El alquiler social hace aguas en Barcelona ante una especulación inmobiliaria desaforada.

Los bancos se niegan ahora a ceder más pisos para emergencia social

Se veía venir. La Regidora d’Afers Socials del Ajuntament de Barcelona, Laia ORTIZ, ha reconocido a los medios de comunicación que cada vez hay más dificultades para obtener pisos para la Bossa d’Habitatge Social.  Los mecanismos legales que permiten al Consistorio obtener vivienda para emergencia social en el mercado se agotan: acuerdos con los bancos, con particulares y con entidades sociales. La ciudad sólo dispone de 6500 viviendas públicas ( después de 40 años de democracia) y el plan de construcción de vivienda pública para llegar a 10.000 viviendas en el 2019 tiene su propio ritmo. Lo que retrocede son los pisos sociales cedidos propiedad de entidades financieras, de entidades sociales, de la Iglesia católica y de particulares. De hecho, el programa estrella del gerente de vivienda del Ayuntamiento, Javier Burón,  la captación de pisos privados para alquiler social, este año 2016 ha fracasado como ocurrió en su momento en Euzkadi.

Por contra, la maldecida AirBNB ofrece en la ciudad 8.500 pisos  y el PEUAT cifra en 15.000 los pisos turísticos de la ciudad. La oferta turística duplica por año el parque de vivienda pública después de 40 años de “democracia” ¿Alguien será culpable… no? Desde el punto de vista de la emergencia habitacional, el problema son los pisos turísticos que retrotraen oferta del mercado del alquiler para el turismo, pero no los confundamos con las habitaciones. Si una familia empadronada y viviendo en su piso ofrece una habitación para complementar su renta… NO RETRAE ESA VIVIENDA DE LA OFERTA del parque de alquiler del mercado libre. En Barcelona. hay 165.000 pisos que no son vivienda habitual, que no vive una unidad familiar censada, ese debería ser el objetivo de la disputa.

A pesar de un esfuerzo inversor enorme de 160 millones de € para el 2017, la Casa Gran – Ayuntamiento- se enfrenta a un mercado inmobiliario desaforado que engulle más y más dinero, con precios medios por las nubes. Si la ciudad claudica a sus exigencias, el afán del Ayuntamiento de buscar vivienda social en ese mercado puede convertirse en un suicidio financiero del Consistorio. El mercado de alquiler, contratos nuevos y renovaciones, de Barcelona es un mercado reducido de tamaño- 45.000 anuales- . Al mismo tiempo, no existe un parque de vivienda pública que amortigüe el valor medio de los alquileres del mercado libre como en muchas ciudades europeas. Ello supone, que las medias de rentas realizadas por las administraciones o los portales inmobiliarios privados sólo reflejan las expectativas de rentabilidades que marcan el conjunto del lobby arrendador. Quiere decir que hablar de “alquiler justo” en ese contexto totalmente liberizado, con una entrada masiva de dinero bancario (está mejor explicado más adelante) es un camelo  que puede acabar llevando las sinergias creadas entorno a una reforma del alquiler a la orilla del enemigo. Cuidado con los discursos ligeros de argumentos que se piensan que por repetir miles de veces “alquiler justo” o “control de precios” la realidad será modificada.

Mientras el ritmo de lanzamientos judiciales, de emergencia social, crece el de pisos sociales disponibles decrece. En las Oficinas de Vivienda y en la Mesa de Emergencia Social de la ciudad se acumulan cientos de familias, con los trámites aprobados, pero que no reciben el esperado piso y están pendientes de desahucio desde los Juzgados. La situación empieza a ser insostenible ha dicho la Regidora. los datos de la tabla avalan estas afirmaciones

La magnitud del monstruo que acecha Barcelona supera la segura buena voluntad y la capacidad económica del Gobierno de Ada Colau. Es un problema de la Generalitat pero sobre todo es ya un problema de Estado. Barcelona, junto a Madrid, ya es una ciudad global y la circulación libre de capitales la convierte en un apetitoso bocado. El turismo es una consecuencia, pero no la causa, de la total libertad de mercado en que opera la propiedad inmobiliaria desde hace décadas en este país.

Quiere decir que hablar de “alquiler justo” en ese contexto totalmente liberizado, con una entrada masiva de dinero bancario, es un camelo que puede acabar llevando las sinergias creadas entorno a una reforma del alquiler a la orilla del enemigo. Cuidado con los discursos ligeros de argumentos que se piensan que por repetir miles de veces “alquiler justo” o “control de precios” la realidad será modificada.

La flexibilización cuantitativa del BCE, la LAU y la fiscalidad están detrás de la expulsión de vecinos en los barrios.

La media de compras de inversores sin hipoteca se sitúa en el 40% de media en Barcelona pero en barrios llega al 50% o al 80% en Ciutat Vella. Ese flujo de dinero compra edificios enteros con inquilinos dentro para después renegociar condiciones o desahuciar con la LAU en mano. La LAU– Ley de Arrendamientos Urbanos- se ha convertido en su instrumento predilecto para echar a los vecinos de sus casas. La comparación que hacíamos en el 2016 entre el presupuesto del Ayuntamiento y la fuerza aplastante de la inversión es un botón de muestra: la inversión inmobiliaria en BCN fue de casi 2000 millones de euros y supone el 85% del presupuesto global del Ayuntamiento y es el 20% del total estatal de todo el país.

La LAU- Ley de Arrendamientos Urbanos- es el instrumento legislativo, el arma, que usa el inversor extranjero y español para echar a los vecinos de sus casas y adecuar la ciudad a los negocios inmobiliarios y turísticos.

Sí, el sector inmobiliario en España está alborotado por la entrada masiva de dinero de los llamados fondos buitre -o hedge funds-. Una gran parte de la culpa la tiene la Reserva Federal de EE.UU y ahora el BCE – el Banco Central Europeo- que lleva años usando la máquina de creación de dinero bancario para realizar compras masivas de deuda empaquetada- titulizada – por valor de 80.000 millones de euros al mes, una deuda que los bancos españoles y europeos no paran de generar. Este “dinero “bancario” a raudales ha sido el detonador de la especulación y de la dislocación de precios del mercado inmobiliario en Barcelona. La titulización hipotecaria, de deuda, es una de las herramientas que la banca utiliza para retroalimentar el mercado y el BCE es subsidiario de sus necesidades.

Barcelona es una ciudad global donde la vivienda es un activo financiero que genera más rentabilidad que la inversión productiva o social. Pero para comprar o alquilar a turistas se necesita la materia prima. La vivienda nueva es un bien escaso en una ciudad sin espacio. La materia prima viene de la vivienda usada o de la rehabilitación que necesita de la expulsión de los vecinos como detonante del ciclo inversor. Ese ciclo necesita primero una oferta: dinero masivo bancario. Segundo una ley sencilla para echar a los vecinos: la LAU. Tercero una fiscalidad que castiga al inquilino y beneficia sobremanera al arrendador o propietario: España es líder europeo en subvenciones y execciones al alquiler, fraude, elusión fiscal tanto de propiedad jurídica como física.

El 50% de la población forma parte del precariado: persona sin perfil financiero solvente que no le permite comprar una hipoteca – piso- pero tampoco pagar alquileres de dos dígitos el m2: la media en BCN és de 14€/m2. Así, la expulsión del vecindario pobre es un hecho como lo es la apropiación del valor intangible de la ciudad por el inversor (español o extranjero)  que acaba apoderándose del valor monumental, artístico, histórico, geográfico o popular de la ciudad junto a un proceso que comentamos ya en el 2014 de gentrificación y disneyficación de la ciudad. El Gótico tiene más plazas hoteleras que viviendas para la población local.

Pero como dice este último artículo citado, el problema no es el turismo sino la especulación desaforada que ha tenido en la clase política un aliado eficaz para echar a sus conciudadanos. Los medios de comunicación y determinados grupos ponen mucho el acento en el turismo como la causa de todos los males. No nos confundamos de enemigo! El turismo es una consecuencia de políticas claras cultivadas durante décadas en favor de la vivienda como bien financiero y eso es responsabilidad de la banca, en primer lugar, que controla los flujos de crédito y después de la clase política vendida a sus intereses: los partidos del régimen. Alguien tiene interés en llevar el debate ciudadano al terreno sin salida, de turismo sí o no, para correr una cortina de humo sobre esas otras responsabilidades.

No confundamos el enemigo! El turismo es una consecuencia de décadas de políticas públicas a favor de la vivienda como bien financiero y eso es responsabilidad de la banca, en primer lugar, y de la clase política……

La responsabilidad de la Banca y del BCE en la burbuja inmobiliaria de Barcelona

La banca ya no cede viviendas sociales sencillamente gestiona o vende sus inmuebles.

La Banca española no se puede ir de rositas en este desaguisado que ha montado. La especulación no es un monstruo ajeno a la banca, es parte de su materia, que orienta sus compras desde paraísos fiscales a través de sociedades interpuestas, SOCIMI, que gozan de la exención del 95% del Impuesto de Sociedades. Igualmente se han adjudicado miles de viviendas de manera fraudulenta en Barcelona fruto de las daciones en pago o de ejecuciones hipotecarias. En el caso de las ejecuciones hipotecarias a pesar de ser simples gestores de la hipoteca, los bancos se presentaban en los juzgados como legítimos propietarios de la hipoteca y su garantía: la vivienda, escondiendo al juzgado que esa deuda la habían vendido a un fondo de titulización. Igualmente en los remates de las subastas han adjudicado viviendas a sus inmobiliarias como Gescatviviendas,  ServiHabitat, etc sin pagar impuestos de ITP y AJD.

El 28 de octubre el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moción, presentada por ERC, que situaba la titulización hipotecaria en el ojo del huracán. Desde nuestra Asociación llevamos meses esperando el desplegamiento de esa moción en los protocolos de Ofideute y de las Oficinas de Vivienda de la ciudad para parar la hemorragia de viviendas cedidas a la banca por ejecuciones hipotecarias, compraventas de deuda – Anticipa-, alquileres sociales encubiertos o daciones en pago-  que acaban siendo muy onerosas al presupuesto municipal que debe asumir y pagar viviendas de emergencia para las familias en procesos de desalojo. Las organizaciones sociales debemos hacer de la no entrega de la vivienda de los hipotecados al banco un caballo de batalla judicial y en la calle. Ni nos imaginamos hasta que punto daríamos respiración asistida a los hipotecados expulsados de sus viviendas si bloqueamos ese combustible vital de la banca privada.

¿Cuántas viviendas son propiedad de los bancos en Barcelona?

Pues parece que muchas más de las que dicen. En 2015, los bancos entregaron al entonces alcalde Xavier TRIAS un documento que afirmaban poseer 4154 pisos en la ciudad. Repetimos … PROPIEDAD DE LOS BANCOS! Pero la prensa informa que 9 inmobiliarias ligadas a la banca o grandes tenedores poseen más de 98.000 viviendas en alquiler en el país. En España el mayor propietario de vivienda en alquiler es CaixaBank, a través de sus filiales inmobilarias Servihabitat y BuildingCenter, con 38.00 viviendas. Otro estudio realizado por elcritic.cat muestra que en Catalunya, a fecha 31 de diciembre de 2016, habia 43.886 pisos vacíos producto de ejecuciones hipotecarias, nosotros añadimos ilegales con las sentencias europeas contra cláusulas abusivas.  Más de 15.000 de esas viviendas són del BBVA-CX y después más de 8000 de la SAREB. Los datos constan en el Registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin título habilitante, que gestiona la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Es evidente que esas viviendas deben ser el principio del parque público de viviendas y la discusión está en  como se destinan a ese fin y no a enriquecer aún más a la Banca española culpable de una década de crisis… quién le pone el cascabel al gato???

NOTICIA EN La Vanguardia.

Nueve grandes grupos son dueños de 89.000 viviendas en alquiler

Nueve grandes grupos, de origen bancario, fondos de inversión o constructores son propietarios de 89.000 viviendas en España: un número considerable pero que supone apenas el 3% de la oferta de pisos de alquiler en España, muy lejos de lo habitual en Europa, donde grandes operadores, que generalmente cotizan en bolsa, son los grandes “caseros” del país. Este es el caso en Alemania, por ejemplo, de Vonovia y Deutsche Wohnen y en Francia de Foncia o Nexity.

En España el mayor propietario de vivienda en alquiler es CaixaBank, a través de sus filiales inmobilarias Servihabitat y BuildingCenter, con 38.00 viviendas; cuando el líder alemán, Vonovia, tiene 340.000 y Deutsche Wohnen, el segundo, 160.500.

Cuatro de los mayores propietarios españoles son grupos bancarios (Servihabitat, de CaixaBank, Altamira del Santander, Solvia, de Banc Sabadell y la Sareb, el banco malo del sistema financiero) y cuatro inversores financieros (Azora, de la socimi Hispania; Anticipa, de Blackstone; Testa, de la socimi Merlin y Goldman Sachs), a los que acompaña una constructora, Acciona.

Los propósitos de estos grupos de construir grandes inmobiliarias especializadas en el alquiler se han visto frenados por la subida de los precios de las viviendas en las grandes ciudades, en las que quieren concentrarse, que ha superado el crecimiento de los alquileres. Así, comprar un piso para alquilarlo en el 2012 proporcionaba una rentabilidad por alquiler del 7,02% en Madrid y del 6,48% en Barcelona, que bajó hasta situarse el año pasado en el 7,32% en Madrid y el 5,94% en Barcelona, según Tecnocasa.