El govern de la Generalitat de Catalunya no puede tener una doble vara de medir

A nuestros conciudadanos:

Celebramos que el Govern de la Generalitat de Catalunya tome en consideración los derechos humanos cuando hace suya alguna de las decisiones de las Naciones Unidas en esa materia, pero hemos de señalar que, al mismo tiempo, entra en contradicción cuando no toma la misma consideración para los derechos humanos, así mismo recogidos también en pacto internacional, de muchos afectados y afectadas por desahucios.

Constatamos que en fecha 31 de mayo de 2019 la consellera de presidència y portavoz del govern de la Generalitat de Catalunya, Sra. Meritxell Budó, en relación a la decisión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, que pide la liberación inmediata de los presos políticos, afirmó en rueda de prensa oficial que “los pactos internacionales son ley, y que son, además de leyes internacionales, leyes que después se han transpuesto a la propia Constitución española, y por tanto, son de obligado cumplimiento”.

También afirmó en la misma rueda de prensa que “es vinculante esta decisión que envía el grupo de trabajo” y que lo que dice el grupo de trabajo “no es que hagan caso a este organismo concreto” (a este grupo de trabajo en concreto). “Lo que está diciendo – continuó la consellera – es: Gobierno del Estado español, debéis hacer caso a los tratados que habéis firmado”.

La Sra. Meritxell Budó también señaló cómo, a su juicio, se constituyen dichos grupos de trabajo:

“La Asamblea General de las Naciones Unidas escoge los miembros del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y desde este Consejo de Derechos Humanos surge el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de entre muchos otros grupos que trabajan en la defensa y el compromiso de los derechos humanos”, afirmó en dicha rueda de prensa.

Recordamos que, según la misma portavoz del Govern, la ONU dice que se ha de hacer caso a las decisiones que se adoptan, no únicamente por este grupo de trabajo, sino también por otros.

Y lo recordamos porque las organizaciones que luchamos por el derecho a la vivienda de los ciudadanos y por extensión, por sus derechos humanos, también recibimos decisiones de un grupo de trabajo sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas, que se basan también en un pacto internacional (concretamente en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas), pacto también firmado por el Estado español.

Por consiguiente, así como el Govern de la Generalitat de Catalunya exige al gobierno del Estado español que cumpla con los pactos internacionales que ha firmado, nosotros también exigimos al gobierno de la Generalitat de Catalunya que cumpla con el pacto internacional antes citado.

Por lo que respecta a los colectivos afectados, aquellos que se ven amparados por la decisión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias y aquellos que en cierta medida también se pueden apoyar en las decisiones del grupo de trabajo del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, hay que señalar, que no se puede tener tampoco una doble vara de medir. No se puede sostener que los pactos internacionales valen para unos y no para otros.

Hemos de recordar que la situación también es grave para muchos de los afectados por desahucios: varios de ellos se han quitado la vida cuando iban a ser desahuciados. Los derechos humanos no se pueden reducir a un solo colectivo: los derechos humanos o valen para todo el mundo o no son derechos humanos.

Por lo tanto, pedimos del Govern, y a su conselleria de Interior, que evite el envío de las fuerzas de orden público (Mossos d’Esquadra) en la ejecución de los desahucios que vulneran los derechos humanos pues entendemos que las fuerzas públicas, así como las instituciones que las representan, al ejecutar dichos desahucios, vulneran sistemáticamente los pactos internacionales que, según el propio Govern de la Generalitat de Catalunya son ley (además de una ley que, según entendemos, prevalece por encima del ordenamiento del propio Estado que ha firmado ese pacto).

Hacemos extensiva esta exigencia al Estado español, y en congruencia, exigimos a la Generalitat de Catalunya y al Estado español, que respete los derechos humanos, en particular que respete las decisiones adoptadas por el grupo de trabajo que se basa en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas así como en concreto a su artículo 11.1, se trate del colectivo que se trate, pues de no hacerlo, están menoscabando los derechos de sus ciudadanos.

En Santa Coloma de Gramenet, a 4 de junio de 2019.

Organizaciones que firman y apoyan este comunicado:

• PAHV-Gramenet (Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Vivienda de Santa Coloma de Gramenet).
• PAC BADALONA (Plataforma afectad@s por la crisis de Badalona)
• Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500×20