LA RECIENTE MUERTE DE UNA PERSONA EN EL POPULAR BARRIO DE SANTS DE BARCELONA MUESTRA LA VIOLENCIA INMOBILIARIA QUE SACUDE NUESTRO PAÍS DESDE HACE DÉCADAS
La hipócrita respuesta de los jueces muestra que son “parte ” en la defensa de la “sociedad de los propietarios” nacida al calor del franquismo.
Este lunes 14 cuando la comisión judicial iba a realizar el desalojo de Segundo en el número 15 de la calle Barcardi en el popular barrio barcelonés de Sants, después de abrir la puerta se precipitó por el cielo abierto del edificio para suicidarse. El luctuoso hecho es uno más de la violencia inmobiliaria estructural que vive el país desde hace décadas pero que desde la crisis del 2007 se ha agravado con miles de suicidios y muertes anónimas cuya causa original son la mala vida y el enorme estress que muchos ciudadanos han vivido por perder aquello que nos identifica como seres humanos : un techo donde vivir.
Segundo, un hombre de origen ecuatoriano, que mendigaba por los servicios sociales y Cáritas para comer y pagar la renta de alquiler de su vivienda no resistió los envites y se quitó la vida para dejar de sufrir. Hacía un tiempo que dejó de pagar el alquiler a unos propietarios privados de la vivienda y estos finalmente lo denunciaron por impago lo que le llevó a un juicio verbal en el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Barcelona que decretó su desalojo.
Segundo, por no tener ni siquiera tenía la renta garantizada y sólo ayudas puntuales del Ayuntamiento para pagar el alquiler.
Segundo seguramente pagó a duras penas las rentas del contrato que firmó en 2018 con un particular para lo que acabó mendigando ayudas o comida para llegar a final de mes hasta que el paró lo dejó tirado en la cuneta. Mientras, los propietarios no sólo cobraban las rentas a Segundo, su inquilino, sino que por ley se desgravaban en el IRPF las rentas que les pagaba su inquilino con lo que pagaban menos impuestos que Segundo proporcionalmente.
Esta tremenda injusticia proviene del artículo 23.2 de la Ley del IRPF que permite desde hace décadas desgravar a los rentistas los gastos que tienen del piso que alquilan y luego desgravarse el 60% del monto restante. Es como si Segundo cuando hacía la declaración del IRPF hubiera podido desgravarse la comida pues la necesitaba para vivir y pagar el alquiler como los propietarios necesitan los gastos para mantener la vivienda alquilada.
Segundo sufría las consecuencias de esa violencia inmobiliaria estructural que beneficiaba a sus caseros. Unos beneficios que cada año causan un agujero fiscal de más de 10.000 millones anuales al Estado español que se reparten una clase propietaria privilegiada de 3 millones de caseros y sus familias que aseguran el bipartidismo y forman la mayoría silenciosa que sustenta la precaria paz social de cepa hispana.
Un sistema fiscal profundamente injusto hace que las rentas del trabajo lleguen a pagar hasta un 1000% más de impuestos que un casero. Esa fue la gran obra social del franquismo además de consolidar a sangre y fuego su golpe de Estado del 36.
Así lo explicábamos hace unas semanas aquí en nuestra web:
Ningún análisis sobre la cuestión de la vivienda puede obviar este acuerdo tácito de redistribución de dinero contante y sonante para estas familias rentistas. Beneficios para las clases medias y altas del país que se ejemplifican en dos grandes líneas de actuación pública. La primera, la de garantizar políticas de vivienda y urbanas que mantengan los precios elevados.
El objetivo es proveer de rentas extraordinarias y de mayores cotas de bienestar a los sectores rentistas, entrando aquí un amplio abanico de rentas medias y altas. Y la segunda, un gran pacto fiscal que permite que este modelo rentista y especulativo —tan distribuido por el conjunto de la sociedad—, tenga cargas fiscales casi inexistentes.
…
Así se explica que gobiernos de todo signo se nieguen en redondo a modificar esta realidad. También es la muestra de cómo las rentas más bajas y precarias —arrojadas al mercado del alquiler—, alimentan y sostienen los niveles de renta de estas clases propietarias.
Esto hace que el aumento de rentas de alquiler se deban vincular también a condicionantes propios de las clases medias, como la pérdida de ingresos por vías salariales tras la crisis de 2008. Pero también como vía para sufragar con estas rentas extra los servicios privados de cuidado (residencias, seguros, cuidados personales) a los que no llega nuestro sistema de bienestar.
El ministro Ábalos y los sindicatos de vivienda de acuerdo en lo esencial: preservar el paraíso fiscal que sustenta el rentismo inmobiliario de la cepa hispana.
El pacto de Estado entorno a la figura del rentista
Cruce de reproches entre Ayuntamiento y jueces por el suicidio de un desahuciado en Barcelona
El cruce de reproches era de esperar entre la Magistratura del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya -TSJC- y el Ayuntamiento como primera administración en el frente de choque. Ahora pretender cargar la responsabilidad de esta muerte o asesinato sobre el Ayuntamiento de Barcelona es ir demasiado lejos en las responsabilidades de las administraciones locales, los ayuntamientos ahogados por el Pacto de Estabilidad presupuestaria. De hecho, gran parte de las políticas de vivienda recientes en Barcelona con Ada Colau se hacen con incremento de la deuda con los bancos privados. El Gobierno estatal y autonómico se lavan las manos desde hace décadas.
Así es como se expresaba Roberto García Ceniceros, magistrado de primera instancia y miembro del equipo de gobierno del TSJC en La Vanguardia
Los jueces, en verdad tan molestos como dolidos, respondieron que el informe de técnicos municipales no es suficiente para acreditar la vulnerabilidad, y recordaron que el decreto ley que regula la moratoria de los desahucios– y que fue aprobado entre otros por Podemos– exige más documentación, una documentación que le fue requerida al inquilino y que nunca entregó.
“Es terriblemente injusto –declaró ayer el decano de los jueces de primera instancia de Barcelona, Roberto García Ceniceros–. Atribuir responsabilidades de un hecho tan trágico de una forma tan alegre me parece terriblemente perverso”. El magistrado subrayó que “aquí han podido fallar muchas cosas, y algunas de ellas pueden estar dentro del ámbito municipal.
El problema no es que suspendamos un desahucio sino que en la práctica los servicios sociales no están dando cobertura. Los servicios sociales no solo tienen que mediar sino que deben ofrecer una alternativa. Esa es la principal problemática que tenemos”.
La alternativa es un parque de vivienda pública de alquiler asequible en cantidad suficiente de la que no es precisamente responsable una administración local sino el estado y sus representantes autonómicos. Pero hemos explicado como ese pacto de estado que reparte entre 10.00 a 15.000 millones anualmente entre los caseros grandes y pequeños, es el principal culpable que ese dinero nunca llegue a vivienda social. España es uno de los países con menos vivienda social de Europa precisamente por los privilegios fiscales a los propietarios.
Esas clases rentistas hipócritas, como seguramente lo son la mayoría de jueces y magistrados, gozan de grandes beneficios fiscales que deberían ser abolidos para usarlos en evitar más muertes como la de Segundo.
Segundo, el hombre que se suicidó este lunes 14 de junio del 2021 en Sants, necesitaba algo más que una pequeña rebaja del alquiler conseguida en la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge del Govern de la Generalitat de la que tanto alardean los sindicatos de vivienda.
Segundo como miles de inquilinos necesitan una ley estatal de alquiler social obligatorio que acabe con los privilegios fiscales de los caseros grandes y pequeños para que el agujero fiscal que causan al Estado sirva para construir alternativas habitacionales como piden los magistrados que seguramente forman parte de esa clase propietaria privilegiada de 3 millones de caseros y sus familias.
Donde queda para Segundo la Llei del Dret a l’Habitatge del 2007 y la tan cacareada Llei de l’emergència Habitacional del 2015?
ASOCIACIÓN POR EL ALQUILER PÚBLICO Y ASEQUIBLE – 500X20
16 DE JUNIO DEL 2021
