La propagación de la epidemia del Corona-virus en nuestras ciudades y pueblos y en Barcelona es cuestión de horas o días hasta que resulte afectados todos los servicios esenciales que mantienen la actividad social, política y económica.
El Ayuntamiento de Barcelona está suspendiendo toda clase de reuniones y toda la administración está entrando en modo colapso sobrepasada por la magnitud de una epidemia que revienta todas las frágiles costuras en una sociedad basada en el lucro privado por encima de cualquier otro valor humano.
El poder legislativo del Gobierno de coalición entre PSOE-UP ha tomado sólo una tímida medida, la renovación por cuatro años de la moratoria de desahucios hipotecarios, y deja para más adelante cualquier intervención en el mercado de alquiler o regularizar los miles de ocupaciones de viviendas.
El poder judicial se ha mostrado inmune al sufrimiento de miles y miles de lanzamientos de hogares pobres y sobre todo de hogares monoparentales de madres con niños. Ha sido apercibido por gran parte de la sociedad como un poder fáctico que trabaja no para la JUSTICIA sino para el poder inmobiliario y financiero convertido en un lobby más de los poderosos. Ha sido apercibido por los tribunales europeos y la ONU. Si Audiencias, magistrados, jueces y funcionarios de Justicia continúan haciendo oídos sordos a la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia, a la que se suma una crisis económica que estaba a punto de explotar, los desahucios sobre todo de los hogares más vulnerables convertirán la situación en un polvorín. El poder legislativo, judicial y la policía dejarán a los hogares afectados por la violencia inmobiliaria en manos de unos ayuntamientos que aún están más colapsados que antes tras la epidemia.
La propiedad inmobiliaria y la banca están recibiendo durante años ayudas fiscales que generan boquetes en la Hacienda pública sin pedir nada a cambio. Al contrario desde el 2007 son más ricos, tienen más beneficios y son culpables y beneficiarios de las burbujas especulativas inmobiliarias que asolan las economías de los hogares más pobres. ¡Ya basta!
No esto no puede seguir como si aquí no pasará nada. Es necesaria una moratoria general de desahucios de viviendas habituales que se sume a la tímida moratoria ya decretada por el gobierno.
Pedimos al Ayuntamiento de Barcelona, a todos los ayuntamientos, que levanten su voz como poder local exigiendo que la crisis económica agravada por la pandemia no vuelva a recaer en nuestras espaldas. ¡BASTA DE INJUSTICIAS!
Pedimos a todas las organizaciones sociales y políticas un paso al frente, en el sentido de este comunicado de nuestra asociación, para acabar con la lacra de la violencia inmobiliaria estructural contra los pobres y las clases populares.
ASOCIACIÓ pel LLOGUER PÚBLIC i ASSEQUIBLE, 500×20
