Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas y búsqueda de soluciones a un problema fundamental desde el punto de vista social como económico que es la vivienda. Las próximas elecciones municipales nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en ese sentido.

Aquí teneís un esbozo que estamos discutiendo en la Asociación 500×20.

¿Para qué luchamos en 500×20?

Este programa esta realizado sobre los siguientes presupuestos:

• la presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares/año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.
• La necesidad de conservación, rehabilitación y sólo renovación del enorme parque de viviendas existente.
• La promoción de vivienda nueva solo en sustitución de edificios viejos. Promoción nueva sólo en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.
• Apertura  de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada entorno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas. Por lo tanto la negociación, en términos de quita, con las autoridades monetarias europeas para realizar un proceso consensuado y no traumático sobre las economías familiares, sociales y nacionales.
• La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, sostenibilidad y el decrecimiento.  La recuperación de los espacios naturales alrededor de las ciudades y la huerta de proximidad.
• Proponemos por tanto un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento.

Sin menosprecio de demandas concretas o temporales estas son las principales herramientas legislativas que desde un poder popular se necesitan para que la vivienda sea un derecho universal:

Hablamos de necesidades legislativas a nivel estatal

• Proponemos la creación de un Parque Público de Vivienda sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
• Proponemos la consolidación de ese Parque Público de Vivienda sobre la base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado por las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegitima para acabar con la impunidad financiera.
• Apertura  de una auditoría social sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales en los términos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
• Discusión y propuestas para que el suelo urbano pase a ser de dominio público y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
• Moratoria de desahucios sin alternativa sobre viviendas principales. Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal modo que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago
• Impuestos directos progresivos en renta y patrimonio sobre la vivienda en propiedad no principal. Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a un millón de euros. Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
• Se buscaran diferentes modalidades de esa fiscalidad directa gravosa  sobre las viviendas en propiedad que no sean principales en las grandes y medianas ciudades. Se ofrecerá a la propiedad de edificios en mal estado de conservación y sus solares correspondientes, solo en pequeños propietarios y herencias familiares, la dación a la Administración local, autonómica o estatal.
• Derogación de la LAU, desahucio-express y las leyes hipotecarias regresivas. Banca pública para gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.

• Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.

• Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones venideras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de un programa mínimo municipal.

• El alquiler social universal será un derecho ciudadano relacionado con la renta disponible de la unidad familiar (máximo 20%).

• Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664€) no superaran nunca los 100€ o no superaran nunca el 10% de los ingresos por unidad familiar.

• Registro Único de Solicitantes abierto a la inscripción exclusivamente personal y no como unidad de convivencia para dar las mismas oportunidades a cada ciudadano. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “de esto es lo que hay“. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.

• Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal.

• Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las Administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores

• Actualización de padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional por el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio del mantenimiento y el pago del IBI.

• Moratoria de desahucios. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.

• En el parque público y social se tenderá a propiciar contratos indefinidos de alquiler o derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. Los otros contratos se realizaran en alquiler por tres años renovables indefinidamente donde se revisaran las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o possibles derechos de propiedad sobrevenidos.

• Patronatos municipales de la Vivienda que gestionen de manera transparente junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Mesas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.

• Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social deberán tener preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Regularización de la ocupación por necesidad.

• Moratoria general de planes urbanísticos y infraestructuras que tengan oposición general de los movimientos sociales.

• Moratoria de licencias de obras a promociones de vivienda en propiedad.

• Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.

• Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas públicas. Municipalización de los Servicios básicos.

• Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energètico y climatización sostenible.