual Gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, bajo el mando del regidor d’Habitatge Josep María Montaner, fue vice-consejero de Vivienda en el Pais Vasco hasta el 2009 donde se encuadra el servicio de Alokabide del mencionado desahucio de Vitoria. El sr. Burón tiene una reputada experiencia en los temas de vivienda por lo que su opinión actual con lo que pasa en la ciudad condal y en general con el alquiler debe ser tenida en cuenta. El sr. Burón refiriéndose a la pregunta del encabezamiento se propone firme partidario de la siguiente solución en una larga explicación en su blog (2):

“… Así que yo, personalmente, no veo una dicotomía entre los incentivos fiscales (siempre que estén adecuadamente diseñados para aumentar la duración de los contratos y para moderar los precios) y la regulación de umbrales legales máximos de precio…”

El Gerente de Vivienda de la ciudad de Barcelona es pues firme partidario de regular los umbrales máximos de alquiler y aplicar incentivos fiscales a los propietarios.

La pregunta es: siendo los precios medios publicados por el INCASOL para la ciudad de Barcelona los vistos en la imagen y siendo esos precios “los medios“, y no LOS MÁXIMOS, ¿cree el sr. BURÓN que son asumibles por la mayoría del precariado que vive en la ciudad?

Para apoyar su tesis, el Gerente de Vivienda de la ciudad de Barcelona realiza una exhaustiva explicación sin cifras. Uno de los puntos fuertes de su propuesta es que la Generalitat de Catalunya ha creado un ÍNDICE LEGAL DE PRECIOS DEL ALQUILER e invita a visitarlo (3). El que escribe también invita a visitarlo. La Agència de l’Habitatge de Catalunya explica como elabora su índice:

CAT: L’Índex de Referència de Preus de Lloguer és la mitjana aritmètica dels preus de lloguer per metre quadrat de tots els habitatges que s’han trobat dins l’àrea de cerca obtinguda a partir dels criteris introduïts.

CAST: El Índice de Referencia de Precios de Alquiler es la media aritmética de los precios de alquiler por metro cuadrado de todas las viviendas que se han encontrado en el área de búsqueda obtenida a partir de los criterios introducidos.

O sea, el índice se elabora haciendo una media de los alquileres que “el mercado decide en la zona”…. mercado por cierto libre, porqué a diferencia de ciudades que el sr. Burón cita como Berlín y París, el mercado regulado – el parque publico de alquiler – como bien ejemplifica la sentencia contra Alokabide, en nuestra ciudad representa el 1,5%. Porcentaje que no tiene ninguna capacidad de ejercer de contrapeso al mercado libre en la confección de Index de referència de Preus de Lloguer.

Finalmente el sr Burón se moja con los incentivos fiscales y la duración de los contratos:

“…Yo creo que un buen esquema de incentivos fiscales debe favorecer los alquileres de larga duración, así como…… los alquileres de precios moderados…”

Muy claro, incentivos fiscales para contratos de larga duración y precios “moderados” (moderados según el mercado libre). Llama la atención que los contratos de larga duración son los de la LAU de Miguel Boyer, 5+3. Pueden parecer una eternidad comparados con los 3+1 del PP pero continúan SIN PERMITIR UN PROYECTO DE VIDA ESTABLE. En Europa existen los contratos de alquiler indefinidos o por tiempo indeterminado. No son derechos franquistas, como mal se justifica el sr. Burón, son derechos europeos actuales que los inquilinos de nuestro país no tienen.

MÁS INCENTIVOS FISCALES AÚN A LOS PROPIETARIOS? Y POR QUÉ NO A LOS INQUILINOS QUE NO TIENEN NINGUNO?

El sr. Burón continua con “el sambenito” que añadiendo incentivos fiscales a los propietarios el problema del alquiler se soluciona o se suaviza como mínimo. Sus argumentos aún así no tienen respaldo de ninguna cifra objetiva. Aquí les explico las cifras objetivas…

Actualmente los propietarios físicos y jurídicos de viviendas en alquiler en España disfrutan de múltiples ventajas fiscales que según nuestros cálculos superan ampliamente los 10.000 millones de euros anuales que suponen casi el 4% del presupuesto anual del Estado español. Es dos veces el presupuesto para la Sanidad. Las deducciones (gastos de mantenimiento y amortizaciones) y las desgravaciones fiscales se hacen sobre personas físicas y comunidades de bienes y también sobre personas jurídicas ( fondos de inversión inmobiliaria, Socimis, sociedades patrimoniales, SICAV…).. (4)

En todos los casos expuestos de personas físicas y jurídicas, los gastos se deducen siempre del montante de alquileres cobrados.

¿Cuales son esos gastos que se pueden deducir siempre los propietarios de las rentas cobradas?

    • Los intereses producidos por créditos que se abonen por la compra de la vivienda
    • Los impuestos y tasas estatales que incidan sobre los rendimientos o la vivienda: IBI, tasa por limpieza, recogida de basuras o alumbrado, vado y gastos de comunidad
    • Los gastos de formalización del arrendamiento y los de defensa de carácter jurídico
    • Los gastos de conservación, mantenimiento y reparación (que no incluyen las cantidades destinadas a la ampliación o mejora de la vivienda): pintura y otros arreglos estéticos; reparación o sustitución de elementos defectuosos, como ventanas, calefacción o instalación eléctrica.
    • Los contratos de seguro (de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de cristales u otros de naturaleza análoga)
    • Las cantidades destinadas a servicios o suministros (luz, agua, gas, teléfono)
    • La amortización del inmueble y los bienes que contenga (cerca del 3% del valor de construcción por el desgaste del mismo) OJO! ESO SIGNIFICA QUE UN PROPIETARIO CON ESTA DEDUCCIÓN RECUPERA EL VALOR CATASTRAL DE LA VIVIENDA EN 30 AÑOS, PERO SE LO PUEDE DEDUCIR ETERNAMENTE. Por ejemplo, la edad media de los pisos en alquiler en Barcelona es de 72 años (5), eso quiere decir que con esa deducción, el propietario a recuperado como mínimo dos veces el valor catastral de la vivienda. (6)
    • Los gastos de administración, cuidado de jardines, vigilancia, portería y otros servicios relacionados con la finca

La filosofía de estas deducciones es que para mantener el piso que alquilas, los gastos se deben deducir de lo que cobras.

  • Puede el arrendador deducirse esos gastos y cobrárselos también al inquilino? Sí. Es legal? NO. La Agencia Tributaria lo vigila? NO, nunca.

  • Las rentas del trabajo tienen igual tratamiento fiscal ? NO

  • Las rentas del trabajo sólo se deducen 5500 euros, el llamado mínimo personal. O sea, que para mantener un piso en condiciones el propietario se puede deducir todos los gastos y encima nadie fiscaliza si tiene doble cobro. Ahora si eres un trabajador, por mantenerte en vida y poder trabajar no te dejan deducirte todos los gastos que tienes, sólo te dejan deducirte 5500 euros. Eso es claramente INJUSTO.

Pero además los propietarios tienen derecho a desgravaciones fiscales mientras que las rentas del trabajo NO!

¿Cuales son además las desgravaciones fiscales que se pueden deducir siempre los propietarios de las rentas cobradas y con los gastos ya deducidos?

Una vez los propietarios se han deducido todos los gastos de los alquileres cobrados, sin que nadie lo vigile, sobre el resto se aplica una deducción fiscal del 50%. En el ejemplo de muestra, sobre unos alquileres cobrados de 8936 euros, el propietario/a solo tributa por 2866,4 €. NINGUNA RENTA DEL TRABAJO TIENE SEMEJANTE TRATAMIENTO FISCAL. El tratamiento fiscal de las rentas inmobiliarias de alquiler es rentismo parasitario. No se produce nada, no se crea nada, se vive rascándose la barriga blandiendo un título de propiedad que es un chantaje al derecho a la vivienda.

este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo cotizará por 2866,40€. La casilla 66 es una desgravación fiscal del 60% sobre la casilla 65.

Esta declaración de una persona física en el IRPF del año 2014 muestra todo lo que estamos explicando. Eso es muy injusto. Así el famoso abuelito, que es la excusa de la mano dura contra los inquilinos, que tiene un pisito en alquiler que le complementa la pensión, recibe enormes ventajas fiscales por ser rentista parásito del inquilino pero como pensionista es castigado fiscalmente pagando por su pensión un IRPF que no debería.

Resulta curioso el giro parasitario que toda la fiscalidad de los bienes inmuebles está sufriendo en todo el mundo. El recurrido argumento que no se puede cargar fiscalmente a las multinacionales porqué desmontan la fábrica y se van a otro país en el tema inmobiliario nadie lo usa. Los bienes raíces, son eso, tienen raíces, no se pueden mover. Por qué los gobiernos de todo el mundo no les aplican la represión fiscal a unas ganancias abusivas. No se pueden llevar el piso a otra parte. Señores Diputados, ¡carguen de impuestos a sus ganancias desorbitadas!. Pues no! La fiscalidad inmobiliaria supone una enorme mordida a los Presupuestos Generales del Estado pero pasa desapercibida en todos los medios. Incluso si le preguntas a un propietario te dirá que eso de los impuestos lo lleva su asesor fiscal, su API, etc….. silencio sepulcral!

Así el famoso abuelito, que es sistemáticamente la excusa de la mano dura contra los inquilinos, que tiene un pisito en alquiler que le complementa la pensión, recibe enormes ventajas fiscales por ser rentista parásito del inquilino pero como pensionista es castigado fiscalmente pagando por su pensión un IRPF que no debería.

El sr. Burón, gerente de Vivienda de Barcelona, por el cargo que ocupa debería entender que sus propuestas debe basarlas en datos reales. Con estos datos que le hemos expuesto, el sr Burón debería explicar ¿por donde añadiría aún más incentivos fiscales al abuelito y a la SOCIMI? …

Sin justicia fiscal contra las rentas inmobiliarias no hay alquiler justo alguno!

Volvamos a nuestro desahucio de ALOKABIDE del 2014. Tanto en el caso de Alokabide -Gobierno vasco- como en el Patronato de Vivienda en Barcelona, la regla no escrita, no legislada, es que el recibo del alquiler y los suministros básicos no pueden superar el 30% de la renta familiar disponible. Y un Juzgado, una Audiencia provincial y un magistrado fueron capaces de decidir que eso era así porqué lo decía la ley.

Por qué la ley no dice lo mismo para todos los pisos que la Banca tiene en alquiler social después de ejecutar fraudolentamente las hipotecas de miles de familias?

El sindicato de inspectores de Hacienda se queja desde hace años de la enorme bolsa de fraude fiscal en los alquileres especialmente endémica en las personas físicas…. los abuelitos. En el 2011, último año con cifras oficiales, de 2,5 millones de hogares en alquiler según el INE, sólo 1,14 millones de arrendadores declaraban las rentas que cobraban y se desgravaban 3.241 millones de euros. El 54% de contribuyentes – arrendadores, defraudaban a Hacienda y suponía otros 3.000 millones de euros.(7) Por contra, en esa época, algunos inquilinos aún disfrutaban de alguna desgravación que benefició a 800.000 contribuyentes por valor de solo 353 millones… un 5% comparado con los 6000 millones que se llevan sólo los arrendadores, como personas físicas, dejando aparte aún a las jurídicas (8). El resumen que podemos hacer de esto, es que los propietarios, grandes y pequeños parasitan la Hacienda pública con una enorme capacidad de chantaje sobre un derecho fundamental que es la vivienda.

Rentabilidad parásita del alquiler

La rentabilidad media del alquiler ha sido en 2017 del 10,9% anual según el Banco de España (9). Si el crecimiento del PIB ese año fue del 3,1 quiere decir que el crecimiento de la rentabilidad del sector es parasitario pues crece más deprisa que la economía y que las rentas de los inquilinos. Además hay indicios que esos datos muestran otro comportamiento parasitario: capacidad de establecimiento de los precios como los monopolios. Dirán que eso no es posible porqué existen miles de propietarios grandes y pequeños y que cada uno parasita a su inquilino. Pero esa rentabilidad desorbitada es porqué tienen capacidad de monopolio, al margen de la economía, y no es el número de propietarios que indica la libre concurrencia sino que el mercado en España esta configurado de manera monopolista porqué se chantajea a millones de inquilinos con vivir bajo un puente sino pagan rentas monopolistas que no guardan relación con las rentas familiares. Por otro lado, en las curvas de rentabilidad que muestra el Banco de España se muestran claramente tres ciclos que coinciden con la expansión o retroceso del crédito bancario a la vivienda. El ciclo de oro del 1998-2007 coincide con el del boom inmobiliario e hipotecario. Son los bancos que con su crédito deciden en realidad el destino de millones de hogares.Trabajaremos más este punto en otro artículo.

Es posible una renta de alquiler adecuada a la renta familiar en el mercado libre?

Por supuesto que SÍ. Es posible pagar un alquiler en función de la renta a un propietario privado sea cual sea su condición: abuelito, propietario marginal, Socimi, SICAV, sociedad patrimonial, fondo de inversión inmobiliaria etc……

Basta legislarlo. Para aflorar la bolsa de fraude de los arrendadores bastará con:

  • contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. La deducciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.
  • Eliminar las degravaciones fiscales al arrendamiento para que tributen como una ganancia más.
  • Con el ahorro fiscal eliminado a los arrendadores realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible… relacionado con aquel 30%. Con ello, el fraude fiscal de los arrendadores se habrá acabado.
  • Gravar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas no poniendo en el mercado sus viviendas vacías en alquiler o vendiéndolas.
  • Todas estas medidas evitan el enorme colapso burocrático que supone el engorroso y escurridizo control de precios según indices en un mercado libre, que la Administración no controla y toda la picaresca asociada.

El enorme lobby inmobiliario no tiene argumentos ante la injusticia del tratamiento fiscal de sus rentas parasitarias. Los países europeos más avanzados, tienen grandes parques de vivienda pública que suponen un enorme ahorro para todo el país. La gente paga menos por su vivienda y tiene dinero para gastar en la economía. ¿Por qué eso no es posible en nuestro país?

Se imaginan el parque de vivienda pública que podríamos tener si cada año el Estado español gastará esos 10.000 millones de euros en vivienda?

Por qué el estado español y la izquierda monárquica ha renunciado a las políticas públicas de vivienda de alquiler y todo ese dinero lo regala a la iniciativa privada?

Ha demostrado ese derroche fiscal su papel en la promoción de la vivienda de alquiler en 25 años? NO NO y NO…. ha servido para reducir precios? NO NO y NO

Hace falta tocar alguna ley para asegurar la justicia fiscal? Hace falta modificar la LAU? NO NO y NO sólo la normativa de la Agencia Tributaria

Los Ayuntamientos del cambio, que piden todas las competencias en materia de alquiler, deberían tener muy claro todo lo explicado

A los Ayuntamientos del cambio……

SIN JUSTICIA FISCAL CONTRA LAS RENTAS INMOBILIARIAS PARASITARIAS NO HAY ALQUILER JUSTO NI ASEQUIBLE!

Salva TORRES, activista de asc. 500×20

 


Postdata:

  1. Ajuntament de Barcelona, Xifres d’Habitatge.
  2. Léolo, LIMITACION LEGAL DEL LOS PRECIOS DEL ALQUILER. Algunas aclaraciones para poder tener un debate constructivo.
  3. Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Index de preus de lloguer.
  4. pisos.com, Cómo optimizar fiscalmente las rentas del alquiler?.
  5. La Vanguardia, Barcelona tiene la vivienda en venta o alquiler más antigua.
  6. prouespeculacio.org, La burbuja del mercado del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero.
  7. La Carta de la Bolsa, Más del 55% de los alquileres de viviendas se ocultan a Hacienda.
  8. ghesta.es, Sindicato de Inspectores de Hacienda, Más de dos millones de contribuyentes dirán adiós a incentivos fiscales por alquilar.
  9. expansion.com, La rentabilidad de la vivienda ya supera el 10% en España. Este dato extraido de estudios del Banco de España hacen concluir al informativo que la vivienda en alquiler tiene la misma rentabilidad que fondos de inversión de alto riesgo.



Desde el 2012 en Barcelona los desahucios de alquiler llegan al 90% del total de actuaciones judiciales en vivienda

Los desahucios de hipoteca popularizados por la PAH nunca superaron en número a los de alquiler en la ciudad.

El Ayuntamiento de Ada Colau certifica que desde el 2014 se han reducido los desahucios un 22% en la ciudad.

El problema viene de hace muchos años. El problema siempre ha sido grave, muy grave.

En nuestro país nunca te puedes fiar de las cifras que se suelen dar en torno al negocio de la vivienda. A pesar de ser el principal motor económico durante muchos años, el obscurantismo y la dificultad en encontrar datos contrastados sobre vivienda revela la desidia de las administraciones y los medios de información que prefieren vender determinados relatos o ficciones construidas sobre la realidad social.

En nuestra Asociación siempre hemos defendido que las viviendas en alquiler soportan el grueso de los desalojos. Pero también el Consejo general del Poder Judicial, Cáritas, las Oficinas de Vivienda en los Ayuntamientos confirmaban año tras año esos datos desde el inicio de la crisis en 2007. Y el grueso de los desalojos de esta década se realizaba en un exiguo parque de vivienda de alquiler de 2,5 millones de hogares sobre 24 millones de viviendas construidas en la piel de toro.

Era la época en que el relato de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca ganó a la opinión pública. Los desahucios de hipoteca se llenaban de activistas para pararlos mientras los inquilinos quedaban totalmente invisibilizados en el relato mediático hasta el punto que algún magistrado llamó la atención sobre este punto. Lo decía en 2012 el juez de Instrucción José Antonio Vázquez Taín, de A Coruña, cuando afirmaba que se otorga mayor presencia mediática a los impagos de hipotecas, pero la mayoría de los casos de desahucio de viviendas se debe al impago de los alquileres mensuales“. El juez advirtió que la “corriente mediática” de estos días tiende a hablar solo de los desalojos por impago de hipotecas, lo que según él “puede dar origen a una actuación injusta, pues instaurará los desalojos de primera y de segunda”. Y lo ejemplificó: “se puede dar el caso en un mismo edificio de un desalojado por impago de alquiler al que nadie tendrá en cuenta y otro que será hipotecario y que tendrá ahí todos los focos y apoyo social“(1).

Desde hace años en Barcelona los desalojos de alquiler siempre coparon el grueso de los desalojos en la ciudad

Barcelona es de las ciudades que ha tenido siempre más hogares en alquiler. La media ha sido del 32% al inicio de la crisis hasta el 38% actual que certifica el Ayuntamiento de la ciudad (2). Eso sin desmerecer los varios miles de viviendas ocupadas y los otros miles de realquilados que por su propia incapacidad organizativa ni siquiera aparecen en la prensa y que se concentran en los barrios más pobres de la ciudad como Nou Barris, PobleNou y Sants- Montjuïc.

En 2012, una joven Ada Colau, portavoz de la PAH- Plataforma de Afectados por la “HIPOTECA”, tuvo que reconocer en BTV- Barcelona Televisió – que el grueso de los desahucios en la ciudad eran de alquiler(3). No eran los de hipoteca, eran los de alquiler. En 2008, después de la desaparición de V de Vivienda, y aprobada la Llei del Dret a l’Habitatge, hubo un reflujo del activismo que sobrevino con el inicio de la crisis. El dilema fue reivindicar el derecho a la vivienda en general – hipoteca- alquiler – ocupaciones, (opción que tomó nuestra Asociación) o dedicarse exclusivamente en la hipoteca. Esa fue la opción de un grupo de activistas, entre ellos, Ada, que decidió que había que construir la PAH. No podemos negar el éxito de su relato en un país que en 2007 alcanzó el cénit de vivienda en propiedad, según algunos estudios, del 90,1% (4). Desde tiempos inmemoriables el relato de “la vivienda en propiedad y de “la sociedad de los propietarios” había ganado el imaginario colectivo.

La problemática del alquiler quedó marginal porque incluso muchos activistas de las PAH eran propietarios, emprendedores, que alquilaban una vivienda para pagar al Banco. No querían saber nada de los inquilinos. Solo cobrar las rentas cada mes.

2012- Els lloguers impagats copen el 95% dels desnonaments a Barcelona

Una tendencia que se agrava en la actualidad por la fiebre inversora extranjera y la ley anti-social de Arrendamientos Urbanos- LAU

Lo hemos resumido en el siguiente “tuit” que ejemplifica como año tras año, hasta hoy, los desahucios de alquiler copan la mayor parte de las actuaciones judiciales en vivienda. En 2012, nuestra Asociación, que lucha por el Alquiler Público y Asequible, lo definía así (5):

El alquiler se concentra en las grandes ciudades y la mayoría de inquilinos son personas de bajo poder adquisitivo, rentas antiguas, jóvenes, mujeres solas con hijos a cargo y la inmigración que en un 70% vive en alquiler o en habitaciones (6). Un 10% del parque inmobiliario nacional pero que concentra más de la mitad de los desalojos.

Nosotros culpabamos al PSOE y su ministra Chacón con el desahucio express – 2010- y luego al PP por reducir los contratos a 3 años -2012-. Y los diarios iban certificando año tras año que, en Barcelona, el grueso de los desahucios se cebaban en los inquilinos:

Debemos entender en esta noticia, publicada en la web del Ayuntamiento, que los desahucios han disminuido, NO en sede judicial, sino que por la actuación encomiable de los trabajadores de la UCER – Unidad Contra la Exclusión Residencial- creada por el Ayuntamiento de Ada Colau en 2015.

Los inquilinos viven bajo una dictadura legislativa, jurídica, fiscal y económica del rentista, sea un banco, socimi o un abuelito.

Los desahucios de alquiler existen por las penurias económicas pasadas, actuales o futuras de los cerca de 3,8 millones de hogares que, en la actualidad, viven en alquiler en el Estado español. Son hogares, como hemos dicho, cuyo derecho ciudadano a la vivienda existe si cumplen el pago de las rentas que marca un mercado libre siempre desbocado y que no tienen ninguna relación con los salarios de los que allí viven. Es por tanto, una dictadura económica que se ceba sobre los hogares con menos recursos, el precariado, que viven en la continuada angustia de pagar las rentas.

Las diferentes reformas legislativas de ese mercado libre, de las más regresivas de Europa, siempre han tenido como objetivo deliberado de que, el alquiler marginal, sin derechos, un 99% privado, sería la pieza clave de la burbuja inmobiliaria de “la sociedad de los propietarios“. Desde la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1985 -LAU- del ministro socialista Boyer hasta los cambios legislativos de los últimos gobiernos de Zapatero y Rajoy se han triturado los derechos de los inquilinos, haciendo inviable cualquier proyecto de vida: con 3 años de contrato, el desahucio express al dejar de pagar una sola cuota por un percance económico, dando a entender que todo aquel inquilino que no paga lo hace de mala fe.

Las diferentes reformas legislativas del mercado libre siempre han tenido como objetivo deliberado de que, el alquiler marginal, sin derechos, sería la pieza clave de la burbuja inmobiliaria de “la sociedad de los propietarios

La firma de un contrato de alquiler, es la firma que garantiza al inquilino el derecho a la vivienda. Pero un contrato de alquiler es un contrato de adhesión donde la alternativa es vivir debajo de un puente. Por lo tanto, es el título de propiedad el que prevalece jurídicamente dando todo el poder al casero, como único argumento para hacer negocio sin trabajar. Los clásicos del Capitalismo no del marxismo, como Adam Smith, lo llamaban parasitismo rentista (7). El contrato de alquiler es una dictadura jurídica pues no permite más defensa, de hecho, que pagar lo que quiere el mercado. En los juzgados, los jueces no tienen muchos miramientos con los inquilinos, porqué muchos de ellos forman parte también de la clase de rentistas por derecho sucesorio o de herencia y la defensa es meramente formal.

Con diferencia, en los últimos años, los contratos hipotecarios han tenido sucesivos terremotos porque han sido considerados desde la Unión europea, como “contratos de consumo” de usuarios de banca. Las escrituras hipotecarias deberían garantizar los derechos de esos consumidores. Los contratos de alquiler, son contratos privados, que para el inquilino solo garantizan su derecho a la vivienda si se le paga al propietario –banco, socimi o abuelito –, la renta cada mes. Punto.

Pero le podemos dar la vuelta a este argumentario ¿por qué el Estado español, desde hace medio siglo, carga sobre los propietarios la responsabilidad de proporcionar vivienda a las familias pobres y no la asume él? o ¿por qué esa tarea que no quiere asumir el Estado encima supone un trasvase de más de 10.000 millones anuales en ayudas al alquiler a los propietarios? Si la vivienda no es un derecho ciudadano exigible al Estado (el artículo 47 de la Constitución es meramente declarativo) podríamos entonces considerar la vivienda un bien de consumo. Y como tal, los contratos de alquiler serían abusivos porqué una de las partes tiene poder de fijación de precios, de monopolio, por lo que como mínimo los contratos, aunque privados, se deberían celebrar ante fedatario público y con una negociación de las cláusulas. Si no, qué sentido tiene que el Estado quién pague ayudas sobre al alquiler directamente a la propiedad sin fiscalizar dichos contratos, que son privados. Por eso, nosotros consideramos las ayudas al pago del alquiler, un chantaje de la propiedad a los poderes públicos, para obligarlos a pagar rentas que no tienen ninguna relación con las rentas salariales ni con la riqueza generada en el país. ES LA LUCHA DE CLASES.

El contrato de alquiler es una dictadura jurídica pues no permite más defensa, de hecho, que pagar lo que quiere el mercado. En los juzgados, los jueces no tienen muchos miramientos, porqué muchos de ellos forman parte también de la clase de rentistas por derecho sucesorio o de herencia.

Los contratos de alquiler son una dictadura fiscal a favor de la propiedad pues tienen enormes ventajas fiscales que no poseen las rentas relacionadas con la producción de bienes o con el trabajo asalariado. En 2014, según GHESTA, los propietarios como personas físicas sólo 1,18 millones (46%) declararon los alquileres cobrados por los que recibieron un monto de 3.241 millones de euros al poderse desgravar entre el 60 y el 100% del IRPF. Pero había otros 1,25 millones de propietarios (54%) que no declaran los arrendamientos cobrados. Son una enorme bolsa de fraude calculada entorno a 3000 millones anuales por los inspectores de Hacienda de GHESTA. Por tanto, el bolsillo de los pequeños caseros se traga los 3.241millones de desgravaciones fiscales del IRPF y otros 3000 millones del fraude fiscal. Por contra, según GHESTA, sólo 820.914 hogares en alquiler se beneficiaron de las desgravaciones en el IRPF ese año que sumaban 353 millones de euros a repartir entre los inquilinos que no superaban los 1600€/mes de ingresos brutos familiares. En el 2015 el PP agrava el sesgo clasista de la política de vivienda al eliminar la desgravación a los inquilinos y mantenerla para los propietarios que por hoy Pedro Sánchez ni entra en sus cábalas modificar (8). Pero además, la propiedad – banco o socimi o abuelito- tiene derecho a desgravar la amortización catastral de la vivienda arrendada y cargar con todo tipo de gastos y impuestos añadidos a la renta que nunca la administración tributaria ha fiscalizado si hay doble contabilidad. Por lo que las cláusulas adicionales de gastos y impuestos de los contratos de alquiler son otro chantaje al inquilino pero también al Estado que lo permite y calla.

Los contratos de alquiler son una dictadura fiscal a favor de la propiedad pues tienen enormes ventajas fiscales que no poseen las rentas relacionadas con la producción de bienes o con el trabajo asalariado…. Por lo que las cláusulas adicionales de gastos y impuestos de los contratos de alquiler son otro chantaje al inquilino pero también al Estado que lo permite y calla.

salva torres, activista de asc.500×20


  1. El juez Taín dice que hay más desahucios por impago de alquiler que de hipoteca y pide una ley para todos los desalojos.
  2. Nou Barris, el districte amb més casos atesos per la Unitat contra l’Exclusió Residencial.
  3. Els lloguers impagats copen el 95% dels desnonaments a Barcelona.
  4. I.López y E. Rodríguez, Fin de Ciclo, Traficantes de Sueños, página 238. Encuesta de Condiciones de vida 2006- INE
  5. 2,5 millones de hogares en alquiler sufren el grueso de los desahucios.
  6. idem 4, página 414. Un estudio de colectivo Ioé indica que un 77% de los inmigrantes extracomunitarios viven en alquiler y que el 47,2% son en régimen de subarriendo.
  7. Adam Smith afirmaba: « Es la única de las tres clases, que percibe su renta sin que le cueste trabajo ni desvelos, sino que la percibe de una manera en cierto modo espontánea, independientemente de cualquier plan o proyecto propio para adquirirla. Esa indolencia, consecuencia natural de una situación tan cómoda y segura, no sólo convierte [a los miembros de esta clase] a menudo en ignorantes, si no en incapaces para la meditación necesaria para prever y comprender los efectos de cualquier reglamentación pública. (año 1770)
  8. Salva Torres, La burbuja del mercado del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero. 2016



500×20 proposa amb les assemblees de barri de BCN el 50% d’habitatge social de lloguer assequible de nova construcció

En les darreres setmanes, L’Ajuntament de Barcelona està fent una ofensiva en temes d’habitatge.

Sap que la situació d’emergència habitacional és molt greu.

La proposta de reserva del 30% d’habitatge social és clarament insuficient per aquestes necessitats.

Lligat de peus i mans per normatives, competències, pressupostos i la minoria parlamentaria al Consistori, l’equip de Govern d’Ada Colau va treure una llei que permet que a totes les noves construccions es pugui reservar el 30% per habitatge social de compra o lloguer. Es tracta d’una modificació del Pla General metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció oficial en sòl urbà consolidat a petició dels moviments socials – PAH, FAVB, Sindicat Llogaters, DESC- que darrerament han acompanyat l’acció de Govern amb propostes.

Un altre dels cassos d’acompanyament institucional de les propostes d’aquests moviments va estar la sortida en tromba de l’equip de Govern per defensar en els mitjans de comunicació una suposada nova eina contra l’assajament immobiliari. Aquesta nova eina, que de nova només tenia, la voluntat, i molt lloable, d’imposar multes a la propietat que es passi un gram en temes de mobbing immobiliari, ha estat el darrer moviment en l’àmbit de l’habitatge d’Ada Colau.

Alguns dels col·lectius més actius en el darrer any i setmanes en el tema de les subhastes dels pisos de la Generalitat entre els quals estem nosaltres, han consensuat una proposta d’al·legacions al projecte de l’Ajuntament. La base d’aquesta modificacions es concreta en 5 punts:

  • substitució del sostre del 30 al 50% donada la gravetat de la situació i el miserable parc d’habitatge públic de lloguer del 1,5%.
  • que tot l’habitatge susceptible d’aquesta modificació de la llei sigui per a Habitatge només de lloguer social assequible.
  • que les famílies en Taula d’emergència siguin les primeres en sortir beneficiades. Que el preu dels habitatge no superi el 20% dels ingressos de la llar.
  • augment de les sancions per incompliment.
  • augment del temps de durada d’aquesta modificació.

En la darrera assemblea de la nostra Associació “pel Lloguer Públic i Assequible” vam aprovar per unanimitat recolzar aquestes al·legacions perquè independentment de la batalla de percentatges, que segurament es creuarà pel camí, creiem que només una acció legislativa contundent amb el suport dels moviments socials pot permetre entomar una tardor amb garanties de cobrir al menys les necessitats més urgents. Per tant, exhortem als moviments socials a iniciar ja al setembre mobilitzacions al carrer per defensar les al·legacions que proposem.

Igualment recordem que tampoc ens podem equivocar d’enemic ara. No es l’Ajuntament en aquest “affaire” l’adversari! a batre! Si algun mitja o partit creu que aquest és l’objectiu vol dir que entén aquestes al·legacions com una eina d’aconseguir redits electorals. Ni més lluny del nostre objectiu perquè el discurs de les necessitats objectives de la nostra gent entorn de l’habitatge quedarien enterbolides per afanys que res tenen a veure amb les necessitats populars.

Entitats que signen: avv.ciutat meridiana, obra social bcn, grup habitatge Sants, sindicat habitatge sant andreu, oficina popular habitatge de gràcia, comissió habitatge de l’assemblea de vallcarca, observatori de l’habitatge i el turisme de clot- camp de l’arpa i la nostra asc.500×20 ……..


 

DONEM SUPORT A

AL·LEGACIONS PRESENTADES INICIALMENT PER FILIBERTO BRAVO EN NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE CIUTAT MERIDIANA.






DECLAREM: #Declaremelsdesnonamentsobertsilegals – sense data-i indueixen un enorme patiment per a les llars

DONES, POBRES, MARES, SENSE RECURSOS.

AQUEST ÉS EL PERFIL QUE SUPORTA ELS DESNONAMENTS OBERTS

I ELS JUTJES HO VAL·LIDEN SENSE CAP LLEI QUE DONI SUPORT

La nostra Associació y moltes altres de tota Barcelona portem des de fa quasi dos anys una lluita constant contra una manera traumàtica i de gran patiment emocional per a les llars: ELS DESNONAMENTS OBERTS O SENSE DATA.

Això vol dir, que els jutjats es salten la jurisprudència espanyola i de drets humans internacional o fan una lectura laxa sempre a favor de la propietat per desnonar famílies que no tenen cap alternativa habitacional que no sigui aquell habitatge.

Ho sap el jutge. Ho sap la Comissió judicial. Ho sap el policia. Ho sap la propietat que demana aquest desnonament. Ho sap la classe política. Tots callen.

Es justifiquen que els serveis socials tenen la obligació de donar cobertura al desnonament. SÓN HIPÒCRITES. Sabem que el s serveis socials dels ajuntaments estan desbordats des de fa anys. Saben que no poden fer res. Els cassos de més violència policial o de suïcidi s’han donat en desnonaments d’aquesta classe. Tots som conscients de la gravetat de la situació perquè ELS DESNONAMENTS EN DATA OBERTA NO PAREN D’AUGMENTAR MES RERA MES.

La família espera el desallotjament del seu habitatge cada dia fins que arriba amb la més absoluta angoixa que no sap que passarà en cap cas. Cap reglament jurídic ni cap legislació democràtica pot suportar aquesta actuació administrativa que s’ha generalitzat en tre els jutges d’aquest país que actuen com si no passes res. No hi ha cap llei que reguli els desnonaments amb data oberta…. perquè es practiquen doncs?

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ja es va pronunciar, traient els colors a l’estat espanyol, que no són possibles els desallotjaments sense alternativa habitacional…. perquè es practiquen doncs els desnonaments amb data oberta?

La Llei d’Enjudiciament Civil, amb la qual es dicten molts dels desnonaments de llars a l’estat, no parla de desnonaments amb data oberta. Ans el contrari. En l’article 440.4 de la citada llei es fa esment a:

Artículo 440. Admisión y traslado de la demanda sucinta y citación para vista.

4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior

[Este apartado 4 de este artículo ha sido introducido por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.(BOE núm. 245 de 10-10-2011, pp.106726 a 106744)]

Així mateix, l’article 704 que evoca per demanar pròrrogues del llançament també fa esment a la data de la següent manera

Artículo 704. Ocupantes de inmuebles que deban entregarse.

1. Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el Secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.

Transcurridos los plazos señalados, se procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.

Per tant, podem dir sense error, que ELS DESNONAMENTS AMB DATA OBERTA SÓN IL·LEGALS tant en consideració de la legislació europea com la comunitària…


PER LA QUAL COSA, VOLEM LA COMPLICITAT TOTES LES ORGANITZACIONS QUE LLUITEM PEL DRET A L’HABITATGE PER ENGEGAR UNA CAMPANYA UNITÀRIA A  PER ERRADICAR AQUESTA EINA BUROCRÀTICA-ADMINISTRATIVA de la pràctica quotidiana dels jutjats i que prevalgui sempre el dret a l’alternativa habitacional


  • Documento suspensión desahucios = [formato.odt] [formato.pdf] – según TEDH (Sentencia Tribunal Europeo Derechos Humanos) – valido alquiler e hipoteca PREVIO al DESALOJO.
  • Documento suspensión desahucio de alquiler por artículo 704 LEC: = [formato.odt] [formato.pdf].

RECENTS CASSOS amb desnonament de data oberta als barris de la zona nord de Barcelona.

  • aquest juliol hem tingut el cas de l’ habitatge de les nostres companyes Juliette i Obince, dos dones sense recursos i amb dos fills a càrrec de 4 i 2 anys, que després d’intentar negociar amb la propietat ajornaments fins a obtenir pis emergència, s’ha arribat al desnonament obert al barri de Verdum, districte de Nou Barris.
  • Aquests dies la família de la Lourdes i Antonio amb tres fills a càrrec tenen data fixada pel jutjat de desnonament amb data oberta per entregar el pis a un fons voltor rus que va comprar el seu pis. Són subhastadors que pul·lulen als jutjats per comprar pisos per inversos estrangers. +++ INFO>>>
  • Tenim altre desnonament obert de 1-15 setembre a Sant Andreu



6è aniversari de la condemna més gran a l’estat per mobbing immobiliari: 3 anys de presó i una multa de 18.000 €

concentració de suport a Rosa Talón el 21 abril 2009 delante de su tiendaÉs la condemna més gran en la història de l’Estat espanyol per un cas d’assetjament d’aquest tipus.

La víctima era Rosa Talón, que ha viscut a la finca tota la vida, i havia denunciat ja el 1999 el propietari pel manteniment de la finca.

L’advocada Laia Serra va indicar que el propietari va pertorbar conscientment la vida de la llogatera, Rosa, mantenint la finca en una situació lamentable durant décades. La llogatera havia denunciat des del 1999 al propietari i l’Ajuntament de Barcelona havia imposat multes i l’exigència de reformes que mai va complir. La història es remunta al 1985 quan es va iniciar el llarg conflicte per demandes d’obres de la llogatera sobre el seu habitatge-local de negocis al carrer Rogent 81 de Barcelona. Llavors el propietari va iniciar una demanda per nul·litat del contracte dient que les despeses d’arranjament de la finca superaven el 50% del seu valor.

El dia 21 d’abril del 2009 s’havia convocat una concentració de suport a rosa Talón per una sèrie de col·lectius entre els quals estava la Xarxa de Suport Mutu del Clot, 5oox20 i altres que van origen a la creació posterior del Eix anti-mobbing de Barcelona i de la web que explicava la lluita de la llogatera rosapimienta.org. El desnonament instat per la propietat en altre Jutjat va ser aturat en veure que hi havia una causa prejudicial penal contra el propietari. Aquest va recórrer la primera sentència fins que l’Audiència Provincial va certificar 3 anys de presó i la multa que finalment van quedar amb dos anys i va evitar l’entrada a presó del condemnat.

El Jutjat Civil de Primera Instància número 42 de Barcelona finalment va condemnar al propietari el 5 de juliol del 2009 després d’una batalla de més de 20 anys. Així doncs aquesta setmana en fa el sisè aniversari…

Us presentem el còmic que es va fer per l’ocasió des de la xarxa de suport a Rosa Talón:


I el que seria la font d’inspiració del logo del moviment: un escarbat. En els ambients dels API i la propietat d’edificis amb solera, als llogaters de renda antiga se’ls sol anomenar els escarbats….. cadascú té la seva moral! També es va fer un tríptic informatiu.




Aturem la subhasta: prou criminalització del dret a l’habitatge

Els Mossos criden a declarar per l’intent d’ocupació d’un habitatge a la companya Barbara de Gracia i a Fili de Avv.CiutatMeridiana

Avui han estat cridats a declarar a la comissària del Districte de Nou Barris per una ocupació d’un pis dels de la subhasta del barri la companya Barbara i el president de l’Associació de veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana Filiberto Bravo.

Ha hagut una concentració de suport a la qual ens hem afegit gent diversa i entre elles activistes de 500×20.

La cosa no aniria més lluny si no fos perquè la policia autonòmica no té la mateixa mesura segons de qui es tracti. El fet de que la Generalitat de Catalunya porta reivindicant el dret a la dissensió no casa amb la mà dura que mostra amb els activistes que denuncien la venda d’habitatges quan hi ha una emergència habitacional sense precedents a la ciutat

Tot els suport amb els companys i exigim que els deixin en pau.

Associació 500×20


comunicat de suport de FAVB…

La persecució dels qui defensen el dret a l’habitatge

El passat dia 29 de juny, Filiberto Bravo, president de l’AV de Ciutat Meridiana, va acudir en el marc de la campanya #AturemlaSubhasta al carrer Pla de Fornells de Nou Barris, on hi havia un pis de propietat pública que formava part dels 46 immobles que la Generalitat volia entregar al mercat immobiliari.

El Fili és un líder conegut pels mitjans de comunicació i, com a tal, va contestar les preguntes dels periodistes expressant la seva indignació pel gravíssim problema que pateixen moltes persones del seu barri i de la ciutat que no poden pagar els elevats preus de l’habitatge. Els Mossos d’Esquadra acusen tant el Fili com la Bàrbara, de la Plataforma #AturemlaSubhasta i una altra persona de reunió i manifestació il·legal per emparar una ocupació fallida.

Poques persones com el Fili tenen una trajectòria tan llarga i meritòria en defensa de les persones que no tenen possibilitats d’accedir a un habitatge. Dia darrere dia, ell, juntament amb altres persones de l’associació veïnal, els han fet costat amb una determinació digna d’admiració. Una realitat dramàtica que al seu barri es tradueix amb una mitjana de quatre desnonaments setmanals. Ciutat Meridiana és el barri més empobrit de la ciutat amb una minsa renda per càpita del 34,5%. L’AV denuncia que l’esforç de la Taula d’Emergència de l’Ajuntament de Barcelona per crear una mitjana de 18 habitatges socials al mes representa una xifra testimonial davant dels 190 desnonaments mensuals que pateix la ciutat.

La citació cursada pels Mossos d’Esquadra només es pot entendre com un acte de persecució cap a les persones que s’han significat en la lluita pel dret a l’habitatge.




Una Gran Victòria: BBVA no farà fora Scarlett fins a obtenir pis d’emergència de l’Ajuntament de Barcelona

El passat dijous 31 de maig del 2018 va haver un intent de desnonament a Sant Andreu, a prop del Pont del Dragó. Era Scarlett, que amb els seus fills de 11 i 8 fan una familia monoparental. Va haver gent solidària que es va apropar pel cridament a la solidaritat que va fer la família davant el quart desnonament. Gent de la nostra Associació, del Banc d’Aliments Obrer de Sant Andreu -BOSA, del Sindicat de Llogaters de Sant Andreu i particulars.

Abans vivia en un pis de lloguer fins que no va poder pagar el rebut i va tenir que anar-se’n a un pis buit del BBVA que tenia al barri. Com molta gent va practicar la patada a la porta abans de quedar-se sense sostre.

Per sort ha  rebut la confirmació que ha estat acceptada per a un pis d’emergència de l’Ajuntament de Barcelona. Acomplia les condicions. Però l’espera ara és molt llarga…. fins a un any. Hi ha una llarga llista de més de 300 famílies. L’Ajuntament de la ciutat comtal exigeix solucions al Govern central davant l’allau de desnonaments per precari.

La Comissió judicial i el BBVA va acceptar un acord excepcional perquè Scarlett i els seus dos fills podran estar a l’habitatge provisional fins que en uns mesos rebin les claus de l’habitatge d’emergència que els serveis municipals buscant.

Segons informa els activistes de 500×20 que han porat el cas des de fa mesos, el BBVA es va negar a concedir un lloguer social. Però la presió social ha fet un miracle del que Scarlett estava molt agraïda.




Ara la subhasta de la Generalitat i després anirem per les herències pietoses o immatriculades de l’Església catòlica a Barcelona.

Les companyes de Poble Sec del Sindicat de barri han fet una crida per aturar la subhasta de la Generalitat amb criteris claus:

  • són habitatges patrimoni de la ciutat.
  • mentre els mossos desnonen gent a la ciutat
  • hi ha emergència habitacional brutal.
  • la Generalitat especula.
  • Aturem la subhasta

Donem total suport en aquesta reivindicació. En total a Barcelona, hi ha 12 habitatges i 3 locals comercials repartits en 5 districtes de la ciutat i 46 habitatges a Catalunya. Hi serem per aturar la subhasta del dia 5 de juliol. Exigim amb les entitats socials i el mateix Ajuntament de Barcelona (que ha fet una crida a la Generalitat en aquest sentit) a aturar la subhasta i cedir els actius immobiliaris als ajuntaments.

Davant la gravíssima crisi habitacional de la ciutat, aquestes engrunes són importants per alleugerir la pressió sobre la llista d’espera de pisos de emergència, habitacions i habitatge social. En uns moments que hi ha 300 famílies esperant un habitatge de emergència amb enderrerimentsd’entrega que duren ja un any la demanda s’ho val.
Però una cosa podem deixar clara també, aquesta subhasta ha estat feta, amb llums i taquígrafs….. vol dir que la Generalitat és un ens públic i no pot amagar fàcilment les seves malifetes per sort. I aquests mecanismes públics permeten al menys assabentar-se.

Però sempre és així? NO… d’amagat……

  • CAS 1. ELS EDIFICIS PROPIETAT DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA A BARCELONA NO PODEN SER DE LLOGUER SOCIAL?
    • Parlem de les immatriculacions amagades de l’església catòlica del 1998 fins al 2016. Aquest escàndol de les immatriculacions -Registrar davant notari per primera vegada una propietat- a la carta (amb tan sol un certificat del bisbe) és una escletxa a la reforma de la llei hipotecària el 1998 (govern d’Aznar) va deixar en exclusiva a la Església Catòlica. Amb aquesta operació l’Església a registrat milers de propietats en els últims anys. Finalment el Congrés dels Diputats va aprovar un canvi en la Llei hipotecària que acabava amb aquest privilegi de l’Església.
  • CAS 2. EXIGIM LA RECUPERACIÓ DE 679 habitatges venuts (2010-13 per REGESA, etc) al Barcelonés a fons voltors.
    • El dia 2 d’agost de 2013 el Consell Comarcal del Barcelonès, amb representants de CIU, PSC, ICV i ERC, van donar el vist i plau a la operació també aprovada per l’Agència Catalana de l’Habitatge, de vendre 298 habitatges, quatre promocions de lloguer social de la capital catalana, als districtes de Nou Barris, Les Corts i Sant Andreu.
      La Fundació Pisos de Lloguer, organització privada sense ànim de lucre, impulsada pel Consell Comarcal del Barcelonès, era la propietària dels habitatges després que Regesa efectués la transmissió de la gestió dels pisos entre els anys 2004 i 2007. A principis del 2013 es va decidir liquidar la fundació i vendre els seus actius, abans, a una empresa privada. Només es va presentar una empresa a concurs públic, Colon Viviendas, gestora del fons d’inversió Azora, amb seu a Madrid, protagonista de les vendes d’habitatge públic de la Comunitat i l’Ajuntament de Madrid.

Els EDIFICIS PROPIETAT de L’ESGLÉSIA CATÒLICA a BARCELONA per a l’emergència habitacional… proper objectiu

No sabem quants habitatges són propietat de l’esglesia catòlica a la ciutat de Barcelona. Emplacem a l’Ajuntament de Barcelona a fer aquest estudi en els registres de la propietat de la ciutat. Després demanar a la jerarquia catòlica i a l’Arquebisbe que els seus habitatges provinents de donacions pietoses i de les immatriculats de  la reforma de la Llei hipotecària de Aznar es posin a l’abast de la emergència habitacional de la ciutat.

Per què? Doncs perquè podríem dir sense error, que és fruit del treball del poble “sense el poble”, és un patrimoni comú que la mateixa església moltes vegades parla de posar-lo al servei dels desemparats – oprimits – en el seu propi llenguatge. És cert que hi ha excepcions en moltes de les seves societats i ordres religioses a on s’anteposa l’ajuda al necessitat a les ànsies d’acumulació. Però deixem ben clar que això, donada la magnitud societària de l’Església i els enormes beneficis fiscals que rep, és una gota en un oceà de necessitats dels seus feligresos i no feligresos per al comú dels mortals.

Barcelona necessita els habitatges de l’Església catòlica per a la emergència habitacional. Per exemple, podríem començar per  les propietats que té al carrer Rivadeneyra investigades per un frau o els 12 edificis catalogats al 1974 al Registre a la Barceloneta, o el palauet del número 29 del carrer del General Vives a Sàrria… etc

Ayuda con tu herencia o legado – Ayuda a la Iglesia Necesitada!

EXIGIM LA RECUPERACIÓ DE 679 habitatges venuts (2010-13 per REGESA, etc) al Barcelonés a fons voltors.

propostes de les assemblees de veïnat dels edificis privatitzats de BCN ( desembre del 2014)

1. DENUNCIEM

  • LA PROGRESSIVA PRIVATITZACIÓ DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA

Prou especulació amb l’habitatge públic. En una ciutat on els desnonaments són diaris, demanem que es revoqui la venda a un fons especulador. Defensem l’accés a l’habitatge públic i de lloguer dels ciutadans de Barcelona.

  • VOLEM QUE EL CONTRACTE DE TRASPÀS DE L’ÚS DE SUPERFÍCIE ENTRE LA FUNDACIÓ PISOS DE LLOGUER I COLON VIVIENDAS SIGUI PÚBLIC

Hem demanat a l’Ajuntament a través dels districtes; del Consell Comarcal del Barcelonès; de l’Agència Catalana de l’Habitatge i del Síndic de Greuges, de veure aquest contracte i que aquest document ha de ser públic. Encara no ens han facilitat aquest document. Això ens fa sospitar de possibles irregularitats en el procés.

  • VOLEM QUE L’ADMINISTRACIÓ ADQUIREIXI EL COMPROMÍS DE GARANTIR LA FUNCIÓ SOCIAL D’AQUESTS HABITATGES

S’han venut els drets de superfície durant 75 anys, només queda garantida la funció social durant 25, a comptar des de la data de qualificació de l’habitatge, en algunes promocions ja han passat 12 anys, per tant hi ha un alt marge per especular amb els béns dels ciutadans. Cap dels organismes implicats ens ha deixat clar què passarà amb els habitatges un cop passin aquests 25 anys.

  • IRREGULARITATS A L’ACCÉS DE L’HABITATGE

Demanem que l’accés a l’habitatge públic sigui supervisat per l’administració, que es segueixi l’ordre de la llista del registre de sol•licitants d’accés a l’habitatge per garantir la transparència a l’hora d’accedir a un habitatge públic.

2. RECLAMEM

  • QUE ES MANTINGUIN LES CONDICIONS D’HABITATGE PÚBLIC I DE LLOGUER ALS ACTUALS LLOGATERS I QUE ELS NOUS LLOGATERS GAUDEIXIN DE LES MATEIXES CONDICIONS. JA HI HA VEÏNS QUE HAN HAGUT DE MARXAR EN NO PODER ASSUMIR LES NOVES CONDICIONS.

Hi ha alguna diferència de responsabilitat política entre aquesta subhasta de la Generalitat (2018) i aquesta altra del Consell Comarcal Barcelonés (2013)?