¡¡¡OTRO JUICIO AL ACTIVISMO¡¡¡.

Toni Tallada – presidente de asc. 500×20 en 2014

“EL FISCAL ME PIDE DOS AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN POR TIRAR UNOS PAPELES AL SUELO…”

El 22 octubre del 2014 después de dar soporte en uno de los cientos de desahucios que asolan el distrito de Nou Barris, los congregados allí decidimos ir a la oficina de servicios sociales a hablar con su directora, pues los colectivos en defensa de la vivienda de la zona considerábamos que el papel de servicios sociales en el tema de la vivienda dejaba bastante que desear. No era la primera vez que íbamos a un centro de servicios sociales para hacer llegar nuestras reclamaciones, pidiendo incluso la interlocución de responsables políticos para que nos aclararan los protocolos y actuaciones frente a los desahucios y exigir más implicación.

Así pues esa mañana nos dirigimos hacia la oficina de servicios sociales unas 70 personas. Entramos en primer lugar un grupo de unas 15 personas con la intención de hablar con la directora cuando de repente vimos como lxs trabajadorxs se encerraban con llave en los despachos laterales. Les dijimos que veníamos ha hablar pero nadie salió a atendernos.

Pasados un par de minutos sin que nadie nos hiciera caso decidimos tirar algunos papeles al suelo en modo de protesta y marcharnos. Cogimos 2 bolsas de papeles del container de reciclaje y los lanzamos al suelo de las dependencias.

En un momento dado un grupo de personas que estaban detrás nuestro tiró mobiliario y algunas macetas al suelo. Yo particularmente les increpé su actitud y una vez calmada la cosa salí del local para ver si localizaba al mediador del ayuntamiento, que me constaba que se dirigía hacia allí.

Según me enteré días después algunos trabajadores del equipamiento se habían sentido violentados por los hechos, incluso algunos cogieron la baja y se les proporcionó atención psicológica.

Quiero aclarar que en ningún momento presencié amenazas ni coacciones a lxs trabajadorxs y que en ningún modo los hubiera permitido. Lxs activistas por el derecho a la vivienda vivimos una tensa escenificación de la violencia institucional cada vez que se intenta desahuciar a una familia y a pesar de ello mantenemos nuestro adn pacifista intacto.

Pues bien, por esta acción de protesta la fiscalía me pide 2 anos y medio de cárcel por desórdenes públicos y seré juzgado el día 4 de febero.

Las únicas pruebas acusatorias que tienen sobre mis actos es una fotografía en la que se me ve tirando papeles al suelo y un testimonio que lo ratifica. La pregunta a la judicatura es obvia: ¿esto actos constituyen delito penal? (actuaciones premeditadas con el propósito de alterar la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones, según el fiscal). Pues bien, la judicatura manifiesta que ya se dilucidará en el juicio, pero por lo pronto usted está en libertad condicional a la espera de jucio.
Tal es el despropósito del escrito de acusación que incluso está imputado el compañero Filiberto Bravo que ni siquiera entró en las dependencias, cosa demostrable. Una vez más la presunción de inocencia al desagüe.

Asistimos una vez más a un juicio político donde las pruebas no se sostienen y las peticiones de penas son totalmente desproporcionadas.

En Nou Barris (como en muchos lugares) ya estamos acostumbrados a que cuando hay protestas, huelgas o acciones reivindicativas los/las imputados/as sean los/las activistas más reconocibles los que acaben siendo juzgados/as por el sólo hecho de haber estado en el escenario, ante la incapacidad de las fuerzas del orden (fiscalía incluida) de identificar a quien realmente comete un desaguisado punible. En octubre del 2014 yo era presidente de la asociación 500×20 y Filiberto Bravo presidente de la AAVV de Ciutat Meridiana. Evidentemente, detrás de estas actuaciones jurídico-policiales había (y hay) un claro objetivo: descabezar a los movimientos sociales moliendo a multas y juicios a sus miembros más activos.

Esta táctica del descabezamiento que utiliza el establishment no es nueva, huele a rancia de antigua, pero en los últimos tiempos estamos asistiendo a un repunte desacomplejado de acciones judiciales contra personas y colectivos reivindicativos al fin de acallar sus voces y meter miedo al personal. Todo un retroceso democrático, propio de estados represivos.

Quiero recordar que precisamente la humanidad ha avanzado en derechos y libertades gracias a tanta gente que a lo largo de la historia se ha revelado ante la injusticia y la desigualdad y por ello muchos fueron perseguidos y castigados. A algunxs lxs callaron, muchxs recogieron el testigo.

Por último quiero agradecer todas las muestras de solidaridad que estoy recibiendo estos días y deciros que me preocupa mucho más que una familia se vaya a la calle que afrontar este montaje.

Se que puedo contar con vosotrxs.

Antoni Tallada. Enero 2019