NPL: la gran estafa económico-financiera-político-judicial, de los últimos años, cada vez más nauseabunda

Todo ello a la sombra de aquellas noticias que poco a poco se van publicando sobre la venta de inmuebles, que fueron expoliados a la ciudadanía, con relevantes descuentos. Deducciones que, en su momento, no se tuvieron en cuenta en la negociación y ante aquellos titulares registrales que los ocupaban desde hacía años, y que se habían sacrificado por ellos.

Toda esa gran estafa, no nos engañemos, perfectamente programada y planificada, tenía como destino final arrebatar a una parte de la sociedad su patrimonio vital: viviendas y locales comerciales que constituían el sustento de miles y miles de familias.

Una legislación torticeramente favorable siempre a los mismos ayudaba al fraude y al engaño. Tuvieron que venir las instituciones europeas a sacar los colores a los golfos autóctonos, y ni aún así. Somos el país del toreo, por lo que existe suficiente arte como para torear a María santísima, si hace falta.

Ya solo quedaba el último eslabón, la Justicia, y tendríamos montado el panegírico a la desvergüenza, al cinismo, a la desfachatez, al descaro, a la impudicia y la arbitrariedad.

Algún día se publicará, y no tardando mucho, la historia del museo de los horrores,modelado por las miles de resoluciones judiciales que se han dictado en los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Como historias del más auténtico terror, al estilo Edgar Allan Poe, descubriremos como los Titulares de los órganos judiciales han admitido a trámite decenas de miles de ejecuciones de contratos de adhesión, basadas en el vencimiento anticipado contemplado en el apartado 2 del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para cuya aplicación es indubitadamente necesario exista un acuerdo o convenio, expreso y fehaciente, entre las partes del contrato. De espanto.

No menos horroroso, al estilo Stephen King, resulta comprobar cómo los Titulares de esos órganos judiciales aun conociendo que el Título ejecutado ha sido titulizado prosiguen con el procedimiento como si nada, sabiendo de antemano que la parte ejecutante no goza de legitimidad para instar tal ejecución. Eso a ellos les da igual, se aferran de una forma ignominiosa, y absolutamente arbitraria, al artículo 30 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, considerando torticeramente a la entidad financiera como entidad emisora cuando –en realidad- en las escrituras de constitución de dichos Fondos de titulización a dicha entidad se la denomina `cedente ́ y al Fondo `entidad emisora ́. Con solo leer el glosario de dichos fondos saldrían de dudas, pero entonces tendrían que disponer de forma precisa y congruente dando la razón a la parte ejecutada. Parodiando la popular canción, “antes muertos que fallando en contra de las entidades financieras”. Pavoroso.

Y qué decir de la negativa de determinados órganos judiciales, como –por ejemplo-el JPI nº 32 y 31 de Madrid, de cumplir con el mandato que da la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017 (Asunto C-421/14), “…, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas”, al amparo del artículo4 bis.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 01 de julio, del Poder Judicial, “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, bajo alegatos espurios de extemporaneidad, efecto de cosa juzgada, y zarandajas de semejante pelaje. Da auténtico pánico comprobar de lo que pueden ser capaces dichos funcionarios públicos para no fastidiar el saqueo a la ciudadanía que están ejerciendo desde hace años las entidades financieras. Tan fervoroso e incondicional seguidismo al patrón establecido, por determinados Poderes, da más miedo que las hordas de zombis que nos rodean.

Si a todo esto le añadimos la complacencia con todo tipo de estafas legales y procesales que arguye la parte actora –de todo sino y pelaje-en los procedimientos de ejecución, aderezados con algunas licencias osadas y atrevidas de cosecha propia de los mismos órganos judiciales –obligar a consignar depósitos donde existe unificación de criterio para que no se solicite, retorcer la ley para evitar determinados recursos como el de apelación ante el archivo del procedimiento, ver extemporaneidad y preclusión por todos lados, etc-que lo que hace es vulnerar muy gravemente nuestra Constitución; sí, esa Carta Magna con la que se llenan algunos la boca pero qué, sin embargo, la están pisoteando continuamente en detrimento del ciudadano y consumidor, pateando que todos los españoles somos iguales ante la ley (art. 14 CE), legalidad que está cotidianamente conculcando–por ejemplo-el Juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid sin que los responsables del Consejo General del Poder Judicial intervengan ante las arbitrarias actuaciones de los dos responsables de dicho órgano judicial. Y son ya unas cuantas, y se harán públicas, tanto aquí como a nivel internacional para baldón,desdoro y desprestigio de todos aquellos que se les llena la boca con lo avanzada de nuestra democracia y la separación de poderes de la que disfrutamos en este país … ¡ya!, y somos felices y comemos perdices.Todos hemos leído cuentos más reales que ésta imaginativa ficción.

Y si todo esto fuera poco, nos ha llegado una completa amalgama de buitres y carroñeros, foráneos y patrios, que han visto como el Sistema español, putrefacto, se ha convertido en una enorme cloaca en la que hacer pingües beneficios apostando contra la ciudadanía. Comprando inmuebles con aquellas rebajas o quitas que las entidades financieras negaron a sus clientes.Echando a sus moradores con todo tipo de artimañas y malas artes que el Estado español les permite. Y nos preguntamos, ¿Cómo han recalado con tanta fuerza en España y, sin embargo, no hacen tal cantidad de pingües beneficios en otros países de nuestro entorno?, ¿será que nos hemos convertido en un estado lumpen dentro de nuestro entorno internacional?, ¿o es que la corrupción imperante en este país, a todos los niveles, es muy superior a otros que nos rodean?. Sea lo que sea, esto se ha convertido, desde hace años, en la ley de la selva.

Esa ley de la selva nos está imponiendo –al ciudadano más desprotegido y débil- la tiranía de los más fuertes. Pero estos todavía no se han percatado que pasarse de la raya, de forma grosera e insolente, puede llevar contra las cuerdas a una parte de la sociedad qué, llegado el caso, no tienen nada que perder, lo han perdido todo o casi todo y aquí puede estar el nudo gordiano de la ocupación. Las familias, con niños y ancianos a su cargo, no se van a quedar en la puñetera calle viendo como los desaprensivos de turno hacen grandes negocios con sus viviendas, y se verán obligados a actuar cortando ese nudo gordiano, resolviendo tajantemente y sin contemplaciones el problema. Y los bancos y el buitrerio de turno lo saben, ¡claro que lo saben!, solamente hay ver la cantidad de artículos y programas de televisión que tratan el tema de la ocupación, ¿creen ustedes que esos siervos de la comunicación, vasallos del poder económico-financiero, están velando por el pisito de la abuela?, ¡no hombre, no, les importa una mierda ese y otras muchas viviendas!, lo que están ahí es defendiendo a la carroña que tiene cientos y miles de pisos vacíos a la espera de hacer un pingüe negocio y dictan directrices a los medios para que hagan campaña contra la ocupación, a la que temen más que a un nublado. Pero no engañan a nadie, y en este mundo se suele decir que “a cada cerdo le llega su San Martín”.

Máxime, cuando el `establishment ́ permite de continuo que las entidades financieras, una vez adjudicatarias de los inmuebles ejecutados, se deshagan de los mismos vendiendo ese parque inmobiliario a terceros sin esperar que los procedimientos terminen definitivamente … ¿y si ese procedimiento, y otros, acaban con el sobreseimiento y la retroacción de actuaciones, entre ellas la subasta … quién devolverá la vivienda a la unidad familiar ejecutada?, ya la habrá perdido de forma definitiva. Ante estas situaciones, ¿podríamos afirmar que las entidades financieras han cometido un delito de alzamiento de bienes, o no?. Y la respuesta a éste tema tiene una cuestión muy peliaguda por resolver, que conlleva una duda más que razonable para las partes demandadas en los procedimientos de ejecución: para evitar ese grave problema que pudiera presentarse, en este párrafo denunciado, ¿los juzgados pudieran dictar resoluciones arbitrarias, incluso llegando a la prevaricación, con tal de evitar tan peligrosa, delicada, funesta y desastrosa situación?. La respuesta, que cada uno dé la suya.

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