Desde el día 10 de abril, Ciutat Meridiana ha sufrido 14 intentos de desahucios, salimos a un promedio de un desalojo diario. Si contamos que en el barrio somos algo más de 10.000 habitantes, esta cifra dispara aún más la media. Esto es lo que nos ha hecho reflexionar sobre que algo ha cambiado en la relación con la justicia, que hasta ahora se regía por un protocolo para llevar a cabo los lanzamientos.

Si tenemos en cuenta que estos intentos de desahucios han contado con cinco de carácter abierto (que pueden ser ejecutados a cualquier hora y sin aviso previo), vemos que los bancos se han coordinado con los jueces para acelerar los desahucios de ocupaciones “ilegales” sin tener que esperar a la justicia ordinaria, que les supondría aún más gasto y tiempo para llevarlo a término.

Entre ellos tenemos a Ngonadi, persona que apenas habla castellano, en situación de alquiler, y que teniendo al día los pagos de todos los suministros, así como de la vivienda, los Mossos d’Esquadra decidieron que sus comprobantes no servían para nada, los introdujeron en una bolsa negra, sin dejar constancia alguna, y procedieron a realizar el lanzamiento, que consideramos totalmente ilegal.

Desde la Asociación de Vecinos queremos efectuar las siguientes consideraciones:

1. La justicia se está apoyando en los Mossos d’Esquadra, que han decidido actuar sin escrúpulo alguno, en nombre de la obediencia debida, en estos desahucios abiertos. Estos agentes intervienen como jueces, fiscales y verdugos, acompañados del procurador y el cerrajero.

2. Las Instituciones han decidido abandonar al distrito, y especialmente a Ciutat Meridiana. Ellos son los que firman el protocolo sobre desahucios, y ni han dado aviso, ni se han pronunciado, frente al cambio realizado en los protocolos, dejándonos en la más absoluta indefensión frente a los órganos judiciales.

3. Los Servicios Sociales de Nou Barris están lejos de actuar tal y como dice el señor Trias en sus discursos. Mientras que el Alcalde asegura que todas las personas desahuciadas tienen alojamiento hasta encontrarles una vivienda de alquiler social, los Servicios Sociales presionan para que la dejen lo más pronto posible la pensión, limitando el tiempo de estancia de entre tres días y una semana y ofreciéndoles como salida un cheque de 250€ para que busquen un piso de alquiler no público a personas que carecen de contrato laboral.

4. El problema no está en la ocupación, si no en la precariedad laboral. Estas familias, que ya han sido desahuciadas anteriormente de sus viviendas y a las que se les obliga a ocupar, que reciben ayudas, en algunos casos, o bien ganan algunos euros recogiendo chatarra u otros trabajos denigrantes y sin ninguna seguridad, se comprometen a pagar un alquiler acorde a sus ingresos económicos.

Por todo ello, la Asociación de Vecinos exige a la administración la suspensión del nuevo protocolo para desahucios de ocupaciones y la creación de uno nuevo pactado con las entidades del barrio, la administración y la justicia; a los Servicios Sociales, el cese de las presiones a los desahuciados para abandonar los hostales; y a los Mossos d’Esquadra, el cese de las actitudes represivas y racistas contra nuestros vecinos.

Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana