La Justicia española putrefacta: desahuciado un matrimonio octogenario y enfermo terminal

ESPAÑA, UN ESTADO DE DERECHO EN CLARO GRADO DE PUTREFACCIÓN

La semana pasada celebramos el lunes 06 de diciembre el día de la Constitución Española, que recoge todos los derechos y obligaciones que rigen para todos los ciudadanos de España, y a la que también están sujetos todos los poderes públicos de este país, y el viernes 10 la conmemoración del 73 aniversario de la Creación de la Carta de Derechos Humanos de la O.N.U. cuyo artículo 25 recoge el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada para que las personas y las familias puedan vivir con seguridad, paz y dignidad.

Hoy, 14 de diciembre de 2021, se ha puesto de patitas en la calle a un matrimonio octogenario, él con 84 años y ella con 79. Dos personas con patologías sanitarias muy graves. Ángel con neoplasia maligna de colón con metástasis óseas, neoplasia vesical, marcapasos, demencia tipo Alzheimer, fibrilación auricular, hernia de hiato, etc; y Margarita con insuficiencia cardiaca congestiva, fibrilación auricular, catarata senil, dislipemia, disnea de mínimos esfuerzos, etc.

En esta incalificable actuación, que dejaría perplejos a buena parte de los países de la Unión Europea que nos rodean, si llegara a sus oídos, han intervenido:

• Un Juzgado, el nº 32 de primera instancia de Madrid, con su titular a la cabeza, don Agustín Gómez Salcedo, que es quién ha señalado el lanzamiento para ésta época del año, sin importarle en absoluto las dolencias de los ejecutados, y su fiel escudero, el Letrado de la Administración de Justicia, don Fernando Cava García.
• Una mercantil, Silex Asset Management S.L, cuya clasificación nacional de actividades económicas es el arrendamiento financiero y la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. Una sociedad más, nacida a la sombra de la crisis inmobiliaria del 2008 y que sobrevuela con avidez los despojos ocasionados por la ruina y los apuros de centenares de miles de ciudadanos. Desconocemos qué relación pueda tener con Silex Asset Management s.a.r.l., empresa radicada en Luxemburgo, cuna de todo tipo de sociedades buitre que como una metástasis anidan en todo el territorio español con el beneplácito de aquellos responsables que tenían que defender los intereses y derechos de su ciudadanía y no lo hacen.
• El Servicio Común de Notificaciones y Embargos (S.C.N.E.), que es quién realmente ha decidido el día y la hora para ejecutar el lanzamiento. ¿Podía haberlo señalado para después de las fiestas navideñas, por ejemplo para finales de enero?, consideramos que sí pero eso significa pensar con la cabeza y no con …. Por cierto, dos veces tuvieron esa capacidad de decisión y las dos se han lucido. La Comisión Judicial de este Servicio que ha acudido hoy a materializar este atropello, ha hecho caso omiso del parte médico firmado por la doctora del SAMUR que ha atendido a Margarita tras su desvanecimiento en el momento del desahucio. Un parte que recomendaba, dada su insuficiencia cardíaca, el reposo domiciliario y la no exposición a ningún tipo de estrés, físico ni psíquico. Debe ser que los componentes de esta Comisión, que, por cierto, se han negado a reflejar en el Acta del lanzamiento la intervención del equipo médico y su recomendación, no consideraban motivo de estrés suficiente echarla de su casa, junto a su marido.

Y no han intervenido, aunque tendrían que haberlo hecho:

• La Fiscalía del Mayor, que debiera personarse ante situaciones límite como la descrita, pero que brilla por su ausencia.
• El Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo Pujol, que en su toma de posesión del cargo, en este mismo mes de diciembre, aseguró que trabajará con dignidad y ecuanimidad, con rigor, con eficacia y con independencia, asegurando que su absoluta prioridad será la defensa de los derechos humanos, mostrando su firme compromiso para velar por los derechos de aquellos que están en una situación penosa, son víctimas de la desigualdad, la injusticia y la violencia o se encuentran en riesgo de exclusión. Por lo tanto, en el caso de este matrimonio octogenario, puede empezar a ejercer tan bonitas palabras, pero con hechos, comprobando que ha pasado y si la actuación del Titular del Juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid es totalmente censurable, o no. Más aún, tiene una segunda oportunidad de poner en práctica esos deseos que transmitió en su toma de posesión del cargo de Defensor del Pueblo: este mismo Juez tiene señalado otro nuevo lanzamiento –en realidad se está poniendo las botas en estas fechas tan señaladas- de un matrimonio sexagenario, junto a un menor de edad, para el próximo martes 21 de diciembre, con la particularidad que Mercedes ha sufrido una intervención quirúrgica este mes, recomendándole el facultativo del Hospital Universitario 12 de Octubre un reposo de entre 4 y 6 semanas, sus representantes procesal y legal han comunicado a dicho Juez la situación –adjuntando el informe médico- solicitando que de margen para su recuperación suspendiendo dicho lanzamiento. Ante las serias dudas de que se muestre algo humanitario y conceda dicho aplazamiento, requerimos ya desde aquí que el Defensor del Pueblo, como cualquier otra institución del Estado, interceda ante esta situación. El tema de intervenir lo dejamos para la Juez Decana de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial
• La Juez Decana de Madrid, doña María Jesús del Barco Martínez, que debiera interesarse por las reiteradas actuaciones arbitrarias del Titular del J.P.I. nº 32 de Madrid, la forma tan grosera que tiene de ningunear la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la doctrina que emite el órgano constitucional español, e interpretaciones sesgadas que realiza de nuestra legislación y del Derecho europeo, casi siempre en contra de los legítimos intereses del consumidor. Incluso podemos añadir a su Excelentísima Señora que tenemos una vasta documentación con respecto a SSº de instancia que da buena fe del museo de los horrores que capitanea junto a su Letrado de la Administración de Justicia.
• El Consejo General del Poder Judicial, que al igual que la Juez Decana de Madrid, debiera –por ética deontológica- investigar la forma de impartir justicia: parcial, arbitraria e irrazonable del susodicho Juez.
• Unos partidos de la oposición, de esa derecha que considera que la libertad de empresa y mercado está por encima de los derechos humanos de la ciudadanía. De ellos ya sabemos que poco o nada podemos esperar.
• Un Gobierno de izquierdas que no se entera de nada de lo que está sucediendo, con un PSOE rey del paripé, muy de pantalla pero que luego en la práctica se queda en resultados poco más que insustanciales; y un Unidas Podemos realmente decepcionante si tenemos en cuenta que varios de sus miembros, y que hoy día están en los Parlamentos y en el Congreso de los Diputados –por ejemplo, doña Irene Montero Gíl y don Rafael Mayoral Perales- salieron de las filas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (P.A.H.), han sancionado una serie de reales decretos que a la hora de la verdad son prácticamente papel mojado si no se controla la arbitrariedad judicial en su aplicación.

En resumen, estamos ante una sociedad en la que la administración es inoperante, la justicia parte del problema, las instituciones que debieran estar ahí para defender al ciudadano brillan por su ausencia y ese ciudadano, absolutamente desamparado y abandonado en sus derechos en beneficio de todo un lumpen de buitres y carroñeros a los que solo les importa hacer dinero con lo que sea, aunque eso suponga pisotear los más elementales derechos del consumidor.

En definitiva, una sociedad que da asco, en la que la ciudadanía mira estupefacta como determinados personajillos de la política y judicatura hablan de un estado de derecho pleno, de una democracia consolidada, sin que se les caiga la cara de vergüenza, ni les crezca la nariz como a Pinocho por mentirosos patológicos.

No consideramos que se esté ante un hecho consumado, determinadas instituciones aún pueden hacer algo por ésta familia, ahí debiera estar ¡YA! la Fiscalía del Mayor, el Defensor del Pueblo, y el mundo de la judicatura para sancionar la deleznable forma de actuar de un Juez arbitrario que ha echado de su vivienda habitual a unos octogenarios con múltiples patologías en su salud, en pleno mes de diciembre a escasos días de Navidad, con la incidencia de Covid disparada, y sin tan siquiera cumplir con su obligación deontológica de realizar el correspondiente análisis de transparencia y abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado del Título ejecutado, enmascarando tan insensata forma de actuar en argumentos que han sido reiteradamente sancionados por nuestro Tribunal Constitucional –algunas de cuyas sentencias tachan sus pronunciamientos de arbitrarios e irrazonables, como la STC nº 31/2019, de 28 de febrero- pero que dicho Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid se lo pasa por el forro de las narices, auténtico desprecio por la doctrina constitucional. ¿Dónde está la Juez Decana de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial?, ¿por qué se permiten tales atropellos?, ¿por qué, normalmente, gran parte del mundo judicial está siempre del lado del poderoso, del banco, del fondo buitre, del carroñero de turno, en lugar de proteger al ciudadano desvalido, al más desprotegido de la sociedad?, ¿donde están esos principios y valores jurídicos de imparcialidad, objetividad y equidad?, ¿no les reconcome por dentro esta arbitraria e injusta forma de actuar? …. 

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