| Familias marroquíes son víctimas de propietarios sin escrúpolos con la connivencia de Caixes, inmobiliarias, notarios y Hacienda, mientras la Administración catalana miraba hacía el otro lado cobrando plusvalías. | ||
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En Badia del Vallès con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimerías del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de España, también conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria.El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan apiñados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kilómetro cuadrado, son de protección oficial especial, pero ello no impidió que en los años del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.Fue un “fraude masivo“, según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las Cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000. | |
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Una estafa basada en el desconocimiento de la lengua, las leyes y unos tipos de interés desconocidos en sus países de origen.
Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades “por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado”. El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. El Departament d’Habitatge de ICV-EUiA auxilia a las Cajas Catalunya-Caixa, Penedès y Caja Madrid se van ha quedar con pisos valorados por 40.000 €, sobre el papel y legalmente, por los que concedieron hipotecas de hasta 200.000€. Durante varios años han cobrado miles de euros de intereses casi sin amortización. Para evitar la pérdida patrimonial, Habitatge a través de su secretaria, Carme TRILLA, aprobaron un decreto en febrero que sale en auxilio una vez más del sistema financiero. Cambiando la figura jurídica de “protección especial” a “régimen general”, con ello las cajas podrían vender los pisos a más precio. Esta decisión, según las entidades que están ayudando a los afectados, solo sirve para reducir “las pérdidas de las cajas, que se habrían quedado un piso que no vale casi nada”, asegura Alternativa d’Esquerres per Badia. “Los bancos participaron en el fraude concediendo hipotecas irresponsables, pero una vez más, no se les hace pagar los platos rotos, sino que son asistidos por la Administración”, agrega Ada Colau, del Observatorio Desc. Estas entidades sociales destacan, además, que la revalorización de los pisos de Badia beneficia a todos menos a las familias afectadas. “El hecho de que se duplique el valor del piso significa que estas personas han gozado de un incremento patrimonial y Hacienda les reclamará el pago de los impuestos correspondientes a pesar de que la vivienda dejará de ser suya porque se la quedará el banco”, señala Colau. La Generalitat y CatalunyaCaixa ya han previsto la solución: el acuerdo establece que la caja dará créditos a las familias para pagar estos impuestos. El problema es que los afectados rechazan volverse a endeudar con el banco. Los primeros propietarios que vendieron sus pisos ahora deberían responder por la venta fraudulenta y por el dinero negro cobrado en mano delante de notario y de la Caixa que avalaba el fraude. Y ¿qué hay de los notarios y de la Hacienda pública?
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“Que alguien me explique este embrollo”, reclama el marroquí Youssef Ajnif. En paro desde hace dos años, Youssef asegura que nadie le explicó que el piso que compraba era de protección oficial y escriturado sólo en 6.000 euros.