Los sindicatos de inquilinos se estrellan contra el derecho a la propiedad de la Patronal del alquiler

Un reciente estudio de la Hidra Cooperativa sobre ¿Cómo afectará el control del precio de los alquileres a los caseros? concluye después de su análisis de los datos estadísticos tomados de diversas fuentes que:

Los resultados del informe demuestran que si los hogares de caseros dejaran de percibir rentas por sus alquileres, estos seguirían formando parte de los hogares con mayores ingresos del país. Por lo tanto, es evidente que existe un margen muy amplio para moderar los ingresos de los hogares de caseros por medio de una reducción de la renta que perciben de sus viviendas alquiladas, sin que ello repercuta en un cambio sustancial de su situación socioeconómica. En contra de un discurso falaz muy extendido, el informe demuestra que bajar por ley los ingresos de los caseros no transfiere la vulnerabilidad del inquilino al casero. Incluso si se aprobara una regulación que bajara los precios de los alquileres hasta eliminar el pago del alquiler, los hogares de caseros seguirían siendo los de mayor renta del país.
Los “caseros vulnerables” representa un mero 0.6 % de todos los hogares del país. Si una regulación de los alquileres bajara los precios un 20% o un 50%, los “caseros vulnerables” solo aumentarían a un 0.7% y 0.9% respectivamente.

¿Cómo afectará el control del precio de los alquileres a los caseros? (*1)

La difusión de esa información en las redes sociales y la prensa – con amplio eco- ha causado una reacción algunas veces foribunda o de mofa. Veamos algunos ejemplos:

Un dilema ético no soluciona la actual burbuja de precios del alquiler.

Sin entrar a valorar los datos del estudio, su resultado viene a determinar una especie de dilema ético: vamos a quitar un poco de rentas a los caseros para evitar que sus inquilinos sean más pobres. La conclusión de la estadística del estudio sería: se puede aplicar una reducción de renta porque afectaría a un porcentaje muy bajo de caseros realmente pobres (0’6% de los hogares del país ≈ 18mill. ≈ 200.000 caseros pobres). Pero esa conclusión es demasiado simple y necesitaría de mucho más andamiaje ante el calado político que tiene y muy matizable por distintos motivos pues siempre encontrarás un porcentaje de hogares inquilinos con una renta superior a la del casero y será un porcentaje tan residual como los caseros pobres.

PROPIETARIOS JURÍDICOS DE VIVIENDAS EN ALQUILER

La conclusión de su “descubrimiento estadístico” les lleva a plantear una solución que tampoco va a satisfacer a nadie: le llaman “regulación” a fijar topes máximos a los arrendamientos en zonas de precios tensionadas que ha fracasado en ciudades como Berlín y París y una implementación más que dudosa en Catalunya. Esta medida permite continuar enriqueciendo al casero pobre a costa del inquilino pobre y en general NO supone un real desahogo económico de los inquilinos y por contra, ataca “el derecho a la propiedad privada” pues el casero cree tener el derecho de decidir sobre su propiedad y, por tanto, el derecho a alquilar cómo y cuando le convenga en el mercado libre. Hay quién diría, que para este viaje no hacen falta tantas alforjas.

Pero además la otra solución más radical que proponen- de eliminar los alquileres por ley o reducirlos a la mitad – que beneficiaría ciertamente a los inquilinos la plantean como una hipótesis de su estudio pero no se atreven ni a legislarla ni a explicar cómo implementarla en la Ley de Vivienda que ya lleva una estela de mucha polémica y tensión en el actual Gobierno PSOE-UP.

Algunas de las reacciones que hemos escogido al estudio de La Hidra Cooperativa demuestran la debilidad del argumentario planteado; sobre la base de discutibles datos extrapolados de otros datos estadísticos no exhaustivos como la Encuesta de Condiciones de Vida; cuando se mete mano a la “propiedad privada” conseguida gracias al “sacrificio de la clase media” para aumentar “el patrimonio” con “el esfuerzo familiar“.

Al mismo tiempo, es sorprendente que el discurso radical de los sindicatos de inquilinos – su “casus belli“- contra el dominio del mercado por los fondos buitre – desde un despacho de Wall Street- y las entidades jurídicas de inversión inmobiliaria haya desaparecido en este estudio, aparcando lo que ha sido su seña de identidad, para centrarse en los caseros, especialmente personas físicas y no jurídicas. ¡Bienvenidos a la excepción ibérica!

¿Los grandes tenedores manipulan y marcan los precios del mercado de alquiler? Basta mirar en el gráfico adjunto cómo los principales propietarios jurídicos tienen alquiladas 115.085 viviendas en 2020 que representa un 4% del parque estatal de 3,2 millones de arrendamientos para percatarse que es una leyenda urbana que los fondos buitre imponen los precios de los alquileres en las ciudades.

Así pues, por fin, vamos a discutir colectivamente poniendo el foco de atención en la masa de caseros españoles que sustentan el poder de la Patronal del Alquiler que ni está en la banca de inversión de Wall Street ni en la elusión fiscal que cometen principalmente los fondos de inversión anglosajones atiborrados de dólares de la FED desde el Gran Ducado de Luxemburgo.

Tampoco el estudio ha implementado un método científico – como afirman con osadía las evidencias– siempre difícil en cuestiones sociales pues no ha observado ni ha planteado hipótesis sobre todas las variables que determinan la burbuja de alquiler en las que los sindicatos de inquilinos se han mostrado siempre muy cautelosos y reacios a polemizar. Que el núcleo de las variables importantes no estén en la agenda mediática no quiere decir que sean prescindibles de estudio como serían las causas múltiples de la burbuja (financieras, rentabilidad bruta -PER…), las derivadas fiscales y un mercado de alquiler tanto público como privado poco desarrollado (opción histórica española).

Vamos a ver algunas de las variables – hipótesis- si queremos rehuir de soluciones demasiado peligrosas por su obviedad o simplicidad.

1.- Las políticas públicas de vivienda en España sólo favorecen la “sociedad de los propietarios

Las políticas de vivienda de este país; desde el franquismo pasando por todos los gobiernos de la Transición hasta la actualidad; se resumen en que para acceder a una vivienda debes acudir a una entidad financiera a comprar una hipoteca. Y es una fórmula con 70 años de éxito. Es el triunfo del franquismo sociológico nacido al calor de “no queremos una España de proletarios, sino de propietarios“, frase acuñada por el primer ministro de Vivienda del Régimen, José Luís Arrese, en el primer congreso de API – Agentes de la Propiedad Inmobiliaria – en 1956.

Las políticas sociales de vivienda más allá de las Casas Baratas del franquismo más falangista -que también se acabaron vendiendo- han sido las Viviendas de Protección Oficial de venta -VPO- construidas en millones de m2 de suelo público muchos regalados a las grandes constructoras de las ilustres familias enriquecidas del Régimen amigas de las otras familias de los grandes banqueros y sobre todo la financiación pública de las operaciones urbanísticas y el recurso generalizado al conglomerado de Cajas de Ahorro.

El Titanic inmobiliario español se inicia en los años 50 hasta la actualidad a través de ” 15 Planes Nacionales de Vivienda ” en más de medio siglo, gestionados en el bipartidismo del PSOE-PP y los apoyos regionales de CiU y el PNV, que tomó carrera con el balón de oxigeno de financiación extra con la llegada del euro hasta la crisis hipotecaria del 2007.

Décadas de planes de vivienda centrados en la propiedad y en dirección opuesta al modelo centroeuropeo de parques de vivienda social de alquiler. Un país ufanado, también en plena democracia, en concentrar la riqueza en el patrimonio y en el ladrillo beneficiando a una clase rentista brillantemente ejemplificada en la cultura del pelotazo. El ejemplo más actual sería la operación Chamartín – Madrid Nuevo Norte – llamado “el cortijo BBVA” con el transfondo del Tamayazo que ejemplifica la corrupción enquistada desde el más rancio franquismo hasta la actualidad.

Junta de Extremadura: Adosados VPO en nueva área urbanizada, que devora suelos fértiles, accesible sólo en coche privado, sin servicios.

Una afirmación corroborada por el estudio de Miguel Artola, investigador del instituto Juan de la Cierva del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la evolución de la desigualdad social en España, que asegura que el 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario. Ni industria, ni investigación, ni vivienda social: patrimonio y sociedad de los propietarios.

La sociedad de los propietarios en el esfuerzo presupuestario del Estado español.

Juan Van-Halen Rodríguez en su Tesis Doctoral de la Facultad de Económicas de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, La política de la vivienda en España: una aproximación histórica (*2), da una perspectiva amplia del esfuerzo del Estado español en construir esa “sociedad de los propietarios” – que une a nuestra izquierda y derecha -que haría envidia de los más famosos neocons como Margarett Tatcher y George Bush.

Entre 1940 y 2011, se construyeron 6,5 millones de viviendas protegidas, que regadas con sus correspondientes hipotecas crearon unos de los mercados financieros – la banca del IBEX35 -más dinámicos del continente en cuanto a titulización hipotecaria que atrajeron la inversión extranjera y el rescate bancario y la crisis definitiva del modelo desde el 2007 tras la implosión de la burbuja crediticia. Este es una de las variables que los sindicatos de inquilinos ignoran, lo que les lleva a cometer errores de diagnóstico, pues hasta hoy les ha venido grande el tratar con problemáticas hipotecarias.

Los esfuerzos de los Planes nacionales de Vivienda se centraron en la promoción de viviendas para venta, sin que existiera voluntad de construir parques públicos de viviendas en régimen de alquiler, como en los países de nuestro entorno. Además sus recursos beneficiaron a una amplia clase media que podía comprar, más que a los colectivos necesitados.

La política de la vivienda en España: una aproximación histórica (Juan Van-Halen)

…entre 1940 y 2011 el 50% de las familias del Estado español accedieron a su primera vivienda a través de una vivienda protegida – VPO- … , que en la actualidad significa que un tercio de los hogares actuales (18mll), viven en esas viviendas que fueron protegidas. Si hubiéramos seguido el modelo europeo hoy sería uno de los parques de vivienda social de alquiler más grandes del mundo.

La política de la vivienda en España: una aproximación histórica (Juan Van-Halen)

Eso quiere decir que el Estado español, a lo largo de más de 50 años, hizo un esfuerzo político, presupuestario y legislativo para dar cobijo a 6,4 millones de hogares lo que representa que hoy un tercio de los hogares españoles viven en aquellas viviendas VPO, por lo que, siguiendo el modelo europeo tendríamos unos de los parques públicos de vivienda social más grandes de Europa.

Por eso decimos que España es uno de los países europeos que más recursos y dinero ha gastado en vivienda pero para beneficiar el negocio inmobiliario del IBEX35 y una clase media que incrementa sus rentas con el alquiler una vez esas viviendas perdían la condición VPO o eran heredadas. Eso sin dejar de citar, y muy importante, que las calidades constructivas son de lo peor y que hoy frente a las condiciones climáticas adversas del calor del calentamiento global necesitarían rehabilitaciones integrales.

1.- Por lo tanto, podemos concluir que el enorme esfuerzo presupuestario que ha realizado el Estado español a lo largo de más de medio siglo no ha sido para aliviar las desigualdades sociales con políticas de vivienda activas hacía las clases populares y trabajadoras – parques públicos de alquiler asequible bien construidos y gestionados como en Viena-. Las políticas de vivienda han servido para enconar más el conflicto social a favor de una clase propietaria y rentista que sería la beneficiaria del golpe de Estado del 1936 que ajusta cuentas de las huelgas inquilinas de los años 30 que hasta tiempos recientes eran aún presentes en los poderes públicos del Régimen político español.

El Estado español mima a la clase propietaria y a su prole: los Planes estatales de VPO.

Una clase propietaria consolidada con las herencias entorno a los 3 millones de hogares que se distribuye en las rentas altas, medias y medias bajas, entre los diputados, los magistrados, militares y la Iglesia católica, entre las capas medias y altas de los funcionarios, entre directivos bancarios y toda la estructura de Agentes de la propiedad, notarios, registradores, entre las familias de clase trabajadora que acumularon con las herencias un patrimonio inmobiliario que por si solo les permite vivir holgadamente con 10 o más viviendas alquiladas hasta la pléyade de pequeños propietarios arrendadores – la mayoría de caseros españoles-. El Congreso de los Diputados de la Carrera de San jerónimo está preñado de caseros beneficiados por las VPO como también sectores de las clases trabajadoras que se convierten en propietarios gracias a las múltiples ayudas públicas habilitadas durante décadas.

El acceso a la propiedad por VPO – 6,3 millones de viviendas – se realiza a través de los Planes de Vivienda cuyos instrumentos principales fueron:

  • los préstamos cualificados en los que el Estado sufragaba parte de los costes a los que se subrogaba el promotor (intereses, impuestos, tasas, tipo de interés, etc),
  • la financiarización de los créditos con el impulso a la titulización hipotecaria con la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario .
  • la cesión de suelo público a los promotores incluso a coste cero.
  • ayudas a la entrada para facilitar la contratación de préstamos hipotecarios e intereses bonificados a los hogares.
  • muchos planes de vivienda ni siquiera pedían requisitos por lo que muchos compradores de VPO ya tenían viviendas.
  • ayudas a la rehabilitación de viviendas. Dichas mejoras luego se cargaban al recibo de los inquilinos pues las viviendas mejoran de valor.
  • desgravaciones en el IRPF desde el año 1975, lo que representa medio siglo de dinero público a fondo perdido para mejorar el patrimonio de la clase rentista, y en algunos años hasta se desgravaron las segundas residencias.

Por ejemplo, en el Plan trienal 1981-83 se construyeron 570.000 viviendas. El actual Ayuntamiento de Barcelona ha necesitado 2 legislaturas, 8 años, para incorporar 4000 viviendas de alquiler al parque público lo que nos da un dato comparativo de los recursos movilizados por los Planes de Vivienda españoles. En el Plan Cuatrienal 1984-1987 se construyeron 230.000 viviendas (en 4 años), todas recibían alguna clase de ayuda según fueran VPO de promoción pública (30.000 viviendas), privada (120.000v), de promoción libre (80.000 v.) y rehabilitación (20.000v.). El gasto público supuso un desembolso estatal de 3.500 millones de pesetas y había subvenciones de hasta 250.000 pesetas en la entrada en la VPO de promoción privada. Hagan cálculos del enorme valor de esas viviendas que hoy todas están en alquiler y/o se han revendido a precio de mercado.

2.- Por lo tanto, podemos concluir que el Estado español ha hecho un esfuerzo ingente e incalculable a lo largo de más de medio siglo de 15 Planes de Vivienda para mimar la sociedad de sus propietarios contra las clases trabajadoras que no podían acceder a una vivienda en propiedad. Los sindicatos de Inquilinos prescinden de estos datos tan importantes para tapar la boca de los rentistas que arguyen el esfuerzo por crear un patrimonio familiar en los tuits modernos. La estrategia de los sindicatos de inquilinos se equivoca en el diagnóstico y en las soluciones.

El Estado español mima a la clase propietaria y a su prole: la elusión fiscal de la clase rentista

Cinco datos de los muchos que ejemplifican lo que venimos defendiendo, contra la opinión errónea de los think tank o expertos de los sindicatos de inquilinos, sobre los orígenes y la acumulación de riqueza en las clases propietarias en nuestro país como “una excepción ibérica“, el franquismo sociológico, del triunfo de la sociedad de los propietarios, sobre todo en las clases medias, y la transferencia de riqueza del Estado y los inquilinos a las mismas. Un Pacto de Estado no escrito.

El IRPF construido para transferir riqueza a las clases propietarias: histórico de las desgravaciones a la compra de vivienda.

Cuando llega el rescate de la debacle financiera y inmobiliaria del Titanic español tras la crisis del 2007, la Comisión europea obliga al Estado español a eliminar las ayudas a la compra de vivienda en el IRPF. Posteriormente, hay un debate sobre el impacto de la recuperación de esas ayudas como motor histórico del crecimiento económico. El estudio: Una aproximación al impacto económico de la recuperación de la deducción por la compra de la vivienda habitual en el IRPF (*3), se dan datos escandalosos de como el Estado español ha estado sacrificando miles de millones de euros de ingresos fiscales a cuenta de la sociedad de los propietarios.

La deducción por compra de vivienda habitual se introdujo en 1979 (Ley 44/1978 del IRPF). Tres décadas de desgravaciones hasta eliminarse en 2010. Hasta 1999 se permitía que los propietarios se dedujeran en la base imponible los intereses del préstamo hipotecario (con un límite de 800.000 ptas.) así como el impuesto sobre los bienes inmuebles. Adicionalmente, los propietarios podían desgravarse en la cuota un 15% de las cantidades satisfechas en la adquisición de vivienda en concepto de amortización.

En términos de cifras presupuestarias, la desgravación fiscal por adquisición de vivienda en el IRPF ha supuesto un gasto para el Estado de aproximadamente 77.560 millones de euros, desde su entrada en vigor en 1979 hasta 2010.

Ese cálculo no incluye la revalorización del precio de las viviendas a lo largo de esas 3 décadas. O sea, la venta de la vivienda capitaliza para el propietario las desgravaciones de vivienda que obtuvo. Si la alquila a precio de mercado igualmente capitaliza con las rentas del inquilino las desgravaciones fiscales que obtuvo o está obteniendo.

Ello no quita que existe un amplio consenso entre los economistas y los organismos internacionales en el hecho de que las deducciones por vivienda tiene un efecto directo en la subida del precio de ésta. Es decir, que dicha desgravación no favorece a las familias sino que se capitaliza en menores reducciones de precios de la vivienda que sólo favorecen a constructores, promotores y entidades financieras que reducen así sus pérdidas, que fueron los adalides del triunfo militar del franquismo y sociológico de la sociedad de los propietarios.

3.- Por lo tanto, la estrategia de los sindicatos de inquilinos se equivoca en el diagnóstico y en las soluciones al poner el foco en los fondos buitre como la causa de las subidas de precios de los alquileres. Las causas están más cerca de la financiarización de la vivienda por la Banca y su PER, del que hablaremos, rendimiento bruto del alquiler publicado por el Banco de España nada menos que tiene a ver con la rentabilidad y el valor: una vivienda está bien alquilada si se recupera la inversión en 20 años.

El IRPF construido para transferir riqueza a las clases propietarias: La OCDE ahonda en el clasismo fiscal de España a la cola de Europa

Los más ricos de España se llevan el triple de ayudas del Estado que los más pobres

Un informe de la OCDE refleja que el 20% de la población en edad de trabajar con las rentas más altas recibió más del 30% de las transferencias públicas, mientras que al 20% con los ingresos más bajos solo fueron a parar el 12% (*4).

El informe Income support for working-age individuals and their families (sobre el coste de la vida y, como reza su propio título, sobre el apoyo a los ingresos para las personas en edad de trabajar y sus familias) refleja que España es uno de los países más regresivos de la OCDE, un organismo compuesto por 38 estados.

El IRPF construido para transferir riqueza a las clases propietarias: La elusión fiscal de las rentas de alquiler suponen una merma anual de 10.000 mill €.

Pero las clases propietarias rentistas aún tienen más ventajas en las declaraciones del IRPF. El siguiente cuadro obtenido en la Agencia Tributaria ofrece una imagen mucho más fiable de la estratificación de los caseros que la obtenida por extrapolación en el estudio de la Hidra Cooperativa de resultados muy mediáticos pero en nuestra modesta opinión poco sólidos.

En el año 2020 el resultado de las declaraciones de IRPF de los caseros españoles da esta imagen de lo declarado que se cobra a los inquilinos por percentiles de renta de los caseros. Son el compendio estadístico de los datos de una Agencia pública extraídos de lo declarado en 2,2 millones de declaraciones, no son extrapolaciones o deducciones estadísticas. Son resultado de la aplicación del artículo 23 del IRPF que da esas ventajas fiscales excepcionales a los caseros que provocan la renuncia de la AEAT a recaudar por valor de más de 13.000 millones de euros anualmente.

Del cuadro al margen podemos extraer datos muy importantes de los percentiles de renta:

  • El cuadro en azul indica los percentiles entre 12.000 a 150.000 representan el de mayor cantidad de liquidaciones y de mayor cuantía declarada. Son el 58% de las declaraciones de los caseros.
  • En ese cuadro azul, los declarantes entre 30 a 60.00 euros tienen el mayor número de liquidaciones por casi 600.000 y 1.500 millones de euros.
  • El cuadro anaranjado representa el percentiil más pobre de los caseros: tramos de renta entre negativo y 12.000 € de base liquidable. Son el 25% de los caseros pobres y un total superior a medio millón. Este dato contradice en parte los datos ofrecidos por el estudio de la Hidra Cooperativa.
  • El cuadro rojo, destacable, describe la elusión fiscal por valor de 13.600 millones de €, los que la Agencia tributaria renuncia a cobrar según el artículo 23 del IRPF.
  • ¿A CAMBIO DE QUÉ SE DAN ESAS VENTAJAS FISCALES? la respuesta es : HA CAMBIO DE NADA.
  • Finalmente se puede deducir el grado de fraude fiscal en 2020. Hay 3,2 millones de hogares en alquiler pero sólo se declaran 2 millones. Casi un 40% de fraude fiscal.

El IRPF construido para transferir riqueza a las clases propietarias: Estamos en la Segunda Burbuja del alquiler. No es la primera.

La primera gran burbuja del alquiler se produce en esa época – 2008 – por achicamiento absoluto del parque de alquiler en el mercado libre que quedó ocultada mediáticamente por la burbuja hipotecaria y creación de las PAH con H de Hipoteca.

En esa época, los precios de aquella burbuja llegaron hasta los 12,2 €/m2 – 1º semestre del 2008 – en la ciudad de Barcelona que no se han superado hasta una década después en 2018.

Pero si miramos los datos estadísticos de la Agencia Tributaria – más fiable a nivel nacional- se observa que la media declarada de ingresos por alquiler era en 2008 de 9.173 €, cifra que en 2020 aún no se había superado- 7.950 €-.

En la primera burbuja inquilina los fondos buitre aún no habían aparecido por lo que seguramente los precios inflados actuales tampoco se deban exactamente a lo malos que son los fondos de inversión sino a la estructura económica histórica de “la piel de toro“.

La burbuja de alquileres actual aún no ha batido el récord absoluto de la burbuja del 2008. Según la AEAT – Agencia Tributaria- la media declarada en 2008 era de 9.173 €. En 2020 era de 7.950 €.

4.- Por lo tanto, quitar poder a la patronal del alquiler pasa por reducir drásticamente los alquileres por la vía fiscal derogando el artículo 23 del IRPF. Obviar esta circunstancia tiene consecuencias como se hace en la discusión de la Ley de Vivienda o como los sindicatos de inquilinos han hecho bandera de la regulación de alquileres por topes- fracasada en la mayoría de países-, desviando la atención, en lugar de centrar la discusión política en ligar ventajas fiscales sólo a alquileres sociales y crujir de impuestos el mercado libre de arrendamientos a los que no quieran hacer alquileres sociales corresponsables con el estado a través de un contrato único sin cláusulas busivas. Incluso la moderada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española -AIReF –, pide esas medidas como hemos explicado en este documento. Ello permitiría una nueva Ley de Vivienda de Alquileres Sociales que reduzca el poder político y económico de la Patronal del Alquiler en favor del inquilinato.

Frente a datos tan contundentes de justicia fiscal se desmorona los argumentos sobre el esfuerzo familiar de la clase media para incrementar el patrimonio. Ese es el camino.

Tomen este documento como una primera parte de una segunda que publicaremos en unos días donde trataremos con datos el porqué la Ley de Vivienda no hará lo que debería hacer: en un mercado de alquiler casi totalmente libre establecer sólo determinadas ventajas fiscales si hay contratos de alquiler social con las administraciones públicas. eso significa que derogar el artículo 23 del IRPF va a liberar muchos millones anuales para ayudar a sufragar los arrendamientos de las familias trabajadores y quitar poder a la Patronal del Alquiler para dárselo a los inquilinos.

TEMA: renta bruta de alquiler, elusión fiscal de los caseros en gastos y desgravaciones, los inquilinos pagan hasta un 600% más que su abuelito casero: el secreto clasista del IRPF, etc >>>


NOTAS:

  1. lahidra.net, ¿Cómo afectará el control del precio del alquiler a los caseros?.
  2. eprints de la Complutense, La política de la vivienda en España: una aproximación histórica. Van-Halen Rodríguez, Juan (2017)
  3. Instituto de estudios Financieros, Una aproximación al impacto económico de la recuperación de la deducción por la compra de la vivienda habitual en el IRPF.
  4. diario Público, Los más ricos de España se llevan el triple de ayudas del Estado que.

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2 comentarios en «Los sindicatos de inquilinos se estrellan contra el derecho a la propiedad de la Patronal del alquiler»

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