ALQUILER: conflictos con la propiedad, mobbing inmobiliario, fin de contratos y derechos del inquilino

Defender al inquilino frente al mercado libre

La situación del mercado de alquiler, desde el punto de vista del inquilino, ha empeorado mucho en todas las ciudades del país y especialmente en las grandes como Barcelona. Desde el 2015 se ha producido un seísmo en el mercado libre que copa el 99% de la oferta porqué no hay un parque de vivienda pública digno de ese nombre en el estado español. El seísmo es fruto de tres factores:

  1. una rebaja de los salarios que han perdido un 25% de su valor en la década de crisis y que afecta principalmente a los salarios bajos que son al tiempo los que necesitan alquilar porque no tienen perfil financiero para comprar una hipoteca (1). El alquiler supone cada vez una fracción mayor de la renta disponible y, por tanto, ese beneficio va a los rentistas y no al consumo vital de los hogares y a activar la economía.
  2. una subida desmesurada de los alquileres que no tiene relación con un incremento de los costes (el gran aumento ha sido en el valor del suelo que no tiene costes) sino con la capacidad de los propietarios de imponer sus condiciones al inquilino (2). La propiedad usurpa cada vez un porcentaje mayor del pastel de las rentas salariales del país.
  3. una entrada masiva de dinero inversor, fruto de la expansión monetaria de los bancos centrales, que compran la deuda titulizada que emiten un selecto club de entidades financieras con capacidad para vendérsela a la autoridad financiera. Todo este entramado está teledirigido desde paraísos fiscales donde esconden del fisco los capitales que reciben de las “autoridades monetarias” por las compras de su deuda corporativa  . Todo el mundo informado lo sabe (no lo escuchará en los media generalistas) y por eso nosotros concluimos que el BCE y la Reserva Federal de los EE.UU son responsables directos subsidiarios de la subida de alquileres que afecta a todas las ciudades globales. (3)

Hay otro factor que es consecuencia del tercero y no una causa: la presión turística que reconvierte edificios en hoteles y pisos en apartamentos turísticos. Barcelona es la ciudad que posee el parque de viviendas de alquiler más elevado del país: un 32% de los hogares son inquilinos y excepto un 1% todos están a merced de las inclemencias del mercado libre. En 2016 la subida de los recibos del alquiler fue del 8% y el precio medio del m2 de 15€. En estas condiciones peculiares, donde todas las leyes y juzgados asisten a la propiedad contra las vicisitudes de la vida precaria del inquilino no es de extrañar que los desalojos judiciales se hayan disparado por impago de alquiler, por contratos que no se renueven o tienen incrementos desaforados que acaban siendo también desahucios porque el inquilino no sabe donde ir. Eso sin contar los desalojos de habitaciones ilegales que ya ni son contabilizados por las estadísticas oficiales y afectan a hogares muy pobres donde una mujer subempleada vive con niños. En esta entrada vamos a delimitar cuales son los derechos del inquilino (extrapolable a las habitaciones y en cierta medida a las ocupaciones) y como muchas veces por su desconocimiento son violados por la propiedad.

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SUMARIO

¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR EN ESTE DOCUMENTO?

  • El derecho al domicilio es tan importante como el derecho a la vida
  • Los derechos del inquilino frente al propietario – casero
  • Acoso inmobiliario o mobbing inmobiliario.
    • Indicios de mobbing o acoso inmobiliario
    • ¿Qué se puede hacer?
    • ¿Qué NO le pueden hacer?
  • Finalización del contrato de alquiler.
    • No tengo prórroga ni renovación del contrato y no tengo donde ir. ¿qué puedo hacer?
    • Renovación del contrato con condiciones abusivas.
    • El propietario quiere mi piso para vivir. ¿Cómo me defiendo?
  • Disposición Transitoria Segunda de la LAU (Contratos de arrendamiento anteriores a 9/5/85). Renta antigua.

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El derecho al domicilio es tan importante como el derecho a la vida

En derecho constitucional español el derecho al domicilio es tan importante como el derecho a la vida. El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra recogido en el artículo 18.2 de la Constitución así: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.” La inviolabilidad del domicilio supone que este espacio queda exento e inmune de cualquier invasión o agresión exterior, proceda de otro particular o de un poder público. (3)

El significado de domicilio habitual es aquel espacio en el que el ciudadano/a vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Así, en el Código Civil se identifica con el lugar de residencia habitual para las personas físicas (art. 40) y esté empadronado en ella. Eso incluye las segundas residencias pero no las viviendas vacías en las que nadie tiene un domicilio fijo. Hablamos de domicilio habitual y introducimos el concepto de morada: Es morada aquel lugar donde se vive independientemente de su situación jurídica: un piso ocupado es una vivienda habitual y, por tanto, es inviolable por la policía sin orden judicial. En teoría claro. Una persona ajena al domicilio sólo puede entrar si:

  • el morador, inquilino o propietario se lo permite por voluntad propia.
  • si una resolución judicial permite el acceso al domicilio a un tercero o fuerzas de seguridad.
  • en caso de alarma justificada como un incendio, la posibilidad de un crimen o el auxilio a un morador

En todos los demás casos, el acceso a la vivienda o el cambio en sus condiciones, como cambiar una cerradura, sería un delito de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal).

Pero la realidad es que a través de otras leyes o desarrollos legislativos los partidos del régimen del 78 han otorgado a la propiedad tanto poder que el inquilino acepta sumiso la supuesta mala suerte que le ha deparado la vida y ni siquiera sabe que se podría defender de las tropelías del casero con el código civil y normativa actual. En otras palabras hay un desequilibrio a favor del derecho a la propiedad frente al derecho al domicilio. Ese poder se concentra en la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU- que no merece más que ser derogada. Aún así la ley otorga a la vivienda habitual, morada, como derecho fundamental que debe ser respetado y el inquilino tiene derecho a disfrutar pacíficamente de su domicilio o morada aunque esta sea un garaje reconvertido. Ese poder de los propietarios

Los derechos del inquilino frente al propietario – casero

Una consecuencia del día a día de estos preceptos constitucionales y leyes civiles es que un propietario no puede entrar en el domicilio del inquilino sin su consentimiento ni puede exigir que un tasador acceda a la vivienda. Claro si usted accede incluso verbalmente … ya existirá consentimiento. Tampoco las fuerzas de seguridad no pueden acceder sin mandato judicial o entrar sin su permiso con las salvedades descritas. En general el propietario cree que es dueño incluso del inquilino cuando sólo lo es de los tochos y paredes.

Si el inquilino tiene unas obligaciones, el propietario también las tiene tanto en los contratos de renta antigua y/o indefinidos como en los finitos según acuerden las partes siguiendo las recomendaciones de la LAU -Ley de Arrendamientos Urbanos:

  • derechos del inquilino – arrendatario: Domicilio inviolable y condiciones de habitabilidad de la vivienda.
  • obligaciones del propietario – arrendador: domicilio del inquilino es inviolable y debe mantenerlo en las condiciones impuestas por la ley.

Para vivir dignamente y en condiciones de habitabilidad independientemente del régimen jurídico de posesión de la vivienda – propiedad, alquiler, cesión.. – se requieren unos mínimos impuestos por ley entre los que podemos destacar:

  • el pavimento ha de ser homogéneo.
  • no puede haber grietas que perturben la habitabilidad.
  • las viviendas más actuales debe tener instalación de agua caliente y calefacción.
  • la vivienda debe cumplir las normativas de instalaciones de energía eléctrica, gas si la hubiere y de acceso a agua potable.
  • no puede haber humedades ni fugas de agua ni de gas.

Estas condiciones están reguladas por ley. El no cumplimiento de estas condiciones, por parte de la propiedad, puede presuponer acoso inmobiliario muchas veces. Todas estas condiciones se aplicarían también en los casos de alquiler de habitaciones o subarrendamientos incluyendo el derecho a cocina.

El arrendador está obligado a realizar esa clase de obras, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad mencionadas para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil o bien por desgaste. Este suele ser uno de los puntos conflictivos por su interpretación en los aumentos de los recibos. La LAU cita cinco conceptos que no significan necesariamente aumentos del alquiler en los siguiente artículos del Capítulo 4:

  • artículo 19. Elevación renta por mejoras. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos tres años de duración del contrato le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel momento. Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para la realización de la obra. Más texto de este artículo >>>
  • artículo 20. Gastos generales y servicios individuales. Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario. Más texto de este artículo >>>
  • artículo 21. Conservación vivienda. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil. Más texto de este artículo >>>
  • artículo 22. Obras mejora. El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arrendador de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento.Más texto de este artículo >>>
  • artículo 23. Obras del arrendatario. El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de los accesorios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. En ningún caso el arrendatario podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la vivienda..Más texto de este artículo >>>

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Sentencias sobre cobros indebidos

  • AP Barcelona sec 13 544/2011 de 8 de noviembre: abono gastos comunitarios derivados de reparación tuberías de gas, etc…
    • si no existe prueba acerca del contenido del contrato de alquiler y en concreto de la existencia del pacto de ponerse a cargo del arrendatario las tasas, suministros y gastos de comunidad de propietarios
    • tampoco existe ningún acuerdo contractual por el que se pactara que los gastos generales serían a cargo del arrendatario, suministros como tampoco que se determinara el importe anual de dicho  gasto a la fecha del contrato
    • por la AP Las Palmas sec 5, 258/2013 de 20 de junio…..los gastos de comunidad de propietarios pueden ser asumidos por el arrendatario pero para ello es necesario que se pacte expresamente el importe anual de dichos gastos (art. 20 LAU)
  • AP Las Palmas sec 5, 258/2013 de 20 de junio: importante sentencia en segunda Instancia de Audiencia Provincial de Las Palmas:
    • “….El recurso de apelación ha de prosperar porque siendo cierto que los gastos de comunidad, que en principio corresponden al propietario de la vivienda, pueden ser asumidos por el arrendatario para ello es necesario que se pacte expresamente en forma escrita, tal y como figura en la estipulación novena del contrato de arrendamiento objeto de litigio, pero además es necesario que a la fecha del contrato se determine el importe anual de esos gastos ( art. 20 LAU ), y ello obedece a que para que sean obligatorios para el arrendatario éste debe conocer cuales son esos gastos que asume y aceptarlos a la hora de suscribir el arrendamiento pero tal exigencia, de previa determinación de su importe anual al tiempo de la suscripción del contrato de arrendamiento, no puede tener un alcance tan absoluto que impida que…”

>>> toda la sentencia de Las Palmas completa >>>

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Acoso inmobiliario o mobbing inmobiliario

La Ley Catalana del Derecho a la Vivienda lo tipifica así: “Toda actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda“. Concuerda con los delitos de Trato Degradante (artículo 15 Constitución Española, 1978), Estafa, Fraude y Corrupción entre Particulares. El acoso inmobiliario es por tanto un delito.

Código Penal – Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE 24/11/1995. (Vigente hasta el 28 de octubre de 2015). El acoso en el ámbito del legítimo disfrute de la vivienda, Acoso Inmobiliario, está tipificado en el Código Penal Español como delito de coacciones agravadas (art. 172.1) y como delito contra la integridad moral (art. 173.1).

  • El art. 172.1 dice “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”. El tercer párrafo de este apartado dice: “También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”.
  • El art. 173.1 dice “El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”. El párrafo segundo de este apartado dice: “Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.”.

Indicios de mobbing o acoso inmobiliario

Las acciones de acoso inmobiliario se producen por acción y omisión de la propiedad y son infinitas y hasta inverosímiles. Les explicamos los indicios más importantes:

Acoso inmobiliario por omisión del propietario.

  • Un caso típico son la ausencia de mantenimiento de la finca o la vivienda arrendada. Que no hayan servicios básicos: que el wáter no tenga agua o este cortado el suministro de agua corriente. Las manchas de humedad y cualquiera de las citadas en el apartado anterior u otras que podrían ser consideradas normales como el uso del ascensor o el terrado comunitario.
  • la ausencia de obras de rehabilitación y el contrario una sobredosis de obras.
  • ausencia de cobro de rendas o la dificultad en pagarlas, por ejemplo, pago en mano con desplazamiento. Ojo si hay un impago el propietario puede reclamar el desalojo. Esto es un indicio muy importante y este es el que esta incluido por ley.

Acoso inmobiliario por acción del propietario.

  • Suelen ser las obras de rehabilitación del edifico a veces de meses con continuadas molestias, cortes de agua, ruido, ascensor inhabilitado, martillos, cortes de agua o energía, etc. Si las obras de rehabilitación impiden vivir en el edificio el propietario tiene la obligación por ley de realojar al inquilino mientras duran las obras y a garantizar su retorno a la vivienda en las mismas condiciones quedando en ese tiempo el contrato de alquiler en suspenso.
  • Una constante actividad en el tiempo de rehabilitación de pisos puede esconder una gran rehabilitación hecha a plazos
  • El hecho de impedir que no se pueda acceder al ascensor sin llave que solo tienen algunos vecinos.
  • que cambien los suministros por ejemplo de gas a electricidad (sin autorización del inquilino es delito)
  • El incremento del alquiler sin obras o por conceptos no justificados ni documentados

Acoso inmobiliario por omisión de seguridad del edificio.

  • edificios con pisos vacíos del mismo propietario que son ocupados por personas que crean molestias continuadas, peleas, drogas, etc. Las reclamaciones de los inquilinos que no pueden vivir tranquilos caen en saco roto y el propietario no denuncia las ocupaciones. Con el tiempo el deterioro del edificio es tal que los moradores legales desaparecen. Poco tiempo más tarde el edificio está en obras de rehabilitación para revenderlo. Un caso muy actual de acoso inmobiliario sofisticado.
  • vaciamiento progresivo del edificio de moradores como resulta de una situación pésima de seguridad.
  • cosas extrañas, como desaparición de buzones, de manera que si venden el piso ustedes tienen derecho al tanteo y retracto. Interés en que no reciban las notificaciones.
  • si el edificio esta medio vacío se añade la desaparición de puertas o la rotura de llaves.
  • que la puerta del edificio sea accesible sin medidas de seguridad.

¿Qué se puede hacer?

Cuando usted tiene claro los indicios de mobbing lo puede denunciar en las Oficinas de Vivienda de su distrito o ciudad. Las administraciones sólo saben lo que ocurre cuando ustedes lo denuncian. Como las relaciones entre inquilino y propietario son bilaterales deben exigir el cumplimiento de su contrato de arrendamiento independientemente de lo que pagan. Si después de reclamar por teléfono o por escrito sus derechos la propiedad no se aviene a razones entonces mediante la certificación de sus gestiones delante del arrendador usted puede denunciarlo a Oficina de vivienda que ejercen de árbitros. Usted puede ir a las oficinas de vivienda de su ciudad o barrio y comunicar lo que ocurre para que intervengan. Generalmente un especialista, abogado, tratará el caso.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene un convenio con el ministerio fiscal, hay un fiscal específico en acoso inmobiliario, para elaborar querellas que si el fiscal las acepta, las investiga la policía judicial y esta investigación ya suele tener efecto inmediato respecto de la conducta del casero o propietario.

Otra manera que puede actuar el Ayuntamiento es cuando no hay mantenimiento del edifico o la vivienda y la propiedad está obligando al inquilino a vivir por debajo de las condiciones de habitabilidad que antes se han citado. La Administración local puede imponer multas hasta de 90.000 euros. El Ayuntamiento puede hacer órdenes de rehabilitación y la administración tutela desde el primer momento el proceso por lo que al propietario le será difícil imponer incrementos de renta ilegales. Se ha conseguido aplicar rebajas a las sanciones por acuerdo entre las partes si el propietario se aviene a no repercutir las obras al inquilino.
La actuación de la administración local es muy importante pero si en su municipio el Ayuntamiento pasa de todo es evidente que lo tiene más complicado si no hace una denuncia con un abogado pero antes use todos los mecanismos legales de la administración local o autonómica para evitar ir a pelo contra el propietario.

¿Qué NO le pueden hacer?

Aquí explicamos algunas cosas que no se pueden tolerar ni permitir:

  • La ley de arrendamientos de 1964 permite repercutir las obras a los inquilinos con prórroga forzosa – renta antigua – sólo hasta el 50% del valor del recibo de alquiler. Usted no sólo paga la renta sino que muchas veces paga otros servicios como limpieza, escalera, IBI porqué así lo acordaron en el contrato o se lo impusieron. El incremento debe ser sólo sobre el concepto renta, no sobre el total del recibo. Varios incrementos puede ser indicio de acoso.
  • Si la propiedad le descuenta esos servicios y las obras de escalera debe justificar con facturas el prorrateo y las facturas se las debería quedar usted porqué al final es quién pagará. Si se las queda el propietario podría usarlas para desgravar en el IRPF o en el impuesto de sociedades y sería incorrecto… porqué de hecho sin pagarlo lo estaría desgravando.
  • Otro ejemplo: la rehabilitación del tejado, la fachada y la escalera… si hay un incremento del 50% en cada obra es indicio de acoso porque en realidad es una sola obra porque obedece a una unidad y no tres fases, es una obra en tres fases. Además eso lo hacen ahorrándose el realojo del inquilino que no vive de tanto ruido y trajín.
  • El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil. Aunque hay que decir que en esto hay sentencias para todos los gustos y contradictorias entre ellas.

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Finalización del contrato de alquiler

La Ley  de Arrendamientos Urbanos no exige que los contratos sean de 3 años….. la duración de un contrato es de libre negociación entre las partes, o sea, pueden hacerse contratos indefinidos, de 10 años… lo que se quiera. Otra cosa es que los propietarios opten por el mínimo que son 3 años prorrogables uno más. A la finalización del contrato el propietario o casero debe avisar por escrito de su finalización un mes antes de la fecha prevista en el contrato. En caso de que no haya ninguna comunicación el contrato se prorroga automáticamente un año más como dice la ley. Normalmente esa prórroga tácita se incluye también en el contrato.

Una prórroga es eso…. prórroga… no hay nuevo contrato ni variaciones en las condiciones. No es legal hacerlo. Cuando se finaliza un contrato el casero puede hacer una renovación para la cual ya tiene las manos libres para modificar las condiciones. También puede optar por no renovarle y que se vaya. Puede ser que las condiciones de renovación en las condiciones actuales del mercado libre sean totalmente abusivas.

La casuística de la prórroga es esta:

  1. los contratos de renta antigua, o sea, firmados antes del 9 de mayo del 1985 son indefinidos… por lo tanto no tienen ninguna finalización. Su extinción o subrogación a matrimonio o hijos están estipuladas en la Adicional Segunda de la LAU que tiene mucha miga por lo que recomendamos leer los pormenores, puede consultarnos, de su aplicación en caso de duda:
    • A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento.
    • >>> leer y consultar toda la Disposición Transitoria Segunda de la LAU para contratos anteriores a 9 mayo de 1985>>>
  2. los contratos de arrendamiento vigentes de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que entró en vigor el 1 de e enero de 1995 tienen una vigencia de 5 años y 3 más de prórroga si el arrendador no avisa con una antelación de 1 mes que va a finalizar el contrato.
  3. contratos de arrendamiento posteriores a la entrada en vigor de la reforma de la LAU del PP en vigor a partir del 6 junio del 2013 tienen una duración de 3 y un año más de prórroga si el arrendador lo decide, o bien, no avisa con un mes de antelación de la finalización del contrato.

Si hay prórroga, bajo ninguna circunstancia en los casos 2 y 3 se pueden cambiar las condiciones.

En todos los casos, si continua pagando y el arrendatario acepta los pagos, se puede considerar que existe un nuevo contrato en las mismas condiciones. O sea, si llegada la fecha de finalización del contrato no hay aviso fehaciente y usted continua pagando y se acepta el pago (ingreso en cuenta, etc….), pasados 15 días se entiende que el arrendatario se queda por aquiescencia del arrendador y el contrato por tácita reconducción crea uno nuevo en idénticas condiciones según artículo 1566 del Código Civil -CC-. El nuevo contrato de arrendamiento con idénticas condiciones a las pactadas en el contrato originario no es, por tanto, prórroga del contrato anterior. El artículo 1581 del CC fija la duración del nuevo contrato según estipulaba el antiguo en cuanto a rentas.

+++ INFO:

  • Artículo 1566
    Si al terminar el contrato, permanece el arrendatario disfrutando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1577 y 1581, a menos que haya precedido requerimiento.
  • Artículo 1581
    Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario. En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el término.

No tengo prórroga ni renovación del contrato y no tengo donde ir.

¿qué puedo hacer?

Si usted ha sido informada fehacientemente con un documento escrito que su contrato ha finalizado y no tiene prórroga ni renovación la ley dice que debe marcharse de la vivienda y entregar las llaves. Antes de que ocurra eso, debería entrevistarse con la propiedad y averiguar las causas de la nueva situación e intentar reconducirla. Si no lo consigue y no tiene donde ir podría usar los servicios de su comunidad autónoma o Ayuntamiento para que medien en el conflicto u ofrezcan ayudas al propietario para continuar el contrato y evitar un lanzamiento o desahucio. Si después de todo no obtiene ninguna solución y opta por quedarse debería visitar esta otra página que le explica cómo defenderse judicialmente y las consecuencias económicas:

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Renovación del contrato con condiciones abusivas

Una renovación se produce después de la finalización del contrato anterior y la prórroga. En la actualidad es normal, tras la modificación del 2013 de la LAU por el PP, que las nuevas condicione sean abusivas. Primero porqué el mercado libre – 99% de la oferta- está en efervescencia como hemos explicado. Segundo porqué el miserable 1% de vivienda pública no llega ni para pipas. Y finalmente porqué los partidos del régimen del 78 han decantado legislativamente desde hace décadas la balanza del lado de la propiedad.

Si usted es de los que le han dicho que le aumentan el nuevo contrato un 20, 30 o 40% el recibo de alquiler pues lo paga o monta una guerra con muchas que perder. ¿por qué le aumentan tanto? Pues porque tienen la sartén cogida por el mango, porqué pueden. ¿hay razones económicas que lo justifiquen? No, los salarios perdieron un 7% de poder adquisitivo el año 2016 y un 30% desde el inicio de la crisis el 2007.

¿Qué defendemos nosotros? El alquiler siempre ha sido una lucha histórica. Esa historia dice y los hechos lo demuestran que un alquiler no puede superar el 20% de la renta disponible del hogar. O el 30% si se incluyen los mínimos de los suministros (agua. luz, gas, teléfono, etc).

Eso es un alquiler justo: PAGAR SEGÚN SU RENTA.

Eso es lo que hace la administración catalana y de la ciudad de Barcelona en su exiguo parque de vivienda pública. Así es como en Catalunya se calculan las ayudas al alquiler que no pueden superar esos límites.

¿Qué puede hacer si las nuevas condiciones son abusivas?

  • marcharse a otro lugar con todo lo que implica una mudanza en cuanto a costes y problemas de organización para un hogar.
  • intentar una negociación económica por las buenas, una rebaja de la renta, en el nuevo contrato. En el caso catalán hay un índice de  la Generalitat que refleja los precios medios de cada localidad o barrio. No es de obligado cumplimiento. Eso no es nuestro alquiler justo. Pero es eso: su mercado, sus leyes y usted busca razones para que el alquiler no se lleve el 50, 60 o 70% de su salario. En Barcelona, las oficinas de vivienda también median como administración en esos conflictos para buscar una solución y evitar tener un nuevo ciudadano viviendo bajo un puente. Eeiiii! la principal responsabilidad es de Madrid no de su ayuntamiento.
  • si todo eso no sirve de nada delante del casero, API o inmobiliaria, entonces o se va o planta cara. ¿Cómo? Consigne el alquiler que usted cree digno en un depósito notarial y no se vaya del domicilio. Pasado el período del contrato su estancia será alegal aunque justificada socialmente. Únase a nosotros o a una entidad que defienda los inquilinos. Hay miles como usted. Tanto si tiene depósito notarial cómo simplemente no paga porqué no puede consignarlo, la propiedad iniciará el proceso judicial de desalojo como si fuera un ocupa por necesidad o un inquilino moroso, aunque no lo sea. Por si acaso mírese esta entrada: Llegó el momento: ¿ Cómo salvar su piso de un desahucio? – actualizado 2018

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El propietario quiere mi piso para vivir
¿Cómo me defiendo?

Con la última modificación del PP del 2013…. lo tiene muy crudo. Veamos los casos:

  • contrato anterior a Ley 4/2013, de 4-06-2013 (BOE de 5/06/13). Si firmó el contrato anteriormente a la entrada en vigor de esta ley su contrato es de 5 años  y el arrendador solo podrá recuperar su vivienda para el supuesto que en el contrato se haya hecho constar expresamente la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial (art 9.3 LAU 1994). Debería demostrar fehacientemente que esa necesidad existe.
    Usted puede reclamar la devolucón de la vivienda y los gastos de sus mudanzas al propietario, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.
  • contratos posteriores a
  • a Ley 4/2013, de 4-06-2013 (BOE de 5/06/13) – Capítulo 2 art.3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.
    Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta tres años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.

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salva torres

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reseñas
(1).- Idealista, El español ha perdido un 25% de su salario real desde 2007, mientras el alemán ha ganado un 5%.
(2).- El Mundo, Terremoto en los precios del alquiler.
(3).- Derecho constitucional, Derecho a la inviolabilidad del domicilio.

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Contratos de arrendamiento anteriores a 9/5/85

Disposición Transitoria Segunda de la LAU

  1. A) Régimen normativo aplicable.
  2. Los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán rigiéndose por las normas relativas al contrato de inquilinato del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de esta disposición transitoria.
  3. Será aplicable a estos contratos lo dispuesto en losartículos 12,15 y 24 de la presente ley.
  4. Dejará de ser aplicable lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 24 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

No procederán los derechos de tanteo y retracto, regulados en el capítulo VI del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, en los casos de adjudicación de vivienda por consecuencia de división de cosa común cuando los contratos de arrendamiento hayan sido otorgados con posterioridad a la constitución de la comunidad sobre la cosa, ni tampoco en los casos de división y adjudicación de cosa común adquirida por herencia o legado.

  1. B) Extinción y subrogación.
  2. A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento.

El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o en la fecha en que el subrogado cumpla veinticinco años, si ésta fuese posterior.

No obstante, si el subrogado fuese el cónyuge y al tiempo de su fallecimiento hubiese hijos del arrendatario que conviviesen con aquél, podrá haber una ulterior subrogación. En este caso, el contrato quedará extinguido a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior, o por su fallecimiento si está afectado por la minusvalía mencionada en el párrafo anterior.

  1. Al fallecimiento de la persona que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 24.1 y 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, se hubiese subrogado en la posición del inquilino antes de la entrada en vigor de la presente ley, sólo se podrá subrogar su cónyuge no separado legalmente o de hecho y, en su defecto, los hijos del arrendatario que habitasen en la vivienda arrendada y hubiesen convivido con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento.

El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior.

No se autorizan ulteriores subrogaciones.

  1. Al fallecimiento de la persona que de acuerdo con el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ocupase la vivienda por segunda subrogación no se autorizan ulteriores subrogaciones.
  2. Los derechos reconocidos en los apartados 4 y 5 de esta disposición al cónyuge del arrendatario, serán también de aplicación respecto de la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
  3. Durante los diez años siguientes a la entrada en vigor de la ley, si la subrogación prevista en los apartados 4 y 5 anteriores se hubiera producido a favor de hijos mayores de sesenta y cinco años o que fueren perceptores de prestaciones públicas por jubilación o invalidez permanente en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez el contrato se extinguirá por el fallecimiento del hijo subrogado.
  4. Corresponde a las personas que ejerciten la subrogación contemplada en los apartados 4, 5 y 7 de esta disposición probar la condición de convivencia con el arrendatario fallecido que para cada supuesto proceda.

La condición de convivencia con el arrendatario fallecido deberá ser habitual y darse necesariamente en la vivienda arrendada.

Serán de aplicación a la subrogación por causa de muerte regulada en los apartados 4 a 7 anteriores, las disposiciones sobre procedimiento y orden de prelación establecidas en el artículo 16 de la presente ley.

En ningún caso los beneficiarios de una subrogación podrán renunciarla a favor de otro de distinto grado de prelación.

  1. C) Otros derechos del arrendador.
  2. Para las anualidades del contrato que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley, el arrendador tendrá los siguientes derechos:

10.1 En el Impuesto sobre el Patrimonio, el valor del inmueble arrendado se determinará por capitalización al 4 por 100 de la renta devengada, siempre que el resultado sea inferior al que resultaría de la aplicación de las reglas de valoración de bienes inmuebles previstas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

10.2 Podrá exigir del arrendatario el total importe de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al inmueble arrendado.

Cuando la cuota no estuviese individualizada se dividirá en proporción a la superficie de cada vivienda.

10.3 Podrá repercutir en el arrendatario el importe de las obras de reparación necesarias para mantener la vivienda en estado de servir para el uso convenido, en los términos resultantes del artículo 108 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 o de acuerdo con las reglas siguientes:

  1. Que la reparación haya sido solicitada por el arrendatario o acordada por resolución judicial o administrativa firme.

En caso de ser varios los arrendatarios afectados, la solicitud deberá haberse efectuado por la mayoría de los arrendatarios afectados o, en su caso, por arrendatarios que representen la mayoría de las cuotas de participación correspondientes a los pisos afectados.

  1. Del capital invertido en los gastos realizados, se deducirán los auxilios o ayudas públicas percibidos por el propietario.
  2. Al capital invertido se le sumará el importe del interés legal del dinero correspondiente a dicho capital calculado para un período de cinco años.
  3. El arrendatario abonará anualmente un importe equivalente al 10 por 100 de la cantidad referida en la regla anterior, hasta su completo pago.

En el caso de ser varios los arrendatarios afectados, la cantidad referida en la regla anterior se repartirá entre éstos de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 2 del artículo 19 de la presente ley.

  1. La cantidad anual pagada por el arrendatario no podrá superar la menor de las dos cantidades siguientes: cinco veces su renta vigente más las cantidades asimiladas a la misma o el importe del salario mínimo interprofesional, ambas consideradas en su cómputo anual.

10.4 Si el arrendador hubiera optado por realizar la repercusión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 antes citado, la repercusión se hará de forma proporcional a la superficie de la finca afectada.

10.5 Podrá repercutir en el arrendatario el importe del coste de los servicios y suministros que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la ley.

Se exceptúa el supuesto en que por pacto expreso entre las partes todos estos gastos sean por cuenta del arrendador.

  1. D) Actualización de la renta.
  2. La renta del contrato podrá ser actualizada a instancia del arrendador previo requerimiento fehaciente al arrendatario.

Este requerimiento podrá ser realizado en la fecha en que, a partir de la entrada en vigor de la ley, se cumpla una anualidad de vigencia del contrato.

Efectuado dicho requerimiento, en cada uno de los años en que aplique esta actualización, el arrendador deberá notificar al arrendatario el importe de la actualización, acompañando certificación del Instituto Nacional de Estadística expresiva de los índices determinantes de la cantidad notificada.

La actualización se desarrollará de acuerdo con las siguientes reglas:

  1. La renta pactada inicialmente en el contrato que dio origen al arrendamiento deberá mantener, durante cada una de las anualidades en que se desarrolle la actualización, con la renta actualizada, la misma proporción que el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo o que el Indice General Nacional o Indice General Urbano del Sistema de Indices de Costes de la Vida del mes anterior a la fecha del contrato con respecto al Indice correspondiente al mes anterior a la fecha de actualización.

En los arrendamientos de viviendas comprendidos en el artículo 6.2 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 celebrados con anterioridad al 12 de mayo de 1956, se tomará como renta inicial la revalorizada a que se refiere el artículo 96.10 del citado texto refundido, háyase o no exigido en su día por el arrendador; y como índice correspondiente a la fecha del contrato, el del mes de junio de 1964.

En los arrendamientos de viviendas no comprendidas en el artículo 6.2, del citado texto refundido celebrados antes del 12 de mayo de 1956 se tomará como renta inicial, la que se viniera percibiendo en el mes de julio de 1954, y como índice correspondiente a la fecha del contrato el mes de marzo de 1954.

  1. De la renta actualizada que corresponda a cada período anual calculada con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior o en la regla 5., sólo será exigible al arrendatario el porcentaje que resulta de lo dispuesto en las reglas siguientes siempre que este importe sea mayor que la renta que viniera pagando el arrendatario en ese momento incrementada en las cantidades asimiladas a la renta.

En el supuesto de que al aplicar la tabla de porcentajes que corresponda resultase que la renta que estuviera pagando en ese momento fuera superior a la cantidad que corresponda en aplicación de tales tablas, se pasaría a aplicar el porcentaje inmediatamente superior, o en su caso el siguiente o siguientes que correspondan, hasta que la cantidad exigible de la renta actualizada sea superior a la que se estuviera pagando.

  1. La renta actualizada absorberá las cantidades asimiladas a la renta desde la primera anualidad de la revisión.

Se consideran cantidades asimiladas a la renta a estos exclusivos efectos, la repercusión al arrendatario del aumento de coste de los servicios y suministros a que se refiere el artículo 102 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la repercusión del coste de las obras a que se refiere el artículo 107 del citado texto legal.

  1. A partir del año en que se alcance el cien por cien de actualización, la renta que corresponda pagar podrá ser actualizada por el arrendador o por el arrendatario conforme a la variación porcentual experimentada en los doce meses anteriores por el Indice General del Sistema de Indices de Precios de Consumo, salvo cuando el contrato contuviera expreso otro sistema de actualización, en cuyo caso será éste de aplicación.
  2. Cuando la renta actualizada calculada de acuerdo con lo dispuesto en la regla la sea superior a la que resulte de aplicar lo dispuesto en el párrafo siguiente, se tomará como renta revisada esta última.

La renta a estos efectos se determinará aplicando sobre el valor catastral de la finca arrendada vigente en 1994, los siguientes porcentajes:

– El 12 por 100, cuando el valor catastral derivara de una revisión que hubiera surtido efectos con posterioridad a 1989.

– El 24 por 100 para el resto de los supuestos.

Para fincas situadas en el País Vasco se aplicará sobre el valor catastral el porcentaje del 24 por 100; para fincas situadas en Navarra se aplicará sobre el valor catastral el porcentaje del 12 por 100.

  1. El inquilino podrá oponerse a la actualización de renta comunicándoselo fehacientemente al arrendador en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la recepción del requerimiento de éste, en cuyo caso la renta que viniera abonando el inquilino hasta ese momento, incrementada con las cantidades asimiladas a ella, sólo podrá actualizarse anualmente con la variación experimentada por el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.

Los contratos de arrendamiento respecto de los que el inquilino ejercite la opción a que se refiere esta regla quedarán extinguidos en un plazo de ocho años, aun cuando se produzca una subrogación, contándose dicho plazo a partir de la fecha del requerimiento fehaciente del arrendador.

  1. No procederá la actualización de renta prevista en este apartado cuando la suma de los ingresos totales que perciba el arrendatario y las personas que con él convivan habitualmente en la vivienda arrendada, no excedan de los límites siguientes:
Número de personas que convivan en la vivienda. Límite en número de veces el salario mínimo interprofesional.
1 ó 2 2,5
3 ó 4 3
Más de 4 3,5

Los ingresos a considerar serán la totalidad de los obtenidos durante el ejercicio impositivo anterior a aquel en que se promueva por el arrendador la actualización de la renta.

En defecto de acreditación por el arrendatario de los ingresos percibidos por el conjunto de las personas que convivan en la vivienda arrendada, se presumirá que procede la actualización pretendida.

  1. En los supuestos en que no proceda la actualización, la renta que viniese abonando el inquilino, incrementada en las cantidades asimiladas a ella, podrá actualizarse anualmente a tenor de la variación experimentada por el Indice General de Precios al Consumo en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.
  2. La actualización de renta cuando proceda, se realizará en los plazos siguientes:
  3. a) En diez años, cuando la suma de los ingresos totales percibidos por el arrendatario y las personas que con él convivan habitualmente en la vivienda arrendada no exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.

En este caso, los porcentajes exigibles de la renta actualizada serán los siguientes:

.

Periodo anual de actualización a partir de la entrada en vigor de la ley. Porcentaje exigible de la renta actualizada.
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
10º 100%
  1. b) En cinco años, cuando la indicada suma sea igual o superior a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.

En este caso, los porcentajes exigibles de la renta actualizada serán el doble de los indicados en la letra a) anterior.

  1. Lo dispuesto en el presente apartado sustituirá a lo dispuesto para los arrendamientos de vivienda en los números 1 y 4 del artículo 100 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Sentencia:  AP Las Palmas sec 5, 258/2013 de 20 de junio

  • Orden: Civil
  • Fecha: 20 de Junio de 2013
  • Tribunal: AP – Las Palmas
  • Núm. Sentencia: 258/2013
  • Núm. Recurso: 792/2012
  • Núm. Cendoj: 35016370052013100257

Encabezamiento

SENTENCIA

Iltmos. Sres.-

PRESIDENTE: Don Víctor Caba Villarejo

MAGISTRADOS: Don Carlos Augusto García Van Isschot

Don Víctor Manuel Martín Calvo

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de Junio de 2013;

VISTAS por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Las Palmas de GC en los autos referenciados seguidos a instancia de don Luis Francisco , que actúa en nombre y representación de doña Celsa , parte apelada, representada en esta alzada por el Procurador don Juan Francisco Brissón Santana y dirigida por el Letrado don Mario Lisea Rodríguez contra doña Felicidad , parte apelante, representada en esta alzada por la Procuradora doña Petra Ramos Pérez y asistida por la Letrada doña María del Carmen Sarmiento Rodríguez, siendo ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Caba Villarejo, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. 13 Las Palmas de GC se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece: ‘Que en el Juicio Verbal seguido ante este Juzgado con el Nº 1517/2009 promovido a instancia de Luis Francisco , representado en las actuaciones por el Procurador de los Tribunales Sr. Brissón Santana y asistido por el Letrado Sr. Lisea Rodríguez, contra Felicidad , representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ramos Pérez y asistido por la Letrada Sra. Sarmiento Rodríguez, debo estimar parcialmente la pretensión ejercida y, por tanto, debo declarar y declaro la extinción del contrato de arrendamiento concertado entre ‘ Luis Francisco y Felicidad sobre el inmueble sito en CALLE000 Nº NUM000 – NUM001 de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, habiendo lugar al desahucio y condenando a Felicidad a desalojar el inmueble antes del 20 de junio de 2012, bajo apercibimiento de lanzamiento, ya adelantado dicha posibilidad de lanzamiento en el originario Auto de la admisión a trámite y suspendido por las vicisitudes de los presentes autos, para lo cual sirva la presente resolución de oficio a la fuerza pública y a cerrajero por si su asistencia fuese necesaria.

Por otra parte, debo condenar y condeno a Felicidad a pagar a la actora la cantidad de 2.120 euros por principal adeudado. Asimismo debo condenar y condeno a la demandado al pago de las rentas y cuotas de comunidad que se devenguen hasta la total recuperación por la demandante del inmueble que venía siendo objeto del contrato ya resuelto, todo ello con la expresa imposición de los intereses legales desde la interposición de la demanda tanto por rentas devengadas y no satisfechas durante el contrato de arrendamiento como las que finalmente se produzcan hasta la entrega de la finca.

Por último, no ha lugar a la condena en costas, debiendo cada parte abonar las propias y las comunes por mitad según por las razones contenidas en el en el Fundamento Quinto de la presente’.

SEGUNDO.- La referida sentencia de fecha 23 de mayo 2012 se recurrió en apelación por la parte demandada, interponiéndose tras su anuncio el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-258-2013-ap-palmas-sec-5-rec-792-2012-20-06-2013-12879381

Fundamentos

PRIMERO.- El recurso de apelación ha de prosperar porque siendo cierto que los gastos de comunidad, que en principio corresponden al propietario de la vivienda, pueden ser asumidos por el arrendatario para ello es necesario que se pacte expresamente en forma escrita, tal y como figura en la estipulación novena del contrato de arrendamiento objeto de litigio, pero además es necesario que a la fecha del contrato se determine el importe anual de esos gastos ( art. 20 LAU ), y ello obedece a que para que sean obligatorios para el arrendatario éste debe conocer cuales son esos gastos que asume y aceptarlos a la hora de suscribir el arrendamiento pero tal exigencia, de previa determinación de su importe anual al tiempo de la suscripción del contrato de arrendamiento, no puede tener un alcance tan absoluto que impida que su pago sea asumido por el arrendatario cuando conoce su importe de inicio y los paga, sin embargo, en el caso de autos la arrendataria y aquí apelante doña Felicidad negó haber pagado gastos de comunidad en ningún momento por no estar obligada a ello pese al tenor literal del contrato locativo, en todo caso dejado sin efecto ex post en este punto.

En cambio la parte arrendadora apelada alegó en su demanda que la arrendataria abonó tales gastos de comunidad desde el inicio de la relación arrendaticia pero que dejó de abonarlos desde el año 2008 en adelante, pero no prueba su afirmación, esto es que la recurrente hubiera pagado tales gastos de comunidad hasta ese momento, siendo que no puede probarse un hecho negativo cual es el no pago de los gastos comunes. La carga de la prueba de tal hecho ( art.217 LEC ), de su pago, corresponde a quien lo afirma, a la arrendadora, no a quien lo niega, pues es claro que de haberse abonado en alguna ocasión constaría algún recibo o ingreso bancario efectuado por la recurrente.

De otro lado no consta requerimiento o reclamación extrajudicial alguna, de la arrendadora a la arrendataria, reclamando el pago de los gastos de comunidad. Además el secretario de la comunidad de propietarios certificó que la arrendadora domicilió el pago de las cuotas comunitarias en su c/c bancaria desde agosto de 2005, esto es en fecha posterior a la celebración del contrato de arrendamiento celebrado con la apelante. La propia arrendadora comunicó (doc. 2 de la demanda) a la arrendataria que el pago del importe de las rentas debía hacerlo en la c/c que indicaba, distinta de la anterior, a la vez que hacía indicaciones sobre el pago de los suministros de agua y luz pero nada dijo sobre el pago de gastos de comunidad.

Por último aunque el documento nº 4 aportado por la demandada y aquí apelante en la vista oral fue impugnado por la parte actora y no fue objeto de la prueba pericial caligráfica, sin embargo su contenido, reconociendo la arrendadora que desde agosto de 2005 había dejado sin efecto la obligación de la arrendataria de pago de gastos comunes contenida en la estipulación novena del contrato de arrendamiento, que puede ser adverado por cualquier medio probatorio, resulta coherente con la indicación de la Comunidad de Propietarios de que la arrendadora tiene domiciliado el pago de la comunidad desde agosto de 2005 en la c/c que les indicó aquella y con la ausencia de prueba alguna de que la arrendataria hubiera abonado en alguna ocasión tales gastos. De todo lo cual resulta no probado que la arrendataria asumiera el pago de los gastos de comunidad.

Así las cosas habiendo considerado el juez a quo que al tiempo de la interposición de la demanda de desahucio no se adeudaba ninguna mensualidad de renta, lo cual no ha sido impugnado en esta alzada por la parte arrendadora, y circunscribiéndose los incumplimientos contractuales imputados a la parte arrendataria al pago de los gastos de comunidad la estimación del recurso de apelación comporta la íntegra desestimación de la demanda, absolviendo a la demandada de sus pedimentos con expresa condena a la parte demandante al pago de las costas procesales de la primera instancia ( art. 394 LEC ).

SEGUNDO.- No procede hacer pronunciamiento condenatorio alguno en cuanto al pago de las costas de esta alzada ( art. 398 LEC ).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

Fallo

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Felicidad contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Las Palmas de GC de fecha 23 de mayo de 2012 , en los autos de Juicio Verbal nº 1517/2009, y en su lugar desestimamos la demanda interpuesta por don Luis Francisco , en nombre y representación de doña Celsa , contra doña Felicidad absolviendo a la demandada de las pretensiones deducidas contra ella con imposición a la actora de las costas procesales de la primera instancia y sin que proceda hacer condena alguna respecto al pago de las costas procesales de esta alzada.

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes, y con certificación de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de Procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.-




2017: el experimento #VidaLaietana y el edificio 15-O ocupado en el 2011 en el barrio de Verdum.

Conversión de edificios a ALQUILER PÚBLICO Y ASEQUIBLE

Creemos necesaria la comparación de las dos experiencias, sobre dos procesos que pudieran haber tenido el mismo resultado pero el desenlace feliz sólo ha sido para el primero: #VidaLaietana . Esta entrada pretende poner en alerta a las entidades que luchamos por el derecho a la vivienda para no cometer errores que son dolorosos y costosos a largo plazo para familias y activistas. Nos referimos a la ocupación de edificios públicos, de inmobiliarias o de entidades financieras.

més de 300 persones muntaen una assemblea a la plaça de Verdum

El 15 de Octubre del 2011, en plena efervescencia del movimiento 15-M, se realizó una manifestación bajo el lema: l’indignació a l’acció … mobilització mundial. Había 3 columnas de colores y la verde reivindicaba el derecho a la vivienda. Un sorprendente dispositivo en que participó nuestra asociación llevó esa columna verde de + de 1500 personas en metro desde plaza Catalunya a NouBarris y ayudaron a ocupar un edificio que estaba vacío desde hacia años, en el barrio de Verdum propiedad de Cajamar. La alegría desbordante del éxito siguió al alojamiento de alguna de las familias que esperaban un techo en nuestro distrito en un momento en que los desahucios ya caían a plomo en el que sería el distrito más castigado del país.

Recién llegado a la alcaldia Xavier Trias, de CiU, en un discurso en el cercano parque de la Guineueta, dos días después, renegaba de esas prácticas anti-sistema. Se creo una asamblea de gestión del edificio y poco después llegaban los primeros problemas junto a nuevas familias por el efecto llamada. A la asamblea se presentaron los antiguos propietarios del solar donde en permuta tenían tres pisos. Junto a ello, la aparición de los Servicios Sociales centrales del Ayuntamiento y los Mossos de Esquadra primero camuflados y después en servicio oficial. Los Servicios Sociales y el responsable de comunicación de la Alcaldía rápidamente se pusieron en contacto asegurando su interés en buscar soluciones al conflicto

La asamblea tomó un portavoz para la prensa y televisión que llegaba ávida de las formas nuevas de lucha. Los conflictos dentro de la asamblea de familias, activistas y gente del barrio se dieron en varios frentes:

  • Los Servicios Sociales centrales del Ayuntamiento buscaron tener información de las familias para encontrar vías de comunicación y ayuda. Un sector de los ocupantes principalmente activistas se negó a ninguna negociación.
  • Un sector mayoritario de la asamblea se negó a respetar las viviendas de las familias que habían negociado con el constructor la permuta.
  • Un sector mayoritario de la asamblea se negó a abrir la posibilidad de negociar la compra del edificio por el Ayuntamiento, a precio de saldo a Cajamar, para convertir las viviendas en pisos sociales.
  • La Asociación de Vecinos de Verdum, en una profunda crisis desde hacía muchos años, nunca dio soporte a la ocupación y por lo tanto a contrabalancear una salida negociada. Igualmente La Coordinadora de Avv y entidades de Nou Barris tampoco quiso entrar en el conflicto social de denuncia que suponía aquella ocupación. El movimiento vecinal nunca entendió desgraciadamente la conversión de la vivienda como un objeto financiero en la crisis que se estaba cociendo en todo el planeta y la problemática de los desahucios que ya caían a plomo en el distrito
  • Si el movimiento 15-M que dio cobijo a la ocupación, permitió ver con simpatía la ocupación, los conflictos dentro del edificio, algún que otro incendio en uno de los locales y el enfrentamiento con algunos jóvenes del barrio malbarataron esa simpatía inicial.

Nuestra Asociación, defendió desde el inicio, que con el soporto del vecindario era posible una negociación pública de las condiciones de vida de las familias, la mayoría en paro y con niños. El proceso aunque complejo suponía de facto aceptar que las políticas sociales de vivienda  y servicios sociales  estaban fallando en muchos aspectos. Con los meses, los canales de comunicación se cortaron y las familias algunas con problemáticas complejas se quedaron a merced de las circunstancias.

Defendimos a ultranza la conversión del edifico en viviendas de alquiler público y asequible para lo cual el Ayuntamiento o la Generalitat debería comprar a precio de tanteo y retracto el edificio abandonado. No era una idea descabellada y seguramente hubiera dado una salida distinta a la constitución del Banco malo que ha sido un desastre financiero para el país. El sector mayoritario no estaba de acuerdo, en otras palabras quería vivir ocupando sin más y supuestamente consolidar esa ocupación.

Nuestra entidad para dar un vuelco a la campaña de prensa contra la ocupación que se inició vimos en los propietarios de la permuta una oportunidad para dar el vuelco. Aceptar su derecho a las viviendas de la permuta y demostrar que los “ocupas” respetábamos la propiedad de esas familias estafadas en la burbuja. Con el sector mayoritario no fue posible llegar a ningún acuerdo. No quisieron respetar esas viviendas y supuso un enojo importante en el barrio, porque eran una familia conocida, que provocó enfrentamientos con vecinos.

Nuestra asociación después de algunas semanas dimitió como portavoz de la asamblea por no tener un apoyo mayoritario y poco después abandonamos la asamblea del edificio porqué creímos que las decisiones tomadas no se correspondían con los objetivos iniciales. Las asambleas del 15-M de Nou Barris que se celebraron en la plaza contigua al edificio se fueron vaciando hasta que se decidió volver a la marquesina de la Vía Júlia.

Con los meses se iniciaron los conflictos entre familias y entre familias y activistas ocupantes del edificio, donde las asambleas interminables agotaban a gente poco acostumbradas a esas dinámicas. Los tímidos intentos de enraizar en el tejido asociativo después de lo acontecido se hicieron más complicados (1). Hubo un incendio. “Desaparecieron” partes estructurales y materiales de la obra que aún quedaban para acabar el edificio y un largo sinfín de problemas con el agua, la luz, etc. Seguramente no nos dimos cuenta de la magnitud del cambio de lo que proponíamos pero recientemente alguna familia en los medios de prensa, después de las recientes ocupaciones en la ciudad, han pedido la intervención en el sentido que propusimos hace 6 años: la conversión del edificio Almagro en viviendas sociales – alquiler público- del Ayuntamiento.

Una CRONOLOGIA DE LOS HECHOS:


Nuestra Asociación participó en la reivindicación de diversos colectivos de Barcelona para que el edificio de Via Laietana se convirtiera en alquiler publico. El acuerdo con el Ayuntamiento actual había inspirado nuestras propuestas con el edificio del 15-O de la calle Almagro:
salva TORRES


(1) Blog del edificio Almagro – 15O- actualizado del octubre del 2011 al 2012.

(2) comunicat de premsa sobre acord amb equip Govern municipal.




Urgente: 8000€ para juicio contra responsables de la venta de viviendas de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs

Las afectadas buscan desesperadamente 8000€ para iniciar proceso penal.

Queda una semana y piden su ayuda AQUÍ.

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Mientras Blackstone y Goldman Sachs estan enfangados en decenas de desahucios de los 6.000 pisos protegidos comprados en España buscando beneficios que dupliquen los 420 millones invertidos.

2935 VIVIENDAS DEL IVIMA

2935 FAMILIAS AFECTADAS

Esta campaña de crowdfunding tiene como objetivo principal sufragar los gastos del equipo jurídico que lleva la causa penal contra los máximos responsables de la venta de 2935 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid y defender los derechos de todos los madrileños y futuros adjudicatarios de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), ya que lo que se ha producido es un expolio del patrimonio de la Comunidad de Madrid.

La venta de las viviendas públicas a un fondo buitre, sin previo aviso a sus inquilinos, además está suponiendo la modificación de muchas de las condiciones para los legales adjudicatarios de estas viviendas, como la supresión de ayudas al alquiler, la subida de cuotas de comunidad, el pago del IBI o la tasa de basuras como si fuesen propietarios, la supresión de las juntas de administración vecinal y la expulsión de sus casas a quienes no puedan comprarlas al llegar al 7º año de contrato.

La Asociación Afectados IVIMA y sus participantes buscan como objetivos principales los siguientes puntos:
• La suspensión cautelar y posterior anulación de la venta de viviendas públicas de IVIMA y EMVS a los fondos de inversión.
• La paralización de cualquier nueva venta de viviendas públicas de IVIMA y EMVS a los fondos de inversión.
• La prórroga automática de los alquileres de las viviendas públicas de IVIMA y EMVS.
• El ofrecimiento preferente a los inquilinos de la compra de sus viviendas y al mismo precio que costó su construcción.
• El mantenimiento de las ayudas de reducción del alquiler del IVIMA.
• La paralización de cualquier desahucio por impago provocado por motivos económicos.
• La reducción significativa del actual precio de módulo oficial para las viviendas de protección oficial.

¡Defendemos nuestras casas, no queremos que especulen con ellas! ¡No queremos que nos obliguen a irnos de nuestros barrios!

+++info en Afectadas IVIMA y en GOTEO.ORG




L’Ajuntament de Barcelona front a l’emergència habitacional a la ciutat

L’emergència habitacional a Barcelona ciutat

Des de la constitució de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, una de les seves prioritats ha estat la situació d’emergència habitacional que viu la ciutat des de fa anys. Al juliol es van formalitzar les comissions per revisar protocols de desnonaments, mesa d’emergències habitacionals i mobilització del parc d’habitatge buit a la nostra ciutat.
El passat dimarts 21 de juliol a les 9’30 del mati es reunia la Comissió de Mobilització d’Habitatges (regularització d’ocupacions, pisos buits, mediació, sancions, tempteig i retracta.. ). L’objectiu de la mateixa era aconseguir mobilitzar els habitatges buits de la ciutat per usar-los per allotjar les llars que per impagaments del lloguer o d’hipoteques eren desnonades.
Els responsables a la Comissió de l’Ajuntament de Barcelona Vanessa Valiño, Jordi Amela i Javier Buron, nou gerent d’Habitatge van desgranar els fils conductors de la política que es vol dur a terme. Els acompanyaven un seguit d’entitats de l’anomenat Tercer Sector, entitats financeres, promotors, Col·legis professionals, entitats socials (PAH, 500×20), entitats veïnals, etc. La nostra Associació 500×20 era la primera vegada que era convidada doncs al 2011 havia estat vedada per a l’anterior Administració de Trias.

 

Les dades de l’emergència habitacional a Barcelona.

Al Registre de la Propietat al gener del 2015 (govern Trias) hi havia 4.149 habitatges buits que eren propietat de les entitats financeres. Representen un 0’5% dels habitatges a la ciutat (És la xifra que les entitats financeres van donar a Trias!!).

  • 4 de cada 5 habitatges de bancs estan ocupats a Trinitat, C.meridiana i Besos.
  • De les 766 inspeccions realitzades en pisos buits d’aquests barris només 16 pisos després de dos anys tenien declaració situació anòmala amb capacitat legal per multar.
  • A l’última Mesa d’Emergències es van donar 20 habitatges de 120 sol·licids aprovades
  • hi ha detectades 7000 unitats familiars amuntegades en habitacions.
  • Hi ha 70.000 llars x sota llindar pobresa a la ciutat.
  • Hi ha 30.000 demandes al Registre de Sol·licitants d’habitatge
  • el dret a l’habitatge és per qualsevol ciutada encara que les llars amb menors puguessin tenir prioritat davant l’escassetat.

L’Asc. 500×20 explica altres dades importants també:

  • no existeix cap estudi definitiu de la situació de la propietat i ús dels habitatges a BCN. Nosaltres creiem que els grans propietaris són la banca (amb diferents fórmules de control de la propietat), grans empreses i fons immobiliaris i l’Església Catòlica.
  • 151.288 habitatges, un 20% del total, no són residencia habitual (per a què serveixen llavors?), dels que 88.000 estarien buits segons el web de l’Ajuntament.
  • El mercat de lloguer representa prop del 30% del parc d’habitatges quasi tot en renda lliure.
  • Cada any es fan una mitja de més de 44.000 nous contractes de lloguer (Xifres Habitatge-PMHB). Aquesta dada confirmaria que hi ha una bossa d’habitatge buit important que s’aproparia als 88.000 indicats.
  • El pis llogat mig és de 70 m2 a un preu mitjà de 10,3 € que representen 800 euros de renda mitja, serveis a part.
  • Aquests preus de lloguer són impossibles de pagar per les classes populars. Per tant, hi ha un lobby immobiliari (Cambra de la propietat, API, entitats financeres, fons immobiliaris, etc) que controla els preus i unes rendes immobiliàries disparades per la situació de pobresa que vivim.

El Pla de l’Ajuntament de Barcelona front a l’emergència habitacional.

Per resoldre aquesta dura problemàtica el Pla d’habitatge de l’Equip de Govern de l’Ajuntament presentat plantejava aquests trets principals per fer front a l’emergència habitacional:

  1.   mobilització dels pisos buits d’entitats financeres i de particulars (detecció i adequació x llogar)
  2. multes als pisos buits dels bancs. (4149 habitatges detectats per Trias)
  3. Programa de cessió amb subvenció a pisos socials privats a través de la Fundació Habitat31 amb una subvenció iniciada per Trias de 6,2 milions d’euros (foment públic x lloguer de preus mitjos i baixos)
  4. bona voluntat d’entitats financeres
  5. estudi i pentinat immobiliari dels habitatges buits als barris amb més problemàtiques i ocupacions.
  6. La possibilitat del dret a retracte x comprar habitatges resultants d’execucions hipotecaries o vendes a fons immobiliaris (tots són voltors!)
  7. La dificultat d’un Govern en minoria que ho ha de pactar tot.

UN PLA ALTERNATIU per reforçar les polítiques d’habitatge de l’equip de govern de l’alcaldesa Ada Colau.

 

HABITATGES PROPIETATA ENTITATS FINANCERES A LA CIUTAT. Algú s’ho creu???

2015- pisos propietatas entitats financeres BCN




desnonats: refer-se després de perdreu tot – diari Ara

El Diari Ara.CAT acaba de publicar una notícia on un de les famílies – ElHassan-Naima- de la nostra Asc. 500×20 ha trobat momentàniament una solució a l’emergència habitacional.

MARIA ORTEGA / ELISABET ESCRICHE Barcelona | 06/06/2015

Manolo GARCÍA / FOTOS

ELHASSAN I NAIMA

“Ara no patim per quedar-nos sense casa però ens espantem amb cada factura de la llum i l’aigua”

ElHassan_NaymaPrimera hora del matí. Elhassan Ballach ha marxat de casa perquè té hora al metge i, al menjador, els seus dos fills, la Maiyssa, de dos anys, i el petit Ayman, que està a punt de fer set mesos, dormen. L’un al terra en un llit de mantes, i l’altra al sofà. Ho fan sota l’atenta mirada de la mare, la Naima, que els esperona a llevar-se i assenyala la muntanya de maletes, caixes i mobles desmuntats que els envolten. Ja fa uns mesos que la família ha entrat a viure en aquest pis d’uns 45 metres quadrats i una sola habitació a la Via Favència de Barcelona -una solució d’emergència després del desnonament-, però tot el que els recorda la seva vida anterior, la de patir per si la pressió social no seria capaç d’aturar una nova temptativa de desallotjament, està encara empaquetat, com si la mudança no hagués d’acabar mai. Fa poc més d’un any, l’Elhassan portava en braços la petita Mayssa, i la seva dona, embarassada, celebrava des de la porta que aquell cop tampoc es quedaven sense casa, que el desnonament no prosperava.

Ell, que explicava a l’ARA que no havia dormit en tota la nit patint pel futur de la família, agraïa el suport als veïns i assegurava que ells sols estarien perduts. Avui, tot i que la crisi no els deixa aixecar el cap i continuen sense feina i vivint d’una ajuda de 426 euros, han deixat enrere aquella angoixa. Ningú no els expulsarà ja de casa.

La Naima parla ara més tranquil·la, però diu que no respirarà fins que el seu marit trobi una feina. Quan va arribar del Marroc, en ple boom del sector de la construcció, no li va costar treballar, va portar la família i van poder anar pagant el lloguer sense grans problemes. A finals del 2013 i sense atur, ja van començar a acumular lloguers impagats. Els números no els sortien per enlloc. I, en aquell moment, no veien una sortida possible. Després de deixar el pis, van passar uns mesos per un habitatge d’emergència i després se’ls va concedir el que ara els acull: un pis de l’Incasòl amb un lloguer social de 50 euros. Un flotador. El pis, això sí, és petit i, segons diuen, poc adequat per al dia a dia d’una família amb dos fills. “No tenim una habitació per als nens: el meu marit dorm amb la gran al menjador, i jo dormo amb el nen a l’habitació”, resumeix la Naima i ensenya un sofà de mòduls que, segons diu, no hi ha manera de fer cabre a la seva nova casa. El balcó encara és una mena de traster.

De moment, viuen de l’ajuda que ell ingressa i, tenint en compte que han de comprar bolquers per als dos nens i menjar per a la família, arribar a final de mes és una muntanya russa. El gran ensurt són les factures de l’aigua i la llum. La primera que van rebre era de 110 euros. Ara, doncs, no pateixen per la casa, però tremolen quan arriben les factures.

 

……

Un altre cas de la PAH de Salt

MÍRIAM VIDAL

“Amb la dació t’alliberes, però s’esvaeix el teu somni”

Després de cinc anys foscos, Míriam Vidal, de 32 anys, comença a creure que se’n sortirà. Fa més de dos anys va estar al bloc de Salt que va ocupar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) a la recerca d’un llit on pogués dormir. Només feia un any que vivia a Girona i s’acabava de quedar sense feina per culpa d’una lesió en un genoll. La situació ja li era familiar. A finals del 2010 va perdre el seu lloc de treball de maquinista d’impremta a Terrassa. Va ser en aquell moment quan va començar el seu particular calvari. La falta d’ingressos va provocar que no pogués fer front a la hipoteca de més de 700 euros mensuals que pagava pel pis que havia comprat al municipi vallesà quan només tenia 18 anys. Ella i el que era el seu xicot van demanar un préstec de 220.000 euros per adquirir l’habitatge i, a més, els seus pares la van avalar amb el seu habitatge. “En aquell moment tenia tres feines i mai em vaig plantejar que les acabaria perdent”, relata.

L’única fórmula que va trobar per evitar que el banc deixés els seus pares al carrer va ser llogar el pis. El 2012 ella va marxar a Girona i hi va entrar a viure un inquilí, que pagava un lloguer de 600 euros. La resta que faltava per cobrir la quota la posaven els pares. “L’estabilitat” que va aconseguir vivint al bloc de Salt li va durar mig any. El novembre del 2013, poques setmanes després que expliqués a l’ARA el seu periple, la Generalitat va oferir reubicar els “inquilins” del bloc a altres pisos socials. “A tots menys a mi perquè jo tenia un pis pel qual cobrava un lloguer”, aclareix. Es va desvincular de la PAH i va trobar com a única sortida “alliberar” una casa, on viu amb la seva actual parella. També està ubicada a les comarques gironines, però prefereix no concretar on perquè està negociant amb el banc quedar-s’hi a canvi de pagar un lloguer social.

En paral·lel a aquesta “alliberació”, la Míriam va intensificar les negociacions amb el banc per aconseguir una dació en pagament del seu pis de Terrassa. El gener del 2014 el banc li notificava que l’hi concedia. Per materialitzar-la, però, va haver de deixar de pagar durant tres mesos la hipoteca, fet que va suposar que els seus pares fossin inclosos a la “llista de morosos”. El 8 de maig del 2014, la Míriam signava la seva carta de llibertat. “Va ser una sensació estranya perquè alliberes els pares però alhora veus esvaït un somni”, diu. Un mes després es va quedar embarassada, però al gener va perdre la nena. De mica en mica -explica- va superant aquesta pèrdua i des del febrer està cobrant el PIRMI, que li suposa uns ingressos de 423 euros al mes. La seva parella també ha aconseguit, fa tres mesos, feina de cuiner.

la noticia tal com l’hem vist a ARA.CAT




Els Serveis Socials i les seves treballadores en la gestió del laberint de la miseria.

Els fets de Ciutat Meridiana obren un debat en les treballadores dels Serveis Socials…

Gestionen les polítiques de beneficència de l’Administració que els paga els salaris??

o treballen per la transformació social amb els seus clients??

CGT – Catalunya proposa als professionals dels CSS no assistir als desnonaments per evitar legitimar-los.

fabrica miseria Servicios Sociales

Les treballadores dels Serveis Socials en el seu laberint.

Qui escriu això no és ni un treballador dels Serveis Socials ni tant sols un dels seus clients per sort. És un activista compromès en el seu temps i en la seva gent.

L’ocupació dels Serveis Socials de Ciutat Meridiana el passat dimarts, després que el veïnat aturés tres desnonaments al barri, va encendre la ràbia perquè cap responsable de l’Administració municipal va aturar una barbàrie que ja dura massa . Els Serveis Socials del barri, última frontera abans de la desesperació, es van omplir d’escombraries i algun ordinador va caure pel terra. Les assistents socials, treballadores dels Serveis Socials, en la seva majoria dones, sembla que es van refugiar en una habitació per evitar mals majors. Els seus “clients” diuen que van veure que es prenien la situació amb somriures i filmacions que encenien encara més els ànims. No sabrem que va passar de veritat però té una importància secundària.

L’Ajuntament ha anat per la drecera, contra de l’opinió de la Favb i altres entitats, en aplicar el principi d’autoritat en un fet que no és una bretolada sinó una expressió de ràbia de la gent que està exclosa del sistema, aparcada, menyspreada… els pobres. Per a l’Ajuntament els Serveis Socials gestionen la misèria però segurament els “seus clients” estaven exigint drets davant l’exclusió.

##[ÚLTIMA HORA= Antoni TALLADA (responsable de As. 500×20) i Filiberto BRAVO (responsable de Avv. C.Meridiana) han estat imputats pels incidents dels Serveis Socials. Cap d’ells va participar ni incitar els fets que els imputa l’Ajuntament de Barcelona per la via penal. La Guàrdia Urbana ha comunicat la denúncia després de la jornada sense precedents pels 16 desnonaments al Districte. ]##

De quin costat es posen les treballadores dels Serveis Socials???

  • Exigiran mà dura contra el veïnat que suposadament no es va conduir de manera educada cercant la solució a la misèria de quedar-se sense casa, sense menjar, sense res???
  • Callaran mentre l’autoritat municipal dóna la bastonada als agosarats clients pobres perquè, si tornen, ho facin derrotats i penedits ??
  • O s’oposaran a cap sanció i es posaran del costat dels seus clients contra l’Administració??

Les treballadores dels Serveis Socials no es poden sostraure de prendre partit. Del costat dels seus clients hauran d’enfrontar-se al patró. Al costat del patró donaran el vist-i-plau a les polítiques neoliberals de gestió de la pobresa. I si callen atorguen … Fa massa temps que les treballadores socials estan callades, afanades acríticament, en la fabrica de misèria Sense Solució, com s’ha definit als Serveis Socials…” … fem el que podem amb els recursos que ens donen … “.

La crisi ha estat un bon argument pel desmantellament dels serveis públics.  Els sindicats dels treballadors públics fa ja massa temps que haurien d’haver donat una resposta contundent al greu deteriorament.  Els fets esmentats ja no són cassos aïllats perquè s’estan vivint a tot arreu situacions límit. Serveis públics com la sanitat i l’educació pateixen retallades que han deteriorat les prestacions i el treball dels seus professionals. Els treballadors públics, funcionaris o laborals, es troben en primera línia de foc, representant a una administració responsable de deixar-los sense capacitat de resposta. Llavors es quan els Serveis Socials es tornen part del problema de l’exclusió i no en la  solució. Són beneficència i no drets socials!

Els treballadors públics fa massa temps que estan callats. Els sindicats es queixen de la poca força sindical per manca d’afiliació i els treballadors de que no els representen. Un peix que es mossega la cua mentre a la ciutat de Barcelona més de 70.000 llars pobres i excloses esperen respostes. Al sr. Trias potser no li faltaran paraules per reconèixer les necessitats però a la tornada les seves prioritats pressupostaries no seran els pobres de la ciutat. A l’Ajuntament de Barcelona ja li va be l’enfrontament doncs la denúncia contra els responsables veïnals busca activar els sentiments corporatius de les assistents socials. Aquesta seria la pitjor resposta de les treballadores a la tempesta social que s’apropa.

Amb governs de tots colors a Barcelona hem vist la privatització i l’externalització dels serveis municipals. Un exemple són les Oficines d’Habitatge de Barcelona on treballadors d’una empresa privada gestionen un dret fonamental com es l’habitatge. L’Ajuntament i la Generalitat també volen desempallegar-se de la gestió dels habitatges socials. No ens volem ni imaginar una cosa així als Serveis Socials.

Cal una volta de 180º en la concepció d’aquest servei. Segurament ja no es tracta de gestionar la misèria en el seu laberint burocràtic sinó assegurar una renda garantida de ciutadania. Per contra, una victòria de les tesis autoritàries per tractar els fets de Ciutat Meridiana aproparien l’externalització dels Serveis Socials. El Govern de CiU no li falten ganes… té aparcada la renda garantida de ciutadania des de fa temps al Parlament.

Els representants veïnals i el teixit associatiu de Nou Barris han estat els primers en demanar calma per seure a negociar una sortida “amb justícia social, respecte a la dignitat de les persones i solidaritat“, tal com demana la Federació d’Associacions de Veïnes de Barcelona (Favb) en el seu comunicat. Però encara més necessari seria una resposta unificada contra les polítiques antisocials: un comunicat, una roda de premsa d’entitats socials, treballadores socials i sindicats. Es troba a faltar ja una apel·lació a la més profunda solidaritat en els difícils moments que viurem.

… A l’Ajuntament de Barcelona ja li va be l’enfrontament doncs la denúncia contra els responsables veïnals busca activar els sentiments corporatius de les assistents socials. Aquesta seria la pitjor resposta de les treballadores a la tempesta social que s’apropa.

Baptisme neoliberal de les treballadores socials!

El col·lectiu contra l’exclusió social “el Alambique” va publicar recentment al diari digital “la tercera información” un relat, que amb certa sorna, representa la conversió, per baptisme, dels treballadors socials al paper que els obliga el Bisbe de la Pobresa. Realment un relat aconseguit que ens fa pensar a totes…

LES PROMESES DEL BAPTISME de les treballadores socials:

Així doncs, renuncieu a la transformació social ?:

A acollir les persones de manera propera;
A exigir els pressupostos suficients per a la tasca;
A que el vostre objectiu sigui la justícia social;
A tractar les altres persones com a iguals.
A garantir un mínim vital per a tothom.
A no prorrogar les ajudes d’emergència social a totes les persones que ho necessiten.

Sí, renunciem.

Us comprometeu a implicar-vos en els vostres nous objectius com Fabrica de Misèria Sense Solució.
Treballant pel control i submissió de les persones empobrides.
Jutjant a les altres persones des de la vostra posició i manera de veure la vida.
Controlant el pressupost perquè mai s’acabi i sempre hi hagi fons que ens garanteixi la gestió de la misèria.
Fomentant la caritat i l’almoina abans que els drets socials.
Fent publicitat de tot el es fa, sigui o no sigui veritat.

Sí, ens comprometem……

El fi justifica els mitjans

camiseta_servicios sociales para todas-todosCom a qualsevol empresa que no acompleix els objectius la pregunta que ens fem es si els Serveis Socials no serveixen per salvar la gent de la pobresa, no caldria replantejar fins i tot la seva existència?

Llavors els sindicats i les treballadores socials sortirien en tromba a defensar els llocs de treball, la tasca professional i un llarg llistat d’èxits… a pesar que sense els mitjans materials, econòmics i unes condicions laborals decents cap empresa pot acomplir els seus objectius.

Però potser per a la classe política i econòmica del país, el paper de les treballadores socials no es tant acabar amb l’exclusió sinó la seva tasca de control social que exerceixen amb la generalització entre els usuaris dels contractes a canvi de prestacions. Per això, els pressupostos que es destinen han de ser lo suficientment grans com perquè justifiquin la seva existència, que és el fet que es denuncia al baptisme del Bisbe de la Pobresa.

Desconeixem els recursos esmerçats per les diverses administracions en l’atenció creixent de l’exclusió social generada arran de la crisi. L’alcalde Trias diu que cada cop es gasta més. Però si la burocràcia és més cara que el que reparteix, ens haurem de replantejar-ho tot. Potser el que cal és que un cop garantits els drets fonamentals dels ciutadans no faran falta uns Serveis Socials per tots i totes!

PLA DE MESURES URGENTS per a les persones que no tinguin ingressos per sobre del llindar de la pobresa:
1.- Gratuïtat en el transport públic dels municipis.
2.- Gratuïtat en els subministraments bàsics, aigua, llum, gas.
3.- Garantir l’alimentació bàsica de totes les persones.
4.- Assegurar Renda Garantida de ciutadania per a tothom (664 €).

Estem d’acord amb aquest quatre punts? Doncs sortim les treballadores socials, les entitats del territori i els exclosos a exigir-los davant tota l’opinió pública. Exigim la fi de la criminalitzat de la pobresa.

Mentre això no sigui així a l’Oficina de Ciutat Meridiana no serà gens fàcil ser treballadora social. Condicions de treball deplorables, depressions, baixes i demandes de trasllat deuen estar a l’ordre del dia. La marea taronja, encara que no en gaire èxit, ja va denunciar el desmantellant els Serveis socials… és hora que …

— companyes de Serveis Socials poseu-vos les piles !!–

Salva TORRES, activista de As. 500×20 i veïnal.

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Declaració de Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona

http://www.cgtbarcelona.org/ssab/

INCIDENTS AL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE CIUTAT MERIDIANA

La secció sindical de CGT de l’Ajuntament de Barcelona davant els INCIDENTS AL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE CIUTAT MERIDIANA

El passat 22 d’octubre una protesta veïnal va acabar amb una acció de destrosses al Centre de Serveis Socials Ciutat Meridiana. Davant d’aquests fets, volem en primer lloc mostrar el nostre suport a les companyes i companys afectats en els seus llocs de treball i reconèixer el valor de la seva labor professional, que han de desenvolupar en el context d’un duríssim clima social. En aquest sentit com Secció Sindical de la CGT ens estem adreçant a les entitats i organitzacions ciutadanes, formals i informals, de Ciutat Meridiana i Barcelona, a través de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), per reivindicar el compromís social i professional dels treballadors i treballadores municipals i apel·lar al respecte i a la comprensió de les persones a les quals intentem assistir i que pateixen a causa de condicions econòmiques i mancances de resposta política i administrativa de les quals nosaltres com professionals no en som responsables.
Però al mateix temps, volem deixar clar que l’origen d’aquests fets és el malestar social originat per unes polítiques socials i d’habitatge clarament insuficients davant la crisis estructural que aboca a la població a les portes de l’exclusió social. Un malestar especialment greu en barris com Ciutat Meridiana, amb un nivell de renda dels més baixos de Barcelona, on la manca de resposta institucional davant els desnonaments forma part de la quotidianitat.

L’Ajuntament de Barcelona respon a la problemàtica dels desnonaments amb uns criteris completament restrictius, un parc de pisos d’emergència clarament insuficient i uns terminis impossibles que fan que les persones hagin d’abandonar el seu habitatge abans d’obtenir la resposta.

Volem distingir doncs que els responsables d’aquest malestar no són les professionals dels Serveis Socials sinó els dirigents polítics que governen d’esquenes a les necessitats de les persones.

D’altra banda, estem al costat de les reivindicacions veïnals i de la capacitat d’autoorganització dels barris en defensa d’unes condicions de vida dignes.

Per últim, demanem a l’Administració:

  • Que els professionals dels CSS deixin d’assistir als desnonaments per legitimar una decisió que no és seva.
  • Que s’activin intervencions de mediació i diàleg amb els col·lectius en conflicte.
  • Que es replantegi la política en relació a la necessitat d’habitatge a la ciutat de Barcelona, garantint el dret a l’habitatge digne.

 




La carrera de obstaculos para obtener un piso de emergencia social antes del desahucio.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona publica unos requisitos muy duros

Poco a repartir: Hoy la Borsa d’Habitatge de Lloguer de BCN sólo tiene 7 pisos.

Se trata de ocultar a la opinión pública los casos más lacerantes de la Banca e inmobiliarias.

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Nadie controla los atropellos de los oligarcas del ladrillo y las finanzas…

¡pero se mira con lupa “al pobre”!

No se trata de la garantía del derecho a la vivienda digna que es un articulo decorativo de la Constitución española. Si tienes poco a repartir lo normal es que excluyas con criterios arbitrarios y eso es precisamente lo que ha decidido el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Por lo tanto, los criterios no garantizan el derecho a la vivienda de cualquier ciudadano sino evitar escenas turbadoras de familias en la calle y actuaciones policiales desproporcionadas. Esto es lo que hay.

Y lo que hay es que el Ayuntamiento se ha quedado sin pisos sociales. Las denuncias sobre la enorme cantidad de pisos públicos vacíos  de los movimientos sociales y entidades como la nuestra, pero sobre todo, la larga y dura crisis que vivimos ha llenado el minúsculo parque de vivienda pública y social de Barcelona. La Borsa d’habitatge del Consorci de Barcelona ofrece ya sólo 7 pisos y el Patronat Municipal de l’Habitatge y la Agència Catalana de l’Habitatge agotan los últimos cartuchos.

La Mesa de Emergencias que concede los pisos ha sido criticada por la Síndica de Greuges de Barcelona porque ha concedido una media de 140 pisos/año cuando los desahucios se cuentan a miles. La espera para entrar a pisos de emergencia “ya concedidos” se alarga un mínimo de 3 o 4 meses desde el desahucio. Mientras las familias pasan sus días alojados en los apartamentos temporales de Navas o en pensiones repartidas por toda la ciudad.

Esa es la realidad simple y llana… del Reglament per a l’adjudicació d’habitatges d’emergència social i creació d’un fitxer de dades personals.

¿Qué entienden por emergencia social? la pérdida de la vivienda habitual a causa de los impagos hipotecarios o de alquiler sobrevenidos por la crisis. El proceso sólo se inicia cuando el hogar tiene ya una orden de desalojo del Banco, de la inmobiliaria, del API o del casero. Se entiende entonces que las familias pasan una terrible angustia entre la sentencia judicial en la que pierden la vivienda y la concesión si se da de un piso de emergencia. Los hogares con menores aún les tienen cierta consideración por la hipócrita protección de los menores de la Administración.

Pero los casos de parejas, jóvenes o soltería quedan prácticamente excluidos. Pero hoy día son miles los excluidos,  después de 7 años de crisis, porque muchos hogares ya han perdido la vivienda y nunca entraron en el tutelaje de la Administración. Viven en habitaciones, en casas de familiares o sencillamente ocupando una vivienda.

Las personas con desahucio pendiente deberán cumplir muchos requisitos.

  1. tener sentencia de desahucio a causa de impagos de alquiler o hipoteca en los que el primer recibo impagado es antes de 6 meses de la entrada en la vivienda (para evitar espabilados). Por pérdida del piso porque el banco no hace alquiler social después de la dación en pago. Por pisos en malas condiciones higiénicas o estructurales donde vivan menores, por familiares con enfermedad muy grave o incapacidad, siempre que ocurra después de entrar en el piso. Aún así la mayoría de desahucios con los requisitos no son atendidos por “falta de tutelaje efectivo” de la Administración. Vamos que ni las Oficinas de Vivienda ni los Servicios Sociales se quieren enterar que un hogar se queda en la calle. Quedan excluidos los hogares:
    • que ocupan pisos
    • que viven en habitaciones.
    • que viven en casas de familiares
    • de jóvenes parejas que necesitan independencia económica pero no tienen suficientes ingresos.
    • con impagos pero que sus rentas de la unidad de convivencia superan el 30% del pago del alquiler o hipoteca. Si uno cobra 1000€ pero no paga 290 de cuota queda excluido.
    • impagos de cuota de vivienda en los que el primer recibo impagado es antes de 6 meses de la entrada en la vivienda (para evitar espabilados).
    • que hayan rechazado un piso de protección en los últimos dos años.
    • que no dispongan de unos ingresos mínimos superiores 0,4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM= 532 €/mes), o sea 213€ y unos ingresos máximos de 532€/1 persona y 1065€/ una unidad de convivencia.
  2. quedarse sin vivienda porque después de la dación, la entidad financiera o inmobiliaria no accede a hacer un contrato de alquiler social. Fíjense que son de emergencia hogares que tenían una hipoteca impagada pero no en cambio una unidad familiar que vive con 426€ en una habitación de 300€/mes.
  3. unidades de convivencia en que viven menores en condiciones de poca salubridad y inseguridad.
  4. unidades de convivencia con miembros con graves problemas de salud agravados por las condiciones higiénicas de la vivienda y que no  se pueden resolver técnicamente. Hay que demostrar que se alquilo el piso antes de los problemas de salud.
  5. unidades de convivencia con miembros con graves problemas de movilidad siempre que el hecho haya sucedido después de la firma del contrato.
  6. unidades de convivencia que viven con menores en edificios en condiciones graves estructurales siempre que hayan firmado el contrato antes de conocerse estas y que no se puedan resolver técnicamente.

Ya nos gustaría que se lo hicieran firmar a los banqueros!!!

Las personas con desahucio pendiente deberán firmar “un contrato social “.

La carrera de obstáculos continua porque una vez superados los escollos de los requisitos se deben presentar un montón de documentos y la novedad es que se debe firmar un “contrato social“. Las Oficinas de Vivienda se comprometen a pagar la diferencia si la cuota supera el 30% de la renta familiar y te exigen la revisión continuada de la situación monetaria de la familia. pero llama la atención las condiciones y compromisos que se exigen: “fomentar su integración en la comunidad”, “seguimiento de las condiciones contractuales”, “seguimiento de los Servicios Sociales de las obligaciones contractuales” ” y propuestas de sanción por incumplimientos o poca colaboración de la familia”.

En realidad se esta sugiriendo que las familias que acceden a los pisos de emergencia son problemáticas en si mismas. Por ello, exigen un código de buena conducta, un contrato social… en definitiva métodos de control social muy al estilo de las últimas técnicas neoliberales del miedo del Gran Hermano. A nadie le piden un código de buena conducta cuando crea una empresa o compra un piso. Ya existen leyes para castigar las actitudes incívicas. No hace falta adelantar que se van a incumplir. Finalmente el artículo 10 permite dos cosas:

  • desestimar la concesión del piso de emergencia si no se ha demostrado fehacientemente su necesidad a pesar de cumplir todos los requisitos.
  • aún teniendo concedido un piso, en el caso de que en tres meses no se hubiera podido entregar, la unidad familiar perderá el derecho adquirido.

Cómo decía una familia de nuestra Asociación 500×20:

“…hay que montar un pollo y salir en la prensa para asegurarse el derecho a una vivienda digna…”




Un interessant pla de “Lloguer solidari” rehabilitarà només 200 pisos buits per a lloguer social

La Generalitat posa en marxa el pla només amb 2’5 milions d’euros.

El propietaris cediran els pisos per lloguer social un mínim de 6 anys.

habitatges en lloguer

L’Associació 500×20 creu que és una bona mesura

L’entrada d’aquests habitatges al mercat provocarà una petita caiguda de preus doncs no es subvenciona el lloguer a la propietat.

Alguna vegada es fa una cosa be però tard i amb un pressupost molt curt que no solucionarà res. Un gra de sorra en el desert. Però expliquem de que es tracta…

Un propietari, prioritàriament una persona física, pot posar a l’abast de la Generalitat un habitatge per un mínim de sis anys per a lloguer social. A canvi de la cessió de l’habitatge, el govern català ajudarà a la rehabilitació del pis per un import de 12000 euros i pagarà tota o una part de les despeses d’escala i IBI amb 75€/mes. A més es podria possibilitar que en aquesta rehabilitació puguin accedir cooperatives de serveis integrades per molta de la nostra gent que està aturada. Això és un afegit nostre.

Com la partida pressupostària per aquest “lloguer solidari” és de 2’5 milions la cosa dona per l’arranjament de 200 habitatges entre les 70 poblacions amb més demanda d’habitatge. Com es tracta d’arranjaments vol dir que aquesta mesura està especialment dissenyada per dignificar habitatges buits molts dels quals es troben al centres de les ciutats mitjanes i petites. En aquests centres històrics, edificis i habitatges han patit un procés d’abandonament per trasllat dels ocupants a d’altres més moderns durant la bombolla immobiliària.

Com sabem en aquests país tots els ous es van posar a la mateixa cistella de la promoció d’habitatge nou. Mai es va pensar en la reforma i rehabilitació. La nostra Associació aposta per aquesta mesura doncs és molt més barata i ecològica. A més dignifica els centres històrics amb noves llars que a continuació donen vida al comerç local. A les grans ciutats com Barcelona, també es possible utilitzar aquesta fórmula, en habitatges antics però la pressió especulativa ha fet que no hi hagi gaire. Però hi ha com hem comprovat a Nou Barris.

Hom que hagi visitat o viatjat per capitals de comarca o pobles grans haurà vist com els centres històrics estan plens d’habitatges buits, molts deteriorats, doncs els propietaris no tenen suficient capacitat econòmica per modificar la situació però volen mantenir la propietat o simplement no hi ha demanda.

Aquest pla de “lloguer solidari” hauria de destinar-se exclusivament a particulars i no a immobiliàries. Fins ara totes les accions destinades a posar en lloguer els habitatges buits han resultats infructuoses i costoses per la Hisenda Pública. Aquesta era la feina de la Societat Pública de Lloguer-SPA (que va ser liquidada després de perdre 40 milions d’euros i gestionar poc més de 4500 habitatges) o de les Oficines d’Habitatge dels ajuntaments. A data d’vui la Borsa d’Habitatge Social de Barcelona només oferta 10 pisos al seu web i aquesta mena de lloguer té preus tant cars que qualsevol llar precària li és difícil accedir-hi.

Aquesta mesura no provoca inflació com la RBE, l’ajut al pagament dels lloguers o l’assegurança de cobrament.

Una mesura estel·lar del Govern Zapatero, després retirada per Rajoy, va ser la Renda Bàsica d’Emancipació dels joves(RBE). Aquesta mesura molt lloada en realitat va provocar un encariment dels lloguers, doncs el propietari o les immobiliàries comptaven amb aquests ajuts de 210 € als joves per incrementar els rebuts.

Altre de les mesures, aquests anys de la bombolla immobiliària, per incentivar el lloguer dels pisos buits ha estat l’ajut al pagament de les rendes als llogaters que no podien fer front als rebuts amb caràcter permanent o eventualment o Lloguer just. Aquesta mesura pot semblar a primera vista una salvació momentània de l’arrendatari però des del punt de vista del mercat afavoreix totalment al propietari que els cobra. Són ajuts als propietaris, se n’aprofiten, fins i tot, bancs i immobiliàries. És així perquè es mantenen les rendes altes mentre la majoria dels sous estan en permanent deflació. De fet és enriquir-lo amb els diners dels contribuents. No pot ser més que una mesura temporal…

Aquesta mesura, els ajuts al pagament del lloguer, el lloguer just, les garanties amb assegurança de cobrament o Avalloguer, etc a càrrec de l’Administració estan entre les demandes de sectors socials amb els que compartim la lluita pel dret a l’habitatge: la Taula del Tercer Sector, Cáritas Diocesana mitjançant Carme Trilla, L’Observatori DESC, la PAH, etc.

El negoci sense risc a l’habitatge.

La nostra Associació 500×20 creu que aquestes mesures distorsionen totalment el mercat. Nosaltres estem per abolir el mercat en matèria d’habitatge perquè creiem que un valor d’ús no pot ser tractat com mercaderia. Però es que fins i tot dins la lògica mercantilista no té cap sentit la mesura de Govern Avalloguer i d’altres.

Imagini que vostè té una fàbrica i ven un determinat producte de primera necessitat. Algú li compra però després no li paga. Per evitar això té una assegurança d’impagaments. Se la paga vostè. Dubtem que la Generalitat li pagui. Doncs be, en el cas de l’habitatge, si té pèrdues se la paguem entre totes. Sembla ser que els propietaris de pisos en lloguer volen el mercat si hi ha guanys però si hi ha pèrdues (impagament del lloguer) tenen el dret a ser avalats pel Govern i a més l’assegurança d’impagaments la paguem entre tots. És fantàstic… negoci sense risc com els banquers, Si guanyo tot per a mi, si perdo paguem tots.

El total d’ajuts al pagament de l’habitatge de la Generalitat al 2013 que finalment van a parar a la propietat representen prop de 60 milions d’euros. Només Avalloguer suposa una partida de prop de 5 milions d’euros de la qual se n’aprofiten fins i tot els bancs. No ens estranya que el sr Ollé, representant dels APIs de Catalunya, i els bancs, hagin criticat la reducció del cobrament d’avalloguer de 6 a 3 mesos de impagaments de rebuts de lloguer fet per l’Executiu català…

Vistos els resultats creiem que són necessàries una altra classe de mesures. Peró serà motiu d’un altre article.

 




Ocupació d’habitatge públic buit: per qué defensem les famílies?

L’ocupació mostra el desinterès de les administracions per aquest dret fonamental.

Es castiga la desesperació de les famílies ocupants amb mesures repressives.

Però els dictàmens del Defensor del Ciutadà sempre han defensat el dret sobre el càstig als ocupants.

cartell a Navarra de denúncia pisos públics buits.
cartell a Navarra de denúncia pisos públics buits.

Barcelona: Poc més que paraules davant la desesperació

A la nostra ciutat hi ha una proporció gens menyspreable de gent que viu en un habitatge en precari, anomenada també ocupació o puntada a la porta. Aquesta s’ha generalitzat en els últims anys com a resposta a una profunda crisi que ha portat a la desesperació milers de persones i llars que veient al carrer, s’han armat de valor, entrant en un pis sense intervenir dret legal. Aquestes ocupacions s’han nodrit d’aquesta fracció de precaris que fins i tot amb un salari no poden afrontar tots els pagaments i més sobreviure.

Fins a l’ocupació han arribat directament gent desnonada com llogaters i una altra gran proporció de gent desnonada pels bancs després d’una execució hipotecària. Abans d’ocupar molta gent ha passat el calvari de viure en pisos de familiars amuntegats o llogant habitacions insalubres, mentre Barcelona i tot el país acumulava milions de pisos buits. La mateixa àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona calcula que es necessitarien més de 70.000 pisos de lloguer assequible a tot estirar a 100 € / mes per satisfer les necessitats d’habitatge. Necessitats que correspondrien al 20% de la població de la ciutat que viu per sota del llindar de pobresa (menys de 7040 €/persona/any o 14.784/ llar de 3 membres).
Per moltes llars, als districtes més pobres de la Ciutat Comtal, fins i tot aquests diners seria una autèntica fortuna mensual. En aquesta fracció de ciutadans és on es concentren la majoria de desnonaments de la ciutat amb una mitjana de 20 desnonaments/dia. Un 90% son lloguerss com mostren les dades judicials de Barcelona a la seva pàgina 13. No hi ha dades de desnonaments per precari però l’Associació 500×20 li arriben una mitjana de 1 al mes només al districte de Nou Barris. La nostra Associació creu en l’ocupació d’habitatges com un mètode de pressió i alternatiu però no un fi en si mateix.

… l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda de la población pobre.

Cada llar, cada família que forma part d’aquestes xifres és una mostra de les profundes desigualtats que viu l’actual història del nostre país. El 75% de les persones amb menys de 35 anys viuen encara amb els seus pares. Batem rècord mundial en baixa natalitat, en pisos buits per càpita i en amor paranoic per les pedres i els totxos. El dret de propietat immobiliari exerceix una fèrria dictadura sobre el dret a un habitatge digne i assequible i sumeix en un fosc futur a una societat incapaç d’imposar-se la fèrria dictadura patrimonialista del lobby financer-immobiliari.

Barcelona: 300.000 persones o 70.000 llars necessiten un lloguer social i assequible de 100€.

L’Ajuntament ens ha reconegut en reunions que 70.000 llars necessitarien pagar lloguers no superiors als 100 € (1). Aquesta xifra suposa el 10% del parc útil que és de 812.000 pisos. Però el parc d’habitatge públic de lloguer assequible o social no supera els 10.000 pisos a tota la ciutat.

L’equip de govern de l’alcalde Trias parla, sense parar, de grans inversions en polítiques socials d’habitatge . Ha usat tots els mitjans propagandístics possibles en premsa i televisió per explicar com s’ha gastat 7’2 milions d’euros al llarg de la legislatura. Si parlem de l’habitatge com a dret fonamental l’esforç pressupostari de Trias és minúscul comparat amb altres esforços que sí que són prioritat de CiU a la ciutat. Per posar comparacions: Trias es gasta cada any 6 milions al Mobile World Congress -WMC- o 7’5 milions d’euros al Passeig de Gràcia perquè turistes tinguin wifi i 4G gratuït.

Encara reconeixent que les polítiques d’habitatge social no són només responsabilitat local les comparacions són frustrants. Les xifres en política d’habitatge de Trias són poc més que paraules davant l’allau de necessitats dels milers de famílies que a la ciutat hi viuen miserablement:

Massa temps, fotos, notícies, paraules per famílies que han esgotat les portes i finestretes públiques a què trucar. Famílies que han esgotat la seva paciència esperant l’ajuda de les institucions. I per això acaben ocupant un sostre encara que sigui sense dret. La ciutat, el país, porta massa anys esperant una revolució en matèria d’habitatge que no arriba. És una vergonya aquesta situació després de 40 anys d’Ajuntaments democràtics que demostren la incapacitat reformadora de la classe política per crear un parc d’habitatge públic assequible extensible a amplis sectors de la població. La política s’ha plegat durant massa temps als negocis dels oligarques catalans del totxo, les finances i el turisme.

… És una vergonya aquesta situació després de 40 anys d’Ajuntaments democràtics que demostren la incapacitat reformadora de la classe política per crear un parc d’habitatge públic assequible extensible a amplis sectors de la població.

….

Castigar als ocupants d’habitatges públics i de bancs?

Per a més inri, les famílies que armades de valor s’atreveixen a ocupar pisos són castigades prohibint poder accedir a habitatge social o d’emergència. La gent té fins por que els treguin els nens per no ser capaços de donar-los un sostre on viure.

Aquesta mesura punitiva figura en el reglament de les Oficines d’Habitatge de cada barri. A les famílies que ocupen pisos se’ls fa molt difícil negar l’evidència perquè els treballadors socials fan un seguiment i és fàcil descobrir-lo. Els Serveis Socials, en lloc d’ajudar, s’han convertit en un ens burocràtic que controla i disciplina a les famílies pobres. Ingents recursos burocràtics per fiscalitzar per contractes (d’adhesió, com les hipoteques) a la gent humil i comprovar el grau de pobresa o engany. La Síndica de Greuges de Barcelona s’ha queixat repetidament que els convenis d’habitatge social són contractes socials i no un dret en si mateixos. Molts dels requisits ratllen la il · legalitat en obligar a subscriure acords d’escolaritat, de bon veïnatge, d’ingressos mínims i fins i tot un informe mèdic (suposa vulneració extrema de dades íntimes).

Com tota mesura punitiva, el càstig a les famílies ocupants d’habitatges té la seva pedra a la sabata. Recentment la nostra Associació 500×20 ha defensat al costat de totes les entitats veïnals, partits de l’oposició i la mateixa FAVB el dret a un habitatge d’una família que va ocupar per necessitat un habitatge del PMHB (Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona) al districte de Sant Andreu. Una família amb el marit en un procés de càncer terminal que va morir deixant a dona i un fill petit. El PMHB no s’atreveix a desallotjar la família perquè s’armaria una guerra i es mostra com els seus reglaments punitius no serveixen per arreglar cap problema. Aquest cas aquesta bé explicat aquí i aquí .

L’argument més requerit per defensar el desnonament d’aquesta família és que ocupen el pis que correspondria a una altra segons un barem. Ho defensa el PMHB i el regidor del districte de Sant Andreu de BCN. Està clar … si s’accepta una ocupació i es legalitza, s’està fent efecte crida. Es tracta d’enfrontar un pobre contra un altre i administrar l’escassetat … que despropòsit al nostre país!

… És increïble els ingents recursos municipals per fiscalitzar els pobres i la incapacitat política de posar mitjans i funcionaris a recopilar dades de pisos buits i classe de propietat sobre els mateixos a Barcelona.

….

o castigar l’habitatge buit de la ciutat de Barcelona???

La gent no va a dormir al ras. Si realment es vol acabar amb les ocupacions cal mobilitzar a preus assequibles i fins i tot subvencionats l’habitatge buit. I aquí tenim un altre problema: l’absència premeditada de dades fiables sobre habitatge buit a la ciutat. És curiós veure l’enorme dificultat històrica de CiU i PP per definir que és un pis buit. És increïble els ingents recursos municipals per fiscalitzar els pobres i la incapacitat política de posar mitjans i funcionaris a recopilar dades de pisos buits i classe de propietat sobre els mateixos a Barcelona.

Un habitatge buit per llargues temporades ¿es contradiu constitucionalment amb la funció social de l’habitatge? …. Només ho recordem perquè alguns partits et donen al cap amb aquesta Constitució només quan els interessa.

O en un habitatge buit ¿ha de prevaler el dret patrimonial a fer el que vulgui amb ell? no estem parlant d’una casa enmig del no res … estem parlant d’un pis al mig de la conurbació de Barcelona on suposadament han de poder viure els ciutadans d’aquest país o  potser… la gent pobre ha de viure al ras?

El web de l’Ajuntament de Barcelona els situa en 88.259 (11% del total, per sota de la mitjana). Els polítics de l’Ajuntament neguen que les seves xifres siguin reals. Nosaltres sí que creiem que hi ha 90.000 pisos buits i ho expliquem en aquest post amb tot detall.
Per això creiem en les polítiques que obliguin a mobilitzar el parc de pisos buits:

  • què hi ha sr. Mas i Trias de les multes a pisos buits de la Banca i immobiliàries?
  • quan tindrem un cens fiable d’habitatge buit i del perfil dels propietaris?
  • quan es faran veritables polítiques de rehabilitació d’edificis i pisos vells oferint algunes condicions favorables als particulars que accedeixin a lliurar els seus pisos a l’Administració?

Prouespeculació.org i l’Associació 500×20 no aposta per subvencionar els lloguers perquè és una mesura inflacionista que acaba inflant els preus del mercat que hauria de regular. Veritables polítiques de mobilització d’habitatge buit és una mesura llargament discutida però no conclosa. Nosaltres tenim la nostra opinió i no coincideix amb les majoritàries …. però serà objecte d’una altra entrada perquè és molt important en aquest país.

(1). A les reunions amb Qualitat de Vida. La Taula del Tercer Sector creu que a Catalunya es necessitarien 200.000 habitatges de lloguers realment assequibles. La Síndica de Barcelona ha urgit a l’Ajuntament ha nodrir el parc d’habitatge per donar sortida a l’emergència residencial.




Les pancartes dels edificis de joves privatitzats ja no hi són…però tornaran!

Ni trencades ens treuran els nostres drets!

El passat dia 25, a les 19 hores, quatre promocions de pisos de protecció oficial vam penjar pancartes a les façanes per protestar per la privatització de la gestió dels pisos, que ha estat venuda a Colón Viviendas.

Les pancartes ja no hi són. Us preguntareu què els hi ha passat. Us farem un petit resum.

El dia 26, la pancarta de La Sagrera es va trencar. El més probable és que es trenqués per la força del vent.

Les pancartes d’Urrútia i de Rio de Janeiro, tampoc van arribar al dia 27. La forma en què van aparèixer trencades fa pensar que algú va tallar-les intencionadament. El mateix va passar amb la pancarta del carrer Benavent, tot i que va resistir fins el divendres 27. El que ha passat a Urrútia, Rio de Janeiro i Benavent fa pensar que, si la pancarta de la promoció del carrer de la Sagrera hagués aguantat, hauria estat sabotejada, com tota la resta. No sabem qui ho va fer, ni per què, però això és inqüestionable.

URRUTIA
Pancarta estripada al Passeig d’Urrútia

El primer impuls va ser indignar-nos. Després de mesos de lluita, menystinguts per les administracions i la majoria dels partits polítics que ens han fet, literalment, perdre el temps, vam decidir deixar-nos de protocols i prendre la iniciativa.

Volíem que els barris, més enllà de les diferents associacions de veïns dels barris afectats, de la FAVB i de 500×20, del Síndic de Greuges i de la Síndica de Barcelona, sabessin què estava passant amb l’habitatge públic. I ho hem aconseguit! Perquè durant unes hores o uns dies, qualsevol vianant que passés pel davant dels edificis afectats, en aixecar el cap, va veure que alguna cosa no rutllava al seu barri. Alguns van preguntar-nos: “Què us passa?”. Alguna d’aquestes persones, quan va veure que la pancarta del seu barri ja no hi era, també ens va preguntar: “Què ha passat?”

Comprovar l’interès despertat per les pancartes ens va ajudar a refer-nos. Després d’una estona de llepar-nos les ferides, ens vam aixecar i vam començar a pensar quin serà el nostre següent pas.

Trobarem altres vies d’explicar el que està passant. Farem arribar a cada racó de Barcelona les preguntes que ens fem. Explicarem que ja ens han intentat silenciar un cop. Que els molesta que demanem explicacions de com es gestiona el patrimoni de tots.

Aquesta crisi, que encara continua, ha estat molt dura per a la majoria de la població. Però també ha tingut una part bona: la gent s’ha conscienciat que ha de defensar els seus drets perquè no li prenguin de les mans, i s’està organitzant. I un habitatge públic i de lloguer assequible és un dret que tenim i que està en perill. I la gent ho ha de saber!

Perquè el dia que marxin els actuals inquilins, han de poder venir uns altres després, mantenint les condicions dels anteriors i han de ser seleccionats de forma transparent per evitar greuges. I això no està garantit. A més, els ingressos dels lloguers no han d’anar a parar al compte de resultats d’un fons d’inversió que ha comprat patrimoni públic construït amb els impostos de tothom i venut en el moment que més devaluat estava i, per tant, tirat de preu.

A l’habitatge públic també s’han socialitzat les pèrdues i privatitzat els beneficis.

I, quanta més gent n’estigui al corrent, més difícil els hi serà continuar fent-ho.

Ens ajudeu a difondre-ho?




PRIMERA ACCIÓ DEL VEÏNAT DELS EDIFICIS PRIVATITZATS DE LLOGUER SOCIAL PER JOVES.

jornada contra privatització habitatges jovesEls veïns i veïnes de les 4 promocions que ha venut l’Ajuntament de Barcelona al fons voltor Colón Viviendas comencem les mobilitzacions.

DEFENSEM L’HABITATGE PÚBLIC – PROU ESPECULACIÓ

dia 25 de juny a les 19:00h

penjarem simultàniament pancartes als quatre edificis

Vine a donar suport demà a les portes dels edificis.

Les Corts
• Benavent 51
Nou Barris:
• Pg Urrutia 13-37
• Rio de Janeiro 11
San Andreu
• Gran de la Sagrera 77-79

Demanem el suport dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, defensem el comú, defensem el que és públic, denunciem la progressiva privatització del parc públic d’habitatge a la ciutat de Barcelona.

VINE- DÓNA SUPORT -DIFON A LES XARXES -EXPLICA-HO

amb el suport de la FAVB, Associació 500×20 i Nou Barris Cabrejada

Més informació a: http://habitatgepublic.prouespeculacio.org/




AJ9B_+500×20 – Xerrada desnonaments i la dificultat accés a l’ habitatge dels joves

XERRADA + DEBAT +PICA PICA

demà dimecres 18 a les 19:00h

Masia de la Guineueta

AJ9B_‎Xerrada-desnonaments càrrec de 500 x 20 i dificultat acces habitatge




Hi tornem – dijous 27 febrer! cassolada contra els desnonaments a Nou Barris

caçolada contra els desnonaments

DRET A L’HABITATGE PER A TOTHOM

¡centenars de llars tenim el mateix problema!

AFEGEIX-TE!!

Més de 50 persones aturen el desnonament de la Rachida i els seus petits

La recent sentència del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg exigeix ​​als nostres governants que no poden fer fora ningú de casa sense una alternativa.

Però la Regidora i l’Oficina d’Habitatge donen habitatge a compte-gota quan no fa cas o mira cap a l’altre costat. Exigim lloguer públic i assequible per a tots! I multes als pisos buits de Bancs i immobiliàries!

CADA DIJOUS 10’30-13 HORES

DAVANT OFICINA HABITATGE DE NOU BARRIS

a la seu de l’Ajuntament

amb el suport de: Associació Veïnes i Veïns de Porta, Roquetes, Associació 500×20, Assemblea Aturats, 15-M i Nou Barris Cabrejada.

Proper desnonament en camí.. família de Rachida Mazigh i els seus dos fills petits

DILLUNS 3 de MARÇ 9 HORES

LLOC: c/ Josep Solé i Barberà, 8 (Roquetes) metro Línia VerdA

Solidaritat amb la família que volen desnonar. Demanem un pis públic per allotjar-los. Uneix-te a la cassolada !!




dimecres 22 gener – 19h -assemblea edificis privatitzats x Regesa

2ª ASSEMBLEA LLOGATERS/ES

EDIFICIS PRIVATITZATS x REGESA A COLON INMOBILIARIA

DIMECRES 22 DE GENER 2014, 19 hores

edificis privatitzats x regesa-BCN_llarga Centre Cívic Can Basté Pg. Fabra i Puig 274 – LOCALITZACIO

Metro: L5 Virrei Amat/ Bus: 11,31,32,47,50,51, 71,82

Després de realitzar la 1ª assemblea dels edificis, continuen preparar peticions conjuntes a les administracions responsables de la privatització i sobre les condicions dels lloguers i edificis als nous propietaris. A la primera assemblea es va decidir diverses coses.

Un possible ordre del dia seria:

    • constitució de Junta de veïns amb estatuts. (penjarem uns estatuts bàsics per a tothom)

    • Anàlisi de nous contractes (tenim un de c/Benavent). Acompanyament entitats implicades. ¿contractes de lloguer i parking?

    • Intentar conèixer si el valor de les despesses d’escala es correspon amb el que es cobra

    • Regesa, Fundació pisos de lloguer i Oficines Habitatge. Legalitat de la privatització? Preparar propera reunió i que volem aconseguir d’ella.

    • El tema de la comunicació pública, xarxes socials, Internet, Facebook…

    • Assistència als Consell i Audiències de Districte i barri

Us esperem!!

Amb el suport de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Can Peguera, Porta, Sagrera, Les Corts, Nou Barris Cabrejada i Associació 500×20.