Estoy incluido en un fichero de inquilinos morosos, ¿qué hago?

En abril del 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, de profesión registrador de la propiedad, aprobaba una nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos – LAU- dentro de la Ley 4/2013, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que entró en vigor el 6 de junio de 2013. En dicha reforma se introdujo por primera vez la creación de un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler en su artículo tercero:

Artículo tercero.
Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
1. Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Por real decreto se regulará su organización y funcionamiento.
2. Con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que, por dicho motivo, hayan sido condenadas por sentencia firme en un procedimiento de desahucio del artículo 250.1.1.° o del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el secretario judicial correspondiente remitirá dicha información al Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
3. En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes deberán poner en conocimiento de dicho Registro los datos relativos a aquellas personas que hayan sido declaradas responsables del impago de rentas de arrendamientos, por medio de laudo arbitral dictado al efecto.
4. Tendrán acceso a la información obrante en el Registro, los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento sobre los mismos, sean personas físicas o jurídicas. A tales efectos deberán presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho, a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario.
5. Las personas incluidas en el Registro podrán instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron condenadas. No obstante, la constancia en el citado Registro tendrá una duración máxima de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la finalización de dicho plazo.
6. La inscripción a la que se refiere este artículo estará, en todo caso sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

El objetivo de la enésima reforma del mercado del alquiler preveía, como las anteriores, incentivar el mercado de alquiler dando seguridad a los propietarios. Si bien es verdad que ese registro es una promesa incumplida lo cierto es que los resultados de aquella reforma salta a la vista: enésimo fracaso. Precios por las nubes y miles de inquilinos desahuciados por no poder pagar las rentas o sencillamente porqué no se les renueva un contrato que solo dura 3 años. En Prouespeculació ya escribíamos en febrero del 2013:

… Después se trata de contentar a la clientela pepera que en los foros de Internet piden a grito “mano dura contra los inquilinos morosos”. Entre los asiduos de estos foros están ese 60% de caseros que no declaran los alquileres a Hacienda en este país. Mano dura para los demás. Un fraude monumental que año tras año denuncian en su web los inspectores de Hacienda (GHESTA).

Al Ministerio de Fomento no se le ocurre hacer un listado de evasores fiscales de pisos de alquiler en negro. prefieren hacerlo de las decenas de familias que cada día pierden la casa por impago de las cuotas. La mayoría sobrevenidas por causa de la crisis. Ahí, hasta De Guindos hizo una distinción. Su decreto da una moratoria de dos años a los hipotecados…. pero se olvida de dar igual moratoria a los inquilinos.

Ahora como los inquilinos son todos unos jetas y destrozan los pisos hay que hacer una lista para escarnio público. Faltará saber en concreto hasta donde llega la protección de datos aunque hoy ya corren por ahí listas privadas con nombres de inquilinos morosos…

Cinco años después de la reforma de la LAU las únicas listas que corren son de empresas privadas como FIM (Fichero de Inquilinos Morosos). EL principal problema que se ha encontrado el Gobierno es que hacía la competencia desleal a empresas que se dedican a ganar dinero listando los impagos de alquiler de “supuestos inquilinos gorrones“. Pero estas empresas también tienen sus problemas y han tenido múltiples tropiezos que han supuesto multas elevadas. El principal problema es el reconocimiento legal de que existe una deuda del inquilino. Los principales problemas que tienen para listar a un inquilino como moroso son:

  • El propietario insta el desahucio después del impago de un recibo. Si el inquilino no se defiende- ni paga, ni enerva y ni se opone judicialmente- entonces el secretario del Juzgado al no haber juicio realiza un decreto y no una sentencia firme.
  • Muchas veces el arrendatario o casero llega a un acuerdo de abandono de la vivienda a cambio de no reclamar la deuda. SI es el caso debe asegurarse un documento que especifique este acuerdo.
  • La tardanza en resolver un caso en el Juzgado lleva a que los datos no tengan utilidad.
  • La ley de Protección de Datos establece unos criterios muy estrictos a la hora de ceder datos a terceros

Los requisitos para incluir a un inquilino en una lista de morosidad son:

  • es necesario incluir en el contrato de alquiler una cláusula en la que el afectado acepte esa difusión de datos a terceros.
  • existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada. O sea, que se trate de deudas realmente existentes, sin condiciones pendientes de finalización o cumplimiento, de cuantía determinada y cuyo cumplimiento pueda exigirse por vía judicial.
  • requerimiento previo de pago de la obligación escrito y verificable.
  • cualquier ciudadano registrado debe ser informado. Sus datos económicos tendrán siempre una duración que no exceda los seis últimos años y siempre deberán estar actualizados.
  • el plazo temporal empieza en el momento de la obligación de pago del recibo de la renta.

¿Las leyes que regulan las listas de morosos?

La normativa que regula los datos personales de los deudores en los ficheros de morosidad es:

  • Artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
  • Artículos 38 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

La OCU advierte que hay demasiadas inclusiones por error.

Hasta el más honorable de los pagadores puede un día ver su nombre en un fichero. Muchas de las inclusiones se realizan sin que haya una deuda de por medio o sin cumplir los requisitos mencionados. También son frecuentes los casos de usurpación de personalidad, de contrataciones fraudulentas por las que pagamos el pato (en esos casos debes denunciarse cuanto antes a la policía). Según la Memoria de 2016 de la Agencia de Protección de Datos, un 21,5 % de sus resoluciones sancionadoras fue por inserciones indebidas en ficheros de morosos y el importe de las sanciones alcanzó los 5.836.000 euros.

La OCU explica las claves para que su nombre deje de figurar en un fichero

  • Paga la deuda y solicita la cancelación de tus datos. Si tiene una deuda cierta, vencida, exigible y reclamada por la empresa, para abandonar el fichero lo primero es pagarla. Una vez pagada, asegúrate de que eliminan los datos del fichero y no confíes en que lo hará la empresa acreedora. Para ello, solicita tu baja al titular del fichero adjuntando tu DNI y copia del pago.
  • Si reclamas la deuda… ¿No estás conforme con la deuda? La Agencia Espanola de Proteccion de Datos considera que impugnar una deuda ante un órgano arbitral, judicial o administrativo para determinar si tal deuda existe, impide que pueda hablarse de deuda “cierta”. Así pues, si reclamas, denuncia ante la AEPD que la inclusión en el fichero no procede.
  • Si no hay deuda. Si se trata de un error, no existe tal deuda o no se cumplen los requisitos para la inscripción en el fichero, solicita la baja al titular del fichero. El titular del fichero debe responder en 10 días. Si no lo hace, denuncia los hechos ante la AEPD: se abrirá un expediente que puede concluir en sanciones para la empresa acreedora y la gestora del fichero.
  • Indemnización. Si la inclusión es incorrecta puedes reclamar judicialmente una indemnización por los daños causados.

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Sí…. se puede y se debe denunciar al casero por fraude fiscal y por fianza no declarada del alquiler.

 




dimecres 21 març 18,30 hores: presentem el sindicat de llogaters a Nou Barris. Prou lloguers abussius!

Ens complau dir-vos que presentem el Sindicat de LLogateres al districte de Nou Barris, del qual en formem part, des de l’inici. Volem que sigui una eina per acabar amb la bombolla de lloguers que viu la ciutat i expulsa milers de persones dels seus habitatges, barris i ciutat.




Lourdes Garcia: Que hi hagi tanta gent que no pugui pagar el lloguer, és culpa del sistema econòmic

<- ->

Descripción de Lourdes García (500×20) a sicom.cat:

<-‘Que hi hagi tanta gent que no pugui pagar el lloguer, és culpa del sistema econòmic’->




Portal del llogater: espai de drets i empoderament

Penseu en aquest espai com el lloc on trobar assessorament, documents, comentaris i respostes als seus dubtes. Conegui els pocs drets que té a la selva del mercat lliure de lloguer d’aquest país.

¡Perquè vull un projecte de vida estable com llogatera …. em defenso!




ALQUILER: conflictos con la propiedad, mobbing inmobiliario, fin de contratos y derechos del inquilino

Defender al inquilino frente al mercado libre

La situación del mercado de alquiler, desde el punto de vista del inquilino, ha empeorado mucho en todas las ciudades del país y especialmente en las grandes como Barcelona. Desde el 2015 se ha producido un seísmo en el mercado libre que copa el 99% de la oferta porqué no hay un parque de vivienda pública digno de ese nombre en el estado español. El seísmo es fruto de tres factores:

  1. una rebaja de los salarios que han perdido un 25% de su valor en la década de crisis y que afecta principalmente a los salarios bajos que son al tiempo los que necesitan alquilar porque no tienen perfil financiero para comprar una hipoteca (1). El alquiler supone cada vez una fracción mayor de la renta disponible y, por tanto, ese beneficio va a los rentistas y no al consumo vital de los hogares y a activar la economía.
  2. una subida desmesurada de los alquileres que no tiene relación con un incremento de los costes (el gran aumento ha sido en el valor del suelo que no tiene costes) sino con la capacidad de los propietarios de imponer sus condiciones al inquilino (2). La propiedad usurpa cada vez un porcentaje mayor del pastel de las rentas salariales del país.
  3. una entrada masiva de dinero inversor, fruto de la expansión monetaria de los bancos centrales, que compran la deuda titulizada que emiten un selecto club de entidades financieras con capacidad para vendérsela a la autoridad financiera. Todo este entramado está teledirigido desde paraísos fiscales donde esconden del fisco los capitales que reciben de las “autoridades monetarias” por las compras de su deuda corporativa  . Todo el mundo informado lo sabe (no lo escuchará en los media generalistas) y por eso nosotros concluimos que el BCE y la Reserva Federal de los EE.UU son responsables directos subsidiarios de la subida de alquileres que afecta a todas las ciudades globales. (3)

Hay otro factor que es consecuencia del tercero y no una causa: la presión turística que reconvierte edificios en hoteles y pisos en apartamentos turísticos. Barcelona es la ciudad que posee el parque de viviendas de alquiler más elevado del país: un 32% de los hogares son inquilinos y excepto un 1% todos están a merced de las inclemencias del mercado libre. En 2016 la subida de los recibos del alquiler fue del 8% y el precio medio del m2 de 15€. En estas condiciones peculiares, donde todas las leyes y juzgados asisten a la propiedad contra las vicisitudes de la vida precaria del inquilino no es de extrañar que los desalojos judiciales se hayan disparado por impago de alquiler, por contratos que no se renueven o tienen incrementos desaforados que acaban siendo también desahucios porque el inquilino no sabe donde ir. Eso sin contar los desalojos de habitaciones ilegales que ya ni son contabilizados por las estadísticas oficiales y afectan a hogares muy pobres donde una mujer subempleada vive con niños. En esta entrada vamos a delimitar cuales son los derechos del inquilino (extrapolable a las habitaciones y en cierta medida a las ocupaciones) y como muchas veces por su desconocimiento son violados por la propiedad.

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SUMARIO

¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR EN ESTE DOCUMENTO?

  • El derecho al domicilio es tan importante como el derecho a la vida
  • Los derechos del inquilino frente al propietario – casero
  • Acoso inmobiliario o mobbing inmobiliario.
    • Indicios de mobbing o acoso inmobiliario
    • ¿Qué se puede hacer?
    • ¿Qué NO le pueden hacer?
  • Finalización del contrato de alquiler.
    • No tengo prórroga ni renovación del contrato y no tengo donde ir. ¿qué puedo hacer?
    • Renovación del contrato con condiciones abusivas.
    • El propietario quiere mi piso para vivir. ¿Cómo me defiendo?
  • Disposición Transitoria Segunda de la LAU (Contratos de arrendamiento anteriores a 9/5/85). Renta antigua.

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El derecho al domicilio es tan importante como el derecho a la vida

En derecho constitucional español el derecho al domicilio es tan importante como el derecho a la vida. El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra recogido en el artículo 18.2 de la Constitución así: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.” La inviolabilidad del domicilio supone que este espacio queda exento e inmune de cualquier invasión o agresión exterior, proceda de otro particular o de un poder público. (3)

El significado de domicilio habitual es aquel espacio en el que el ciudadano/a vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Así, en el Código Civil se identifica con el lugar de residencia habitual para las personas físicas (art. 40) y esté empadronado en ella. Eso incluye las segundas residencias pero no las viviendas vacías en las que nadie tiene un domicilio fijo. Hablamos de domicilio habitual y introducimos el concepto de morada: Es morada aquel lugar donde se vive independientemente de su situación jurídica: un piso ocupado es una vivienda habitual y, por tanto, es inviolable por la policía sin orden judicial. En teoría claro. Una persona ajena al domicilio sólo puede entrar si:

  • el morador, inquilino o propietario se lo permite por voluntad propia.
  • si una resolución judicial permite el acceso al domicilio a un tercero o fuerzas de seguridad.
  • en caso de alarma justificada como un incendio, la posibilidad de un crimen o el auxilio a un morador

En todos los demás casos, el acceso a la vivienda o el cambio en sus condiciones, como cambiar una cerradura, sería un delito de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal).

Pero la realidad es que a través de otras leyes o desarrollos legislativos los partidos del régimen del 78 han otorgado a la propiedad tanto poder que el inquilino acepta sumiso la supuesta mala suerte que le ha deparado la vida y ni siquiera sabe que se podría defender de las tropelías del casero con el código civil y normativa actual. En otras palabras hay un desequilibrio a favor del derecho a la propiedad frente al derecho al domicilio. Ese poder se concentra en la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU- que no merece más que ser derogada. Aún así la ley otorga a la vivienda habitual, morada, como derecho fundamental que debe ser respetado y el inquilino tiene derecho a disfrutar pacíficamente de su domicilio o morada aunque esta sea un garaje reconvertido. Ese poder de los propietarios

Los derechos del inquilino frente al propietario – casero

Una consecuencia del día a día de estos preceptos constitucionales y leyes civiles es que un propietario no puede entrar en el domicilio del inquilino sin su consentimiento ni puede exigir que un tasador acceda a la vivienda. Claro si usted accede incluso verbalmente … ya existirá consentimiento. Tampoco las fuerzas de seguridad no pueden acceder sin mandato judicial o entrar sin su permiso con las salvedades descritas. En general el propietario cree que es dueño incluso del inquilino cuando sólo lo es de los tochos y paredes.

Si el inquilino tiene unas obligaciones, el propietario también las tiene tanto en los contratos de renta antigua y/o indefinidos como en los finitos según acuerden las partes siguiendo las recomendaciones de la LAU -Ley de Arrendamientos Urbanos:

  • derechos del inquilino – arrendatario: Domicilio inviolable y condiciones de habitabilidad de la vivienda.
  • obligaciones del propietario – arrendador: domicilio del inquilino es inviolable y debe mantenerlo en las condiciones impuestas por la ley.

Para vivir dignamente y en condiciones de habitabilidad independientemente del régimen jurídico de posesión de la vivienda – propiedad, alquiler, cesión.. – se requieren unos mínimos impuestos por ley entre los que podemos destacar:

  • el pavimento ha de ser homogéneo.
  • no puede haber grietas que perturben la habitabilidad.
  • las viviendas más actuales debe tener instalación de agua caliente y calefacción.
  • la vivienda debe cumplir las normativas de instalaciones de energía eléctrica, gas si la hubiere y de acceso a agua potable.
  • no puede haber humedades ni fugas de agua ni de gas.

Estas condiciones están reguladas por ley. El no cumplimiento de estas condiciones, por parte de la propiedad, puede presuponer acoso inmobiliario muchas veces. Todas estas condiciones se aplicarían también en los casos de alquiler de habitaciones o subarrendamientos incluyendo el derecho a cocina.

El arrendador está obligado a realizar esa clase de obras, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad mencionadas para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil o bien por desgaste. Este suele ser uno de los puntos conflictivos por su interpretación en los aumentos de los recibos. La LAU cita cinco conceptos que no significan necesariamente aumentos del alquiler en los siguiente artículos del Capítulo 4:

  • artículo 19. Elevación renta por mejoras. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos tres años de duración del contrato le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel momento. Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para la realización de la obra. Más texto de este artículo >>>
  • artículo 20. Gastos generales y servicios individuales. Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario. Más texto de este artículo >>>
  • artículo 21. Conservación vivienda. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil. Más texto de este artículo >>>
  • artículo 22. Obras mejora. El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arrendador de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento.Más texto de este artículo >>>
  • artículo 23. Obras del arrendatario. El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de los accesorios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. En ningún caso el arrendatario podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la vivienda..Más texto de este artículo >>>

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Sentencias sobre cobros indebidos

  • AP Barcelona sec 13 544/2011 de 8 de noviembre: abono gastos comunitarios derivados de reparación tuberías de gas, etc…
    • si no existe prueba acerca del contenido del contrato de alquiler y en concreto de la existencia del pacto de ponerse a cargo del arrendatario las tasas, suministros y gastos de comunidad de propietarios
    • tampoco existe ningún acuerdo contractual por el que se pactara que los gastos generales serían a cargo del arrendatario, suministros como tampoco que se determinara el importe anual de dicho  gasto a la fecha del contrato
    • por la AP Las Palmas sec 5, 258/2013 de 20 de junio…..los gastos de comunidad de propietarios pueden ser asumidos por el arrendatario pero para ello es necesario que se pacte expresamente el importe anual de dichos gastos (art. 20 LAU)
  • AP Las Palmas sec 5, 258/2013 de 20 de junio: importante sentencia en segunda Instancia de Audiencia Provincial de Las Palmas:
    • “….El recurso de apelación ha de prosperar porque siendo cierto que los gastos de comunidad, que en principio corresponden al propietario de la vivienda, pueden ser asumidos por el arrendatario para ello es necesario que se pacte expresamente en forma escrita, tal y como figura en la estipulación novena del contrato de arrendamiento objeto de litigio, pero además es necesario que a la fecha del contrato se determine el importe anual de esos gastos ( art. 20 LAU ), y ello obedece a que para que sean obligatorios para el arrendatario éste debe conocer cuales son esos gastos que asume y aceptarlos a la hora de suscribir el arrendamiento pero tal exigencia, de previa determinación de su importe anual al tiempo de la suscripción del contrato de arrendamiento, no puede tener un alcance tan absoluto que impida que…”

>>> toda la sentencia de Las Palmas completa >>>

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Acoso inmobiliario o mobbing inmobiliario

La Ley Catalana del Derecho a la Vivienda lo tipifica así: “Toda actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda“. Concuerda con los delitos de Trato Degradante (artículo 15 Constitución Española, 1978), Estafa, Fraude y Corrupción entre Particulares. El acoso inmobiliario es por tanto un delito.

Código Penal – Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE 24/11/1995. (Vigente hasta el 28 de octubre de 2015). El acoso en el ámbito del legítimo disfrute de la vivienda, Acoso Inmobiliario, está tipificado en el Código Penal Español como delito de coacciones agravadas (art. 172.1) y como delito contra la integridad moral (art. 173.1).

  • El art. 172.1 dice “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”. El tercer párrafo de este apartado dice: “También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”.
  • El art. 173.1 dice “El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”. El párrafo segundo de este apartado dice: “Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.”.

Indicios de mobbing o acoso inmobiliario

Las acciones de acoso inmobiliario se producen por acción y omisión de la propiedad y son infinitas y hasta inverosímiles. Les explicamos los indicios más importantes:

Acoso inmobiliario por omisión del propietario.

  • Un caso típico son la ausencia de mantenimiento de la finca o la vivienda arrendada. Que no hayan servicios básicos: que el wáter no tenga agua o este cortado el suministro de agua corriente. Las manchas de humedad y cualquiera de las citadas en el apartado anterior u otras que podrían ser consideradas normales como el uso del ascensor o el terrado comunitario.
  • la ausencia de obras de rehabilitación y el contrario una sobredosis de obras.
  • ausencia de cobro de rendas o la dificultad en pagarlas, por ejemplo, pago en mano con desplazamiento. Ojo si hay un impago el propietario puede reclamar el desalojo. Esto es un indicio muy importante y este es el que esta incluido por ley.

Acoso inmobiliario por acción del propietario.

  • Suelen ser las obras de rehabilitación del edifico a veces de meses con continuadas molestias, cortes de agua, ruido, ascensor inhabilitado, martillos, cortes de agua o energía, etc. Si las obras de rehabilitación impiden vivir en el edificio el propietario tiene la obligación por ley de realojar al inquilino mientras duran las obras y a garantizar su retorno a la vivienda en las mismas condiciones quedando en ese tiempo el contrato de alquiler en suspenso.
  • Una constante actividad en el tiempo de rehabilitación de pisos puede esconder una gran rehabilitación hecha a plazos
  • El hecho de impedir que no se pueda acceder al ascensor sin llave que solo tienen algunos vecinos.
  • que cambien los suministros por ejemplo de gas a electricidad (sin autorización del inquilino es delito)
  • El incremento del alquiler sin obras o por conceptos no justificados ni documentados

Acoso inmobiliario por omisión de seguridad del edificio.

  • edificios con pisos vacíos del mismo propietario que son ocupados por personas que crean molestias continuadas, peleas, drogas, etc. Las reclamaciones de los inquilinos que no pueden vivir tranquilos caen en saco roto y el propietario no denuncia las ocupaciones. Con el tiempo el deterioro del edificio es tal que los moradores legales desaparecen. Poco tiempo más tarde el edificio está en obras de rehabilitación para revenderlo. Un caso muy actual de acoso inmobiliario sofisticado.
  • vaciamiento progresivo del edificio de moradores como resulta de una situación pésima de seguridad.
  • cosas extrañas, como desaparición de buzones, de manera que si venden el piso ustedes tienen derecho al tanteo y retracto. Interés en que no reciban las notificaciones.
  • si el edificio esta medio vacío se añade la desaparición de puertas o la rotura de llaves.
  • que la puerta del edificio sea accesible sin medidas de seguridad.

¿Qué se puede hacer?

Cuando usted tiene claro los indicios de mobbing lo puede denunciar en las Oficinas de Vivienda de su distrito o ciudad. Las administraciones sólo saben lo que ocurre cuando ustedes lo denuncian. Como las relaciones entre inquilino y propietario son bilaterales deben exigir el cumplimiento de su contrato de arrendamiento independientemente de lo que pagan. Si después de reclamar por teléfono o por escrito sus derechos la propiedad no se aviene a razones entonces mediante la certificación de sus gestiones delante del arrendador usted puede denunciarlo a Oficina de vivienda que ejercen de árbitros. Usted puede ir a las oficinas de vivienda de su ciudad o barrio y comunicar lo que ocurre para que intervengan. Generalmente un especialista, abogado, tratará el caso.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene un convenio con el ministerio fiscal, hay un fiscal específico en acoso inmobiliario, para elaborar querellas que si el fiscal las acepta, las investiga la policía judicial y esta investigación ya suele tener efecto inmediato respecto de la conducta del casero o propietario.

Otra manera que puede actuar el Ayuntamiento es cuando no hay mantenimiento del edifico o la vivienda y la propiedad está obligando al inquilino a vivir por debajo de las condiciones de habitabilidad que antes se han citado. La Administración local puede imponer multas hasta de 90.000 euros. El Ayuntamiento puede hacer órdenes de rehabilitación y la administración tutela desde el primer momento el proceso por lo que al propietario le será difícil imponer incrementos de renta ilegales. Se ha conseguido aplicar rebajas a las sanciones por acuerdo entre las partes si el propietario se aviene a no repercutir las obras al inquilino.
La actuación de la administración local es muy importante pero si en su municipio el Ayuntamiento pasa de todo es evidente que lo tiene más complicado si no hace una denuncia con un abogado pero antes use todos los mecanismos legales de la administración local o autonómica para evitar ir a pelo contra el propietario.

¿Qué NO le pueden hacer?

Aquí explicamos algunas cosas que no se pueden tolerar ni permitir:

  • La ley de arrendamientos de 1964 permite repercutir las obras a los inquilinos con prórroga forzosa – renta antigua – sólo hasta el 50% del valor del recibo de alquiler. Usted no sólo paga la renta sino que muchas veces paga otros servicios como limpieza, escalera, IBI porqué así lo acordaron en el contrato o se lo impusieron. El incremento debe ser sólo sobre el concepto renta, no sobre el total del recibo. Varios incrementos puede ser indicio de acoso.
  • Si la propiedad le descuenta esos servicios y las obras de escalera debe justificar con facturas el prorrateo y las facturas se las debería quedar usted porqué al final es quién pagará. Si se las queda el propietario podría usarlas para desgravar en el IRPF o en el impuesto de sociedades y sería incorrecto… porqué de hecho sin pagarlo lo estaría desgravando.
  • Otro ejemplo: la rehabilitación del tejado, la fachada y la escalera… si hay un incremento del 50% en cada obra es indicio de acoso porque en realidad es una sola obra porque obedece a una unidad y no tres fases, es una obra en tres fases. Además eso lo hacen ahorrándose el realojo del inquilino que no vive de tanto ruido y trajín.
  • El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil. Aunque hay que decir que en esto hay sentencias para todos los gustos y contradictorias entre ellas.

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Finalización del contrato de alquiler

La Ley  de Arrendamientos Urbanos no exige que los contratos sean de 3 años….. la duración de un contrato es de libre negociación entre las partes, o sea, pueden hacerse contratos indefinidos, de 10 años… lo que se quiera. Otra cosa es que los propietarios opten por el mínimo que son 3 años prorrogables uno más. A la finalización del contrato el propietario o casero debe avisar por escrito de su finalización un mes antes de la fecha prevista en el contrato. En caso de que no haya ninguna comunicación el contrato se prorroga automáticamente un año más como dice la ley. Normalmente esa prórroga tácita se incluye también en el contrato.

Una prórroga es eso…. prórroga… no hay nuevo contrato ni variaciones en las condiciones. No es legal hacerlo. Cuando se finaliza un contrato el casero puede hacer una renovación para la cual ya tiene las manos libres para modificar las condiciones. También puede optar por no renovarle y que se vaya. Puede ser que las condiciones de renovación en las condiciones actuales del mercado libre sean totalmente abusivas.

La casuística de la prórroga es esta:

  1. los contratos de renta antigua, o sea, firmados antes del 9 de mayo del 1985 son indefinidos… por lo tanto no tienen ninguna finalización. Su extinción o subrogación a matrimonio o hijos están estipuladas en la Adicional Segunda de la LAU que tiene mucha miga por lo que recomendamos leer los pormenores, puede consultarnos, de su aplicación en caso de duda:
    • A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento.
    • >>> leer y consultar toda la Disposición Transitoria Segunda de la LAU para contratos anteriores a 9 mayo de 1985>>>
  2. los contratos de arrendamiento vigentes de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que entró en vigor el 1 de e enero de 1995 tienen una vigencia de 5 años y 3 más de prórroga si el arrendador no avisa con una antelación de 1 mes que va a finalizar el contrato.
  3. contratos de arrendamiento posteriores a la entrada en vigor de la reforma de la LAU del PP en vigor a partir del 6 junio del 2013 tienen una duración de 3 y un año más de prórroga si el arrendador lo decide, o bien, no avisa con un mes de antelación de la finalización del contrato.

Si hay prórroga, bajo ninguna circunstancia en los casos 2 y 3 se pueden cambiar las condiciones.

En todos los casos, si continua pagando y el arrendatario acepta los pagos, se puede considerar que existe un nuevo contrato en las mismas condiciones. O sea, si llegada la fecha de finalización del contrato no hay aviso fehaciente y usted continua pagando y se acepta el pago (ingreso en cuenta, etc….), pasados 15 días se entiende que el arrendatario se queda por aquiescencia del arrendador y el contrato por tácita reconducción crea uno nuevo en idénticas condiciones según artículo 1566 del Código Civil -CC-. El nuevo contrato de arrendamiento con idénticas condiciones a las pactadas en el contrato originario no es, por tanto, prórroga del contrato anterior. El artículo 1581 del CC fija la duración del nuevo contrato según estipulaba el antiguo en cuanto a rentas.

+++ INFO:

  • Artículo 1566
    Si al terminar el contrato, permanece el arrendatario disfrutando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1577 y 1581, a menos que haya precedido requerimiento.
  • Artículo 1581
    Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario. En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el término.

No tengo prórroga ni renovación del contrato y no tengo donde ir.

¿qué puedo hacer?

Si usted ha sido informada fehacientemente con un documento escrito que su contrato ha finalizado y no tiene prórroga ni renovación la ley dice que debe marcharse de la vivienda y entregar las llaves. Antes de que ocurra eso, debería entrevistarse con la propiedad y averiguar las causas de la nueva situación e intentar reconducirla. Si no lo consigue y no tiene donde ir podría usar los servicios de su comunidad autónoma o Ayuntamiento para que medien en el conflicto u ofrezcan ayudas al propietario para continuar el contrato y evitar un lanzamiento o desahucio. Si después de todo no obtiene ninguna solución y opta por quedarse debería visitar esta otra página que le explica cómo defenderse judicialmente y las consecuencias económicas:

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Renovación del contrato con condiciones abusivas

Una renovación se produce después de la finalización del contrato anterior y la prórroga. En la actualidad es normal, tras la modificación del 2013 de la LAU por el PP, que las nuevas condicione sean abusivas. Primero porqué el mercado libre – 99% de la oferta- está en efervescencia como hemos explicado. Segundo porqué el miserable 1% de vivienda pública no llega ni para pipas. Y finalmente porqué los partidos del régimen del 78 han decantado legislativamente desde hace décadas la balanza del lado de la propiedad.

Si usted es de los que le han dicho que le aumentan el nuevo contrato un 20, 30 o 40% el recibo de alquiler pues lo paga o monta una guerra con muchas que perder. ¿por qué le aumentan tanto? Pues porque tienen la sartén cogida por el mango, porqué pueden. ¿hay razones económicas que lo justifiquen? No, los salarios perdieron un 7% de poder adquisitivo el año 2016 y un 30% desde el inicio de la crisis el 2007.

¿Qué defendemos nosotros? El alquiler siempre ha sido una lucha histórica. Esa historia dice y los hechos lo demuestran que un alquiler no puede superar el 20% de la renta disponible del hogar. O el 30% si se incluyen los mínimos de los suministros (agua. luz, gas, teléfono, etc).

Eso es un alquiler justo: PAGAR SEGÚN SU RENTA.

Eso es lo que hace la administración catalana y de la ciudad de Barcelona en su exiguo parque de vivienda pública. Así es como en Catalunya se calculan las ayudas al alquiler que no pueden superar esos límites.

¿Qué puede hacer si las nuevas condiciones son abusivas?

  • marcharse a otro lugar con todo lo que implica una mudanza en cuanto a costes y problemas de organización para un hogar.
  • intentar una negociación económica por las buenas, una rebaja de la renta, en el nuevo contrato. En el caso catalán hay un índice de  la Generalitat que refleja los precios medios de cada localidad o barrio. No es de obligado cumplimiento. Eso no es nuestro alquiler justo. Pero es eso: su mercado, sus leyes y usted busca razones para que el alquiler no se lleve el 50, 60 o 70% de su salario. En Barcelona, las oficinas de vivienda también median como administración en esos conflictos para buscar una solución y evitar tener un nuevo ciudadano viviendo bajo un puente. Eeiiii! la principal responsabilidad es de Madrid no de su ayuntamiento.
  • si todo eso no sirve de nada delante del casero, API o inmobiliaria, entonces o se va o planta cara. ¿Cómo? Consigne el alquiler que usted cree digno en un depósito notarial y no se vaya del domicilio. Pasado el período del contrato su estancia será alegal aunque justificada socialmente. Únase a nosotros o a una entidad que defienda los inquilinos. Hay miles como usted. Tanto si tiene depósito notarial cómo simplemente no paga porqué no puede consignarlo, la propiedad iniciará el proceso judicial de desalojo como si fuera un ocupa por necesidad o un inquilino moroso, aunque no lo sea. Por si acaso mírese esta entrada: Llegó el momento: ¿ Cómo salvar su piso de un desahucio? – actualizado 2018

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El propietario quiere mi piso para vivir
¿Cómo me defiendo?

Con la última modificación del PP del 2013…. lo tiene muy crudo. Veamos los casos:

  • contrato anterior a Ley 4/2013, de 4-06-2013 (BOE de 5/06/13). Si firmó el contrato anteriormente a la entrada en vigor de esta ley su contrato es de 5 años  y el arrendador solo podrá recuperar su vivienda para el supuesto que en el contrato se haya hecho constar expresamente la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial (art 9.3 LAU 1994). Debería demostrar fehacientemente que esa necesidad existe.
    Usted puede reclamar la devolucón de la vivienda y los gastos de sus mudanzas al propietario, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.
  • contratos posteriores a
  • a Ley 4/2013, de 4-06-2013 (BOE de 5/06/13) – Capítulo 2 art.3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.
    Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta tres años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.

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salva torres

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reseñas
(1).- Idealista, El español ha perdido un 25% de su salario real desde 2007, mientras el alemán ha ganado un 5%.
(2).- El Mundo, Terremoto en los precios del alquiler.
(3).- Derecho constitucional, Derecho a la inviolabilidad del domicilio.

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Contratos de arrendamiento anteriores a 9/5/85

Disposición Transitoria Segunda de la LAU

  1. A) Régimen normativo aplicable.
  2. Los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán rigiéndose por las normas relativas al contrato de inquilinato del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de esta disposición transitoria.
  3. Será aplicable a estos contratos lo dispuesto en losartículos 12,15 y 24 de la presente ley.
  4. Dejará de ser aplicable lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 24 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

No procederán los derechos de tanteo y retracto, regulados en el capítulo VI del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, en los casos de adjudicación de vivienda por consecuencia de división de cosa común cuando los contratos de arrendamiento hayan sido otorgados con posterioridad a la constitución de la comunidad sobre la cosa, ni tampoco en los casos de división y adjudicación de cosa común adquirida por herencia o legado.

  1. B) Extinción y subrogación.
  2. A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento.

El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o en la fecha en que el subrogado cumpla veinticinco años, si ésta fuese posterior.

No obstante, si el subrogado fuese el cónyuge y al tiempo de su fallecimiento hubiese hijos del arrendatario que conviviesen con aquél, podrá haber una ulterior subrogación. En este caso, el contrato quedará extinguido a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior, o por su fallecimiento si está afectado por la minusvalía mencionada en el párrafo anterior.

  1. Al fallecimiento de la persona que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 24.1 y 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, se hubiese subrogado en la posición del inquilino antes de la entrada en vigor de la presente ley, sólo se podrá subrogar su cónyuge no separado legalmente o de hecho y, en su defecto, los hijos del arrendatario que habitasen en la vivienda arrendada y hubiesen convivido con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento.

El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior.

No se autorizan ulteriores subrogaciones.

  1. Al fallecimiento de la persona que de acuerdo con el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ocupase la vivienda por segunda subrogación no se autorizan ulteriores subrogaciones.
  2. Los derechos reconocidos en los apartados 4 y 5 de esta disposición al cónyuge del arrendatario, serán también de aplicación respecto de la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
  3. Durante los diez años siguientes a la entrada en vigor de la ley, si la subrogación prevista en los apartados 4 y 5 anteriores se hubiera producido a favor de hijos mayores de sesenta y cinco años o que fueren perceptores de prestaciones públicas por jubilación o invalidez permanente en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez el contrato se extinguirá por el fallecimiento del hijo subrogado.
  4. Corresponde a las personas que ejerciten la subrogación contemplada en los apartados 4, 5 y 7 de esta disposición probar la condición de convivencia con el arrendatario fallecido que para cada supuesto proceda.

La condición de convivencia con el arrendatario fallecido deberá ser habitual y darse necesariamente en la vivienda arrendada.

Serán de aplicación a la subrogación por causa de muerte regulada en los apartados 4 a 7 anteriores, las disposiciones sobre procedimiento y orden de prelación establecidas en el artículo 16 de la presente ley.

En ningún caso los beneficiarios de una subrogación podrán renunciarla a favor de otro de distinto grado de prelación.

  1. C) Otros derechos del arrendador.
  2. Para las anualidades del contrato que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley, el arrendador tendrá los siguientes derechos:

10.1 En el Impuesto sobre el Patrimonio, el valor del inmueble arrendado se determinará por capitalización al 4 por 100 de la renta devengada, siempre que el resultado sea inferior al que resultaría de la aplicación de las reglas de valoración de bienes inmuebles previstas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

10.2 Podrá exigir del arrendatario el total importe de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al inmueble arrendado.

Cuando la cuota no estuviese individualizada se dividirá en proporción a la superficie de cada vivienda.

10.3 Podrá repercutir en el arrendatario el importe de las obras de reparación necesarias para mantener la vivienda en estado de servir para el uso convenido, en los términos resultantes del artículo 108 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 o de acuerdo con las reglas siguientes:

  1. Que la reparación haya sido solicitada por el arrendatario o acordada por resolución judicial o administrativa firme.

En caso de ser varios los arrendatarios afectados, la solicitud deberá haberse efectuado por la mayoría de los arrendatarios afectados o, en su caso, por arrendatarios que representen la mayoría de las cuotas de participación correspondientes a los pisos afectados.

  1. Del capital invertido en los gastos realizados, se deducirán los auxilios o ayudas públicas percibidos por el propietario.
  2. Al capital invertido se le sumará el importe del interés legal del dinero correspondiente a dicho capital calculado para un período de cinco años.
  3. El arrendatario abonará anualmente un importe equivalente al 10 por 100 de la cantidad referida en la regla anterior, hasta su completo pago.

En el caso de ser varios los arrendatarios afectados, la cantidad referida en la regla anterior se repartirá entre éstos de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 2 del artículo 19 de la presente ley.

  1. La cantidad anual pagada por el arrendatario no podrá superar la menor de las dos cantidades siguientes: cinco veces su renta vigente más las cantidades asimiladas a la misma o el importe del salario mínimo interprofesional, ambas consideradas en su cómputo anual.

10.4 Si el arrendador hubiera optado por realizar la repercusión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 antes citado, la repercusión se hará de forma proporcional a la superficie de la finca afectada.

10.5 Podrá repercutir en el arrendatario el importe del coste de los servicios y suministros que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la ley.

Se exceptúa el supuesto en que por pacto expreso entre las partes todos estos gastos sean por cuenta del arrendador.

  1. D) Actualización de la renta.
  2. La renta del contrato podrá ser actualizada a instancia del arrendador previo requerimiento fehaciente al arrendatario.

Este requerimiento podrá ser realizado en la fecha en que, a partir de la entrada en vigor de la ley, se cumpla una anualidad de vigencia del contrato.

Efectuado dicho requerimiento, en cada uno de los años en que aplique esta actualización, el arrendador deberá notificar al arrendatario el importe de la actualización, acompañando certificación del Instituto Nacional de Estadística expresiva de los índices determinantes de la cantidad notificada.

La actualización se desarrollará de acuerdo con las siguientes reglas:

  1. La renta pactada inicialmente en el contrato que dio origen al arrendamiento deberá mantener, durante cada una de las anualidades en que se desarrolle la actualización, con la renta actualizada, la misma proporción que el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo o que el Indice General Nacional o Indice General Urbano del Sistema de Indices de Costes de la Vida del mes anterior a la fecha del contrato con respecto al Indice correspondiente al mes anterior a la fecha de actualización.

En los arrendamientos de viviendas comprendidos en el artículo 6.2 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 celebrados con anterioridad al 12 de mayo de 1956, se tomará como renta inicial la revalorizada a que se refiere el artículo 96.10 del citado texto refundido, háyase o no exigido en su día por el arrendador; y como índice correspondiente a la fecha del contrato, el del mes de junio de 1964.

En los arrendamientos de viviendas no comprendidas en el artículo 6.2, del citado texto refundido celebrados antes del 12 de mayo de 1956 se tomará como renta inicial, la que se viniera percibiendo en el mes de julio de 1954, y como índice correspondiente a la fecha del contrato el mes de marzo de 1954.

  1. De la renta actualizada que corresponda a cada período anual calculada con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior o en la regla 5., sólo será exigible al arrendatario el porcentaje que resulta de lo dispuesto en las reglas siguientes siempre que este importe sea mayor que la renta que viniera pagando el arrendatario en ese momento incrementada en las cantidades asimiladas a la renta.

En el supuesto de que al aplicar la tabla de porcentajes que corresponda resultase que la renta que estuviera pagando en ese momento fuera superior a la cantidad que corresponda en aplicación de tales tablas, se pasaría a aplicar el porcentaje inmediatamente superior, o en su caso el siguiente o siguientes que correspondan, hasta que la cantidad exigible de la renta actualizada sea superior a la que se estuviera pagando.

  1. La renta actualizada absorberá las cantidades asimiladas a la renta desde la primera anualidad de la revisión.

Se consideran cantidades asimiladas a la renta a estos exclusivos efectos, la repercusión al arrendatario del aumento de coste de los servicios y suministros a que se refiere el artículo 102 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la repercusión del coste de las obras a que se refiere el artículo 107 del citado texto legal.

  1. A partir del año en que se alcance el cien por cien de actualización, la renta que corresponda pagar podrá ser actualizada por el arrendador o por el arrendatario conforme a la variación porcentual experimentada en los doce meses anteriores por el Indice General del Sistema de Indices de Precios de Consumo, salvo cuando el contrato contuviera expreso otro sistema de actualización, en cuyo caso será éste de aplicación.
  2. Cuando la renta actualizada calculada de acuerdo con lo dispuesto en la regla la sea superior a la que resulte de aplicar lo dispuesto en el párrafo siguiente, se tomará como renta revisada esta última.

La renta a estos efectos se determinará aplicando sobre el valor catastral de la finca arrendada vigente en 1994, los siguientes porcentajes:

– El 12 por 100, cuando el valor catastral derivara de una revisión que hubiera surtido efectos con posterioridad a 1989.

– El 24 por 100 para el resto de los supuestos.

Para fincas situadas en el País Vasco se aplicará sobre el valor catastral el porcentaje del 24 por 100; para fincas situadas en Navarra se aplicará sobre el valor catastral el porcentaje del 12 por 100.

  1. El inquilino podrá oponerse a la actualización de renta comunicándoselo fehacientemente al arrendador en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la recepción del requerimiento de éste, en cuyo caso la renta que viniera abonando el inquilino hasta ese momento, incrementada con las cantidades asimiladas a ella, sólo podrá actualizarse anualmente con la variación experimentada por el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.

Los contratos de arrendamiento respecto de los que el inquilino ejercite la opción a que se refiere esta regla quedarán extinguidos en un plazo de ocho años, aun cuando se produzca una subrogación, contándose dicho plazo a partir de la fecha del requerimiento fehaciente del arrendador.

  1. No procederá la actualización de renta prevista en este apartado cuando la suma de los ingresos totales que perciba el arrendatario y las personas que con él convivan habitualmente en la vivienda arrendada, no excedan de los límites siguientes:
Número de personas que convivan en la vivienda. Límite en número de veces el salario mínimo interprofesional.
1 ó 2 2,5
3 ó 4 3
Más de 4 3,5

Los ingresos a considerar serán la totalidad de los obtenidos durante el ejercicio impositivo anterior a aquel en que se promueva por el arrendador la actualización de la renta.

En defecto de acreditación por el arrendatario de los ingresos percibidos por el conjunto de las personas que convivan en la vivienda arrendada, se presumirá que procede la actualización pretendida.

  1. En los supuestos en que no proceda la actualización, la renta que viniese abonando el inquilino, incrementada en las cantidades asimiladas a ella, podrá actualizarse anualmente a tenor de la variación experimentada por el Indice General de Precios al Consumo en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.
  2. La actualización de renta cuando proceda, se realizará en los plazos siguientes:
  3. a) En diez años, cuando la suma de los ingresos totales percibidos por el arrendatario y las personas que con él convivan habitualmente en la vivienda arrendada no exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.

En este caso, los porcentajes exigibles de la renta actualizada serán los siguientes:

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Periodo anual de actualización a partir de la entrada en vigor de la ley. Porcentaje exigible de la renta actualizada.
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
10º 100%
  1. b) En cinco años, cuando la indicada suma sea igual o superior a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.

En este caso, los porcentajes exigibles de la renta actualizada serán el doble de los indicados en la letra a) anterior.

  1. Lo dispuesto en el presente apartado sustituirá a lo dispuesto para los arrendamientos de vivienda en los números 1 y 4 del artículo 100 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

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Sentencia:  AP Las Palmas sec 5, 258/2013 de 20 de junio

  • Orden: Civil
  • Fecha: 20 de Junio de 2013
  • Tribunal: AP – Las Palmas
  • Núm. Sentencia: 258/2013
  • Núm. Recurso: 792/2012
  • Núm. Cendoj: 35016370052013100257

Encabezamiento

SENTENCIA

Iltmos. Sres.-

PRESIDENTE: Don Víctor Caba Villarejo

MAGISTRADOS: Don Carlos Augusto García Van Isschot

Don Víctor Manuel Martín Calvo

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de Junio de 2013;

VISTAS por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Las Palmas de GC en los autos referenciados seguidos a instancia de don Luis Francisco , que actúa en nombre y representación de doña Celsa , parte apelada, representada en esta alzada por el Procurador don Juan Francisco Brissón Santana y dirigida por el Letrado don Mario Lisea Rodríguez contra doña Felicidad , parte apelante, representada en esta alzada por la Procuradora doña Petra Ramos Pérez y asistida por la Letrada doña María del Carmen Sarmiento Rodríguez, siendo ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Caba Villarejo, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. 13 Las Palmas de GC se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece: ‘Que en el Juicio Verbal seguido ante este Juzgado con el Nº 1517/2009 promovido a instancia de Luis Francisco , representado en las actuaciones por el Procurador de los Tribunales Sr. Brissón Santana y asistido por el Letrado Sr. Lisea Rodríguez, contra Felicidad , representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ramos Pérez y asistido por la Letrada Sra. Sarmiento Rodríguez, debo estimar parcialmente la pretensión ejercida y, por tanto, debo declarar y declaro la extinción del contrato de arrendamiento concertado entre ‘ Luis Francisco y Felicidad sobre el inmueble sito en CALLE000 Nº NUM000 – NUM001 de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, habiendo lugar al desahucio y condenando a Felicidad a desalojar el inmueble antes del 20 de junio de 2012, bajo apercibimiento de lanzamiento, ya adelantado dicha posibilidad de lanzamiento en el originario Auto de la admisión a trámite y suspendido por las vicisitudes de los presentes autos, para lo cual sirva la presente resolución de oficio a la fuerza pública y a cerrajero por si su asistencia fuese necesaria.

Por otra parte, debo condenar y condeno a Felicidad a pagar a la actora la cantidad de 2.120 euros por principal adeudado. Asimismo debo condenar y condeno a la demandado al pago de las rentas y cuotas de comunidad que se devenguen hasta la total recuperación por la demandante del inmueble que venía siendo objeto del contrato ya resuelto, todo ello con la expresa imposición de los intereses legales desde la interposición de la demanda tanto por rentas devengadas y no satisfechas durante el contrato de arrendamiento como las que finalmente se produzcan hasta la entrega de la finca.

Por último, no ha lugar a la condena en costas, debiendo cada parte abonar las propias y las comunes por mitad según por las razones contenidas en el en el Fundamento Quinto de la presente’.

SEGUNDO.- La referida sentencia de fecha 23 de mayo 2012 se recurrió en apelación por la parte demandada, interponiéndose tras su anuncio el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-258-2013-ap-palmas-sec-5-rec-792-2012-20-06-2013-12879381

Fundamentos

PRIMERO.- El recurso de apelación ha de prosperar porque siendo cierto que los gastos de comunidad, que en principio corresponden al propietario de la vivienda, pueden ser asumidos por el arrendatario para ello es necesario que se pacte expresamente en forma escrita, tal y como figura en la estipulación novena del contrato de arrendamiento objeto de litigio, pero además es necesario que a la fecha del contrato se determine el importe anual de esos gastos ( art. 20 LAU ), y ello obedece a que para que sean obligatorios para el arrendatario éste debe conocer cuales son esos gastos que asume y aceptarlos a la hora de suscribir el arrendamiento pero tal exigencia, de previa determinación de su importe anual al tiempo de la suscripción del contrato de arrendamiento, no puede tener un alcance tan absoluto que impida que su pago sea asumido por el arrendatario cuando conoce su importe de inicio y los paga, sin embargo, en el caso de autos la arrendataria y aquí apelante doña Felicidad negó haber pagado gastos de comunidad en ningún momento por no estar obligada a ello pese al tenor literal del contrato locativo, en todo caso dejado sin efecto ex post en este punto.

En cambio la parte arrendadora apelada alegó en su demanda que la arrendataria abonó tales gastos de comunidad desde el inicio de la relación arrendaticia pero que dejó de abonarlos desde el año 2008 en adelante, pero no prueba su afirmación, esto es que la recurrente hubiera pagado tales gastos de comunidad hasta ese momento, siendo que no puede probarse un hecho negativo cual es el no pago de los gastos comunes. La carga de la prueba de tal hecho ( art.217 LEC ), de su pago, corresponde a quien lo afirma, a la arrendadora, no a quien lo niega, pues es claro que de haberse abonado en alguna ocasión constaría algún recibo o ingreso bancario efectuado por la recurrente.

De otro lado no consta requerimiento o reclamación extrajudicial alguna, de la arrendadora a la arrendataria, reclamando el pago de los gastos de comunidad. Además el secretario de la comunidad de propietarios certificó que la arrendadora domicilió el pago de las cuotas comunitarias en su c/c bancaria desde agosto de 2005, esto es en fecha posterior a la celebración del contrato de arrendamiento celebrado con la apelante. La propia arrendadora comunicó (doc. 2 de la demanda) a la arrendataria que el pago del importe de las rentas debía hacerlo en la c/c que indicaba, distinta de la anterior, a la vez que hacía indicaciones sobre el pago de los suministros de agua y luz pero nada dijo sobre el pago de gastos de comunidad.

Por último aunque el documento nº 4 aportado por la demandada y aquí apelante en la vista oral fue impugnado por la parte actora y no fue objeto de la prueba pericial caligráfica, sin embargo su contenido, reconociendo la arrendadora que desde agosto de 2005 había dejado sin efecto la obligación de la arrendataria de pago de gastos comunes contenida en la estipulación novena del contrato de arrendamiento, que puede ser adverado por cualquier medio probatorio, resulta coherente con la indicación de la Comunidad de Propietarios de que la arrendadora tiene domiciliado el pago de la comunidad desde agosto de 2005 en la c/c que les indicó aquella y con la ausencia de prueba alguna de que la arrendataria hubiera abonado en alguna ocasión tales gastos. De todo lo cual resulta no probado que la arrendataria asumiera el pago de los gastos de comunidad.

Así las cosas habiendo considerado el juez a quo que al tiempo de la interposición de la demanda de desahucio no se adeudaba ninguna mensualidad de renta, lo cual no ha sido impugnado en esta alzada por la parte arrendadora, y circunscribiéndose los incumplimientos contractuales imputados a la parte arrendataria al pago de los gastos de comunidad la estimación del recurso de apelación comporta la íntegra desestimación de la demanda, absolviendo a la demandada de sus pedimentos con expresa condena a la parte demandante al pago de las costas procesales de la primera instancia ( art. 394 LEC ).

SEGUNDO.- No procede hacer pronunciamiento condenatorio alguno en cuanto al pago de las costas de esta alzada ( art. 398 LEC ).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

Fallo

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Felicidad contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Las Palmas de GC de fecha 23 de mayo de 2012 , en los autos de Juicio Verbal nº 1517/2009, y en su lugar desestimamos la demanda interpuesta por don Luis Francisco , en nombre y representación de doña Celsa , contra doña Felicidad absolviendo a la demandada de las pretensiones deducidas contra ella con imposición a la actora de las costas procesales de la primera instancia y sin que proceda hacer condena alguna respecto al pago de las costas procesales de esta alzada.

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes, y con certificación de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de Procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.-




2017: el experimento #VidaLaietana y el edificio 15-O ocupado en el 2011 en el barrio de Verdum.

Conversión de edificios a ALQUILER PÚBLICO Y ASEQUIBLE

Creemos necesaria la comparación de las dos experiencias, sobre dos procesos que pudieran haber tenido el mismo resultado pero el desenlace feliz sólo ha sido para el primero: #VidaLaietana . Esta entrada pretende poner en alerta a las entidades que luchamos por el derecho a la vivienda para no cometer errores que son dolorosos y costosos a largo plazo para familias y activistas. Nos referimos a la ocupación de edificios públicos, de inmobiliarias o de entidades financieras.

més de 300 persones muntaen una assemblea a la plaça de Verdum

El 15 de Octubre del 2011, en plena efervescencia del movimiento 15-M, se realizó una manifestación bajo el lema: l’indignació a l’acció … mobilització mundial. Había 3 columnas de colores y la verde reivindicaba el derecho a la vivienda. Un sorprendente dispositivo en que participó nuestra asociación llevó esa columna verde de + de 1500 personas en metro desde plaza Catalunya a NouBarris y ayudaron a ocupar un edificio que estaba vacío desde hacia años, en el barrio de Verdum propiedad de Cajamar. La alegría desbordante del éxito siguió al alojamiento de alguna de las familias que esperaban un techo en nuestro distrito en un momento en que los desahucios ya caían a plomo en el que sería el distrito más castigado del país.

Recién llegado a la alcaldia Xavier Trias, de CiU, en un discurso en el cercano parque de la Guineueta, dos días después, renegaba de esas prácticas anti-sistema. Se creo una asamblea de gestión del edificio y poco después llegaban los primeros problemas junto a nuevas familias por el efecto llamada. A la asamblea se presentaron los antiguos propietarios del solar donde en permuta tenían tres pisos. Junto a ello, la aparición de los Servicios Sociales centrales del Ayuntamiento y los Mossos de Esquadra primero camuflados y después en servicio oficial. Los Servicios Sociales y el responsable de comunicación de la Alcaldía rápidamente se pusieron en contacto asegurando su interés en buscar soluciones al conflicto

La asamblea tomó un portavoz para la prensa y televisión que llegaba ávida de las formas nuevas de lucha. Los conflictos dentro de la asamblea de familias, activistas y gente del barrio se dieron en varios frentes:

  • Los Servicios Sociales centrales del Ayuntamiento buscaron tener información de las familias para encontrar vías de comunicación y ayuda. Un sector de los ocupantes principalmente activistas se negó a ninguna negociación.
  • Un sector mayoritario de la asamblea se negó a respetar las viviendas de las familias que habían negociado con el constructor la permuta.
  • Un sector mayoritario de la asamblea se negó a abrir la posibilidad de negociar la compra del edificio por el Ayuntamiento, a precio de saldo a Cajamar, para convertir las viviendas en pisos sociales.
  • La Asociación de Vecinos de Verdum, en una profunda crisis desde hacía muchos años, nunca dio soporte a la ocupación y por lo tanto a contrabalancear una salida negociada. Igualmente La Coordinadora de Avv y entidades de Nou Barris tampoco quiso entrar en el conflicto social de denuncia que suponía aquella ocupación. El movimiento vecinal nunca entendió desgraciadamente la conversión de la vivienda como un objeto financiero en la crisis que se estaba cociendo en todo el planeta y la problemática de los desahucios que ya caían a plomo en el distrito
  • Si el movimiento 15-M que dio cobijo a la ocupación, permitió ver con simpatía la ocupación, los conflictos dentro del edificio, algún que otro incendio en uno de los locales y el enfrentamiento con algunos jóvenes del barrio malbarataron esa simpatía inicial.

Nuestra Asociación, defendió desde el inicio, que con el soporto del vecindario era posible una negociación pública de las condiciones de vida de las familias, la mayoría en paro y con niños. El proceso aunque complejo suponía de facto aceptar que las políticas sociales de vivienda  y servicios sociales  estaban fallando en muchos aspectos. Con los meses, los canales de comunicación se cortaron y las familias algunas con problemáticas complejas se quedaron a merced de las circunstancias.

Defendimos a ultranza la conversión del edifico en viviendas de alquiler público y asequible para lo cual el Ayuntamiento o la Generalitat debería comprar a precio de tanteo y retracto el edificio abandonado. No era una idea descabellada y seguramente hubiera dado una salida distinta a la constitución del Banco malo que ha sido un desastre financiero para el país. El sector mayoritario no estaba de acuerdo, en otras palabras quería vivir ocupando sin más y supuestamente consolidar esa ocupación.

Nuestra entidad para dar un vuelco a la campaña de prensa contra la ocupación que se inició vimos en los propietarios de la permuta una oportunidad para dar el vuelco. Aceptar su derecho a las viviendas de la permuta y demostrar que los “ocupas” respetábamos la propiedad de esas familias estafadas en la burbuja. Con el sector mayoritario no fue posible llegar a ningún acuerdo. No quisieron respetar esas viviendas y supuso un enojo importante en el barrio, porque eran una familia conocida, que provocó enfrentamientos con vecinos.

Nuestra asociación después de algunas semanas dimitió como portavoz de la asamblea por no tener un apoyo mayoritario y poco después abandonamos la asamblea del edificio porqué creímos que las decisiones tomadas no se correspondían con los objetivos iniciales. Las asambleas del 15-M de Nou Barris que se celebraron en la plaza contigua al edificio se fueron vaciando hasta que se decidió volver a la marquesina de la Vía Júlia.

Con los meses se iniciaron los conflictos entre familias y entre familias y activistas ocupantes del edificio, donde las asambleas interminables agotaban a gente poco acostumbradas a esas dinámicas. Los tímidos intentos de enraizar en el tejido asociativo después de lo acontecido se hicieron más complicados (1). Hubo un incendio. “Desaparecieron” partes estructurales y materiales de la obra que aún quedaban para acabar el edificio y un largo sinfín de problemas con el agua, la luz, etc. Seguramente no nos dimos cuenta de la magnitud del cambio de lo que proponíamos pero recientemente alguna familia en los medios de prensa, después de las recientes ocupaciones en la ciudad, han pedido la intervención en el sentido que propusimos hace 6 años: la conversión del edificio Almagro en viviendas sociales – alquiler público- del Ayuntamiento.

Una CRONOLOGIA DE LOS HECHOS:


Nuestra Asociación participó en la reivindicación de diversos colectivos de Barcelona para que el edificio de Via Laietana se convirtiera en alquiler publico. El acuerdo con el Ayuntamiento actual había inspirado nuestras propuestas con el edificio del 15-O de la calle Almagro:
salva TORRES


(1) Blog del edificio Almagro – 15O- actualizado del octubre del 2011 al 2012.

(2) comunicat de premsa sobre acord amb equip Govern municipal.




LLoguer social: negoci privat o servei públic de qualitat?

La manca d’un veritable parc d’habitatge públic de lloguer l’ha reduït a un calaix de malendreços

El menysteniment d’aquest model ha estat una constant durant dècades.

Pisos buits, edificis en mal estat, finques mal administrades i l’aplicació dura de la LAU han estat els mals endèmics.

La cultura patrimonialista dels gestors, de dreta o esquerra, ha estat l’ADN d’una gestió opaca fins ara.

Una declaració de principis.

Avui una tercera part de les llars de Catalunya viu al límit. No poden fer front a cap despesa extra que no sigui menjar o vestir i fins i tot això és complicat. No fa falta donar gaires dades. L’anomenat precariat, aquells ciutadans o llars que viuen en menys de 1000€ són majoritaris als carrers de pobles i ciutats de Catalunya.

De tots els drets robats en nom de la crisi, potser un dels importants és l’habitatge. Sense ell no hi ha projecte de vida (el 75% dels joves viuen amb els pares). Majoritàriament el nou precariat ja no viu en habitatges en propietat o el perdrà en els propers temps. En el mercat de lloguer la relació ingressos/ renda de lloguer ja fa temps que no guarda relació en una estructura salarial en espiral deflacionista. No és d’estranyar que el 70% dels desnonaments a Barcelona siguin per impagament de la quota del lloguer. Quan això succeïx cau sobre el llogater tot el pes dictatorial de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans). Una de les lleis més regressives d’Europa.

El mercat del lloguer és quasi 100% privat, controlat pel lobby del totxo, bancs i els API, que mantenen preus per sobre de la realitat social xuclant la sang als més pobres. Contradictòriament tots busquen “el lloguer segur” pescant en aigües turbulentes. Una contradicció insoluble en el mercat que acaba ajuntant als pitjor situats: els petits propietaris enfrontats a famílies en precari impossibilitades de pagar rebuts que superen el 50% de la renda disponible. En aquesta guerra entre pobres la LAU resolt a favor de la propietat. És un contracte privat, suposadament de lliure concurrència, on les lleis i la justícia fan prevaler la propietat sobre el dret a l’habitatge.

El dret de propietat immobiliari exerceix una fèrria dictadura sobre el dret a un habitatge digne i assequible i sumeix en un fosc futur a una societat incapaç d’imposar-se a la dictadura patrimonialista del lobby financer-immobiliari. Si la Justícia, que es jutge i part, imposa les condicions del forts, l’Administració mira cap a l’altra costat adduint que en els contractes privats no si fiquen. Abans l’equip de Govern de l’alcalde Trias i ara l’equip de Colau saben que hi havia i hi ha un problema amb els desnonaments de lloguer a la ciutat comtal.

… El dret de propietat immobiliari exerceix una fèrria dictadura sobre el dret a un habitatge digne i assequible i sumeix en un fosc futur a una societat incapaç d’imposar-se a la dictadura patrimonialista del lobby financer-immobiliari.

Algú té una solució habitacional estable pel precariat?

Les dades de la Taula del Tercer Sector, avalades per la mateixa Administració, indiquen que 70.000 llars a Barcelona necessiten un contracte estable de lloguer que no superi els 100€ de renda mensual. Tot inclòs. Aquest hauria d’esser l’abast mínim d’un parc d’habitatge públic a Barcelona que no existeix. Però que no existeixi no vol dir que avui 300.000 persones de la nostre ciutat esperen una solució malvivint mentre hi ha milers de pisos buits. Estem parlant doncs de 70.000 habitatges d’emergència social o, dit d’una altre manera, de lloguer molt assequible.

Els tenim, però no estan accessibles perquè interessos molt poderosos controlen el mercat. Guanyar el debat a l’opinió pública sobre la necessitat d’aquest parc d’habitatge no pot quedar circumscrit només a un problema de beneficència. Aquesta reducció en portaria a construir guettos als quals apartaríem als perdedors d’aquesta injusta societat.

No, nosaltres parlem d’habitatge públic de lloguer com un dret de qualsevol ciutadà, tant guany molt o poc, a un habitatge digne i assequible a les seves possibilitats raonades entorn del 20 al 30% de la renda disponible. Tothom paga impostos i tothom se’n beneficia dels drets ciutadans. Aquest és el debat necessari per a una opció estable econòmica, legislativa, jurídica i socialment. Senzillament és posar l’habitatge al marge del mercat.

Però necessitem una segona condició. No acceptem una aplicació restrictiva amb contractes temporals als quals estan subjectes actualment els llogaters, fruit de les modificacions legislatives del PPsoe a la LAU, que han convertit el lloguer en la particular dictadura de l’arrendador. No és possible un projecte estable de vida amb contractes de 3 anys renovables any a any.

Dret o beneficència. Habitatge protegit i llogater desamparat.

Barcelona té ara un parc d’habitatge social que en prou feina supera els 10.000 habitatges i ara sí que està ple. Alguns habitatges dotacionals de joves fins i tot han estat venuts a fons d’inversió privats (SOCIMI). En aquest petit parc d’habitatge el paper de l’Administració, en el nostre cas, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha estat nefast durant décades.

Lluny de ser un model, el parc d’habitatge ha patit com mals endèmics els pisos buits, edificis en mal estat i finques mal administrades. La cultura patrimonialista dels gestors, de dreta o esquerra, ha estat l’ADN d’una gestió opaca que ha primat la lògica del mercat privat, altres cops la beneficència i l’aplicació dura de la LAU.

El menysteniment del parc d’habitatges ha estat una constant durant dècades per part dels gestors públics. Aquests habitatges eren una molesta càrrega de la que calia desempallegar-se. I els llogaters eren beneficiaris, no d’un dret, sinó de beneficència i per tant sempre sospitosos d’enganyar. Hem arribat a situacions inversemblants amb habitatges buits per llargues temporades tapiats amb portes de ferro o, per contra, quotes de lloguer que han superat fins i tot al mercat privat. Les irregularitats en els cobraments dels extres o del manteniment han igualat al Consorci amb les pràctiques més dubtoses del mercat privat.

Molts cops l’habitatge públic s’ha convertit en una mena de barraquisme vertical on s’han ajuntat problemàtiques socials amb atur, famílies desestructurades, etc que reforçava d’una banda el caràcter exclusivament assistencial i, per un altre costat, una opinió pública en contra. Si l’habitatge social era mal vist, com un malbaratament de recursos, l’opció neoliberal, l’opció patrimonialista d’accés a l’habitatge es reforçava i reforçava encara més la bombolla immobiliària, que a fi de comptes era el que interessava

L’aposta del Govern Trias a l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat des de sempre va ser donar un paper dominant en l’habitatge social a les entitats del tercer sector i especialment a Càritas, organització catòlica en mans del Bisbat de la ciutat, reforçaran el caràcter assistencial del lloguer social i públic allunyant-lo encara més del seu caràcter de dret social bàsic. No és casualitat, que Càritas, rebi donacions de pisos dels bancs enlloc de cedir-los a l’Estat que els hem salvat amb els diners de tots. És un apropament cada cop més descarat al model anglosaxo i tatcherià. Per aquesta raó, nosaltres reivindiquem l’habitatge públic com un dret fonamental dels ciutadans i per tant un dret exigible a l’Estat. Té un nom: lloguer social universal.

… Aquests contractes de lloguer públic per tant no serien de naturalesa estrictament civil i patrimonial, sinó que les seves condicions i les quotes a satisfer serien part de la prestació del servei públic.

(*)Caminem cap a un altre model possible…

Dins del marc legal actual, diversos advocats i urbanistes, així com sentències europees i estatals permetrien modificar els paràmetres en el que es mou la gestió de l’habitatge públic i social tant a la ciutat com al país. La Disposició Adicional Primera de la LAU permet establir un règim diferenciat als contractes de lloguer dels habitatges en alguna de les modalitats de promoció pública. Aquests contractes podrien no estar subjectes a la legislació en matèria civil i patrimonial.

En primer lloc, la seva adjudicació està subjecta a un procediment de concurs transparent en base a uns criteris preestablerts. En segon lloc, les rendes venen marcades per llei i finalment les condicions no són objecte de la suposada llibertat contractual civil. El lloguer públic s’aproparia més a la prestació d’un servei públic i, per tant, seria el desenvolupament d’una competència de l’Administració en matèria d’habitatge que donaria servei mitjançant els contractes subscrits amb els seus llogaters. Aquests contractes per tant no serien de naturalesa estrictament civil i patrimonial, sinó que les seves condicions i les quotes a satisfer serien part de la prestació del servei públic.

Això és important, perquè en la venda a fons voltors del parc d’habitatge a Madrid o Barcelona, caldria preguntar si les garanties als llogaters no haurien d’haver estat incloses en els plecs de condicions de la venda. Aquest matis és fonamental doncs els concursos de compravenda no solament han estat mancats de transparència i concurrència en el cas de Barcelona, sinó que les condicions de prestació del servei públic dels habitatges socials estan avui en dubte. En el cas dels habitatges de joves, considerats equipaments dotacionals, afegirien encara més llenya a la discussió.

D’altra banda, els contractes de lloguer social estarien determinats per les lleis de protecció del consumidor en aquest cas d’un be fonamental com és l’habitatge. El Tribunal de Justícia de l’Unió Europea (TJEU) ha legislat profusament sobre la matèria en clàusules abusives com la revisió unilateral de les condicions dels contractes de lloguer social que podrien causar la pèrdua de l’habitatge habitual. Aquesta qüestió es podria judicialitzar en tant la revisió unilateral de les condicions podria resultar una posició d’indefensió del llogater. Aquesta circumstància ja ha succeït a l’edifici privatitzat de pg Urrutia. No són paraules doncs una sentència contra Alokabide ha permès aturar un desnonament per negar-se aquest a revisar una quota abusiva.

… Lloguer Social Universal.

Podria ser la signatura de nous contractes de lloguer objecte d’abús? S’han mantingut les condicions anteriors? La resposta en el cas de Colon Viviendas a Barcelona és no. Des del punt de vista de la jurisprudència actual seria discutible que les condicions dels contractes de lloguer, en prestació d’un servei públic, només es limitessin a la vigència dels contractes. Ha estat molt més greu encara que s’hagi obligat als llogaters a subscriure nous contractes amb les condicions canviades i això podria ser objecte controvertible davant tribunals de justícia civil.

Dit d’una altra manera, en el moment de compra-venda a un tercer, el rellevant no és només l’anàlisi del preu pagat per la venda en l’expedient patrimonial de la Fundació Pisos de Lloguer (i per tant el Consell Comarcal del Barcelonés, REGESA) sinó també les repercussions que aquesta venda tindrà sobre els contractes de lloguer. Per tant seria imputable a Regesa i a la seva subsidiaria Pisos de Lloguer la manca de transparència en tot el procés en un sector com és el de pisos per a joves que hauria de tenir la consideració de regulat.

Aquesta discussió és extensible a tots els habitatges que avui gestiona l’Agència Catalana de l’Habitatge com al Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb tots els pisos d’emergència que està concedint. I és una lluita declarada pel lloguer social universal.

(*) Una part dels raonaments d’aquest article han estat inspirats als webs de Leólo i Urbaniker.

article actualitzat sobre el publicat a habitatgepublic.prouespeculacio.org el 29/12/2014




aplazado! dilluns 3 de juliol 2017 – 9 horas – desnonament a l’Eixample de Marcela, bebe, mare i germana

➡️desnonament a l’Eixample !!!⬅️

dilluns 3 de juliol 9 horas

màxima puntualitat…. !!!! La família demana solidaritat!!!

Ens arriba informació de Marcela que té ordre de desnonament del pis on viu perquè la propietat no va voler negociar ni tan sols amb els mediadors de l’Ajuntament en el seu moment. La propietat senzillament vol desallotjar Marcela, el seu bebé, mare i germana. La propietat va acceptar que li reformés el pis amb els diners de Marcela a fons perdut a l’abril del 2013 i Marcela va pagar fins que el 2015 va tenir dos rebuts impagats. En aquell moment l’Ajuntament va intervenir per pagar tots els lloguers i fer un contracte de lloguer social adient. Però la propietat no vol saber res ni arribar a cap acord amb l’Ajuntament.

LUGAR: calle Marina 319 bis, esquina calle Indústria-  barrio de la Dreta de l’Eixample – Barcelona
LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/FxkpcJqWCvq
HORA: 9 horas
METRO: linia azul- parada Sagrada Familia
Promueve el desahucio: un particular

TAMBÉ T’INTERESSARÀ  ….

La propietat de l’habitatge de la Marcel·la no ha volgut tampoc negociar altre ajornament ….. vol desallotjament a la brava ! Vol que l’Ajuntament, o sigui tots, correm amb les despeses del seu allotjament. El contracte de lloguer no reuneix les condicions legals adients i tot fa sospitar que no està ni registrat ni està declarat a Hisenda. La propietat es beneficia de la justicia però en canvi no cumpleix les seves obligacions legals ni tributàries.

INCASOL certifica que de del 2013 aquest contracte no és públic ni està legalitzat

Els Serveis Socials nomes li ofereixen una pensió per una setmana. Les tres dones estan en atur. Tota el pes de la LLEI, tota la culpa, la crisi i els impagaments…. recauen sobre la llogatera. La propietat no acompleix cap de les seves obligacions legals i se’n surt amb la seva: la INJUSTICIA està de la seva part.

 

Sí… se puede y se debe denunciar al casero por fraude fiscal y por fianza no declarada en el alquiler.

el desahucio de Marcela y familia en la prensa:

Aplazado el desahucio de una mujer con un bebé en la Sagrada Família




Ajornat!!! jueves 29 de junio 9 horas- Desahucio de alquiler de Ana María

Les solidàries al costat de l’Ana el dia del desnonament

➡️Desahucio!!!⬅️ al Guinardó

9 hores jueves 29 junio 2017.

Nos llega información de Ana María que tiene orden de desahucio del local – vivienda porqué la propiedad no ha querido negociar ni siquiera con los mediadores del Ayuntamiento. Sencillamente quiere desalojar a Ana María y no ha querido alargar el contrato de alquiler hasta que su inquilina tuviera asignado el piso de emergencia que tiene concedido, lo que significaría sólo alargar la estancia más allá del verano.

La propiedad no ha querido negociar ningún aplazamiento….. quiere desalojo a la brava!. Quiere que el Ayuntamiento, o sea todos, corramos con los gastos de su alojamiento mientras se le asigna el piso… pero en cambio no ha hecho nunca un recibo de la renta que la cobraba por transferencia.

LUGAR: calle Lluís Sagnier nº 74, esquina calle Amilcar barrio del Guinardó (districte Horta-Guinardó) – Barcelona
LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/LCGpn81UY882
HORA: 9 horas
METRO: linia azul o amarilla- parada Maragall – Los Quinze.
Promueve el desahucio: un particular

La familia tiene nuestra solidaridad y la del barrio.




Estratègies organitzatives davant els reptes polítics i socials del Sindicat de Llogaters de Barcelona

D’aquella pols, vénen aquests fangs

Portem mig any llarg des de l’inici de les primeres reunions per construir a la ciutat de Barcelona el Sindicat de Llogaters i Llogateres. Per part de la nostra Associació ha estat sempre un dels reptes més importants l’organització dels llogaters. En els anys de l’esclat de la bombolla immobiliària, quan tots els focus mediàtics mostraven el naufragi hipotecari, érem de les poques veus a la conurbació barcelonina que vam fer costat a les llogateres dins la defensa del dret a l’habitatge de tothom…. Fèiem una lluita unitària que continuem practicant avui dels hipotecats que poden perdre l’habitatge però també del precariat se les té amb la propietat, les habitacions llogades o la ciutadania que ocupa vivint en un estat continuat d’angoixa.

Des del 1985, quan la LAU – Llei d’Arrendaments Urbans- i el ministre Boyer va acabar amb la protectora llei franquista dels lloguers de renda antiga, les continuades reformes legislatives perseguint al “inquilino moroso profesional” van destruir el lloguer. Aquestes reformes sempre venien acompanyades d’un discurs hipòcrita sobre “el foment del lloguer”. En realitat, passava el contrari: al 2009 el nostre país va arribar a tenir el record mundial del 90,1% del parc d’habitatges en règim de propietat (*1). Aquell estrenyiment record del mercat de lloguer, acompanyat de la contrareforma legislativa a l’estat espanyol, va fer impossible tenir un projecte de vida estable com llogater per la desprotecció jurídica. La propietat es convertia en una dictadura on els contractes de lloguer eren i són una munyidora permanent d’extracció rendista professionalitzada del incaut llogater (*2). I a més, el discurs “del foment del lloguer”, permetia i permet, que els ajuts fiscals a la propietat multipliquin per 30 als rebuts pels llogaters – 1 euro de cada 30 van a la propietat-. (*3)

el nostre país tenia el record mundial del 90,1% del parc d’habitatges en règim de propietat. Aquest estrenyiment record del mercat de lloguer, acompanyat de la contrareforma legislativa de la LAU, va fer impossible tenir un projecte de vida estable com llogater per la desprotecció jurídica.

Així doncs, no és d’estranyar que en aquells dies de “vino y rosas” tothom va entendre que “mejor comprar una casa que tirar el dinero alquilando”. La LAU junt a la VPO – Vivienda de Protección Oficial-, beneïdes per PPsoe+CiU+PNV i ara C’s, van ser la incubadora de la societat dels propietaris i de la bombolla immobiliària i la llegenda continuara fins que la derogació de la LAU faci trontollar aquest principi ibèric. Podem afirmar sense error que la LAU i la LEC – Ley de Enjuiciamiento Civil- s’han convertit en les eines per desallotjar el nostre veïnat pobre intercanviat-los, en un procés de gentrificació, per rics compradors de segones o tercers residències o turistes en el hub global en que està immersa Barcelona. D’aquella pols venen aquests fangs on la llei neolliberal – LAU – permet negocis ràpids i sucosos a costa de l’afal·lera inversora estrangera a la ciutat que al 2015 quasi va igualar el total del pressupost de l’Ajuntament per a la ciutat.

Dos apunts més: des del punt de vista residencial Barcelona no és una ciutat europea. El mercat regulat, es a dir, el parc d’habitatge de titularitat pública no arriba al 1% dels 820.000 habitatges en una de les ciutats de l’Estat espanyol amb el percentatge més alt de lloguers: 32%. Són majoritàriament un guetto amb continuats problemes de convivència i control com ho denuncien moltes de les comunitats de llogateres a les que hem donat suport aquests anys. Aquesta gestió dels habitatges, per part de del PMHB – Patronat Municipal de l’Habitatge- i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha ajudat a la mala imatge dels habitatges socials i a la gentrificació de la ciutat . Tornant a les xifres, si sumem als poc més de 6000 habitatges del PMHB, els anomenats pisos socials propietat dels bancs, església catòlica i particulars de la Bossa d’habitatge social… arribem en prou feina al 1,5% . Conclusió: el 98% dels contractes de lloguer es fan en el mercat lliure a la ciutat comtal.

Conclusió: el 98% dels contractes de lloguer es fan en el mercat lliure a la ciutat comtal.

Un segon apunt: sense una radiografia exacta del repartiment de la propietat immobiliària de tota la ciutat en els 820.00 habitatges que la composen serà difícil desplegar les mesures legislatives més adients que necessita la ciutat. Tot fa pensar que l’actual equip de Govern de l’Ajuntament ha iniciat tímidament un mapa d’habitatges buits. Repeteixo, habitatges buits, no parlem d’un veritable mapa de la propietat. És una vergonya, després de 40 anys de “democracia“, en un dels països on la propietat immobiliària té un pes tant important en l’economia, que no hi hagi un cens creuat de la propietat… bé potser és la manera d’emmascarar el frau sistemàtic dels rendistes sobre els impostos directes a la riquesa( frau en el que han col·laborat les successives administracions). Sense conèixer la radiografia immobiliària m’atreveixo a afirmar que una bona part de la propietat està en petites mans però aquesta nova bombolla inversora que vivim concentrarà la propietat en una poques SOCIMIS que van néixer legislativament per aquesta raó de les mans del PPsoe. (*4)

Enriquits, subvencionats i defraudadors

Aquest subtítol no està redactat per a ser cridaner sinó per focalitzar l’objecte real contra el que lluitem les llogateres a Barcelona.

Una gran part dels diners es creen en l’enginyeria financera no a la productiva, en el que els economistes clàssics diuen “ingressos no guanyats pel treball sinó per la possessió d’un títol“. Més del 70% dels préstecs bancaris són al sector immobiliari o béns arrels – real state-. El valor d’un edifici d’habitatges o oficines val el que el banc està disposat a finançar. I són els bancs comercials els que determinen la quantitat de crèdit que autoritza el BCE – Banc Central Europeu- i no a l’inrevés.

La Reserva Federal i després el BCE, en els darrers anys, han creat del no res milers de milions d’euros – quantitative easing– comprant actius immobiliaris a la Banca per buidar els seus balanços d’actius tòxics “enriquint les entitats financeres amb diner fresc“. Aquest programa de compra massiva de deute titulitzat del BCE – no és un préstec a interès al banc, és el BCE que està comprant deute – és el que ha permès a la banca, amb aquest diner fresc a la guardiola, llençar-se a  la compra massiva de béns arrels (*5) mitjançant el fons voltors apalancats a paradisos fiscals. Primer van ser els Blackstone (Anticipa Real State) des dels USA – inventors del quantitative easing- i després tots els fons d’inversió establerts al paradís fiscal de Luxemburg que arriben a Barcelona comprant la morralla hipotecaria, edificis sencers, hotels, centres comercials… I no deixem de banda les SOCIMI (*6) espanyoles participades per la Banca quasi al 100%. Aquest monstre determina la classe d’economia que hi haurà a la ciutat en els propers anys. Són els que creen els diners, són els que diuen qui té crèdit i que és el que no en té. Encara que tard els nostres conciutadans més rics s’afegeixen després a la festa. I no oblidem els turistes que en el deliri inversor són els convidats de pedra que arriben amb “el low-cost” com molts dels nostres compatriotes fan en altres contrades. Els turistes no són la causa sinó la conseqüència d’un pla traçat des de fa anys on diners, inversions, lleis i empreses s’uneixen per expulsar la gent i prendre’ns el valor històric i monumental de la ciutat, robar-nos el valor intangible de Barcelona, per a monetitzar-la i vendre-la millor.

Com el 98% del mercat de lloguer de la ciutat es lliure, sense restriccions, està abonat el terreny perquè el procés d’expulsió del veïnat més pobre es faci real a la finalització de qualsevol contracte. Tot i així, els enormes avantatges fiscals per als propietaris serveixen per justificar el discurs hipòcrita del “foment del lloguer” de manera que propietaris físics com jurídics – SOCIMI, – “estan subvencionats en tots els conceptes“: despeses, manteniment, etc i s’apliquen igualment una amortització anual de la seva propietat.

La mesura que es vol introduir al “Plan estatal de Vivienda 2017-20” (*7) de subvenció de lloguers fins a 600 euros- o 900 si són joves-  ni tant sols es aplicable a ciutats com la nostra. Els ajuts al lloguer per a famílies sense recursos són en realitat ajuts al propietari perquè cobri el rebut, que no ens vinguin amb excuses! Són inflacionistes, els propietaris saben qui els pot cobrar (*8). Els donen les comunitats autònomes i el llogater no arriba ni a veure els diners per evitar que els malgasti en menjar. El PP els va criticar al PSOE quan van aprovar els ajuts a l’emancipació de joves però tot sembla que aquest Pla estatal tirarà endavant amb 28 vots a favor i 8 abstencions com senyalitza EL PAIS en la seva noticia. Com és possible…. l’esquerra no hi ha votat en contra a la Comissió? (*9)

Tot i les descomunals avantatges “el frau fiscal” en el mercat del lloguer és enorme sobre tot en el petit propietari. Donem fe del que diuen els portaveus de GHESTA – sindicat dels inspectors d’Hisenda – que expliquen com any rera any l’ocultació de lloguers supera els 3000 milions d’euros. Molts dels desnonaments de llogaters que ens arriben tenen contractes no declarats perquè la fiança no està registrada. Per què no es subvenciona el lloguer en el IRPF? La desgravació fiscal al llogater és opaca a la propietat i, al mateix temps, delata als defraudadors quan es creuen els descomptes dels llogaters i la declaració de la renda dels propietaris.

assemblea presentació Sindicat Llogaters al Casinet de Hostafrancs

Un moment dolç de la mobilització social pels drets dels llogaters

La situació s’ha agreujat a tota Barcelona no només per la pujada desmesurada de preus i l’enorme quantitat de desnonaments de lloguer i precari. També han desaparegut els cartells de lloguer d’habitacions als locutoris, un desesperat refugi habitual per a famílies i ciutadans amb moltes dificultats. Finalment el estrenyiment de l’oferta de lloguer en tots els segments (torna a ser rendible la venda) fa molt complicada la gestió dels 44.000 contractes de lloguer que com a mitja es renoven cada any a la ciutat. Als barris més perifèrics no poden deixar de recordar la gran bossa d’habitatges ocupats per llars que no tenien altra alternativa per viure aixoplugats.

El que la nostra associació no va aconseguir al llarg dels anys de la bombolla ara és possible pel cúmul de circumstàncies esdevingudes i explicitades en aquest document. En aquest panorama, l’arribada “dels millennials” – generació NO CREDIT NO DEBT- i les especials circumstàncies del turisme a determinats barris a fet sorgir la idea de la defensa dels llogaters. La constitució fa uns dies del Sindicat de llogaters, en la qual estem implicades vàries entitats, farà donar un salt qualitatiu a tota la ciutat. Però no ens serà gens fàcil doncs el marge legislatiu no permet gaire alegria. Haurem de treballar la denúncia de que quasi tots els contractes de lloguer són en realitat abusius doncs són d’adhesió i moltes clàusules que contenen també són abusives. Però serà el treball barri a barri, carrer a carrer, el que permetrà l’autorganització de les llogateres en problemàtiques que molts cops són diferents entre barris com el Raval amb una pressió turística brutal o la zona nord de la ciutat amb l’index més alt de desnonaments de la ciutat i del país.

Estem parlant doncs de la territorialització de la lluita però també de la personalització, del coneixement mutu, etc…. El sindicat haurà de conviure doncs entre una estructura centralitzada que permeti aixoplugar les forces però al temps sumi les sinergies de cada barri que generem les organitzacions barrials coneixedores del teixit associatiu i de les complexes trames urbanístiques i habitacionals que genera la conurbació barcelonina. Aquests serien doncs en la meva humil opinió els reptes organitzatius del Sindicat de Llogaters: estructura centralitzada, consell d’entitats de suport, territorialització de la lluita, sinergies transversals i verticals entre barris, entitats i sindicat. Ningú s’ha de dissoldre perquè ha arribat el Sindicat. El Sindicat de Barri del Poble Sec ha fet una aproximació encertada de tot plegat:

Hi ha un repte més que volia deixar per al final. La creació del sindicat no pot convertir-se en una eina per separar la ciutadania en problemàtiques diferents segons l’accés a l’habitatge: hipotecats, llogateres i ocupes. El que ha demostrat aquesta crisi és que un hipotecat pot convertir-se en llogater i després en un ocupa. Ni podem permetre episodis on hipotecats fan contractes il·legals a llogaters que els paguen els rebuts de la hipoteca o permetre la criminalització de l’ocupació o el desnonament de famílies d’habitacions o infra-habitatges. Això ho haurem de combinar amb un treball de pressió i acompanyament barrial sobre el sistema dels Serveis Socials i emergències municipals que permeti el millor tractament possible a les llars en risc habitacional. El mapa el·laborat pel Poble Sec mostra una rica complexitat que no pot ofegar-se en una estructura vertical massa centralitzada del Sindicat ni oblidar que les associacions de veïnes i molts casals de barri són centres que ajudaran en la tasca del dret a l’habitatge digne a Barcelona.

El manifest fundacional del Sindicat de Llogaters és lo suficientment genèric perquè es permetin interpretacions diferents que poden conviure. Però la indefinició també pot ser un perill a mig termini. Haurem de bregar amb les diferències… avançar discutint, divergint i que les majories dels afiliats guanyin.

I com deia un tuit recent: Creemos que la labor de los sindicatos de inquilinas deben transcender de la de simples lobbies. (*10)

Salva TORRES, activista de asc.500×20


(1) López, Isidro – Rodríguez, Emmanuel, (2010), Fin de ciclo, Madrid -España, Traficantes de Sueños… pg.238 reseña 23

(2) Com en totes les generalitzacions hi ha l’excepció … en sabem de propietaris que són conscients de la funció social de l’habitatge
(3) Salva TORRES, 2016, Las ventajas fiscales para los arrendadores, 500×20.prouespeculacio.org
(4) Salva TORRES, 2016, Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto, 500×20.prouespeculacio.org
(5) Europa Press, El balance del BCE rompe la barrera de los 4 billones de euros, Publicado 05/04/2017.
(6).Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
(7) lamoncloa.gob.es Plan estatal de Vivienda 2017-20.
(8) nadaesgratis.es, Problemas del Nuevo Plan Estatal de Vivienda.
(9) elpais.com, El próximo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020 busca impulsar el alquiler.
(10)


Manifiesto

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Inquilinos precarizados, caseros y fondos de inversión inmobiliaria en conflicto

La lucha por el mercado libre de alquiler ha llegado a Barcelona

Después de una década de crisis, el 50% de la población de Barcelona vive por debajo de rentas de 1000 euros. A su vez, la nueva generación que algunos le llaman millennials, escaldada de la banca mira con mucho recelo el crédito bancario hasta el punto de que las entidades financieras tienen estrategias personalizadas para capturar a incautos. El resultado, para el llamado precariado, es que no tiene el perfil financiero para acceder a la compra de una hipoteca pero tampoco para acceder a un contrato de alquiler con condiciones draconianas.

Los Bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, Api’s, etc dividen a los potenciales inquilinos por perfiles financieros asegurando los mejores para la fórmula “alquiler seguro”(*1). En el lado de los arrendadores tendríamos al pequeño propietario marginal que ha acumulado uno o más pisos por herencia familiar, al inversionista que quiere hacer “negocio” usando una vivienda arrendada y a los propietarios de múltiples viviendas o edificios por herencia o compra. Más allá tendríamos a los grandes tenedores: inmobiliarias de bancos, fondos de inversión inmobiliaria, SOCIMIS, grandes familias y la Iglesia católica que es un caso aparte porque no paga impuestos.

Es en esta última franja donde nuestro país se esta produciendo una revolución del mercado, como hemos explicado, por la entrada masiva de capital especulativo. El PPsoe+CiU+PNV lleva años preparando el terreno en lo que sería una acción deliberada o que el lobby financiero-inmobiliario tiene mucha influencia entre sus señorías en los pasillos del Congreso de Diputados. No sólo han desarmado al inquilino con sucesivas reformas legislativas sino que han mejorado el poder financiero de los propietarios cambiando las condiciones fiscales para crear el llamado “mercado profesional del alquiler” con las SOCIMI que representaran un caballo de Troya contra los pequeños propietarios. Claro, todo se justifica con lo de facilitar el alquiler.

Asistimos a una batalla por el control del parque de vivienda en este país sobre todo en las ciudades. Por un lado, el tinglado inmobiliario de la Banca tiene cautivo el mercado de la vivienda en propiedad al controlar el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.

Por otro lado, el control lo extenderá al mercado de alquiler bajo ese eufemismo de “mercado profesional del alquiler“ cuya materia prima ha sido la compra masiva del parque de vivienda más nuevo y valioso a precios de derribo después que el Estado ha cubierto las pérdidas de las Cajas de Ahorro y la Sareb. Ese largo medio millón de viviendas hubieran sido la base de un parque de vivienda pública de alquiler asequible, hoy, son el vehículo disfrazado de la misma banca nacional o extranjera que les facilitará la fijación de rentas de alquiler al poseer la mayoría y mejor oferta del mercado. Igualmente, las ventajas fiscales les darán una oportunidad inigualable respecto de los pequeños caseros lo que les permitirá aplicar una agresiva política de rentas de alquiler. Este dominio del llamado “mercado profesional del alquiler” también se verá reforzado por el control de los perfiles financieros y de solvencia de los arrendatarios a través de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito dentro de la colaboración entre banca y fondos inmobiliarios. Asimismo, las tareas de mantenimiento de grandes propiedades y edificios abarata los costes de reparaciones y pagos, gestión de cobros e impagados. Y la ventaja competitiva la cerraran con el poder disuasorio de un ejército de abogados capaz de agilizar los desalojos por impago de alquileres uno de los dolores de cabeza de los pequeños propietarios.

Los pequeños propietarios no pueden competir con este mercado profesional de alquiler pero nunca se enfrentaran a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar su peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en “una guerra entre pobres” con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos.

Hay una izquierda que apuesta por esa opción: derribar todos los obstáculos legislativos a las SOCIMI con esa fiscalidad ventajosa y no quieren cambiar ni una coma de la actual LAU (*2). Basta leer los documentos de Fundación Alternativas, del Psoe, cuya presidenta es la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Delegan en las SOCIMI, como Azora (*3), creadas con el material de la Sareb, para generar un volumen de negocio que irrumpa en el mercado libre o subvencionado en lo que debería haber sido el papel del Estado con un parque de vivienda pública de alquiler.

Ese trabajo sucio legislativo y patrimonial ya lo han hecho durante la crisis y sus resultados son observables porqué la guerra de pobres se ha agudizado en los desahucios del alquiler entre precarios y propietarios particulares. Esta configuración del mercado de alquiler tiene como efecto la existencia de miles de pisos vacíos de pequeños propietarios que se deterioran sin uso por miedo a los problemas con los inquilinos. Para esto tienen una solución: el alquiler social subvencionado. Pero son palabras: en un país con el presupuesto intervenido por la Troika comunitaria no hay dinero para una política de ese colosal tamaño.

Salva TORRES

1.- Eleconomista.es / El temor al impago dispara los productos de alquiler seguro.
2.- Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado professional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años.
3.- Azora, Anticipa, Anida, Solvia, etc serían ejemplos muchos de ellos a cobijo de fondos públicos pagados desde la Sareb.



El alquiler social hace aguas en Barcelona ante una especulación inmobiliaria desaforada.

Los bancos se niegan ahora a ceder más pisos para emergencia social

Se veía venir. La Regidora d’Afers Socials del Ajuntament de Barcelona, Laia ORTIZ, ha reconocido a los medios de comunicación que cada vez hay más dificultades para obtener pisos para la Bossa d’Habitatge Social.  Los mecanismos legales que permiten al Consistorio obtener vivienda para emergencia social en el mercado se agotan: acuerdos con los bancos, con particulares y con entidades sociales. La ciudad sólo dispone de 6500 viviendas públicas ( después de 40 años de democracia) y el plan de construcción de vivienda pública para llegar a 10.000 viviendas en el 2019 tiene su propio ritmo. Lo que retrocede son los pisos sociales cedidos propiedad de entidades financieras, de entidades sociales, de la Iglesia católica y de particulares. De hecho, el programa estrella del gerente de vivienda del Ayuntamiento, Javier Burón,  la captación de pisos privados para alquiler social, este año 2016 ha fracasado como ocurrió en su momento en Euzkadi.

Por contra, la maldecida AirBNB ofrece en la ciudad 8.500 pisos  y el PEUAT cifra en 15.000 los pisos turísticos de la ciudad. La oferta turística duplica por año el parque de vivienda pública después de 40 años de “democracia” ¿Alguien será culpable… no? Desde el punto de vista de la emergencia habitacional, el problema son los pisos turísticos que retrotraen oferta del mercado del alquiler para el turismo, pero no los confundamos con las habitaciones. Si una familia empadronada y viviendo en su piso ofrece una habitación para complementar su renta… NO RETRAE ESA VIVIENDA DE LA OFERTA del parque de alquiler del mercado libre. En Barcelona. hay 165.000 pisos que no son vivienda habitual, que no vive una unidad familiar censada, ese debería ser el objetivo de la disputa.

A pesar de un esfuerzo inversor enorme de 160 millones de € para el 2017, la Casa Gran – Ayuntamiento- se enfrenta a un mercado inmobiliario desaforado que engulle más y más dinero, con precios medios por las nubes. Si la ciudad claudica a sus exigencias, el afán del Ayuntamiento de buscar vivienda social en ese mercado puede convertirse en un suicidio financiero del Consistorio. El mercado de alquiler, contratos nuevos y renovaciones, de Barcelona es un mercado reducido de tamaño- 45.000 anuales- . Al mismo tiempo, no existe un parque de vivienda pública que amortigüe el valor medio de los alquileres del mercado libre como en muchas ciudades europeas. Ello supone, que las medias de rentas realizadas por las administraciones o los portales inmobiliarios privados sólo reflejan las expectativas de rentabilidades que marcan el conjunto del lobby arrendador. Quiere decir que hablar de “alquiler justo” en ese contexto totalmente liberizado, con una entrada masiva de dinero bancario (está mejor explicado más adelante) es un camelo  que puede acabar llevando las sinergias creadas entorno a una reforma del alquiler a la orilla del enemigo. Cuidado con los discursos ligeros de argumentos que se piensan que por repetir miles de veces “alquiler justo” o “control de precios” la realidad será modificada.

pisos añadidos a “Bossa pisos sociales
año 2016
Campanya “Tu tens la clau” – particulares
101 pisos
entidades sociales
250
Campanya “Primer la llar “
50
entidades financieras
250
otros
446
TOTAL
1097 pisos

Mientras el ritmo de lanzamientos judiciales, de emergencia social, crece el de pisos sociales disponibles decrece. En las Oficinas de Vivienda y en la Mesa de Emergencia Social de la ciudad se acumulan cientos de familias, con los trámites aprobados, pero que no reciben el esperado piso y están pendientes de desahucio desde los Juzgados. La situación empieza a ser insostenible ha dicho la Regidora. los datos de la tabla avalan estas afirmaciones

La magnitud del monstruo que acecha Barcelona supera la segura buena voluntad y la capacidad económica del Gobierno de Ada Colau. Es un problema de la Generalitat pero sobre todo es ya un problema de Estado. Barcelona, junto a Madrid, ya es una ciudad global y la circulación libre de capitales la convierte en un apetitoso bocado. El turismo es una consecuencia, pero no la causa, de la total libertad de mercado en que opera la propiedad inmobiliaria desde hace décadas en este país.

Quiere decir que hablar de “alquiler justo” en ese contexto totalmente liberizado, con una entrada masiva de dinero bancario, es un camelo que puede acabar llevando las sinergias creadas entorno a una reforma del alquiler a la orilla del enemigo. Cuidado con los discursos ligeros de argumentos que se piensan que por repetir miles de veces “alquiler justo” o “control de precios” la realidad será modificada.


La flexibilización cuantitativa del BCE, la LAU y la fiscalidad están detrás de la expulsión de vecinos en los barrios.

La media de compras de inversores sin hipoteca se sitúa en el 40% de media en Barcelona pero en barrios llega al 50% o al 80% en Ciutat Vella. Ese flujo de dinero compra edificios enteros con inquilinos dentro para después renegociar condiciones o desahuciar con la LAU en mano. La LAU– Ley de Arrendamientos Urbanos- se ha convertido en su instrumento predilecto para echar a los vecinos de sus casas. La comparación que hacíamos en el 2016 entre el presupuesto del Ayuntamiento y la fuerza aplastante de la inversión es un botón de muestra: la inversión inmobiliaria en BCN fue de casi 2000 millones de euros y supone el 85% del presupuesto global del Ayuntamiento y es el 20% del total estatal de todo el país.

La LAU- Ley de Arrendamientos Urbanos- es el instrumento legislativo, el arma, que usa el inversor extranjero y español para echar a los vecinos de sus casas y adecuar la ciudad a los negocios inmobiliarios y turísticos.

Sí, el sector inmobiliario en España está alborotado por la entrada masiva de dinero de los llamados fondos buitre -o hedge funds-. Una gran parte de la culpa la tiene la Reserva Federal de EE.UU y ahora el BCE – el Banco Central Europeo- que lleva años usando la máquina de creación de dinero bancario para realizar compras masivas de deuda empaquetada- titulizada – por valor de 80.000 millones de euros al mes, una deuda que los bancos españoles y europeos no paran de generar. Este “dinero “bancario” a raudales ha sido el detonador de la especulación y de la dislocación de precios del mercado inmobiliario en Barcelona. La titulización hipotecaria, de deuda, es una de las herramientas que la banca utiliza para retroalimentar el mercado y el BCE es subsidiario de sus necesidades.

Barcelona es una ciudad global donde la vivienda es un activo financiero que genera más rentabilidad que la inversión productiva o social. Pero para comprar o alquilar a turistas se necesita la materia prima. La vivienda nueva es un bien escaso en una ciudad sin espacio. La materia prima viene de la vivienda usada o de la rehabilitación que necesita de la expulsión de los vecinos como detonante del ciclo inversor. Ese ciclo necesita primero una oferta: dinero masivo bancario. Segundo una ley sencilla para echar a los vecinos: la LAU. Tercero una fiscalidad que castiga al inquilino y beneficia sobremanera al arrendador o propietario: España es líder europeo en subvenciones y execciones al alquiler, fraude, elusión fiscal tanto de propiedad jurídica como física.

El 50% de la población forma parte del precariado: persona sin perfil financiero solvente que no le permite comprar una hipoteca – piso- pero tampoco pagar alquileres de dos dígitos el m2: la media en BCN és de 14€/m2. Así, la expulsión del vecindario pobre es un hecho como lo es la apropiación del valor intangible de la ciudad por el inversor (español o extranjero)  que acaba apoderándose del valor monumental, artístico, histórico, geográfico o popular de la ciudad junto a un proceso que comentamos ya en el 2014 de gentrificación y disneyficación de la ciudad. El Gótico tiene más plazas hoteleras que viviendas para la población local.

Pero como dice este último artículo citado, el problema no es el turismo sino la especulación desaforada que ha tenido en la clase política un aliado eficaz para echar a sus conciudadanos. Los medios de comunicación y determinados grupos ponen mucho el acento en el turismo como la causa de todos los males. No nos confundamos de enemigo! El turismo es una consecuencia de políticas claras cultivadas durante décadas en favor de la vivienda como bien financiero y eso es responsabilidad de la banca, en primer lugar, que controla los flujos de crédito y después de la clase política vendida a sus intereses: los partidos del régimen. Alguien tiene interés en llevar el debate ciudadano al terreno sin salida, de turismo sí o no, para correr una cortina de humo sobre esas otras responsabilidades.

No confundamos el enemigo! El turismo es una consecuencia de décadas de políticas públicas a favor de la vivienda como bien financiero y eso es responsabilidad de la banca, en primer lugar, y de la clase política……

La responsabilidad de la Banca y del BCE en la burbuja inmobiliaria de Barcelona

La banca ya no cede viviendas sociales sencillamente gestiona o vende sus inmuebles.

La Banca española no se puede ir de rositas en este desaguisado que ha montado. La especulación no es un monstruo ajeno a la banca, es parte de su materia, que orienta sus compras desde paraísos fiscales a través de sociedades interpuestas, SOCIMI, que gozan de la exención del 95% del Impuesto de Sociedades. Igualmente se han adjudicado miles de viviendas de manera fraudulenta en Barcelona fruto de las daciones en pago o de ejecuciones hipotecarias. En el caso de las ejecuciones hipotecarias a pesar de ser simples gestores de la hipoteca, los bancos se presentaban en los juzgados como legítimos propietarios de la hipoteca y su garantía: la vivienda, escondiendo al juzgado que esa deuda la habían vendido a un fondo de titulización. Igualmente en los remates de las subastas han adjudicado viviendas a sus inmobiliarias como Gescatviviendas,  ServiHabitat, etc sin pagar impuestos de ITP y AJD.

El 28 de octubre el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moción, presentada por ERC, que situaba la titulización hipotecaria en el ojo del huracán. Desde nuestra Asociación llevamos meses esperando el desplegamiento de esa moción en los protocolos de Ofideute y de las Oficinas de Vivienda de la ciudad para parar la hemorragia de viviendas cedidas a la banca por ejecuciones hipotecarias, compraventas de deuda – Anticipa-, alquileres sociales encubiertos o daciones en pago-  que acaban siendo muy onerosas al presupuesto municipal que debe asumir y pagar viviendas de emergencia para las familias en procesos de desalojo. Las organizaciones sociales debemos hacer de la no entrega de la vivienda de los hipotecados al banco un caballo de batalla judicial y en la calle. Ni nos imaginamos hasta que punto daríamos respiración asistida a los hipotecados expulsados de sus viviendas si bloqueamos ese combustible vital de la banca privada.

¿Cuántas viviendas son propiedad de los bancos en Barcelona?

Pues parece que muchas más de las que dicen. En 2015, los bancos entregaron al entonces alcalde Xavier TRIAS un documento que afirmaban poseer 4154 pisos en la ciudad. Repetimos … PROPIEDAD DE LOS BANCOS! Pero la prensa informa que 9 inmobiliarias ligadas a la banca o grandes tenedores poseen más de 98.000 viviendas en alquiler en el país. En España el mayor propietario de vivienda en alquiler es CaixaBank, a través de sus filiales inmobilarias Servihabitat y BuildingCenter, con 38.00 viviendas. Otro estudio realizado por elcritic.cat muestra que en Catalunya, a fecha 31 de diciembre de 2016, habia 43.886 pisos vacíos producto de ejecuciones hipotecarias, nosotros añadimos ilegales con las sentencias europeas contra cláusulas abusivas.  Más de 15.000 de esas viviendas són del BBVA-CX y después más de 8000 de la SAREB. Los datos constan en el Registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin título habilitante, que gestiona la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Es evidente que esas viviendas deben ser el principio del parque público de viviendas y la discusión está en  como se destinan a ese fin y no a enriquecer aún más a la Banca española culpable de una década de crisis… quién le pone el cascabel al gato???

Salva TORRES…. activista de asc.500×20

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NOTICIA EN La Vanguardia.

Nueve grandes grupos son dueños de 89.000 viviendas en alquiler

Nueve grandes grupos, de origen bancario, fondos de inversión o constructores son propietarios de 89.000 viviendas en España: un número considerable pero que supone apenas el 3% de la oferta de pisos de alquiler en España, muy lejos de lo habitual en Europa, donde grandes operadores, que generalmente cotizan en bolsa, son los grandes “caseros” del país. Este es el caso en Alemania, por ejemplo, de Vonovia y Deutsche Wohnen y en Francia de Foncia o Nexity.

En España el mayor propietario de vivienda en alquiler es CaixaBank, a través de sus filiales inmobilarias Servihabitat y BuildingCenter, con 38.00 viviendas; cuando el líder alemán, Vonovia, tiene 340.000 y Deutsche Wohnen, el segundo, 160.500.

Cuatro de los mayores propietarios españoles son grupos bancarios (Servihabitat, de CaixaBank, Altamira del Santander, Solvia, de Banc Sabadell y la Sareb, el banco malo del sistema financiero) y cuatro inversores financieros (Azora, de la socimi Hispania; Anticipa, de Blackstone; Testa, de la socimi Merlin y Goldman Sachs), a los que acompaña una constructora, Acciona.

Los propósitos de estos grupos de construir grandes inmobiliarias especializadas en el alquiler se han visto frenados por la subida de los precios de las viviendas en las grandes ciudades, en las que quieren concentrarse, que ha superado el crecimiento de los alquileres. Así, comprar un piso para alquilarlo en el 2012 proporcionaba una rentabilidad por alquiler del 7,02% en Madrid y del 6,48% en Barcelona, que bajó hasta situarse el año pasado en el 7,32% en Madrid y el 5,94% en Barcelona, según Tecnocasa.




2017-02-09 Desnonament a S.Andreu: En la vida he imaginat que arribaria aquest moment!

  • La Mònica ja ho sap! La Mònica i la seva filla avui seran desnonades si ningú ho impideix!
  • Avui a les 11:10 hores es presentarà la comitiva judicial a la porta de casa seva amb l’ordre de desnonament.
  • “No sóc cap ONG“, li va respondre la propietària del pis on viu de lloguer

DATA: 2017/02/09 dijous 9 horas.

LLOC: carrer Gran de Sant Andreu 368 – c/Guardiola i Feliu – a prop de Valldaura-meridiana

Localització: https://goo.gl/maps/EttsaGv1cSM2

Metro: L1 sortida Plaça Orfila

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La Mònica i la seva filla demà seran desnonades

Societat – per gentilesa de l’Express de Sant Andreu

La Mònica ja ho sap. Demà a les 11:10 hores es presentarà la comitiva judicial a la porta de casa seva amb l’ordre de desnonament. Ho sap des de fa més d’un any, però l’última nit que passi al seu llit ja ha arribat. Segurament no dormirà. “En la vida he imaginat que arribaria aquest moment”, explica desconsolada. La seva filla juga a una sala annexa amb nenes que també han viscut el mateix drama. “Demà si els veïns i veïnes no ens vénen a donar suport, a nosaltres també ens faran fora”.

La Mònica va deixar de pagar el lloguer fa més d’un any. Després de separar-se del seu exmarit a Lloret de Mar, va decidir venir a reconstruir la seva vida a Barcelona. “Volia començar de nou”. Si bé el primer any va poder sortejar l’arrendament de 620 euros amb l’ajuda que rebia com a dona que havia patit maltractaments, els sis mesos posteriors els va haver de superar amb una segona ajuda de l’Inem.

Amb les mànigues arremangades tota la vida, en els darrers mesos només ingressava les hores que cobrava a precari. Netejant cases i passejant gossos. Diners en negre que va deixar enrere amb el contracte que va poder signar fa un mes per 800 euros en una reconeguda cadena de supermercats. Contracte? Sí. Precarietat laboral? També. “Amb 800 euros si pagava el lloguer em tallaven la llum”, explica.

Davant d’aquesta situació i assessorada pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, va decidir deixar de pagar el lloguer després d’intentar negociar una rebaixa fins als 400 euros. “No sóc cap ONG“, li va respondre la propietària. Ara, els 800 que cobra els destina íntegrament “a les factures de més de 100 euros de llum, a la cangur que li he de pagar 300 i a les despeses escolars de la meva filla”. “No arribo…”. El compte queda buit i mare i filla han d’anar a buscar el dinar a Càritas o a la nevera solidària de l’Harmonia.

L’objectiu de demà de la Mònica és “guanyar temps”. Viure una, dues o tres setmanes més a casa fins que l’Ajuntament tingui un pis de lloguer social disponible. Si demà no ho aconsegueixen, els serveis socials l’hauran d’assegurar una alternativa habitacional, sigui en una pensió o en un pis d’emergència social. “La meva filla afortunadament no en sap res; si demà marxem, li diré que hem tingut la sort d’anar-nos a viure a un hotel”. Demà la petita anirà a l’escola, com qualsevol altre dia.

Per la Mònica, la seva única família és la seva filla. Amb 43 anys, només compta amb els seus veïns i veïnes. La Plataforma 500×20 ja ha fet la crida per donar-li suport demà en el seu portal, situat en el carrer Gran de Sant Andreu número 368. El seu bloc està situat just a l’alçada que el carrer Gran conflueix amb el carrer de Guardiola i Feliu. Alguns dels seus veïns i companys ja han assegurat que estaran allà des de les 9 del matí.





Barcelona necessita un sindicat de llogaters

Fa unes setmanes a la crida de l’Observatori de drets socials, DESC, diverses entitats socials s’han començat a reunir per tractar les dificultats cada cop més grans de poder llogar un habitatge per viure a la ciutat. La nostre entitat ha començat a participar de les reunions doncs creu que més que mai el procés de internacionalització de la ciutat està expulsant als veïns de tota la vida per gent de pas, turistes que venen a gaudir de una ciutat de cartró-pedra despullada de la seva seva veritable gent, costums i cultura.

Els inversionistes foten fora la gent dels barris!

Els preus dels lloguers s’han disparat a Barcelona a nivells d’abans de la crisi. Al 2015 més d’un 20%. En 35 dels 73 barris de la ciutat la renda supera el salari mínim (655,20€). El 90% dels desnonaments són de famílies que no poden pagar el lloguer.

No es tracta només de poca oferta sinó que cada cop més els preus no són a l’abast dels sous que es cobren a la ciutat. És un fenomen global que hem tractat altres cops en aquest blog que té conseqüències greus per a la nostra gent. La seva base  són les injeccions massives de diner electrònic del BCE i la Reserva Federal als bancs per salvar-les el cul! O sigui que els compren el deute i amb els diners tornen al mercat a buscar inversions o oportunitats rendibles. Igualment els inversionistes més rics de casa nostre operen de la mateixa manera. Si als anys 30 no hi havia diners per posar un tros de pa a la boca ara el problema es que les classes populars no tenen on aixoplugar-se.

 

Sí, Barcelona necessita un sindicat de llogaters, com hi ha a altres països d’Europa. Per això, nosaltres volem:

  • Un sindicat apartidista que entronqui amb les lluites populars dels anys 30, de la vaga de lloguers, contra les pujades abussives d’un dret bàsic i fonamental com es l’habitatge.
  • Un sindicat unitari, on hi capiguem totes, per representar el veïnat popular que viu de lloguer i el rebut representa més del 30% dels ingressos de la renda familiar.
  • Necessitem un moviment fort de llogaters a cada districte, arrelat amb les entitats socials del territori.
  • Un sindicat capaç d’organitzar, mobilitzar i aturar desnonaments sense alternativa.
  • Un sindicat per obrir canals de negociació amb l’Administració i amb capacitat negociadora amb les Càmeres de la propietat, APIS, administradors de finques, grups immobiliaris, SOCIMIS, grans tenidors d’habitatge com les entitats financeres, etc

FORA ESPECULACIÓ IMMOBILIÀRIA!

VOLEM UN HABITATGE DIGNE ALS NOSTRES BARRIS!

EL LLOGUER PÚBLIC I ASSEQUIBLE!

SIGUES UN LLOGATER ACTIU AMB NOSALTRES!

SÍ…ELS DESNONAMENTS ES PODEN ATURAR!