Un equipo de periodistas de investigación vinculado al medio de comunicación británico iNews, realizó una profunda investigación sobre el escándalo de las colaboraciones público-privado en Gran Bretaña. La serie de artículos que publicaron revela cifras alarmantes sobre la cantidad de dinero público devorado por estas sociedades en el Reino Unido. La investigación se produce casi dos años después del hundimiento de Carillion, un gigante de la construcción implicado en muchas de estas sociedades público-privadas en el Reino Unido y en Irlanda. El escándalo de Carillion había llamado la atención de la opinión pública y de la clase política sobre la cantidad de Asociaciones Público Privadas (APP) en las que se comprometió el Estado británico y de la inmensa carga que supusieron para el presupuesto del Estado.
Estas APP son contratos a largo plazo, cerrados entre, por una parte, una entidad pública (territorial, Estado, ayuntamiento) y, por otro, una entidad privada (empresa) que suministra infraestructuras físicas y de servicios que tradicionalmente eran suministradas por el gobierno (servicios públicos), como hospitales, escuelas, aeropuertos, cárceles, carreteras, ferrocarriles o plantas depuradoras de aguas. Estos contratos incluyen también una forma de compartir riesgos en cuyo marco los gobiernos intentan atraer inversiones privadas que hagan recaer una gran parte de los riesgos en el sector público (inversiones de riesgo según la jerga del Banco Mundial) y, a cambio, el inversor privado va a movilizar inversiones privadas (financiación) y construir/gestionar la infraestructura. En la práctica las APP, a menudo, son un método de financiación más costoso y aumenta significativamente los costes soportados por el Estado.
La investigación realizada por JPI Media Investigation, reveló que “las APP ya habían costado al Estado 5.000 millones de libras más de los previstos”. Esto se añade a la lista de controversias relacionadas con estas APP estos últimos años. En enero de 2018, el Tribunal de Cuentas británico reveló que los gastos anuales de 700 APP operativas se elevaba a 10.300 millones de libras esterlinas entre 2016-2017. El mismo mes, se hundía Carillion. Frente a estas controversias, el gobierno británico anunciaba en diciembre de 2018 que abandonaba las APP.
Uno de los principales problemas de la APP es la complejidad y la rigidez de los contratos que se extienden de 15 a 35 años; a veces incluso a 70 años. Cualquier modificación puede resultar muy costosa. En algunos contratos, la entidad pública debe hacer frente a cambios imprevistos como, por ejemplo, la actualización tecnológica o nuevas compras que vinculadas al contrato. Significa que está obligada a comprar a un contratista privado que puede aprovecharse para facturar a precios muy elevados. Claro, el problema de la duración y la rigidez de los contratos de la APP no es nada nuevo y han sido puestas de relieve a nivel mundial y en el Reino Unido. Pero estas últimas cifras aclaran los costes de estos contratos APP para el Estado británico y para sus contribuyentes.
Con este sistema, un hospital tuvo que pagar 5.300£ por un nuevo lavabo, al mismo tiempo que otro desembolsaba 24.000£ para adaptar los aseos a las personas con discapacidad funcional. Respecto al contrato de 1000 millones£ cerrado en 2004 para modernizar el hospital de Queen Alexandra, en Portsmouth, finalmente costará 1.700 millones de libras. Es un dinero que como muchos comentaristas han destacado, habría podido ser útil para la ciudadanía de Portsmouth. El trust público que gestiona el hospital fue portada de los periódicos en 2011, cuando el hospital fue obligado a contraer un préstamo de 13 millones de libras para pagar sus facturas y suprimió 700 empleos y 100 camas para hacer frente al coste anual de 40 millones de la APP en cuestión: APP que en sus orígenes estuvo gestionada por el gigante Carillion. Estas cifras se añaden a un reciente informe de un Think Tank británico sobre NHS (National Health Service), el organismo que gestiona todo el sistema de salud pública en el Reino Unido. Según este informe, este año los trust de los hospitales, gastarán 2.100 millones de libras esterlinas para los pagos a las APP, una suma colosal que superará los 2.500 millones en 2030. Cantidades de dinero que servirían mejor para cubrir las necesidades de los pacientes. Y esto, en un contexto en el que, siempre según el estudio, en octubre de 2019 se evaluaba en 3.000 millones de libras esterlinas las necesidades urgentes para el mantenimiento de los hospitales.
La escalada de los costes de las APP no solo afecta a los hospitales. Las investigaciones han revelado que una escuela tuvo que desembolsar más de 25.000£ por tres sombrillas, que otra escuela de Swindon gastó 6.100£ para reparar una pancarta en un gimnasio y que un local de la policía tuvo que pagar 884£ por un sillón.
Peor todavía. En algunos casos, las autoridades públicas tienen que pagar servicios que ni siquiera les han dado. Una veces es a causa de la de la rigidez de los contratos, a los que están atados de pies y manos. Por ejemplo, incluso si un centro de detención ya no es necesario, o un ala del hospital no responde a las nuevas normas de seguridad, la entidad pública sigue vinculada a la APP y los compromisos financieros que implica. Otras veces, es a causa de los costes suplementarios generados por las renegociaciones. En la práctica, más de la mitad (55%) de todas las APP son renegociadas, de media, cada dos años. Y en la mayoría de los casos, estas renegociaciones se traducen en un aumento de precio para las personas usuarias.
La última investigación descubrió que una maternidad del NHS construida y gestionada por una sociedad privada a través de una APP, cerró sus puertas después de solo 16 años. Pero a pesar del cierre, todavía cuesta millones de libras a los contribuyentes. Igualmente, una oficina de policía en el sudeste de Inglaterra intenta encontrar una nuevo uso a una sala de detención a la vista de que no se utiliza pero se sigue pagando. Y el coste de un ala del hospital de Sheffield alcanza seis millones de libras esterlinas a pesar de estar cerrado durante cerca de un año debido a las medidas de seguridad contra incendios.
El Reino Unido se ha habituado a los escándalos que rodean a las sociedades público-privadas. Por esa razón, el gobierno británico suprimió la ley que las autorizaba en 2018, impidiendo de este modo que se concluyan nuevos contratos en este marco. Pero algunos temen una marcha atrás a través del surgimiento de nuevas formas de APP: el gobierno conservador recordaba el año pasado la utilización de la APP “cuando ofrezcan un valor añadido para los contribuyentes y transfirieran el riesgo equitativamente hacia el sector privado”. De esta forma, el Reino Unido, precursor en la utilización de las APP, se ha convertido también el laboratorio de los límites de un modelo. La cuestión es saber a quién benefician las APP y quién paga el precio.
Traducción: viento sur
Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article15337
