Con las elecciones generales a un año vista, el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para sacar adelante una Ley de Vivienda (antes llamada del Derecho a la Vivienda) se encuentra encallada, y contemplamos atónitos como su discusión se ha convertido en un vodevil entre bambalinas en el Gobierno, el Congreso, los medios de comunicación y los agentes sociales (sindicatos de vivienda, PAH y otras organizaciones).
“Yo quiero tener 30 años y tener melena” le espetó el opinador-economista Gonzalo BERNARDOS, con poco pelo en la cabeza, en el programa de la Sexta Xplica de AtresMedia, dedicado a la burbuja del alquiler, a una joven que pagaba más de la mitad de su salario detrás del piso arrendado en Madrid. El papelón televisivo del famoso opinador, a sueldo de una empresa especializada en alquileres, ha dado la vuelta en las redes sociales como muestra del vodevil que la sociedad española observa detrás de un problema social que se ha vuelto insostenible y cogido con pinzas por Reales Decretos que postergan un desenlace dramático.
El vodevil de la Ley de Vivienda, como dice la RAE (Real Academia Española), es una tragi-comedia llena de intriga y equívocos, donde todo el mundo dice mentiras y medias verdades. Los focos del teatro mediático redirigen la vista del espectador al lugar equivocado del escenario y en ello, por desgracia, participan incluso aquellos tertulianos y sindicatos de vivienda que defienden algún cataplasma a la burbuja del alquiler como son las regulaciones basadas en topes máximos en zonas de precios tensionados. Una regulación que ha fracasado en muchas ciudades y que ha obligado a plantearse la congelación de las rentas en ciudades como Berlín o en Escocia.
El pacto de Estado no escrito en torno a la figura del rentista.
No se puede entender la burbuja inmobiliaria que sufren los actuales 3,2 millones de hogares que viven en alquiler en nuestro país sin conocer el Pacto de Estado originado al calor del lema franquista “queremos una España de propietarios y no de proletarios” nacido en el 1959 en el primer Congreso de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Es la particular venganza de las clases propietarias en el franquismo victorioso contra la huelga inquilina de los años 30 del siglo pasado que llegó hasta la guerra civil cuando las proles trabajadoras se hacinaban en viviendas de “cuatro propietarios” en las grandes ciudades que se industrializaban.
El estudio de Miguel Artola, investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, determina que el 70% de la acumulación de la riqueza en nuestro país desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario. Nuestra tesis, en contra de lo que se dice, es que España sería uno de los países europeos que más ha gastado en vivienda en las últimas décadas, pero para crear el sueño tatcheriano “de la sociedad de los propietarios“ rentistas. La inversión del Estado español podría superar en las últimas décadas el billón de euros en crear esa sociedad de los propietarios, mimando la acumulación de patrimonio entre VPO, ayudas a la compra y ventajas fiscales de todo tipo. Un éxito mundial sin parangón que define la estabilidad del bipartidismo a diferencia de otros países.
Una franja de población enriquecida que se distribuye en las rentas altas, medias y medias bajas, entre los diputados, los magistrados, militares y la Iglesia católica, entre las capas medias y altas de los funcionarios, entre directivos bancarios directamente implicados en las operaciones inmobiliarias y toda la estructura de Agentes de la propiedad, notarios, registradores, entre las familias de clase trabajadora que en la segunda mitad de siglo pasado acumularon con las herencias un patrimonio inmobiliario que por si solo les permite vivir holgadamente con 10 o más viviendas alquiladas o jugando con las plusvalías inmobiliarias en las ventas. Y no olvidamos la pléyade de pequeños propietarios arrendadores – la mayoría de caseros españoles- que usan el alquiler como complemento de salarios menguantes.
Según el Observatori de l’Habitatge de Barcelona (*1), una de las ciudades con mayor burbuja de precios, el 32% de los caseros son grandes propietarios – 10 o más viviendas- pero el 86% son personas físicas (no fondos buitre, bancos o inmobiliarias) de los que la media de viviendas en propiedad es de 2,1 viviendas y que el 46,7% de quienes alquilan una vivienda solo tienen entre 1 y 2 propiedades. Sin temor a equivocarnos, nos atrevemos a afirmar que la dimensión de la clase rentista con intereses inmobiliarios, directamente o indirectamente beneficiada podría estar en torno a los 5 o más millones de personas. He aquí pues la fuerza social hegemónica que ha determinado el largo período de estabilidad del bipartidismo con apoyos autonómicos desde la Transición.
Es una quinta parte de los votos emitidos en las elecciones generales del 2019 que tienen parasitado el sistema electoral español y permite que gobiernos de todo color se nieguen en redondo a modificar esa realidad y que las estrategias de los partidos constitucionales estén cautivas del modelo económico franquista construido hace más de 60 años. Una opción política hispana que sería el polo opuesto de los parques públicos de alquiler en ciudades centroeuropeas como Viena.
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