El incremento de los desahucios de alquiler y ocupaciones tienen su raíz y causa en la estructura franquista del Estado español.

Hace unos días el Consejo General del Poder Judicial daba a conocer los datos de lanzamientos por impago de alquiler que afectaban a 7518 hogares en el tercer trimestre del 2018 -más de 30.000 adultos y niños- que suelen afectar casi en su totalidad a primeras residencias, a hogares constituidos (*1). Una media de 175 lanzamientos considerando los días hábiles y agosto no hábil. En el mismo período, otros 3.404 se derivaron de ejecuciones hipotecarias que en una proporción menor son también primeras residencias. A los 7518 desahucios de inquilinos de este trimestre hay que sumar otras decenas de miles en el tiempo pretérito, también los ocurridos por las 775.000 ejecuciones hipotecarias y decenas de miles- sin datos- que han vivido desahucios por ocupaciones desde que se inició la crisis en el 2008. En ningún país europeo – repito ningún país europeo -ocurre semejante barbaridad pues los ciudadanos desahuciados quedan exclusivamente a merced de la capacidad de los servicios sociales del ayuntamiento de turno antes de abandonarlos bajo un puente.

Considerando que todos los ayuntamientos están encorsetados por la ley de estabilidad presupuestaria pueden imaginar lo que podrán hacer ciudades como Barcelona o Madrid ante una avalancha de 10 familias diarias sin vivienda. Nada. Es responsabilidad de los Ayuntamientos la atención a las familias vulnerables?….. SÍ. Es responsabilidad del Ayuntamiento tener los medios económicos y inmobiliarios para hacer frente a semejante emergencia social…. NO!

Los Ayuntamientos de las grandes ciudades, donde se concentra el grueso de los inquilinos – 4 millones de hogares- se quejan amargamente de la ausencia de medios y tienen razón en una cosa, no tienen ni capacidad presupuestaria ni fiscal ni legislativa para afrontar el problema. Los medios los tiene sobre todo Madrid, el Estado, y luego con mucha menos capacidad las autonomías. Pero, las responsabilidades, el marrón de los desahucios, las broncas en los Servicios sociales y en las oficinas de vivienda se lo comen los ayuntamientos que son la administración más cercana al ciudadano.

Por contra, en cada desahucio son los servicios estatales, como la policía y los juzgados, quienes actúan como brazo armado de la propiedad. No existe ninguna ley ni organismo público que proteja a la ciudadanía más vulnerable, que vele por los derechos ciudadanos que el Estado español firma en Europa, en la ONU o en esa constitución tan sagrada del 78 para según qué. A la avalancha de desahucios hacen frente las administraciones locales con recursos menguados por una década de recortes; para lo importante, los derechos de la propiedad, para eso sí que hay leyes que se cumplen y organismos bien centralizados y organizados por el Estado para ejercer la violencia necesaria para imponer sus intereses. La clase política, la Judicatura y la policía actúan implacables en su cometido por agravar el drama sin siquiera plantearse seriamente una luz de esperanza para atajar ese problema entre la propiedad y los inquilinos o entre los derechos de los prestamistas privados – los bancos- y los hipotecados.

El apagón estadístico sobre la situación de los desahuciados es una muestra que el Estado español los ha abandonado a sus suerte.

Si el Estado renuncia a poner nombre al problema de millones de personas y niega los datos estadísticos es porqué no tiene ningún interés en solucionarlo como ha demostrado durante esta década. El esperpento vivido en el Tribunal Supremo por salvar las cuentas de resultados de la Banca española ante el Impuesto de Actos jurídicos Documentados contrasta con la ausencia de datos en el INE – Instituto Nacional de Estadistica – o en el Consejo General del Poder Judicial sobre los ciudadanos que viven en viviendas inseguras (realquilados, en proceso de desahucio o violencia familiar), inadecuadas ( sobreocupadas o insalubres) o con alquileres desproporcionados con la renta familiar disponible. El apagón estadístico, la ausencia de datos, refleja que el ESTADO ESPAÑOL Y SUS PODERES PÚBLICOS VIVEN EN UNA REALIDAD AL MARGEN DE MILLONES DE CONCIUDADANOS POBRE Y PRECARIOS.

Más de un millón de hogares en el área metropolitana de Barcelona en 27 municipios, 1 de cada 4 ciudadanos, están obligados a vivir en condiciones muy precarias, explica Cáritas en su estudio reciente (*2). En este «Estado» de cosas se deja a la Iglesia Católica que se dedique a estos menesteres de los pobres obviando, la estadística pública, que en teoría España es un estado aconfesional en la sagrada constitución del 78 que ha cumplido 40 años. En medio de toda esta desesperación de varios millones de personas, la cada vez más derecha extrema (PP, Ciudadanos, etc) y toda la caverna mediática se envuelven en la bandera rojigualda reclamando «los derechos de los ciudadanos» – cuanta hipocresía – y sus libertades frente al desafío catalán.

El apagón estadístico sobre las consecuencias sociales de los desahucios viene de la mano con la absoluta liberización del mercado de alquiler de las últimas décadas que ha dejado en la más absoluta desprotección a millones de inquilinos. Psoe y PP con el apoyo de casi todo el arco parlamentario son responsables del encarnizamiento legislativo contra ellos. Lo sufren hogares monoparentales con menores, jóvenes, inmigrantes y todo precario que se ha quedado en la cuneta del camino de la crisis.

Ahora que España vive una segunda burbuja del alquiler, la primera fue en el 2002, con miles de desahucios, el ministro Ábalos ha anunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar los contratos a 5 años como si eso resolviera alguna cosa en un mercado donde casi todos los contratos se firman en el mercado libre que supone el 98% de las viviendas de alquiler. El problema es que la burbuja, que se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo, se come la mayor parte de los presupuestos familiares.

Miles de hogares sufren desahucios invisibles porque el fin del contrato supone subidas de la renta de alquiler inasumibles. Son empujados a la ocupación o a un submundo de economía sumergida en el sector residencial de emprendedores que realquilan pisos por habitaciones o locales sin licencia que se transforman en viviendas, al margen o no de las plataformas online o disfrazados de alquiler vacacional. El estudio de Cáritas lo que muestra son las zonas oscuras del sector residencial donde las estadísticas oficiales no entran para evitar un sonrojo al estado español en los organismos internacionales de derechos humanos.

Todas estas penurias contrastan con el apoyo total al sector inmobiliario del Estado español. Es uno de los pilares de la economía española que viene de la mano del sector financiero en uno de los países donde su peso en el IBEX35 es aplastante. Es una unión sagrada bendecida desde 1959 cuando el ministro franquista de vivienda don José Luís de Arrese propuso la sociedad de los propietarios con la celebre frase: ”queremos una España de propietarios no de proletarios”. La izquierda española nunca ha renunciado al uso de esta máquina de crecimiento – growth machine– en los ciclos económicos del país. Adoptó el modelo franquista sin rechistar. Las políticas públicas de vivienda de medio siglo han sido continuadas mejoras legislativas, presupuestarias y fiscales para que el sector inmobiliario-financiero parasitara mejor al Estado.

No nos ruborizamos en estas páginas cuando afirmamos que España es uno de los países europeos que proporcionalmente ha gastado más dinero en vivienda principalmente en políticas fiscales. Hablamos de 77.560 mllones en tres décadas de desgravaciones fiscales a la compra de primera vivienda (*3) que a través del incremento de precios acababan en manos de promotores y el inestimable sector bancario que hacía su agosto con millones de hipotecas constituidas. La máxima expresión del Plan franquista Arrese fue la renuncia del Estado español a esos 77.560 millones, la mayor parte en gobiernos del PSOE, que hubiera permitido construir un parque de vivienda pública asequible que hoy hubiera sido la salvación de esos millones de desheredados que analizamos.

Y es que desde el punto de vista de los impuestos España es un paraiso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas como analizamos en este otro documento. Anualmente desde hace décadas el Estado renuncia a construir un parque público de alquiler porqué regala los miles de millones anuales necesarios al sector privado con el tramposo argumento de la promoción del alquiler, con los desastrosos resultados que conocemos. Entre el Impuesto de Sociedades y el IRPF suponían en el 2014 más de 10.000 millones de euros de elusión fiscal que crece en la medida que crece el parque de viviendas en alquiler.

Las casualidades de la historia económica reciente han llevado a que las últimas etapas del capitalismo senil han casado, como anillo al dedo, los intereses de la burguesía española con los intereses de las políticas neoliberales que dominan la escena de la Unión europea y del Euro. El sector inmobiliario y financiero, buques insignia del capitalismo español, en una economía desregulada y abierta, se han convertido en un lugar privilegiado de inversión para los capitales especulativos internacionales. Un matrimonio de conveniencia donde la desregulación legislativa y las exenciones y desgravaciones fiscales a las rentas del alquiler son el mejor regalo de bodas al capitalismo parasitario internacional en el circuito secundario de acumulación de capital.

No es plaga divina, no es solo especulación, es estructural.

El sábado 2 de mayo de 1959, en el 1º Congreso de de Agentes de la propiedad Inmobiliaria desde la Guerra Civil, el Plan franquista del Ministro José Luís de ARRESE fue ovacionado a rabiar por los API de ese momento: «aspiramos a que la vivienda sea del que la vive y que de la -renta limitada- pasemos al ideal de la -venta limitada-» (VPO) (*3) Ese modelo ha sido seguido al pie de la letra hasta por Gobiernos municipales de izquierda – PSC-ICv – por poner un ejemplo de Barcelona como si la «growht machine» fuera infinita y todos seríamos propietarios. Ese ideal franquista de que el arrendamiento es una cosa de tránsito o indigencia ha trascendido como discurso, y ese es su triunfo, hasta hoy en el imaginario colectivo y en la lógica económica y legislativa de los últimos 60 años (*4).

Mientras, por esa época de mediados de siglo, España optaba por esa vía de enterrar el esfuerzo patrio en piedras, ladrillo y negocio financiero en Austria se optaba por reconstruir en la ciudad de Viena un gran parque de alquiler público, mucha más barato y sostenible, para todas las clases sociales. Esa es la razón por la que afirmamos que Barcelona y Madrid no son Viena por muchas vueltas que le den a la engañosa fórmula que para limitar la burbuja se puede hacer indexando precios y no por la vía fiscal que proponemos desde estas páginas.

Por qué el estado español ha seguido ese modelo económico?

  • La sociedad de los propietarios iniciada en el franquismo y alimentada por el régimen del 78 ha creado una enorme base de pequeños propietarios que es el substrato social conservador y reaccionario cautivo de los partidos constitucionales. Ha sido el esfuerzo presupuestario del Estado español durante 60 años el que ha creado esa acumulación primitiva de capital de la sociedad de los propietarios renunciando a un parque público de alquiler. Aunque la clase trabajadora de este país ha olvidado la revolución del 36 no ha sido así para esas élites que llevan 60 años contrabalanceando su miedo al populacho.
  • Con la entrada en la Unión europea, las políticas neoliberales de financierización de la vivienda casaron como anillo al dedo con la política franquista de la sociedad de los propietarios: el volumen de inversión desbocada en vivienda y infraestructuras, el llamado circuito secundario de acumulación capitalista, ha sido superior a cualquier otro de los países desarrollados. Ese circuito secundario de acumulación ha continuado teniendo un papel fundamental en las políticas anticíclicas del BCE y BdE para afrontar la crisis del 2007 y la caída del sector industrial.
  • Conservar ese substrato social cautivo sumado a la creciente presencia de los grandes inversores en el alquiler de viviendas (banca, socimis, etc) exige un creciente presupuesto. Con la crisis del 2007 se suprimen las costosas desgravaciones fiscales a la compra de vivienda, pero el Estado español, continuará realizando su mayor esfuerzo presupuestario en vivienda subvencionando a los propietarios -caseros- a través del sistema fiscal.
  • Las subvenciones fiscales a los propietarios – exenciones y desgravaciones – sostenemos que superan los 10.000 millones anuales sumando las del IRPF y las del Impuesto de Sociedades. La Hacienda Pública regala cada año más y más dinero a los propietarios-rentistas- en la medida que crecen y crecen los hogares que viven en viviendas de alquiler que se acercan ya a los 4 millones. El crecimiento estatal de los hogares en alquiler hasta el 18% es consecuencia de la expulsión de la sociedad de los propietarios de amplias franjas de la población precaria que no tienen ya perfil financiero solvente. Dicho de otra manera, el Estado español renuncia desde hace décadas a miles de millones para supuestamente incentivar el mercado de alquiler y abaratarlo. Aunque el objetivo presupuestario de esa clase de fomento del alquiler ha sido un fracaso estrepitoso en realidad ha sido un éxito político y electoral de los partidos constitucionales.
  • Todo esto se resume en la disparatada diferencia de la tributación fiscal de las rentas del trabajo y las rentas del alquiler que declaran los propietarios caseros pues los trabajadores pagan 10 veces más, o sea, un 1000% más. El precariado es el más perjudicado tanto por pagar más impuestos como por ser exprimido por el propietario-casero, sea cual sea su condición. Al perro flaco todo son pulgas. Eso demuestra que vivimos en un país profundamente clasista, que no ha dejado atrás la herencia franquista, porque los que no trabajan, los rentistas, pagan menos impuestos o ninguno como la Iglesia católica.

Acabando, tenemos una tabla reivindicativa para darle una vuelta a toda esta herencia franquista en la vivienda. Pero será difícil si al tiempo no hay cambios políticos y económicos, una verdadera revolución democrática que elimine los restos del edificio franquista que sobreviven poniendo el derecho a la vivienda de desheredados y proletarios, el parque público de alquiler, que ha demostrado más solidez social frente a los vaivenes del matrimonio sagrado y cristiano entre el tardo-franquismo actual y la neoliberal Europa.

Salva TORRES


  1. poderjudicial.es, Los lanzamientos derivados del impago de alquiler aumentan un 7,9 por ciento en el tercer trimestre de 2018.
  2. lavanguardia.es, Malvivir en el cuarto de la basura por 350 euros/mes.
  3. Fundación Juan March, No queremos una España de proletarios sino de propietarios. discurso de J.L.de ARRESE a API’s el 2 de mayo de 1959.
  4. Fragmento del discurso de J.L.de ARRESE a API’s el 2 de mayo de 1959: El arrendamiento urbano o el acceso a muy largo plazo puede ser una fórmula obligada a determinadas situaciones de tránsito o de indigencia; y, como tal, una fórmula que ha de seguir practicando el Ministerio; pero la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad, donde se hace posible esa meta tan lógica y humana, pero hasta ahora reservada casi de un modo exclusivo al privilegio del dinero de alcanzar, que la vivienda sea del que la vive.

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A principios de los ’70 el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona encargó al fotógrafo santanderino Julio Ubiña la realización de un video que promocionara los entonces vanguardistas “polígonos de absorción”, esto es, conjuntos residenciales alejados del centro y destinados a reabsorber la población chabolista asentada en los cada vez más rentables intersticios de la Ciudad Condal. A pesar de su absoluta –pero comprensible- falta de criticismo, no hay duda de que el vídeo representa una clara evidencia de aquella retórica perversa que caracterizó las lógicas urbanísticas de la época franquista y que, sin embargo, sigue hoy día perpetrando su legado en el actual urbanismo de corte neoliberal.

El hecho es que, a partir de los ’60, la economía española empezó a desarrollar una gran dependencia del sector bancario-inmobiliario, el cual jugó un papel clave en la configuración del espacio económico y, por ende, social del Estado. De ese modo, el crecimiento de las principales metrópolis durante el franquismo implicó una potente expansión del mercado inmobiliario en general, especialmente en el sector constructor y promotor de la vivienda social. Sería precisamente este aspecto el que supuso enormes repercusiones en la reposición del patrimonio inmobiliario del Régimen gracias a una política de vivienda que se basaba en incentivar el concepto de propiedad entre la ciudadanía.

En 1959, año que marcaría un verdadero punto de inflexión para la política autárquica del franquismo, el entonces ministro de Vivienda José Luis Arrese ensalzaba el trabajo de los “agentes de la propiedad inmobiliaria” afirmando


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8 comentarios en “El incremento de los desahucios de alquiler y ocupaciones tienen su raíz y causa en la estructura franquista del Estado español.”

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