4 familias viviendo en tienda de campaña delante del pabellón olímpico de Badalona señalan al Estado español como culpable de la violencia inmobiliaria

Desde el pasado 29 de mayo 4 familias de Badalona, del barrio de la Salut Alta, se han quedado sin vivienda y no les ha tocado otro remedio que ir a acampar delante de la Oficina de Vivienda de la Ciudad esperando que el Ayuntamiento de la ciudad les de una alternativa habitacional después que los órganos judiciales españoles con el apoyo de la policía autonómica los echara de las viviendas donde residían.

Hay adultos que van a trabajar, ancianos que se quedan en el campamento y menores que van a la escuela. Por las tardes hay asamblea y gente solidaria pasa a todas horas. Van a resistir porqué la Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona les apoya y han encontrado la solidaridad incluso más allá de la ciudad desde colectivos de Barcelona como nuestra asociación hasta los acampados de Madrid sin vivienda. La estampa de familias sin vivienda al lado de un pabellón olímpico infrautilizado que costo millones de euros es la muestra de la desidia política de este país.

12 años después de iniciada la crisis del 2007 ningún gobierno ni partido ha hecho nada para acabar con la violencia inmobiliaria que azota las ciudades de todo el país. Ni siquiera los desahucios son noticia de los medios de comunicación paniaguados de la gran Banca ni lo han sido en la mayoría de debates electorales de este largo ciclo o circo electoral.

Naturalmente las familias esperan una solución del Ayuntamiento porqué es la administración más cercana al ciudadano pero las responsabilidades hay que buscarlas donde se debe. En primer lugar han sido los servicios judiciales comandados desde Madrid por leyes estatales como la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil las que han puesto a estos ciudadanos con la ayuda de la policía autonómica, los Mossos, de patitas en la calle. Cumplida su labor, de preservar los intereses de la propiedad de las viviendas, jueces y policías se lavan las manos si esas familias no tienen donde ir a vivir, no es su asunto y volverán a sentenciar otra familia sin mostrar el mínimo resquicio de empatía al día siguiente. El Parlamento español con el apoyo de la mayoría de partidos ha aprobado esas leyes y sus reformas continuadas que las han endurecido año tras año contra los pobres y precarios. Ni trabajando pueden pagar un alquiler.

El Ministerio de Hacienda siguiendo la Ley de estabilidad presupuestaria que da prioridad al pago de la deuda de los acreedores extranjeros desde el modificado artículo 135 de la Constitución ahoga las haciendas locales hasta el punto que no pueden pagar una pensión. No estamos quitando culpa al Ayuntamiento de Badalona u a otro cualquiera que no levantan la voz como administraciones cercanas al ciudadano para denunciar la vulneración sistemática de las leyes internacionales por los poderes del estado que supuestamente el Reino de España firmó para defender derechos fundamentales como la vivienda.

Ni siquiera hay datos públicos fiables de la violencia inmobiliaria en nuestro país y hay que recurrir a los de organizaciones caritativas religiosas que cifran en más de un millón de hogares en el área metropolitana de Barcelona en 27 municipios, 1 de cada 4 ciudadanos, están obligados a vivir en condiciones muy precarias, explica Cáritas en un estudio reciente (*1). El apagón estadístico sobre las consecuencias sociales de los desahucios viene de la mano con la absoluta liberización del mercado de alquiler de las últimas décadas que ha dejado en la más absoluta desprotección a millones de inquilinos.

Mientras ese millón de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona viven en condiciones muy precarias los propietarios de sus viviendas viven en un paraíso fiscal como hemos denunciado reiteradamente sin que ningún medio tenga interés en ventilar esa enorme injusticia. Mientras las leyes de nuestro país permiten la elusión fiscal de los arrendadores por valor de más de 100.000 millones de euros en poco más de una década, miles de familias incluso trabajando tienen que decidir cada mes comer o pagar el recibo del alquiler.

El Estado español se ha olvidado durante 50 años que para que hubiera justicia social era necesario un parque público de alquiler asequible. No existe y la gente sin recursos se ve abocada a un mercado libre de alquiler lleno de tiburones que encima están alimentados fiscalmente por ese mismo Estado que envía a jueces y policías a castigar a los que no pueden pagar un alquiler con sus miserables salarios.

Como dice la PAC Badalona: ACAMPADA ALTERNATIVA VIVIENDA 🏕BADALONA. SEXTA NOCHE VIVIENDO EN LA CALLE. MIENTRAS SOMOS EL ESTADO DE EUROPA CON MAYOR FRAUDE Y EVASIÓN FISCAL. GENERALITAT Y AYUNTAMIENTO de BADALONA SON RESPONSABLES DE QUE NO EXISTAN ALTERNATIVAS AL MERCADO DE VIVIENDA PRIVADA.

solidaridad y empatía!

Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500×20


Notas:

  1. lavanguardia.es, Malvivir en el cuarto de la basura por 350 euros/mes.
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