Unas familias ocupan durante 48 horas unos pisos vacíos en el barrio de Porta.
El conjunto residencial, medio vacío desde hace una década, ha sido defendido por matones.
El expeditivo método abre graves interrogantes sobre el Estado de Derecho.
Durante el pasado sábado varias familias ocuparon varios pisos de un conjunto residencial de alto standing (así reza un cartel de venta) situado en el barrio de Porta. Varias decenas de esos pisos se mantienen vacíos desde hace casi una década. Lo normal es que la propiedad denuncie la ocupación y se abra un proceso judicial penal o civil para recuperar el bien inmobiliario “usurpado”. En la época que vivimos la ocupación de pisos no es precisamente noticia.
No es nuestra Asociación quién vaya a dar razones por las que las ocupaciones se han convertido muchas veces en el único medio por las que familias y jóvenes parejas evitan vivir al raso. La gravedad de la crisis habitacional llega incluso a familias con trabajo que no pueden pagar el piso. Cada día en la ciudad se ejecutan una media de 20 desalojos en su mayoría de familias pobres en alquiler. Sin ir más alla mañana, 8 de julio, hay 3 desahucios conocidos en el barrio.
Nuestra Asociación ha escuchado este pasado viernes 4 de julio de los responsables del Distrito y del Ayuntamiento de Barcelona, en la Mesa de Vivienda, su impotencia para dar solución a los cientos de demandas de pisos de emergencia que acumulan. El Estado español, la Generalitat y el Ayuntamiento, en ese orden, tienen una grave responsabilidad social en la crisis habitacional que vivimos. La inacción de la Administración aboca a la gente a la ocupación como medida desesperada, de manera, que un problema social y democrático se acaba convirtiendo en un problema entre particulares y en todo caso de la justicia y la policía. ¡problema resuelto dirán!
¿Qué ha pasado en el barrio de Porta?
Por lo conocido por nuestra Asociación, en la noche del sábado, los Mossos realizaron la primera inspección ocular e identificaron a alguno de los ocupantes. No se trataba de certificar que una vez más se vulneraba el derecho constitucional a la vivienda. No!… se trataba que la propiedad había denunciado y la policía actuaba de oficio.
Durante el domingo hubo sus más y sus menos entre un segurata, la propiedad y los ocupantes. En la noche del domingo, varios hombres armados de palos se personaron delante de los pisos ocupados por las familias, en actitud amenazante, por lo que según la versión de las familias estas llamaron a los Mossos que apaciguaron la situación o al menos así pareció.
El lunes por la mañana algunos ocupantes fueron voluntariamente a declarar a la comisaría de los Mossos de la calle Aiguablava. Esta mañana nuestra Asociación, por demanda de las familias, intentamos mediar con los Mossos haciendo una llamada a la comisaria. Al mediodía, también estaba informada la Asociación de Vecinos de Porta, y se intentó aclarar la situación. Las familias ocupantes, desesperadas, estaban decididas a resistir antes de quedarse al raso.
A primera hora de la tarde, siempre según la versión de las familias totalmente creíble, un nuevo grupo de hombres al estilo de los que “guardan las obras” para evitar que roben, les amenazaron con la suficiente contundencia que abandonaron los pisos y sus cosas.
El expeditivo método abre graves interrogantes sobre el Estado de Derecho.
La propiedad del conjunto residencial fracasado, decidió que la cosa se alargaba demasiado, y seguramente después de valorar consejos diversos, seguramente de letrados, decidió que la vía más rápida para recuperar la propiedad era el uso de matones. No servían ni la vía penal ni el largo proceso civil contra la usurpación de los pisos por precariedad.
Ciudadanos!!!
Hemos entrado en otra etapa donde la ley la deciden el dinero y los matones. Este expeditivo método abre graves interrogantes sobre el Estado de Derecho. Esta escalada violenta debería poner en guardia a la Regidora y a la comisaria de Nou Barris. Estamos jugando con fuego y en algún momento u otro puede estallar un grave conflicto.
Nuestra Asociación llevamos denunciando desde el 2006 la sistemática vulneración del derecho a la vivienda en este país. El día 27 de junio en una reunión a puerta cerrada con el Alcalde Xavier TRIAS avisamos que nuestra labor de mediación esta acabando los últimos cartuchos ante la cerrazón legislativa, de Servicios Sociales y de la Oficina de Vivienda.
¿Cómo pueden mantenerse decenas de pisos vacíos casi una década?
¿Cómo puede haber tanta gente sin casa y tanta casa sin gente?
¿Cuando actuaran los Mossos de oficio contra esa injusticia en lugar de apoyarla?
¿A que espera al alcalde Trias a multar a esa inmobiliaria por incumplir su función social?
Este hecho nos lleva a recapacitar que se deben construir en esta ciudad, en este país, nuevas mayorías sociales y políticas dispuestas a convertir en delito punible la existencia de viviendas vacías por tan largos períodos de tiempo. Y aislar socialmente a quienes defienden el derecho de propiedad con matones sin mediar el supuesto Estado de Derecho en el que vivimos.
