CaixaBanc pierde sentencia: legitimación activa por titulización, vencimiento anticipado y todos los gastos de constitución

Uno de nuestros abogados colaboradores ganó la partida al banco

RECOGEMOS LA SENTENCIA LAPIDARIA CONTRA CAIXA BANK, GANAMOS TODAS LAS CLAUSULAS ABUSIVAS E INCLUSO LA FALTA DE LEGITIMACIÓN. 

Hay mucha gente que nos sigue desde hace tiempo, pero si entras por primera vez a esta página, te diremos que estás en el mejor de los artículos que me ha tocado escribir.

Y es que queremos comunicar que HEMOS GANADO, Y CÓMO! 

FALLO DE LA SENTENCIA

Os pongo en antecedentes:

Una familia a causa de la gran crisis económica que ha sufrido este país, tuvo que dejar de pagar la hipoteca. Como siempre, cuotas altísimas, sueldos irrisorios, o quizás ni siquiera sueldos.. sin trabajo directamente. ( Por desgracia, lo hemos visto ya demasiadas veces).

En fin, la familia nos contacta cuando ya llevaban tiempo sin pagar su hipoteca.  El banco les había demandado por la vía del “PROCEDIMIENTO ORDINARIO”,  como bien dice,  es el procedimiento más común.

El banco tiene dos maneras de reclamar el impago de la hipoteca, uno sería la EJECUCIÓN HIPOTECARIA, ( procedimiento específico y por el que se crearon además los  Tribunales Especializados sólo para éste fin), y el otro por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO. ( procedimiento común).

Nosotros, presentamos la contestación a la demanda haciendo una “RECONVENCIÓN” de la misma y de esta forma presentándole al Juez que en ese mismo préstamo hipotecario habían diversas CLAUSULAS y que las DECLARARA ABUSIVAS.

Además también pedimos la FALTA DE LEGITIMIACIÓN ACTIVA (TITULIZACIÓN), demostrar que no se es el propietario del préstamo hipotecario puesto que lo vendieron a un fondo buitre.

TITULIZACIÓN:

Aquí te dejamos un enlace para que puedas leer lo que és la TITULIZACIÓN DE TU PRÉSTAMO HIPOTECARIO.

ENTRAMOS EN BUSQUEDA POR ENTIDADES.

En el Juicio requerimos al banco que aportara algún certificado de titulización. Como la familia no encontró su titulización,  le requerimos al banco directamente en sala que aportara tal certificación.

Y tras varios minutos de discusión entre ambas partes, logramos que la abogada del banco, en este caso CAIXA BANK reconociera de VIVA VOZ, que dicho préstamo hipotecario estaba TITULIZADO,  que La Caixa no aportaría ningún certificado por no encontrarlo oportuno, y que la palabra de la abogada era suficiente prueba.

PARA NOSOTROS UN SUPER GOL!!  claro está.

Y ya sólo nos quedó la espera de que llegara la Sentencia.

GANAMOS LA DECLARACIÓN DE TODAS LAS CLAUSULAS ABUSIVAS, ADEMÁS DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA ( la titulización) Y CONDENÓ A CAIXA BANK en costas procesales. 

Es el primer Juez que nos encontramos que respeta la primacía del DERECHO COMUNITARIO  sobre las arbitrarias decisiones del TRIBUNAL SUPREMO.

Entrando ahora en el FALLO de la Sentencia decir que, , el Juez Magistrado declaró NULAS LA TOTALIDAD DE LAS CLAUSULAS que nosotros reclamábamos como ABUSIVAS y además condenó a CAIXA BANK en costas procesales por partida doble.

Por un lado por la demanda principal y por otro lado por la reconvención que hicimos al requerir como CLAUSULAS ABUSIVAS.

El Magistrado hizo suyo nuestro argumento y declaró que CAIXA BANK NO ES EL TITULAR LEGÍTIMO DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO, con la conclusión y resultado de que AHORA CAIXA BANK NO PUEDE reclamar judicialmente la deuda hipotecaria a esta familia.

Las cláusulas abusivas que se declararon abusivas son: comisión de apertura, cargos por posiciones deudoras, vencimiento anticipado, interés de demora y CESIÓN DEL CRÉDITO, ( éste último es el referido a la TITULIZACIÓN).

Y todo esto sin hacer mención alguna al IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS ( A.J.D.)  que después del esperpento que vivimos por el pleno del Tribunal Supremo, en donde se declaró que dicho impuesto lo ha de pagar el cliente, éste magistrado consideró que LA TOTALIDAD DE GASTOS lo ha de PAGAR EL BANCO. 

Y todo este argumento también lo tomó de nuestra demanda en donde afirmamos que cuando una cláusula es abusiva es automáticamente NULA DE PLENO DERECHO, sin que el Juez pueda modificar el fondo de esa cláusula.

En conclusión hemos GANADO A CAIXA BANK, todo un gusto viendo los tiempos que corren. 

Andrés GIORDANA,  ICAB 42861, publicado 11 diciembre 2018 >>>


+++ INFORMACIÓN

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ESPAÑA, EL GRAN ROBO DEL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO. Con la connivencia de todos los Poderes del Estado y los estamentos notarial y registral.

Un saqueo de veinticinco años que supone la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales) cobrados a los deudores. Sobre una cantidad ficticia e intangible de, más o menos, uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) se han estado calculando, en los últimos veinticinco años, que sepamos, los honorarios e impuestos de […]

JORNADA de 500×20 entorno a las novedades sobre cláusulas abusivas hipoteca, reclamación gastos y nulidad cláusula constitución hipoteca

En la Jornada hipotecaria de la Asc.500×20 habrá importantes novedades en materia jurídica sobre la oposición a ejecuciones hipotecarias y procedimientos ordinarios. Cómo suspender lanzamientos hipotecarios por decreto del secretario judicial – El Vendrell- artículo 675LEC. Y especialmente, las novedades para oponerse por abusiva – directiva europea – a la cláusula de constitución de la […]

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ESPAÑA, EL GRAN ROBO DEL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO. Con la connivencia de todos los Poderes del Estado y los estamentos notarial y registral.

Un saqueo de veinticinco años que supone la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales) cobrados a los deudores.


Sobre una cantidad ficticia e intangible de, más o menos, uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) se han estado calculando, en los últimos veinticinco años, que sepamos, los honorarios e impuestos de todos aquellos prestatarios que intervenían en la constitución de un préstamo o crédito con garantía hipotecaria, esquilmando los bolsillos de los ciudadanos que acudían a firmar una escritura de este tipo de financiación.

Si se acude a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística encontramos que en los últimos 25 años el capital prestado por las entidades financieras en la constitución de hipotecas, periodo 1994-2018, está algo por encima de los dos billones de euros.

El jueves 08 de noviembre de 2018 publicamos en esta web el artículo “CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA: NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA, TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA, DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, CONSTITUYÉNDOSE LA `OBLIGACIÓN PRINCIPAL´ EN PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL”, en el que intentábamos explicar esa desconocida figura económico-financiera que aparece empotrada en la cláusula de “constitución de hipoteca”, denominada “responsabilidad hipotecaria

Si saliéramos a la calle a realizar una encuesta sobre dicha figura nos encontraríamos con la realidad que prácticamente el 100% de los ciudadanos que tienen un préstamo o crédito hipotecario no tienen ni idea de para qué sirve dicha responsabilidad, el alcance de la misma y en relación a que asuntos o temas nos afecta. Es la gran desconocida de los contratos de adhesión que firmamos a la hora de solicitar financiación externa, por lo que no es de extrañar que resulte la menos transparente, clara y comprensible de la escritura notarial. Una figura absolutamente oscura, opaca y sombría que conlleva un total sableo del ciudadano, total desconocedor del esquilme que le están haciendo.

Ya comentamos en nuestro anterior artículo, del pasado jueves 08 de noviembre de 2018, que la «responsabilidad hipotecaria» la conformaban cuatro conceptos:

  • cantidad que ha sido concedida como «obligación principal» por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado,
  • más una cantidad de intereses remuneratorios – u ordinarios – devengados durante un determinado plazo de tiempo -que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura,
  • más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y
  • más una cantidad en concepto de costas y gastos, que pudieran ser precisos para la acreedora en caso de tener que instar procedimiento judicial frente al cliente, que suele oscilar alrededor del 20% de la «obligación principal».

La suma de esos cuatro conceptos configuran la base imponible sobre la cual se calculan los gastos e impuestos de constitución de la garantía hipotecaria, «contrato accesorio» a la «obligación principal». La «responsabilidad hipotecaria» no está unificada dado que tiene un cálculo distinto en cada entidad financiera y puede oscilar, en la mayoría de los casos, entre el 135% y el 200% de la «obligación principal», o valor del préstamo/crédito.

La «responsabilidad hipotecaria» no ha sido nunca negociada, acordada o convenida entre las partes que conforman el «contrato accesorio» , ha sido radicalmente impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una entidad impone una determinada responsabilidad – en cuanto al segundo, tercer y cuarto concepto que la componen – y otra sociedad financiera una diferente, es todo un enigma para “el común de los mortales”. Por lo tanto, tenemos un capital prestado para hipotecas, en los últimos 25 años, según el I.N.E., de dos billones de euros. Si calculamos una «responsabilidad hipotecaria» media, entre la fluctuación que tiene ésta figura de entre 135% y 200%, de 160% – tirando por lo bajo- estamos ante una cantidad estratosférica de uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) que no tiene ningún tipo de contraprestación para la parte prestataria pero que, sin embargo, esta ficticia y falaz cifra constituye, igualmente a la «obligación principal»: capital prestado, la base imponible sobre la que se calcularán los honorarios de los notarios, registros, gestorías e impuestos como el A.J.D.

la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria contiene una figura económico- financiera radicalmente abusiva, por lo tanto nula, y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal…

Siendo el tipo impositivo para el cálculo del I.A.J.D., según la comunidad autónoma, de entre el 0.5% y el 1,5%. Si cogemos un tipo medio entre ambas cifras, el 1,00%, tendríamos el auténtico escandalazo que, en los últimos 25 años, y de esa cantidad fingida de uno coma dos billones de euros, los prestatarios hemos abonado a las arcas tributarias de las comunidades autónomas: la exorbitante cantidad de doce mil millones de euros (12.000.000.000 €), que si la dividimos por los veinticinco años que lleva vigente el saqueo da la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales). No es de extrañar que se hayan construido aeropuertos sin aviones o instalaciones de toda índole en medio de la nada, sinónimos del despilfarro que trajo el dinero fácil, el esquilmado a millones de prestatarios que sin saberlo, dado que ni el banco ni el notario le informaron de ello, ponía de su bolsillo en exceso, alrededor de, un 60%.

Y a todo esto, ¿dónde estaban los medios de comunicación?, desde luego no en su función principal, la de informar al ciudadano de temas que realmente le interesan como el caso del empobrecimiento al que era sistemáticamente sometido. Prueba de ello es lo sucedido estas semanas pasadas con el tema del Tribunal Supremo y el impuesto A.J.D. en las que se han oído y leído idioteces y majaderías de todo pelaje, como ha sido el mensaje de que en otros países de nuestro entorno existían impuestos parecidos al nuestro y lo abonaba el cliente, ¡claro que si, estúpidos! pero porque la base imponible de dichos impuestos es el importe principal del préstamo, no una bazofia de figura denominada «responsabilidad hipotecaria». ¿Hay algún medio que ha deshecho el entuerto?, que se sepa ninguno. Entonces, poco podemos esperar de ellos.

¿Sería posible que alguno de esos medios periodísticos que gastan tiempo y recursos para saber a ciencia cierta si ha sido “escupitajo o bufido” podrían dedicar algo de tiempo a denunciar el ordeño sistemático del bolsillo del consumidor de financiación hipotecaria, en la estimable cantidad de 12.000.000.000 € en veinticinco años, amén de lo abonado en un, más o menos, 60% de exceso en honorarios de notarios, registros y gestorías?. Pues, somos pesimistas al respecto.

Poco esperamos, también, de las instituciones españolas. Parodiando el final del filme “Casablanca”, siempre nos quedará el TJUE, y probablemente tendrá que ser él el que sentencie que la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria, mal llamada hipoteca, contiene una figura económico- financiera radicalmente abusiva, por lo tanto nula y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal, con la responsabilidad que contempla el artículo 1911 del Código Civil.
Publicado el 27 noviembre, 2018 por Pah Madrid


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JORNADA de 500×20 entorno a las novedades sobre cláusulas abusivas hipoteca, reclamación gastos y nulidad cláusula constitución hipoteca

En la Jornada hipotecaria de la Asc.500×20 habrá importantes novedades en materia jurídica sobre la oposición a ejecuciones hipotecarias y procedimientos ordinarios.

Cómo suspender lanzamientos hipotecarios por decreto del secretario judicial – El Vendrell- artículo 675LEC. Y especialmente, las novedades para oponerse por abusiva – directiva europea – a la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria, que podría ser un nuevo dolor de cabeza para la banca mucho más allá del AJD. Igualmente hablaremos de la actualidad de la responsabilidad hipotecaria, de como reclamar el AJD y toda la movida del Tribunal Supremo de estos días.

Previamente habrá un taller sobre cláusulas abusivas y especialmente la tan manida de gastos de constitución de la hipoteca, vencimiento anticipado, titulización del crédito, etc


+++ INFO RELACIONADA

Un decreto judicial de El Vendrell cuestiona la mayoría de las ejecuciones hipotecarias

 




La cláusula de constitución de las hipotecas es abusiva y nula porque contraviene la directiva europea del consumidor

Los compañeros de PAH -Madrid nos han pasado un documento de investigación sobre la nulidad de la cláusula de constitución de la hipoteca – mejor de la garantía hipotecaria–  que como se observa en su lectura tiene multitud de ramificaciones que darán mucho que hablar. En su documento nos dicen que habrán más entregas pero el primer documento ya nos da una munición tan potente como para dar un nuevo revolcón a la conservadora jurisprudencia de nuestra “JUSTICIA” que ignora la Directiva 93/13/CEE después de 25 años. Material de sobras para cargar el argumentario de nuestros abogados defensores de todos los deudores y estafados. Se trata de convertir este documento en fundamentos de derecho en las causas judiciales y las reclamaciones. El edificio jurídico y financiero del mercado hipotecario tal como ha funcionado los últimos 50 años se esta derrumbando definitivamente. No creemos que sea atrevido decirlo: vencimiento anticipado, cláusulas suelo, falta de legitimación activa por titulización del crédito, el AJD y ahora este nuevo agujero. Sólo falta que hayan esos jueces y magistrados valientes que planten cara al lobby de la Banca que tienen instalado en lo más alto de la magistratura de este país.

El título de su documento es :


CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA:

NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA,

TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA,

DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO

DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA,

CONSTITUYÉNDOSE LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”

EN PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL.

Leído así, “a palo seco”, parece un auténtico bombazo pero más lo es cuando entras a analizar los fundamentos de tal afirmación y las consecuencias de ello.

La cláusula mal llamada de constitución de hipoteca, que debiera ser de “constitución de garantía hipotecaria“, configura un “contrato accesorio” a la “obligación principal” que recoge el objeto esencial de la escritura y la adecuación entre la financiación concedida y su retribución, a través de sus correspondientes intereses. La “obligación principal” puede subsistir perfectamente sin el “contrato accesorio

Ese “contrato accesorio”, que integra la garantía hipotecaria, constituye una exigencia de las entidades financieras para conseguir mayor seguridad de “cobro a futuro” ante la posibilidad que la parte prestataria pueda caer en morosidad en relación con la “obligación principal”. Pero no es inherente a la “obligación principal”, más bien una costumbre financiera, muy dilatada en el tiempo, de tener el máximo de seguridad a la hora de prestar dinero, que en otros países de nuestro entorno no existe.

Este intento de las entidades de “todo bueno, bonito y barato” para ellas, en detrimento del prestatario, ha calado en este país, y dicha actitud ha traído consigo, con la connivencia de todos los poderes del Estado, notarios y registradores, auténticas anomalías y perversiones financieras que hoy día determinados estamentos de la sociedad pueden considerar como normales.
Leído así, “a palo seco”, parece un auténtico bombazo pero más lo es cuando entras a analizar los fundamentos de tal afirmación y las consecuencias de ello.

La cláusula mal llamada de constitución de hipoteca, que debiera ser de “constitución de garantía hipotecaria“, configura un “contrato accesorio” a la “obligación principal” que recoge el objeto esencial de la escritura y la adecuación entre la financiación concedida y su retribución, a través de sus correspondientes intereses. La “obligación principal” puede subsistir perfectamente sin el “contrato accesorio“. De hecho, sucede de forma cotidiana en los préstamos y créditos personales, dado que existe una responsabilidad patrimonial universal del deudor, establecida en el artículo 1.911 del Código Civil, conforme a la cual éste responde con todos sus bienes presentes y futuros en tanto que la deuda no esté totalmente satisfecha.

Ese “contrato accesorio”, que integra la garantía hipotecaria, constituye una exigencia de las entidades financieras para conseguir mayor seguridad de “cobro a futuro” ante la posibilidad que la parte prestataria pueda caer en morosidad en relación con la “obligación principal”. Pero no es inherente a la “obligación principal”, más bien una costumbre financiera, muy dilatada en el tiempo, de tener el máximo de seguridad a la hora de prestar dinero, que en otros países de nuestro entorno no existe.

Este intento de las entidades de “todo bueno, bonito y barato” para ellas, en detrimento del prestatario, ha calado en este país, y dicha actitud ha traído consigo, con la connivencia de todos los poderes del Estado, notarios y registradores, auténticas anomalías y perversiones financieras que hoy día determinados estamentos de la sociedad pueden considerar como normales.

El “contrato accesorio” contiene la cláusula de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, que en realidad está compuesta por la garantía hipotecaria, anexo accesorio y subsidiario a la responsabilidad universal de la parte prestataria.

Esta cláusula contiene una figura que se denomina “responsabilidad hipotecaria” que es la gran desconocida entre los deudores/prestatarios de este país:

  • ¿qué es la `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿a quién beneficia dicha `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿tiene algo que ver con la `obligación principal´ que consta en la escritura de la financiación otorgada?,
  • ¿tiene repercusiones económicas para la parte prestataria?,
  • ¿cómo se configura esa responsabilidad y las cantidades que la componen?,
  • ¿puedo, como una de las partes del contrato, influir en el cálculo de esa `responsabilidad hipotecaria´?,
  • ¿por qué aparece dicha responsabilidad en las CARGAS del inmueble que constituye la garantía hipotecaria, en el Registro de la Propiedad?,
  • si la parte prestataria cae en mora, ¿en qué le afecta esa `responsabilidad hipotecaria´?

Y podríamos seguir preguntándonos, unas cuantas veces más, sobre dicha “responsabilidad hipotecaria” dado que no encontraremos nada sobre ella en las escrituras que firmamos ante notario, y este profesional -fedatario público- no nos dirá nada al respecto.

Esas ocho preguntas recién expuestas, y otras más, se contestarán según vaya desgranándose este artículo.

Si el ciudadano/consumidor/cliente intenta acudir a las GUÍAS HIPOTECARIAS que sobre préstamos o créditos tiene publicados el Banco de España o la Asociación Hipotecaria Española -a la que pertenecen, como miembros, prácticamente todas las entidades financieras de este país- se encontrará con un total oscurantismo con respecto a esta figura económica.

Entonces, dicha cláusula ¿supera el análisis del control de transparencia, tal y como contempla en su articulado la Directiva 93/13/CEE?, podemos afirmar que NO, ni mucho menos. La parte prestataria firma ante notario la escritura que, además de la “obligación principal”, engloba el “contrato accesorio” que contempla la garantía hipotecaria, sin tener la menor idea de lo que supone, y características, esa `responsabilidad hipotecaria´ que contiene la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA. Ninguna de las fichas de información precontractual que, por legislación, hay que entregar al potencial cliente, ni las ofertas vinculantes, ni los folletos informativos de las entidades financieras, ni la intervención notarial, pueden dar fe de una explicación con argumentos razonados y fundamentados que den la posibilidad a la parte prestataria de, a la hora de firmar la escritura de financiación externa, conocer a fondo lo que representa, y en que le afecta, la susodicha `responsabilidad hipotecaria´.

Añadir, en relación a esta cuestión, que los medios de comunicación no han ayudado nada en ello ya que, y se ha visto en estas últimas semanas, desinforman más que informan. Por lo tanto, no cabe duda que el cliente/consumidor ha firmado el contrato ignorando totalmente lo que significa dicha responsabilidad. Por ello, es indiscutible que esa cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA es claramente abusiva, por lo que es nula y, por lo tanto, ha de tenerse por no puesta desde el mismo momento de la firma notarial de la escritura de constitución de la `obligación principal´ y del `contrato accesorio´ que contiene la garantía hipotecaria de la misma.

¿Cómo quedaría, entonces, dicha escritura? Pues, muy sencillo, se quedaría sin la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, con la obligación principal´ constituyendo una especie de préstamo o crédito personal, con las responsabilidades -de la parte deudora- que contempla el artículo 1.911 de nuestro Código Civil.

Antes de entrar a definir lo que es la “responsabilidad hipotecaria” y sus consecuencias para la parte prestataria, y las que debiera tener y no tiene, vamos a hablar de otros conceptos directamente ligados a esa responsabilidad.

El Registro de la Propiedad es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, en la que se inscribe y da publicidad a la propiedad de los inmuebles, y los derechos que recaen sobre los mismos. En el Registro de la Propiedad se inscribe la constitución de la garantía hipotecaria, dependiendo la cuantía de los honorarios registrales del importe de la “responsabilidad hipotecaria”.

El notario autoriza y da fe del contrato accesorio de constitución de la garantía hipotecaria y, ya puestos, debe apreciar la legalidad de las condiciones que contempla la escritura, siendo la cuantía de sus honorarios calculada en relación a la base imponible que constituye la “responsabilidad hipotecaria”.

El I.A.J.D. es un gravamen que se aplica a los actos formalizados en documento público, que son inscribibles, y con cuantía económica, como es el caso de la constitución de la garantía hipotecaria, y cuya cuantía se calcula en relación a la base imponible que constituye la “responsabilidad hipotecaria”. Destacar que, sin embargo, el I.A.J.D. de compraventa de vivienda tiene como base de cálculo -base imponible- exclusivamente el importe escriturado de compraventa.

El cálculo de los gastos que abona el prestatario a la gestoría son igualmente calculados en relación a la base imponible que constituye la `responsabilidad hipotecaria´. Pero, ¿qué es la “responsabilidad hipotecaria”? Es la suma de cuatro conceptos que las entidades financieras calculan en base a lo que presumen que acabarían reclamando en caso de que la parte prestataria caiga en mora, y esa cantidad es el importe/responsabilidad máximo/a por el que responderá el inmueble que constituye la garantía hipotecaria, llegado el momento de intentar recuperar la financiación concedida.

::__ clausula constitución garantía hipotecaria –::

¿Qué conceptos son esos? Son, en la mayoría de los casos, cuatro: cantidad que ha sido concedida como “obligación principal” por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado, más una cantidad de intereses remuneratorios -u ordinarios- devengados durante un determinado plazo de tiempo -que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura, más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y más una cantidad en concepto de costas y gastos, que pudieran ser precisos para la acreedora en caso de tener que instar procedimiento judicial frente al cliente, que suele oscilar alrededor del 20% de la “obligación principal“.

La suma de esos cuatro conceptos configuran la base imponible sobre la cual se calculan los gastos de constitución de la garantía hipotecaria, “contrato accesorio” a la “obligación principal“. La “responsabilidad hipotecaria” no está unificada dado que tiene un cálculo distinto en cada entidad financiera y puede oscilar, en la mayoría de los casos, entre el 135% y el 200% de la “obligación principal“, o valor del préstamo/crédito.

La “responsabilidad hipotecaria” no ha sido nunca negociada, acordada o convenida entre las partes que conforman el “contrato accesorio“, ha sido radicalmente impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una entidad impone una determinada responsabilidad -en cuanto al segundo, tercer y cuarto concepto que la componen- y otra sociedad financiera una diferente, es todo un enigma para “el común de los mortales”.

Probablemente, si este artículo llegase a conocimiento de los bancos y cajas, o de sus adláteres, vendrían a informarnos de las bondades de dicha “responsabilidad hipotecaria“, y de que la establecen por nuestro bien, etc., etc., etc. Pero, en realidad, dicha responsabilidad constituye una contraseña que tienen todas las entidades financieras entre sí.

Nos explicamos con un ejemplo: un determinado ciudadano solicita un préstamo de 200.000 €, la “responsabilidad hipotecaria” de esa “obligación principal”, calculada en un 150%, representa una responsabilidad de 300.000 €. Ésta cantidad queda reflejada en las CARGAS del inmueble que constituye la garantía hipotecaria, en el correspondiente Registro de la Propiedad. Si ese mismo ciudadano acude, con posterioridad, a otra entidad financiera a solicitar nueva financiación, con la misma garantía hipotecaria, el nuevo banco o caja solo tiene que solicitar tasación del inmueble y comprobar la diferencia entre ésta y la “responsabilidad hipotecaria” que está contemplada en las CARGAS del inmueble; existiendo dos posibilidades:

  1. la nueva tasación es igual o inferior a la “responsabilidad hipotecaria” registrada, evidentemente la actual entidad denegará la reciente solicitud de capital,
  2. pero puede pasar que esa nueva tasación dé un valor, por ejemplo, de 360.000 €. La diferencia entre la responsabilidad registrada, 300.000 €, y la actual tasación constituirá la cantidad, 60.000 €, por la que la nueva entidad puede ofrecer una nueva “responsabilidad hipotecaria” que, a un cálculo del 150%, puede representar nueva financiación, para el solicitante, por una cantidad de 40.000 €.

De todo esto nunca será informada la parte prestataria, o el potencial cliente, y esa interesada oscuridad alrededor de esta figura económica, la “responsabilidad hipotecaria“, principal actor de la mal llamada cláusula de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, la hace radicalmente abusiva, nula, teniéndose por no puesta desde el mismo momento de la firma -ante notario- de la escritura.

Es evidente que el análisis del control de transparencia de dicha cláusula ha de hacerse de oficio por el Titular del Juzgado en el que ha recaído la demanda interpuesta, previamente a su admisión a trámite, dado que el Decreto que emite el correspondiente Letrado de la Administración de Justicia acordará expedir mandamiento al oportuno Registro de la Propiedad, comprensivo de una serie de extremos innecesarios si se dispone la abusividad y, por tanto, nulidad de la cláusula mal llamada de CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, ya que en realidad es de constitución de garantía hipotecaria.

Llegado este caso, se inadmite la demanda de ejecución, a través de auto, quedando en manos de la actora lo que a su derecho conviniere.

No nos vamos a extender más en este artículo, pero consideramos interesante dejar una serie de pinceladas de una lista de cuestiones que serán tratadas más adelante en esta web.

• SUBASTA POR DEBAJO DEL 70% DE LA TASACIÓN DEL INMUEBLE, POR DEUDA INFERIOR A ESE PORCENTAJE, Y POSTERIOR CÁLCULO DE TASACIÓN DE COSTAS Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES.

Es sangrante comprobar cómo en los Juzgados de primera instancia se celebran subastas, de viviendas habituales de la parte ejecutada, por el 60% del valor de tasación del inmueble -en lugar del 70%- debido a la deuda que mantiene la parte demandada con la actora, y obviando resoluciones dictadas por la D.G.R.yN. que hablan de subastar por él % que corresponda exactamente a la deuda si ésta oscila entre el 60% y el 70% de la tasación de la finca, y -para más inri- luego se liquidan los intereses y se calculan las costas olvidando, de forma deshonesta y desvergonzada, que determinadas partidas están contempladas en la “responsabilidad hipotecaria” y que, por lo tanto, es el inmueble subastado, y que constituye la garantía hipotecaria, quién debiera responder de esos conceptos.

Esta irregular forma de actuación puede llegar a constituir un delito de enriquecimiento injusto de la parte acreedora, entre otros.

• TEMA TITULIZACIÓN. SI LA CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, QUE CONFORMA EL “CONTRATO ACCESORIO” A LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”, ES DECLARADA ABUSIVA, NULA, Y HA DE ESTIMARSE COMO NO PUESTA EN LA ESCRITURA DESDE EL MISMO MOMENTO DE SU FIRMA, TENEMOS QUE SI LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL” HA SIDO CEDIDA PARA SU TITULIZACIÓN, A TRAVÉS DE UN F.T.H. O F.T.A., HABRÍA QUE CONSIDERAR QUE DICHA FINANCIACIÓN TITULIZADA NO TENDRÁ EL RESPALDO DE UNA GARANTÍA HIPOTECARIA Y, A SU VEZ, LA ENTIDAD QUE CONCEDIÓ DICHA FINANCIACIÓN, QUE SE RESERVA LA TITULARIDAD REGISTRAL DEL INMUEBLE, DEJA DE TENER RELACIÓN DIRECTA CON LA “OBLIGACIÓN PRINCIPAL”, LO QUE LE CIERRA CUALQUIER POSIBILIDAD DE RECLAMAR -JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE- DICHA OBLIGACIÓN.

Ya que tenemos que los artículos 30 y 31 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la titulización, en él la entidad financiera es la cedente de los derechos de crédito, participaciones hipotecarias, etc., y es el Fondo de titulización el que se constituye como entidad emisora de los bonos de titulización que van a distribuirse en el mercado, teniendo en cuenta -si fuera necesario- a la mercantil representante legal de dicho Fondo, la Sociedad Gestora. Y esto es lo que hay, lo demás son zarandajas, pamplinas y chuminadas de Titulares de algunos órganos judiciales que, como el dicho “antes muerto que sencillo”, buscan cualquier disculpa con tal de no sobreseer los procedimientos. Filfas que con el paso del tiempo veremos tienen las patas muy cortas.

• SI HA SIDO DECLARADA ABUSIVA LA CLÁUSULA DE INTERESES ORDINARIOS, POR CONTENER SUELO, O LA CLÁUSULA DE INTERESES DE DEMORA, POR LO TANTO DICHAS CLÁUSULAS SON NULAS Y HAN DE TENERSE COMO NO PUESTAS EN LA ESCRITURA DESDE EL MISMO MOMENTO DE FIRMARSE LA MISMA, ¿QUÉ PASA CON ESOS DOS CONCEPTOS DENTRO DE LA `RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA´ QUE HA CONFORMADO LA BASE IMPONIBLE PARA CALCULAR LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA?

Aquí habría que preguntarse si al prestatario le ampara la legislación y jurisprudencia europea y española para reclamar lo que -en su momento- abonó de más por los gastos de constitución de garantía hipotecaria por los conceptos de intereses ordinarios (suelo) y de demora, si ambas cláusulas han sido declaradas abusivas y nulas, sin poder surtir ningún efecto sobre el consumidor/prestatario desde el mismo momento de la constitución de la escritura. Consideramos que sí, y con intereses incluidos.

• AQUÉL CONSUMIDOR QUE HA LLEGADO AL FINAL DEL PLAZO, AMORTIZANDO LA FINANCIACIÓN CONCEDIDA, PRÉSTAMO O CRÉDITO, SIN CAER NUNCA EN MORA, ¿PODRÁ SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE AQUELLAS CANTIDADES DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN CUYA BASE IMPONIBLE HAN SIDO LOS CONCEPTOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTAS Y GASTOS?

Creemos igualmente que sí, ya que en su momento la acreedora le obligó a realizar unos pagos de los llamados “por sí”, por si caía en mora, por si la entidad tenía que instar un procedimiento judicial, por si tenía que instarlo de forma extrajudicial,…. que nunca llegaron a materializarse. Es evidente que no dándose ninguno de esos “por sí”, el prestatario debiera poder recuperar esos gastos indebidos que tuvo que afrontar en la constitución de la garantía hipotecaria. Y probablemente, con intereses.

• DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES.

Las entidades financieras debieran tener mucho más cuidado con los inmuebles que constituyen las garantías hipotecarias de la `obligación principal´ de los préstamos y créditos que han concedido, dado que, dependiendo de cómo actúen, sus conductas pueden ser señaladas, y denunciadas, como un delito de alzamiento de bienes.

Y máxime ahora, con la posibilidad que la cláusula de constitución de garantía hipotecaria pueda reclamarse como abusiva, nula, y por lo tanto inexistente desde el mismo momento de la firma ante notario de la escritura de constitución.

Aquí podemos añadir una pincelada de lo que ya desarrollaremos más adelante, en un nuevo artículo. Las entidades financieras tienen la malísima costumbre que cuando se adjudican en subasta el inmueble que constituye la garantía hipotecaria de la `obligación principal´ que ha caído en mora y, por lo tanto, ha sido ejecutada, alegremente se deshacen de ellos -poniéndolos a la venta- en paquetes de miles de inmuebles de este tipo que engrosan los stocks de los fondos denominados “buitres“, y todo tipo de carroñeros patrios; y todo ello sin esperar a que el procedimiento judicial en curso termine y, por lo tanto, sin saber si instancias judiciales superiores deciden sobreseer dicho proceso retrotrayendo todos los actos procesales del mismo, anulando la subasta y adjudicación del inmueble. ¿Qué pasaría en esta situación, dado que el adquiriente del inmueble se puede considerar como un “tercero de buena fe”?, pues que le tocaría a la administración del Estado indemnizar a la parte ejecutada. Consideramos que esto es injusto -pagar del erario público las barrabasadas de las entidades financieras- y que debieran ser dichas entidades quienes hicieran frente a las devoluciones de los inmuebles que correspondan, y si hubieran sido vendidos a un tercero, indemnizar con los correspondientes daños y perjuicios a los afectados, ciudadano/consumidor/prestatario/cliente, añadiendo a ello -si así lo considera conveniente el interesado- interponer una denuncia por un delito de alzamiento de bienes, por ir la entidad financiera de “sobrado” y no esperar a que termine, de forma definitiva, el procedimiento judicial en curso.

Madrid 7 de noviembre de 2018

PAH – Madrid




impuesto AJD – NI EL CUENTO DE `PINOCHO´ TENÍA TANTA FANTASÍA

LOS COMPAÑEROS/AS de PAH-MADRID NOS ENVIAN ESTE ALEGADO DE LAS MANIOBRAS DE GOBIERNO Y TRIBUNAL SUPREMO PARA DISFRAZAR SU SERVICIO A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA BANCA


Manda huebos”, y no nos referimos a aquella expresión –con v- que en 1997 se escuchó en el Congreso de los Diputados, ésta es de origen netamente judicial, “mandat opus”, que es lo mismo que decir `la necesidad obliga´. Y sí, es cierto, la necesidad nos obligará a destapar lo que existe detrás de esa actitud `pinochiana´ del Gobierno y Cía.

El Boletín Oficial del Estado de ayer, 08 de noviembre de 2018, publicó el Real Decreto-ley 17/2018, de 08 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y en su punto IV de la `declaración de intenciones´ miente cual bellaco cuando afirma…

“Se modifica el artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista, estableciendo así una excepción a la regla general establecida en el párrafo primero del propio artículo 29.”

El artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , es claro, diáfano y entendible sin posibilidad alguna de mala interpretación del mismo. Dice,

“Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyointerés se expidan.”

Por lo tanto:

  • en la compra de un inmueble el sujeto pasivo es “ el adquiriente del bien ”, el comprador,
  • en la constitución de una garantía hipotecaria el sujeto pasivo es “el adquiriente del derecho”, la entidad acreedora,
  • en la compra de un inmueble, los que “insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan ”serán los sujetos pasivos, es evidente que será el comprador, y
  • en la constitución de una garantía hipotecaria aquél que “ inste[n] o solicite[n] los documentos notariales, o a quél[los] en cuyo interés se expidan”no puede ser otro que el acreedor o, lo que es lo mismo, la entidad acreedora.

¿Entonces, a que ha venido todo este paripé entre el Poder judicial y el ejecutivo?, pues muy sencillo, el intentar tapar a toda costa uno de los mayores complots conómicos, sino el mayor, que se estableció en este país hace decenios en contra de la ciudadanía. Maquinación financiero- política, que con ayuda de otros estamentos, como el notarial y el registral, han esquilmado los bolsillos de millones de clientes – prestatarios.

Lo triste es que no ha existido hasta ahora el medio de comunicación con los suficientes “bemoles” para destapar esta gigantesca trama, de exprimir y empobrecer al ciudadano, y que al final nos veremos obligados a destaparen estas páginas.

La razón que justifica el enorme poder que tienen las entidades financieras en este país y la compra de voluntades, de todo tipo, que ha supuesto esa execrable forma de actuar, repartiendo decenas de miles de millones entre los intervinientes del contubernio.

Pah – Madrid




Hem participat a la MANIFESTACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL SUPREM A L’IMPOST DE LES HIPOTEQUES

JA NI DISSIMULEN PROTEGINT LA BANCA!

Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona més de 500 persones hem assistit a la manifestació contra la Sentència del Tribunal Suprem autorectificant-se per donar la raó als Bancs. La nostra associació ha participat amb tots els col·lectius i persones que lluitem contra una justícia lacaia de la Banca.





UNA HÁBIL ESTRATEGIA, QUE CONSTITUYE MANIOBRA TORTICERA DE LOS PODERES DEL ESTADO, A ESPALDAS DE LA CIUDADANÍA DE ESTE PAÍS

DOCUMENTO PUBLICADO POR PAH MADRID

Ayer, martes 06/11/2018, habló el Poder judicial, y hoy, miércoles 07/11/2018, ha hablado el ejecutivo, parece ser que -cuando toque- hablará el legislativo. Y cada vez es más claro que la decisión tomada ayer por la Sala Tercera del Tribunal Supremo es un elemento más del engranaje de la trama que los poderes del Estado han diseñado en las últimas semanas. Lo que pasa es que al Poder Judicial es al que le ha tocado `bailar con la más fea´.

Escuchar hoy, en la rueda de prensa que ha dado, decir al Presidente del Gobierno que en el Consejo de Ministros del jueves 08/11/2018 se aprobará un Real Decreto-ley que añadirá un párrafo al artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, especificando que el impuesto A.J.D. deberá abonarlo las entidades financieras y no la parte prestataria, es de traca, de auténtica traca. ¿Por qué?, muy sencillo:

  1. dice el artículo 29 de dicho R.D L. , “ “ Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 2º.- Es claro y transparente como el “agua cristalina”, el I.A.J.D. debe abonarlo – sin ambages alguno – la entidad financiera, y
  2. qué pretende el Presidente del Gobierno ¿transitar el vergonzoso camino que ya realizara un compañero de filas, como el señor Solbes, con su calamitoso y funesto segundo párrafo del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?, y nos hacemos ésta pregunta no por el rumbo doctrinal del párrafo si no por la auténtica inutilidad de dicho párrafo; en 1995 fue un escandaloso intento- que fructificó- de ayuda gubernativa a la banca en general, y ahora sirve de un totalmente inútil `apagafuegos ́ para borregos y ciudadanía varía.

Es muy duro decirlo, pero es la pura realidad, hoy día el acto más idiota y tramposo cala en la ciudadanía. Y ellos lo saben. Y si además tienen los medios de comunicación actuando como una `clac teatral ́, pues `miel sobre hojuelas ́. La realidad, lo siento aguarles la fiesta a la banca y a los poderes del Estado, es imparable: LA RETROACTIVIDAD SERÁ TOTAL EN LA DEVOLUCIÓN DE LO ABONADO, POR LA PARTE PRESTATARIA, EN CONCEPTO DEL IMPUESTO A.J.D., y no hagan caso de las mil y una patochadas que estamos escuchando estos días, y las que están por venir; hacen que pensar si lo que existe es mucha ignorancia o demasiada mala fe.

Y en cuanto a las entidades financieras y su mensaje sibilino manifestando que en su momento no fueron ellos los que cobraron el impuesto, y que debe devolverlo quién lo recaudó, tiene las patitas muy cortas, y no va a ningún sitio. Solamente hay que recordarles que tampoco cobraron ellos las minutas de notarios, registradores, gestores, y en algunos casos tasadores, y sin embargo quienes devuelven dichas cantidades son ellos, las entidades financieras.

Lo triste de todo esto es, además, encontrar algunos medios de comunicación haciendo de palmeros, repitiendo hasta la saciedad la nimiedad anunciada por el Presidente del Gobierno. ¡Cuánto pesebre!

Y en cuanto al señor Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del C.G.P.J., miente cuando dice que existe “ falta de claridad en la Ley”, y lo sabe. Repetimos, el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es clarísimo al respecto, a quién le toca `rascarse el bolsillo ́ en relación al I.A.J.D. es a las entidades financieras. Y punto.

Bueno, cada vez queda menos, atentos a lo que se va a publicar en esta web mañana jueves 08 de noviembre de 2018. Poco va a durar la repercusión del nefasto resultado , de ayer 06/11/2018, del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en relación al I.A.J.D.




AJD, ESE IMPUESTO QUE CUANDO EL TRIBUNAL SUPREMO DISPONE QUE HA DE PAGARLO LA BANCA SE `ARMA LA DE TROYA´, PERO CUANDO ACORDÓ QUE ERA EL PRESTATARIO QUIÉN DEBIA HACER FRENTE A SU ABONO, NI EL PODER NI LOS MEDIOS SALIERON, DE FORMA TAN AGITADA, EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

CHAPUZA DE PAÍS!

PAH – Madrid | Publicado el

Pero eso sí, sin entrar a examinar el fondo de la cuestión. Y algunos se preguntarán, ¿y eso por qué?, muy sencillo, si te pones a analizar -con seriedad- quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados te encontrarás muy fácilmente con la respuesta: la entidad financiera que acuerda con el consumidor la concesión del préstamo e impone a éste la garantía hipotecaria a dicha financiación. No hay más historia, es fácil, pero precisamente por ello, los bancos y cajas necesitan de “mucho ruido” alrededor de esta cuestión con `dimes y diretes´ que realmente no llevan a ningún sitio pero sí consiguen que estemos mucho más pendientes del dedo que señala a la Luna que no de ese satélite natural de la Tierra.

Para intentar evitar se reproduzca, en esta cuestión, ese refrán que dice “que los árboles no nos impidan ver el bosque”, vamos a intentar entrar de lleno en la Luna, olvidándonos por completo del dedo bobo. En relación a este impuesto, el A.J.D., tenemos que realizar la siguiente retrospectiva, analizada y desglosada en tres apartados y un capítulo:

PRIMER APARTADO

  • Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En cuyo Título III, ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, y en el apartado SUJETO PASIVO, tenemos el artículo 30, “ Será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho, y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan ”.

  • Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y reglamentos de las Comunidades Europeas.

Esta Ley regula un conjunto de materias cuyo lazo de unión es, precisamente, la necesidad de adecuar nuestra normativa tributaria a las normas de armonización emanadas de la Comunidad Económica Europea , introduciendo en su Título III una serie de modificaciones en el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre , que sin embargo deja inalterable el artículo 30, expuesto un poco más arriba.

  • – Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En este Texto refundido, en el que se recogen los preceptos del aprobado por el Real Decreto Legislativo 3.050/1980, de 30 de diciembre, con las modificaciones que en el mismo se han ido introduciendo por las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, por la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, por la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de Tasas Judiciales, por el Real Decreto – ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas financieras, fiscales y laborales, por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por la citada Ley 29/1991. Incorporando, igualmente, otras disposiciones que, especialmente en materia de beneficios fiscales, afectaban a la regulación del Texto refundido hasta ahora vigente, armonizando su contenido.

En su Título III, ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, artículo 29, Sujeto Pasivo, contempla que “ Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan .” , sin modificación alguna sobre el ya contemplado en el Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

  • Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En su Título III, ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, artículo 68, Sección 2ª. Sujeto Pasivo, considera que “ Será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan .”, hasta aquí todo perfecto dado que recoge lo mismo que ya hiciera el Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados – en su artículo 30 – y el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados – en su artículo 29 – , pero se realizó un añadido, segundo párrafo, cuyo vergonzoso contenido tenía un solo objetivo: FAVORECER, DE FORMA ESCANDALOSA, A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, Y PERJUDICANDO, DE FORMA SANGRANTE, A LOS CIUDADANOS, A ESOS QUE HABIAN VOTADO EN LAS URNAS EL EJECUTIVO QUE NOS GOBERNABA EN ESOS MOMENTOS, con don Pedro Solbes Mira como Ministro de Economía y Hacienda, y a escasas semanas de ser nombrado Presidente del Consejo “Ecofin” -Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea – durante la Presidencia española de la UE en el segundo semestre de 1995. Ese segundo párrafo, que contentó a las todopoderosas entidades financieras y constituyó una” puñalada trapera ́ para la ciudadanía, como consumidores, exponía que “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

Este es el repulsivo y nauseabundo párrafo que, ¡por fin!, unos MAGISTRADOS, con mayúsculas, han considerado que en un Estado de Derecho no puede consentirse tamaña desvergüenza, y lo han anulado por ser contrario a la Ley. Hasta ahora, en este casi cuarto de siglo que ha pasado desde tal ignominia, todos han estado callados como “p….”: Poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Y eso que han transitado varios gobiernos por la Moncloa, de diferente signo, que pudieron revertir tal atropello, pero éste es el País que tenemos, y se ve que no podemos pedir “peras al olmo”. Triste, muy triste. A continuación, vamos a dar los razonamientos por los que decimos que ese segundo párrafo del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no debiera haber visto nunca la luz, aunque solo fuera por decencia, decoro y honestidad política. Que se ve,es mucho pedir a nuestros gobernantes

Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

Este es el repulsivo y nauseabundo párrafo que, ¡por fin!, unos MAGISTRADOS, con mayúsculas, han considerado que en un Estado de Derecho no puede consentirse tamaña desvergüenza, y lo han anulado por ser contrario a la Ley. Hasta ahora, en este casi cuarto de siglo que ha pasado desde tal ignominia, todos han estado callados como “p….”: Poder ejecutivo, legislativo y judicial.

SEGUNDO APARTADO

El CAPÍTULO I, Fuentes del derecho, del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, en su artículo 1, con actualización en vigor desde el 29/07/1974, manifiesta:

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

La Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados expone en su artículo 29 que será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho, y es claro que el derecho a la garantía hipotecaria la tiene la entidad financiera, nunca la parte prestataria del contrato. Por lo tanto, intentar retorcer dicho razonamiento con un párrafo añadido al artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, normativa de rango inferior a la Ley, no impide que lo que se tenga que aplicar– a título judicial, y en base al artículo 1.1 del Código Civil- sea la Ley frente al Reglamento que la contradice, al ser una disposición de rango superior.

4. “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.”

En este caso, existe Ley, por lo tanto debe ser ella la que deba interpretarse y aplicarse, con prioridad a cualquier otro ordenamiento de rango inferior, por los órganos judiciales españoles, como es el Tribunal Supremo.

TERCER APARTADO

Este capítulo es fundamental para entender, en realidad, el alcance de la villanía que en este País han trazado, con total alevosía, los tres Poderes del Estado. Un ciudadano, consumidor, se acerca a una entidad financiera a solicitar financiación externa para una cuestión de su provecho. Llega a un acuerdo con el acreedor- en cantidad, plazo e interés- y le es concedido ese préstamo o crédito. Esa es la “obligación principal”entre acreedor y prestatario

Cualquier préstamo o crédito puede perfectamente subsistir de esta forma, y se les denomina préstamo o crédito personal, a los que la parte deudora responde de forma universal e ilimitada, con sus bienes presentes y futuros. Dichas concesiones de financiación no precisan ni de escritura pública ni quedar reflejadas -como CARGAS- en los Registros de la Propiedad. Es de sentido común el considerar que los gastos de este acuerdo deban ser repercutidos – en lo que les beneficie- a la parte prestataria.

Pero la entidad financiera no se conforma con esa responsabilidad universal e ilimitada del deudor y quiere más, mucho más, una “garantía hipotecaria”por lo que decide añadir a esa “obligación principal” “un contrato accesorio”́, que éste sí debe quedar reflejado en escritura notarial y aparecer como CARGA en el correspondiente Registro de la Propiedad, en el inmueble que constituya dicha garantía. ¿A quién beneficia este `contrato accesorio ́?, sola y exclusivamente a la parte acreedora, ya que ningún beneficio le reporta a la parte prestataria. Sin embargo, hasta hace bien poco, estaba todo de tal forma confabulado que los gastos de constitución de esa garantía hipotecaria corrían a cargo de los deudores. ¿Y donde estaban el Poder ejecutivo, legislativo y judicial, para intentar parar tal ignominia?, ¿mirando para otro lado?, peor, mucho peor, legislando y dictando jurisprudencia ciscándose encima de los ciudadanos consumidores y en beneficio de las entidades financieras. En este asunto, esta es la “marca España” que hemos tenido durante decenios, y hemos arrastrado por el fango. Pero aún hay más. ¿Se calculan los impuestos en base a la financiación concedida por la entidad financiera en la `obligación principal ́?, no, ni mucho menos. La base imponible sobre la que se calculan los impuestos, y los pagos de notaría, gestoría y Registro, la constituye la responsabilidad hipotecaria que contiene el `contrato accesorio ́ en el que se constituye la garantía hipotecaria.

Por lo tanto, “blanco y en botella”. Pero, ¿qué es la responsabilidad hipotecaria?. Es la suma de una serie de conceptos que son garantizados con el/los inmueble/s hipotecado/s, y que en la gran mayoría de los casos, son cuatro: cantidad que ha sido concedida como `obligación principal ́ por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado, más una cantidad de intereses remuneratorios -u ordinarios – devengados durante un determinado plazo de tiempo – que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura, más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y más una cantidad en concepto de costas y gastos que suele oscilar alrededor del 20% de la `obligación principal ́. La suma de esos cuatro conceptos representa, en un abanico que puede ir del 135% al 200%, la responsabilidad hipotecaria que contempla el “contrato accesorio”,constituyendo la base imponible de los Impuestos y gastos de constitución de hipoteca.

Y el segundo, tercer y cuarto concepto, de dicha responsabilidad, lo define unilateralmente la entidad acreedora, sin intervención alguna de la parte deudora.>Por lo tanto, ¿quién debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados?, indefectiblemente el acreedor. Y eso debiera ser inamovible.

El intentar contemporizar dicha situación, como así parece ser que pretenden determinados grupos parlamentarios en el Congreso, tomando una actitud salomónica, además de ser una auténtica desvergüenza como casi siempre, en beneficio de las entidades financieras -demuestra la catadura moral de nuestros políticos,a los que les importa más bien poco la ciudadanía,consumidora de estos productos de financiación.

La Sentencia nº 1505/2018 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, es justa, bien armada y razonada en Derecho, por magistrados especializados en tributario, que tumba la incomprensible doctrina anterior, contraria a Derecho, y que no debe a no ser se pretenda dar un auténtico escandalazo a nivel internacional, y aún nos puedan calificar, en el exterior, más como “monarquía bananera”
que como un Estado de Derecho modificarse ni reinterpretarse.

La doctrina dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo, en sus Sentencias nº 147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo de 2018, decaen ante la actual Sentencia nº 1505/2018 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, y otras dos que le acompañan y que todavía no han sido notificadas, dado que la Sala Civil tenía como justificación a su fallo -muy endeble, pero al fin y al cabo excusa o coartada el segundo párrafo del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que ahora ha sido anulado por ser contrario a la Ley, por lo que debe prevalecer única y exclusivamente la nueva doctrina dictada por la Sala Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo. Desde nuestro punto de vista, inmodificable.Resulta curioso, como desagradable anécdota, que cuando la Sala Civil del Tribunal Supremo decidió modificar, a través de sus Sentencias 147/2018 y 48/2018, lo dictado en su Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, en la que fallaba considerando como sujeto pasivo del impuesto A.J.D. a la entidad de crédito ya que a favor de la misma se constituye el derecho real de hipoteca – y como secuela de ello quedaba la abusividad y, por ende, nulidad de la cláusula de gastos de constitución que trasladaba dicho tributo al consumidor- ni el Poder judicial, ni los políticos, ni los medios ni tertulianos, se “rasgaron las vestiduras” a favor de los consumidores, sin embargo ahora parece que se acaba el mundo por el mero hecho de que las entidades financieras paguen lo que tenían que haber abonado desde hace casi un cuarto de siglo. Demasiado servilismo al poderoso.

Todos viven, de una u otra forma, de su protectorado: financiación de campañas electorales, patrocinios de todo tipo, publicidad a gogó, y prebendas varias.Aquí ya no hay escapatoria, cualquier cambio en las tres sentencias dictadas este octubre por la Sala de lo Contencioso- Administrativo, en relación a esta cuestión, supondría una provocación al consumidor, que esperamos, y deseamos- llegado el caso- provoque una auténtica marabunta de ciudadanos hartos y asqueados de esta “plutocracia”.

CAPÍTULO: PLAZOS Y RETROACTIVIDAD

Si nos atenemos exclusivamente al tema tributario, tenemos que la retroactividad sería de cuatro años y 30 días a partir del siguiente a la publicación de la Sentencia nº 1505/2018 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, en el Boletín Oficial del Estado, y las otras dos aún no conocidas por no ser todavía notificadas.

En este caso, la reclamación debiera ir dirigida a la Agencia Tributaria de las Comunidades Autónomas o, inclusive, podría solicitarse tal devolución a las entidades financieras ya que constituiría una auténtica estupidez que el consumidor se lo reclamase a la Agencia Tributaria y ésta, a su vez, se lo solicitase a la entidad financiera. Duplicidad de requerimientos que hablaría muy poco a favor de este País de “charanga y pandereta”.

Pero existe otra vía, la de solicitar el análisis del control de transparencia, en base a la Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia europea, y ahí no existe retroactividad alguna ya que una cláusula declarada abusiva, y por lo tanto nula, tiene que tenerse por no puesta en la escritura desde el mismo momento de su firma, por lo que la retroactividad sería hasta la misma fecha de constitución de la garantía hipotecaria.

Damos por hecho, que tras el descrédito de nuestro Alto Tribunal con la retroactividad de las cláusulas suelo, y la del vencimiento anticipado, no se arriesgará a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le saque los colores- en relación a esta cuestión- por tercera vez, sería de “traca”, pero de los Poderes de este País te puedes esperar cualquier cosa.

No debemos tampoco olvidar que, la Sentencia nº 1505/2018 de la Sección Segunda de la Sala Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, hace referencia a que el impuesto A.J.D. afecta al artículo 31 de nuestra Constitución y, por ello, al principio de capacidad económica y contributiva, estando ese precepto contemplado dentro de los derechos y libertades reconocidos en su Capítulo Segundo del Título I, vinculando a todos los poderes públicos. Por lo tanto, algo tendrá también que decir nuestro Tribunal Constitucional. Aunque, lo que es esperanza, esperanza, …. En definitiva, vamos a esperar al lunes 05 de noviembre y que los 31 magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sepan actuar con lealtad y honestidad hacia el Estado de Derecho que dicen que es en el que vivimos.

Si no es así, y parodiando la mirada mordaz del sketch de humor “informe Mongolia”́, ¡estamos hartos … !, los ciudadanos, como consumidores, clamaremos a los cuatro vientos : ¡estamos hartos de gobiernos que solo miran por el interés de bancos y cajas !, ¡estamos hartos de partidos políticos que se olvidan del pueblo, estando pendientes solo de la estabilidad financiera!, ¡estamos hartos de magistrados que, en lugar de impartir justicia con equidad y honestidad, argumentan como escudo , por ejemplo, determinadas repercusiones económicas!, ¡¡ESTAMOS HARTOS!!

Pah MAdrid




Y van 4! Ruido de sables de los lobbistas armados de la Banca en el Tribunal Supremo en la decisión sobre el AJD

AJD: si la inscripción registral es buena para la Banca española al vender 176.000 millones de créditos morosos a los edge-funds también lo es para que pague como sujeto pasivo del impuesto 4.000 millones


Hasta 4 veces el Tribunal Supremo ha modificado su opinión sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Los vericuetos jurídicos de los cambios de criterio de un Tribunal Supremo sin credibilidad social

Primero fue la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 (rec. 2658/2013) dictada ante una demanda colectiva de la OCU en la que se declaró la cláusula como abusiva pero sin hacer distinción alguna. El Tribunal Supremo decidió en aquel entonces que “la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho”. Eso levantó enormes expectativas entre los hipotecados sobre las posibilidades de dar un golpe económico a la Banca española.

Por segunda vez ocurrió, el 15 de marzo de 2018 dos sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 (recursos núm. 1211/2017 y 1518/2017, respectivamente) dictadas en dos recursos de casación presentados por clientes contra Banco Sabadell y CaixaBank. Estos recursos contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo, en 1 y 17 de febrero de 2017 aclaraban que los consumidores de entidades financieras – prestatarios- eran los responsables de satisfacer los tributos de formalización de las hipotecas y en ese caso, responsables del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

En estos recursos de casación – recurso extraordinario contra sentencia interpretativa de la ley– la Audiencia Provincial de Oviedo abordó la problemática de las cláusulas contenidas en las escrituras que los gastos de tasación del inmueble hipotecado así como los gastos y tributos de formalización de la escritura y de su inscripción en el Registro de la Propiedad. La sentencia del Tribunal Supremo declarando que los tributos sí iban a cargo del hipotecado se basó en la doctrina del Tribunal Constitucional que aseguraba que imponer que el sujeto pasivo del AJD sea la persona beneficiada del préstamo hipotecario es una opción política legislativa, culpando al Parlamento y a sus señorias de su opción al legislar el AJD contra el deudor y dejaba a la Banca al margen del pago.

Por tercera vez, el 18 de octubre del 2018, y ésta en una sala distinta la TS- contencioso-administrativo sala 3 Sección Segunda Sentencia núm. 1505-de-2018-10-16, los magistrados optaron por el criterio que el beneficiario de la inscripción registral de la hipoteca era el sujeto pasivo del impuesto, la Banca, pues era el único interesado en inscribir la hipoteca para ejercer sus derechos. Este razonamiento lo deja claro la Sala en los fundamentos de derecho de la página 25:

Las dificultades para determinar con seguridad quién sea la persona del “adquirente” y la presencia en nuestro caso de un negocio complejo en el que
cabría –al menos a efectos dialécticos- identificar dos adquirentes, nos conducen a utilizar –como criterio hermenéutico complementario- el contenido
del artículo 29 del texto refundido y considerar esencial la figura del “interesado” para despejar aquellas incógnitas.

Desde esta perspectiva, no nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento que nos ocupa no es otro que el acreedor hipotecario, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca (el elemento determinante de la sujeción al impuesto que analizamos), pues ésta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad.

Conviene recordar, además, que la persona del hipotecante puede coincidir con el mismo deudor o con un tercero (el hipotecante no deudor, que solo responde con el bien hipotecado), siendo así que –en este último caso- no solo se exigiría el gravamen a una persona completamente ajena a la hipoteca, sino que la base imponible del impuesto incluiría sumas distintas a aquellas que se contemplan en el único negocio en el que participó, comprometiéndose seriamente, creemos, el principio de capacidad contributiva.

La Sala tercera mata este giro radical jurisprudencial en el fundamento de derecho 6 de la página 26 cuando dice:

1. Con lo razonado en el fundamento anterior estamos en condiciones de dar respuesta a la cuestión que hemos considerado preferente de las dos que nos suscita la Sección Primera de esta Sala: el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es una escritura
pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario.

Y por cuarta vez, en un giro inesperado, al día siguiente el 19 de octubre, el Presidente de la  Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, exige que el acuerdo de la sección segunda sea refrendada por el pleno de la  Sala. Ruido de sables. Los tentáculos del pulpo del lobby bancario en las entrañas del poder judicial aprietan ante una sentencia que pone en serios aprietos el balance contable de la BANCArota. Por unos 4000 millones parece ser que la banca española se puede morir.

El ataque del 7º de Caballería de la Banca en el Supremo es evidente pues sólo ha cargado militarmente a la tercera cuando la Banca perdía. En las dos primeras opiniones del TS no movió caballo.


La Culpa la tiene el legislador (*1)

La Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (*2) recoge en su artículo 29 que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. Sin embargo, el reglamento que así regula este impuesto (*3) atribuye la condición de adquirente del bien al hipotecado.

“El problema, según entiende el Supremo, es que el reglamento que regula este impuesto ha interpretado mal la ley, porque a quien interesa que la hipoteca se inscriba registralmente es al banco”, señala Patricia Suárez. En concreto, en su artículo 68, dice el reglamento: “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía, se considerará adquirente al prestatario”.

¿Qué señorías parlamentarias,  el 29 de mayo de 1995 en tiempos de Felipe González, modificaron el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que lo que dice la Ley no se cumpliera en dicho reglamento?

¿ Cuántas leyes hipotecarias y reglamentos están manipulados por el lobby bancaria instalado en el Poder Legislativo o cuántas leyes bien redactadas son retorcidas por el lobby bancario instalado en el Poder Judicial?


La Dirección General del Notariado tiene claro que la Banca es la beneficiaria de la inscripción de la hipoteca

El despacho de Abogados Garrigues en nombre de las diez de las entidades de <servicing> más relevantes del mercado español estableció una ronda de reuniones con las entidades financieras, principales beneficiadas de limpiar balances, y la Dirección General del Notariado que estaban gestionando la recuperación de 176.000 millones de euros de créditos fallidos. El despacho entendió que era imprescindible obtener una vía para que los fondos buitre, adquirente del crédito fallido y nuevo acreedor, obtuviera ese tipo de copia que le permitiera acceder rápidamente a la ejecución, subasta y, llegado el caso, a la adjudicación del activo:

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha dictado una resolución de gran calado que va a permitir que los inversores internacionales – fondos buitre- que han adquirido créditos fallidos (o NPLs, non-performing loans) de entidades financieras españolas puedan acelerar de forma muy significativa la recuperación de los mismos, especialmente si están garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Finalmente, en una resolución de 28 de junio de 2018, la DGRN responde afirmativamente a la consulta planteada por el despacho en nombre de sus clientes (diez de las entidades de servicing más relevantes del mercado español) y confirma que los notarios pueden perfectamente expedir una nueva copia “con efectos ejecutivos” a favor del inversor que adquiere los NPLs garantizados con hipoteca inmobiliaria si antes ese inversor no obtuvo otra. Según la DGRN, esa nueva copia faculta al nuevo acreedor para acceder al procedimiento ágil y privilegiado de ejecución hipotecaria.

Esta noticia de junio de este año (*4), de la que hablaremos en otra entrada, muestra a las claras que el único beneficiario de la inscripción registral es el banco o el fondo buitre. Dicho de otra manera, la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del TS daba validez jurídica en su sentencia del miércoles pasado a los notarios: que EL BANCO O EL FONDO BUITRE ES EL SUJETO PASIVO PUES NECESITA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA HIPOTECA.

PARA LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA QUE ESGRIME LA BANCA NO HAY ÓRGANO JUDICIAL QUE PONGA VETO A UNA INSCRIPCIÓN REGISTRAL  PERO CUANDO ESA MISMA INSCRIPCIÓN OBLIGA AL PAGO DE UN IMPUESTO ENTONCES ES EL DEUDOR QUIÉN TAMBIÉN DEBE RECIBIR CASTIGO Y NO LA BANCA

La Plataforma de Afectados por la hipoteca de Madrid lo tiene claro: PODER JUDICIAL BRAZO EJECUTOR DE LA BANCA, era el artículo que reproduciamos en nuestra web donde se lamenta que el poder judicial “En lugar de cumplir con esa obligación, de carácter imperativo, han estado `mariposeando´ haciendo el papel de `ejecutor´ a favor de las peticiones y demandas de las voraces entidades financieras.”


Notas a pie de página.

    1. el confidencial, ¿Por qué cambió de opinión el Supremo respecto a los gastos hipotecarios?
    2. BOE.ES, Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
    3. BOE.ES, Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

      CAPÍTULO II. Documentos notariales SECCIÓN 1 Hecho Imponible

      Artículo 67 Norma general

      Están sujetas las escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establecen los artículos siguientes.

      SECCIÓN 2 Sujeto Pasivo

      Artículo 68 Contribuyente

      Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

      párrafo 2 –Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario.

      — ::: Párrafo 2.º del artículo 68 anulado por Sentencia TS (Sala Tercera, Sección 2.ª) de 16 de octubre 2018, Rec. 5350/2017 :::—

  1. Bufete Abogados Garrigues, Los fondos podrán recuperar más rápido los créditos fallidos tras una resolución de la DGRN.

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Un decreto judicial de El Vendrell cuestiona la mayoría de las ejecuciones hipotecarias

Un letrado de la Administración de Justicia -antes secretario judicial- de este municipio del Penedès decreta que lo ejecutado no puede ser desahuciado en la misma ejecución hipotecaria.

Josep Cabayol / Siscu Baiges / Xavier Mostacero

El 11 de octubre había previsto un lanzamiento hipotecario en El Vendrell. El abogado José Ángel Gallegos presentó, una vez más, recurso de reposición convencido de que la ‘Ley de Enjuiciamiento Civil’ (LEC) no permite el desahucio en el mismo proceso de ejecución hipotecaria si aún vivos a la vivienda. Y el Letrado de la Administración de Justicia -antes secretario judicial-, Leandro Sánchez García, le ha dado la razón y ha dejado sin efecto el lanzamiento / desahucio. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas ejecutadas conservan la posesión de la vivienda y pueden -de momento- continuar en la finca subastada y adjudicada. El decreto es firme y por tanto no se puede recurrir.

Nuevo Proceso

El adjudicatario del inmueble subastado, con esta interpretación de la ley, no pierde sus derechos, pero si quiere obtener la posesión deberá formular la correspondiente demanda e iniciar otro proceso judicial.

En cuanto a los ejecutados y en el caso de que el adjudicatario demande, además del tiempo que puedan ganar con la dilatación judicial, podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas, incluso aquellas que, contraviniendo las disposiciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE -, el juez haya podido rechazar en el trámite de la ejecución hipotecaria, como serían las cláusulas abusivas denunciadas fuera de plazo y no tenidas en consideración.

Los hechos y la ley

El artículo 675 – ‘Posesión judicial y ocupantes del inmueble’ – de la ‘Ley de Enjuiciamiento Civil’- explica / explicita cuando se puede hacer la entrega de la posesión al adjudicatario de la subasta del bien inmueble y lo condiciona a dos casos:

Primero: cuando la vivienda está vacío. Y segundo: cuando los ocupantes de esta vivienda son terceros.

Precisamos: el artículo 675 dice en su primer apartado: ‘Si el adquirente lo solicita, se le pondrá en posesión del inmueble que no esté ocupado’. Y segundo: en caso de estar ocupado, el adquirente podrá pedir al tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente ‘. Es decir, personas diferentes a los ejecutados: precaristas, inquilinos, ocupas. Entonces también se le otorga la posesión al adjudicatario si la solicita.

En ningún caso se hace referencia al ejecutado. En ningún momento se contempla que se le pueda desahuciar si el piso no está vacío, si el ejecutado continúa viviendo / ocupando la vivienda.

Conclusiones

El decreto no es intrascendente. De la lectura legal de estos artículos se deduce que el antiguo propietario, si todavía habita el inmueble, no ha perdido la posesión, porque vivo / ocupa la vivienda. En consecuencia, no debe ser desahuciado. Las preguntas son cuánta gente ha sido desahuciada ilegalmente y por qué la justicia no sólo ha hecho esta interpretación de la ley sino también por qué le cuesta tanto analizar / revisar el posible grave / fatal error en la aplicación de la norma.

Si se generalizaran decisiones como la decretada por el tribunal de El Vendrell, muchos de los desahucios realizados, dice Gallegos, se convertirían ilegales. Es difícil saber cuántos pero no es atrevido afirmar que lo serían la mayoría.

Así las cosas, la inmensa mayoría de las ejecuciones hipotecarias realizadas no deberían ser válidas.

FUENTE:  sicom.cat / elmon.cat Un decret judicial de El Vendrell qüestiona la majoria de les execucions hipotecàries.



DOCUMENTOS

recurso reposición abogado : jose Ángel GALLEGOS

…………………


…………………


Artículo 675. Posesión judicial y ocupantes del inmueble.

  1. Si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado.
  2. Si el inmueble estuviera ocupado, el Secretario judicial acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar los derechos que crean asistirles en el juicio que corresponda.

Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 661, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda.

  1. La petición de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista que señalará el Secretario judicial dentro del plazo de diez días, en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa.
  2. El auto que resolviere sobre el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble dejará a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos de los interesados, que podrán ejercitarse en el juicio que corresponda.

[Los apartados 2 y 3 de este artículo están redactados conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click aquí.]




El hedge-fund americano Blackstone marca tendencia en la concentración de la propiedad inmobiliaria en España

La compra del 50,1% de Testa Inmobiliaria por esta firma de capital riesgo de New York la convierte en la principal SOCIMI española

Fuente: cincodias.com

En España desde el 2001 al 2009 se constituyeron 11.847.772 hipotecas en una época donde la banca estaba dispuesta a poner la alfombra roja para endosarlas a cualquier ciudadano. Para el 2007 la subida continuada de tipos de interés del BCE hasta el 3%, bajo la presidencia de Jean-Claude Trichet, con el pretexto de la solidez de la economía euro se reflejó en continuadas subidas del tipo de referencia de tasas hipotecarias: el EURIBOR. Este índice fabricado por un pool totalmente privado entre la EBA – European Banking Association- y la agencia Thomson-Reuters, llegó en 2008 al máximo en años: 4,8%.

La crisis económica del siglo ya se había iniciado hacía más de un año en EE.UU. En 2007 cuando aún el ministro Solbes hablaba de su autodenominado “círculo virtuoso de crecimiento” de la economía española se inició una oleada de ejecuciones hipotecarias hasta sumar 758.061 en 2018 (*1). Bajo la apariencia de una subida de tipos supuestamente obligada por la economía recalentada en nuestro país miles de hogares se vieron arrastrados a impagos de la hipoteca por cuotas inasumibles. Hacía el 2012 la banca española había acumulado suelo edificable por millones de m2 y cerca de 1,5 millones de viviendas entre particulares y promotores. La operación Trichet había funcionado.

Esos créditos hipotecarios ejecutados por la Banca española fueron creados de la nada: La Banca nunca prestó su capital ni los depósitos de clientes. Creó un activo en su cuenta y un pasivo en el banco del vendedor (que a su vez era activo del vendedor). Cada ejecución hipotecaria era un enorme negocio: la banca sin prestar nada obtenía una vivienda mientras que el deudor perdía el capital inicial invertido, las amortizaciones, los intereses y su proyecto de vida. Injusto o no esa es la operativa que les permite a esos prestamistas privados que manejan la infernal maquinaria que hay detrás de la creación monetaria bancaria moderna.

En 2013 los activos inmobiliarios saqueados por la Banca española sumaban más de 280.000 millones de euros según FUNCAS (*2). Durante el camino hasta hoy conocemos los casos de la venta de + 100.000 hipotecas de Caixa de Catalunya al Fondo de Titulización FTA 2015 que compró Blackstone. Las familias afectadas conocieron los métodos de extorsión del <servicer> Anticipa que hoy es un ejemplo generalizado a todas las compañías que compran esos activos a la banca española ( préstamos improductivos – en mora con hipotecas asociadas). También sabemos que esos préstamos estaban titulizados por lo que los bancos tuvieron que rescatarlos extinguiendo decenas de Fondos de Titulización amortizándolos anticipadamente gracias a la compra masiva de los mismos por el BCE. Eso lo explicamos muy bien en su momento AQUÍ>>>

Todas las operaciones de venta de activos de la banca española, desde créditos al consumo, hipotecas impagadas y viviendas, se realiza con empresas afincadas en paraísos fiscales como Luxemburgo donde tienen sede muchas de las que operan en nuestro país: Axactor, Blackstone, Cerberus, Lindorff… En el mismo estudio de J.G. Montalvo para Funcas citado en -*2- la Banca española ponía en venta préstamos NPL (non performing loans) y activos adjudicados (REO) por valor de 190.000 millones a finales del 2017.

El expolio de los hogares españoles se observa en este gráfico adjunto donde nuestro país representa la mitad de las ventas de activos problemáticos en Europa. El papel de la FED – Reserva Federal de EE.UU- y del Banco Central Europeo -BCE- ha sido clave en el desarrollo del proceso de expolio de los hogares. Con la excusa de la crisis ambos bancos centrales – lobbistas de la banca privada- han lanzado programas de compras masivas de deuda titulizada – Expansión cuantitativa de dinero – QE – sin las cuales hubiera sido imposible atender semejantes compras. E igualmente han suministrado dinero a tipos 0% de interés sólo para privilegiados para poder apalancar las compras previamente. La operativa es sencilla: las empresas – fondos buitre- realizan la compra de manera apalancada para después titulizar y vender entre otros al BCE o a la FED los titulos. Ambos bancos centrales tienen en sus bóvedas más de 4 billones de € en bonos comprados sólo a empresas privilegiadas como estas.

Para muestra tres botones:

  • el fondo FTA 2015 se constituyó con más de 100.000 hipotecas de Caixa Catalunya y fue comprado desde Luxemburgo por una compleja red de sociedades pantalla con el beneplácito del Gobierno del momento: Rajoy. En la escritura del FTA2015 se asegura que el FROB vende “la cartera Hercules de CX” – 4.187 millones de euros- a Blackstone Group International Partners como mejor oferta. En nuestro artículo de agosto del 2017 teníamos claro la complejidad de los procesos de expolio que esconden las fechorias:

A pesar de lo cual, más adelante figura en delegación de Blackstone la sociedad Spain Residential Finance SARL– pg.15. Para completar el galimatías societario en la escritura- del FTA2015- rubricada en presencia del referido notario don J.C.Ollé i Favaró se presenta el representante de otra sociedad –Alcmena Midco Sàrl- que se subroga en la posición contractual de Spain Residential Finance – pg.17. En los anexos de la escritura – pg.386 – se lee que desde el Gran Ducado de Luxemburgo el día 17 de marzo de 2015 la sociedad BRE/Management 7 SA. cuyo director es Jean-François Bossy – ya lo hemos nombrado- que actúa como administradora de la sociedad Alcmena Midco Sàrl otorga poderes totales para la operación al ya mencionado abogado Alfonso Benavides Grases. Como ven, todo un dechado de transparencia y de limpieza en una operación de una cuantía colosal.

  • El título de esta entrada habla de la compra por parte de Blackstone del 50% de las acciones de Testa inmobiliaria, la principal inmobiliaria de España, que cierra un ciclo de expolio aunque el parque de viviendas de Testa aún es muy pobre en relación al parque de viviendas total (10.615 sobre un total de 18 millones en el país)
  • en el año 2009 el Gobierno del PSOE del sr. Zapatero aprobó con el apoyo de todo el arco parlamentario -PP+ CiU+PNV+CC – la figura fiscal de las SOCIMI – Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario-, una nueva modalidad societaria creada por Ley 11/2009, de 26 de octubre (BOE del 27 de octubre). Con esa medida el Gobierno de esa época modernizaba la fiscalidad siguiendo la estela desreguladora que venía de EE.UU y de la UE. De todas maneras, la Fundación Ideas – PSOE- ya había discutido el asunto para supuestamente modernizar y profesionalizar el mercado del alquiler en España que lo veían “atomizado” y muy de abuelitos. Lo explicábamos muy bien AQUÍ>>>

FUENTE: garcia montalvo- FUNCAS

En resumen, en 15 años la banca española ha aumentado su presencia en el sector residencial vendiendo los activos expoliados a los hogares españoles a fondos de inversión afincados en paraísos fiscales, que a su vez están participados por esos bancos – o tienen intereses convergentes-que usan dinero a raudales fabricados por la FED y el BCE como colaboradores necesarios de todo el entramado embaucador.

Este relato se confirma con la última ‘Encuesta de Condiciones de Vida’ que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la misma se confirma una disminución del 86% hasta el 81% en el número de hogares que vivian en propiedad en nuestro país. No es que la gente no quiera comprar sino que aquellas 759.051 ejecuciones hipotecarias han expulsado un 5% de hogares. Esa diferencia es el resultado del expolio concertado de las élites financieras.

El mito izquierdista de las Socimis y la realidad del alquiler en España

Pero ¿cómo es la distribución de la propiedad inmobiliaria en España? ¿la vivienda está en manos de los fondos buitre??

Aunque parezca extraño, a veces se me ha preguntado mi insistencia en conocer la distribución de la propiedad inmobiliaria en este país. Tiene una importancia fundamental a la hora de calibrar las políticas públicas de vivienda sobre todo en el tema del alquiler. Por ejemplo no es lo mismo que más de la mitad de la oferta de vivienda de alquiler este en manos de personas físicas o jurídicas pues eso tiene relación con la principal política redistributiva: la fiscalidad.

Lo que resulta disparatado es que se hagan políticas sin conocer esos datos. Si algún gobierno las tiene nunca han sido públicas. Ni en el INE – Instituto Nacional de Estadística- ni en la Dirección General del Notariado ni en Registradores de España- es posible encontrar la distribución de cuantas viviendas tiene cada propietario. Solo se encuentran aproximaciones en las sucesivas búsquedas en Internet. Lo que resulta también paradigmático es que en muchos sectores de la izquierda y de los movimientos sociales dan por supuesto que las SOCIMIS y los Fondos buitres controlan el mercado de oferta de alquiler. Los datos indirectos que voy a mostrar indican lo contrario. De hecho, la totalidad de SOCIMIS del estado español tienen una cartera de viviendas que llega al 1% unos centenares por debajo de la cantidad de vivienda pública de alquiler de este país que es una miseria. Testa la principal inmobiliaria – SOCIMi – tiene una cartera de 10.615 pisos.

Eso crea una ola gigantesca mundial sobre la que surfean también abuelitos y propietarios marginales castigando al precariado con subidas del alquiler inasumibles.

La tendencia mundial es a la concentración de la vivienda en pocas manos pero hoy en España el mercado de alquiler está mayoritariamente en manos de personas físicas.

– radiografía del mercado español de Vivienda de Fotocasa –

En el inicio de esta entrada hemos mostrado las herramientas que ha utilizado el conglomerado de prestamistas – la banca privada y sus lobbistas BCE-FED- para dar un vuelco a esa distribución colocando los activos en paraísos fiscales desde donde controlan esa riqueza expoliada. La burbuja recurrente de compra y alquiler de vivienda en España y en todo el mundo, como un hecho único que no sucedía antes, tiene que ver con la inyección por parte de todos los bancos centrales – lobbistas de los prestamistas privados- de centenares de miles de millones de dinero. Eso crea una ola gigantesca mundial sobre la que surfean también abuelitos y propietarios marginales castigando al precariado con subidas del alquiler inasumibles. Los datos que muestran que la propiedad inmobiliaria en España está en manos de personas físicas y no jurídicas – por ejemplo SOCIMI- son estas:

  • Cuatro de cada diez viviendas se compran al contado en España. Según el INE, un 33,23% de las viviendas que se adquieren en España son al contado según los datos del INE, que incluyen también novaciones y renovaciones de hipoteca. Según los datos del Consejo General del Notariado, que no incluye estas dos últimas opciones, el porcentaje de vivienda comprada al contado en 2017 se elevó al 43,60% del total. (*3)
  • Según el anuario 2017 del Colegio de Registradores, en el último ejercicio completo un 87,45% de las adquisiciones de viviendas fueron realizadas por personas físicas y un 12,55% por personas jurídicas. El pico de adquisiciones de estas empresas y fondos de inversión se alcanzó en 2013 (21,93%), cuando los precios estaban en sus momentos más bajos.(ver *3)
  • Un tercio de la oferta de Airbnb en España está en manos de propietarios y empresas con más de 5 pisos (*4). Aunque el tema de pisos turísiticos puede dar datos distorsionados, estos confirman que la vivienda en personas físicas domina ese mercado. Un 11% de los anunciantes controlan el 46% del mercado ofreciendo 2 o más viviendas de alquiler turístico. Un 75% de los anunciantes tienen un anuncio lo que supone un 40% del total de la oferta.
  • Según la radiografía del mercado español de Vivienda de Fotocasa, el 69% de los españoles tiene un piso o casa a su nombre. Y un 16% tiene dos o más viviendas. De media, cada propietario español cuenta con 1,03 viviendas a su nombre, cifra que se eleva al 2,3 en el caso de los propietarios que tienen dos o más viviendas. (*5)
  • un mundo aparte es la Iglesia Católica que consideramos la PRINCIPAL SOCIMI DEL ESTADO ESPAÑOL. Tampoco hay datos sobre sus propiedades inmobiliarias pero consta que trafica con alquileres a pesar de que no paga ningún impuesto de ninguna clase y recibe millones en donaciones y herencias. Lo explicamos muy bien aquí>>>

El resumen sería que una buena parte de la oferta de vivienda en alquiler está en manos de propietarios físicos y bastante atomizada aunque los ciclos financieros que hemos dibujado anteriormente llevaran a una concentración cada vez mayor de la propiedad. En la próxima crisis todo hace suponer que una nueva tanda de ejecuciones hipotecarias se sumaran a las que aún están en curso de la anterior. No es así de extrañar que los hogares en alquiler en los últimos años hayan crecido en todo el país hasta situarse en 3,6 millones según el INE respecto de los 2,5 que había en 2012. Todo el precariado ha sido expulsado como perfil financiero solvente.

Por otro lado, la aseveración que hacemos aquí enmarcada en la historia de medio siglo de nuestro país queda más que confirmada:

El ABC. SÁBADO 2 DE MAYO DE 1959. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 41

(situaba la política que derecha e izquierda han hecho durante los últimos 60 años)

«NO QUEREMOS UNA ESPAÑA DE PROLETARIOS, SINO DE PROPIETARIOS»

“ASPIRAMOS A QUE LA VIVIENDA SEA DEL QUE LA VIVE Y QUE DE LA “LIMITADA” PASEMOS AL IDEAL DE LA “VENTA LIMITADA” (VPO)

Palabras don D. José Luis de Arrese – primer Ministro de Vivienda – en el homenaje que le tributaron los agentes de la propiedad inmobiliaria.

salva TORRES


notas a pie.

  1. ejecuciones hipotecarias 2007-2018 CGPJ – consejo general poder judicial- AQUÍ y AQUÍ – 758.061 viviendas.
  2. FUNCAS, Nuevas coberturas y normas contables: efectos sobre los activos problemáticos de la banca española / José García Montalvo.
  3. eldiario.es, Cuatro de cada diez viviendas se compran al contado en España.
  4. eldiario.es, Un tercio de la oferta de Airbnb en España está en manos de propietarios y empresas con más de 5 pisos .
  5. FOTOCASA-BLOG, Radiografía del mercado de la vivienda 2016-17.



El desahucio abierto y secreto de Lourdes y sus 3 hijos enfrenta al juzgado 55 de Barcelona contra la jurisprudencia del TJUE

Vídeo- Documento de SICOM.CAT – explicación del caso de Lourdes y familia

La família de Lourdes se queda y resiste en su vivienda.

Con este documento queremos informar de la irregularidad practicada en el desahucio que hemos sufrido el pasado jueves 13 de setiembre al ser desalojados sin conocimiento del día y hora del mismo de la que es nuestra casa desde 1991. Ha sido un lanzamiento irregular, llamado abierto, instado por el Juzgado nº 55 de Barcelona, en nombre Kontur Grup Company 3000 S.L., empresa subastera de capital ruso.


concentración delante de la vivienda de uno de los responsables de Kontur Group S.L: Konstantin Toporkov.

Hoy a primera hora de la mañana, mientras Lourdes estaba gestionando su situación precaria y sus 3 hijos menores estaban en la escuela, una comisión judicial acompañada de los Mossos se presentaba en su domicilio. Han despertado a Antonio, el marido, que sufre una fuerte crisis de ansiedad desde hace semanas y con lo puesto lo han dejado en el rellano de la escalera cambiando la cerradura de la puerta de la que fue su casa durante 30 años.

Al mediodía, una familia de 5 personas se encontraban con lo puesto en la calle en el barrio de la Sagrera. Ni los servicios sociales ni el CUESC estaban llamados. Los muebles se han quedado dentro y toda su vida también. Los Mossos, dependientes de la Generalitat, han actuado sin informar al Ayuntamiento ni a sus servicios sociales, y han actuado de conformidad con los Autos y sentencias del Juzgado de Instrucción nº55 de Barcelona para entregar su vivienda a una empresa de capital ruso que se dedica a comprar pisos de bancos en las subastas… UNA EMPRESA SUBASTERA- Kontur Grup Company s.l. , de las que hay a decenas en los juzgados.

Konstantin Toporkov de Kontur Group sl

Era un desahucio abierto pues desde julio la familia sabía que le podía pasar. Pero era secreto pues ni siquiera los servicios sociales estaban avisados. Los juzgados están utilizando esta artimaña sin ningún amparo legal más que la propia fuerza de la policía para ejecutarlos. Los desahucios abiertos son ilegales.

El mismo día que el TJUE declara ilegal la cláusula de vencimiento anticipado que uso Catalunya Caixa para robar la vivienda a la familia el Juzgado 55 de Barcelona ejecuta un desahucio ilegal a favor de una empresa subastera con la ayuda de la policía catalana

Más claro no lo podemos decir. La familia y la abogada han luchado en los juzgados desde el 2015 para enmendar una injusticia a todas luces. Todos los recursos han resultado infructuosos ante el muro de la Ciudad de la Justicia, en el descansillo del Juzgado de Instrucción 55 y en la Audiencia Provincial a la que se recurrió también.

Por qué decimos que el desahucio es ilegal?

      • porque en los sucesivos recursos de la abogada por las numerosas cláusulas abusivas de la hipoteca de Catalunya Caixa el Juzgado nunca los ha tomado en consideración a pesar que cuando se inició la ejecución en 2014 la jurisprudencia europea había dado el primer golpe a la legislación hipotecaria española en materia de cláusulas abusivas (caso AZIZ).
      • Porqué en 2018 la abogada ha recurrido nuevamente en ese sentido y el Juzgado 55 ha hecho oídos sordos a la reclamación obligada por Europa que de oficio debía haber suspendido todo el proceso ejecutivo y la adjudicación a Catalunya Caixa y al remate al subastero ruso. La razón es que se había interpuesto un tercero, un ciudadano, que no tenía la culpa de lo que había hecho anteriormente el Banco. O sea, que ahora los bancos, creando sociedades pantalla de subasteros pueden quedarse con las viviendas de las familias y el argumento les permitiría saltarse todas las normativas europeas para no perjudicar a un tercero que se ha presentado al festín de la carroña en la subasta del juzgado.
      • porqué cuando se inició la ejecución hipotecaria, Catalunya Caixa ya no tenía la legitimación activa para reclamar la hipoteca porqué había vendido el crédito al Fondo de titulización MBScat1. La reclamación de ausencia de legitimación llegó también al Juzgado, que la rechazó a pesar de tener toda la documentación en la mano.
      • porqué la abogada reclamó a la Audiencia Provincial de Barcelona  y su Sección 13 rechazó nuevamente en un auto lleno de errores donde se citaba el Fondo de titulización en litigio como Participaciones hipotecarias cuando estaba constituido por Certificados de Transmisión hipotecaria, lo que quería decir que generaban jurisprudencia sin leer siquiera los papeles >>>>> TODO ESTA MUY BIEN EXPLICADO Y DOCUMENTADO AQUÍ>>>
      • Y POR ÚLTIMO porqué es un DESAHUCIO ABIERTO Y SECRETO que vulnera los más elementales derechos humanos y no está amparados en ninguna legislación de derecho civil.

La actuación de la justicia estatal y de la policía autonómica dejando a la familia en la calle traspasa el problema a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ada COLAU que se encuentran desbordados desde hace meses por la magnitud del desastre en la ciudad.

El retraso en la transposición de la normativa europea a la ley hipotecaria española lleva un retraso de dos años, 90 millones de multa a España y la familia tendrá el derecho a la reclamación al banco en primer lugar y al Estado en último término por los daños económicos y morales causados por la actuación ilegal de los juzgados y de la policía.

Primer intento de desahucio en el 2016 a la Sagrera

Nuestra Asociación ha recomendado a la familia afectada, activista de nuestra entidad así como del sindicat de Llogaters de Barcelona que la batalla no ha terminado aquí y que vamos a apoyar todas las actuaciones necesarias para:

  1. realizar un manifiesto de todas las entidades que luchamos en la ciudad por el derecho a la vivienda para reclamar la abolición de los desahucios abiertos que tanto daño causan a la población más indefensa.
  2. ayudar jurídicamente y en la movilización para reclamar y resarcir el daño causado por tanta injusticia porque entendemos que después de todas las sentencias el juzgado de instrucción 55 de Barcelona está actuando NEGLIMENTEMENTE al margen de la legislación española y europea en materia de derechos de los deudores hipotecarios. Porqué si el juzgado fuera CONSCIENTE de que ha dictado una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley eso tiene un nombre: PREVARICACIÓN y eso es un delito penal.



NUEVA SENTENCIA PIONERA sobre titulización hipotecaria: es una cesión de contrato! no una mera cesión de crédito

El Juzgado nº3 de Girona pone al descubierto contradicciones jurídicas en el negocio de la titulización de deudas

El detalle se encuentra en la cláusula de renuncia a estar informado de la cesión del crédito.

La contradicción está si de esa cláusula abusiva se deriva una cesión de crédito o una cesión de contrato

En una buena parte de las escrituras de los fondos de titulización, el cedente transfiere todo el negocio, o sea, el clausulado en su totalidad y el banco se subroga a mero administrador o “servicer”.

El pasado lunes uno de los abogados con el que colaboramos nos da un notición. Una familia de Girona que buscó nuestra orientación cuando lo tenía todo perdido frente a Catalunya Bank y Anticipa (BBVA) ha recibido la sentencia 928/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº3 de Girona donde se anulan toda una serie de cláusulas abusivas del contrato.

El abogado de la familia presentó una demanda contra el Banco BBVA, sucesor universal de Catalunya Caixa, por las cláusulas: COMISIÓN DE APERTURA, COMISIÓN POR NOVACIÓN, CARGOS POR POSICIONES DEUDORAS, GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, VENCIMIENTO ANTICIPADO y cláusula de CESIÓN DEL CRÉDITO. En todas estas la Jueza falló contra el Banco. En el caso concreto de la cláusula de cesión de crédito fue más lejos y creemos que sentó nueva jurisprudencia en un pequeño detalle que hasta ahora nos había pasado por alto a la mayoría de las entidades que defendemos el tema de la titulización como arma de defensa frente a las ejecuciones hipotecarias. Por lo tanto, la sentencia al igual que muchas otras tiene su importancia como victoria frente al Banco, pero en este caso nos queremos dedicar exclusivamente en la cláusula de renuncia a estar informado de la cesión del crédito.

La sentencia en el caso concreto de la cláusula comentada, se basa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios – LGDCU- ( Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) que en su artículo 3 define consumidor y usuario:

A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Eso significa sencillamente que en el ámbito de los créditos hipotecarios esa familia era una consumidora a efectos jurídicos. Por esa razón, desde la perspectiva de la abusividad tenemos en cuenta lo dispuesto en la LGDCU que establece:

“Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”

Con estas premisas, la sentencia introduce los fundamentos de derecho sobre la cláusula de renuncia a estar informado de la cesión del préstamo. En la escritura del préstamo la cláusula 8 dice:

“CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA se reserva la facultad de transferir a cualquier otra persona natural o jurídica todos los derechos dimanantes de este contrato, sin necesidad de tener que notificar la cesión o transferencia al deudor, el cual, al efecto, renuncia al derecho que le concede el artículo 149 de la Ley hipotecaria vigente”.

La entidad demandada – BBVA, sucesora universal- defiende su validez argumentando que la cláusula prevé la cesión del crédito, no la cesión del contrato, siendo así un pacto plenamente válido. La Jueza contra-argumenta que la ley ya provee la NO notificación por lo que es una incongruencia poner esa cláusula.

A pesar del confusionismo del texto, no cabe duda que, en contra de lo que defiende la demandada, nos encontramos ante una cesión del contrato, ya que implica la transmisión de la relación contractual en su integridad, como conjunto de derechos y obligaciones. Por consiguiente, como tal exige el consentimiento del cedido y no cabe cláusula que anticipe un consentimiento para una eventual cesión. Ello lo prohíbe expresamente el artículo 86.3 TRLGCU que considera abusivas por limitar los derechos básicos de consumidores y usuarios la “liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste”.

Además, si admitiéramos la tesis de la demandada no tendría explicación dicha previsión contenida en la cláusula impugnada, porque en base a los artículos 1.112, 1.528 y 1.878 CC y 149 LH no se requiere en la cesión del crédito el consentimiento del deudor cedido.

Lo que se consigue, como ya sentó la Sentencia Tribunal Supremo núm. 792/2009, de 16 de diciembre, “es que por el adherente se renuncia a la notificación, es decir, a que pueda oponer la falta de conocimiento, en orden a los efectos de los arts. 1.527 (liberación por pago al cedente) y 1.198 (extinción total o parcial de la deuda por compensación) del Código Civil”. Sigue estableciendo dicha resolución que “la renuncia anticipada a la notificación, en tanto que priva de las posibilidades jurídicas anteriores a la misma (conocimiento), merma los derechos y facultades del deudor cedido […]”.

Incluso el TS lo entiende aplicable a la propia cesión del crédito hipotecario, reconociendo que aunque es cierto que el art. 242 RH admite que el deudor
renuncie a que se le dé conocimiento del contrato de cesión del crédito hipotecario, dicho precepto no puede prevalecer por encima de la normativa
especial en sede de contratos sujetos al TRLGDCU (texto refundido de LGDCU).

Por todo ello, dicha cláusula contenida en ambos préstamos debe considerarse nula por limitar los derechos propios del consumidor al no poderse beneficiar de este modo de las consecuencias que ocasiona la notificación de la cesión del contrato de préstamo.

Por todo lo expuesto, la clausula 8 de renuncia a ser informado de la cesión resulta nula de pleno derecho.

¿Cesión de crédito o cesión de contrato?

Como se lee en nuestro subrayado de uno de los párrafos anteriores, la Jueza, afirma: “..nos encontramos ante una cesión del contrato, ya que implica la transmisión de la relación contractual en su integridad, como conjunto de derechos y obligaciones..” Ahí es donde el abogado de la familia, Andrés Giordana, diferencia en su explicación entre cesión del crédito y cesión del contrato. Una cesión del crédito sería eso, ceder parte de los beneficios, a cambio de la entrega de dinero por el cesionario. es el supuesto negocio que cubre la figura financiera de la titulización. En este caso, la hipoteca de la familia fue cedida-vendida, al fondo FTA2015, propiedad de Spain Residential Finance SARL, del grupo Blackstone y afincada en Luxemburgo – paraiso fiscal-, cuyo servicer o gestor de cobros es Anticipa. (2-3-4)

En general, en todas las escrituras de constitución de un Fondo de titulización, se estipulan las condiciones de traspaso del negocio crediticio del originador – jerga titulización- o vendedor -jerga comercial- (entidad financiera) al cesionario (Fondo). ¿qué se debe entender entonces por la transmisión de la relación contractual en su integridad de derechos y obligaciones?

En el enrevesado mundo financiero y jurídico que representa la titulización, la transmisión contractual suele adquirir nombres del estilo “Plan de negocio” en el caso del FTA2015 (5) o “administración y custodia de activos” en RMBS1 Santander o “derechos conferidos al fondo” en el caso de FonCaixa9 Hipotecario de la Caixa. En todos los casos, el banco se convierte en un prestador de servicios al Fondo, modernamente, un Servicer, gestionando los cobros, las negociaciones, la intermediación y conservando la documentación con la copia hipotecaria ejecutiva. La escritura de todos los Fondos reflejan obligatoriamente esa nueva relación de prestaciones del servicer- banco- al fondo sobre:

  1. reembolso al Fondo de todas las cantidades devengadas en concepto de amortización de las disposiciones tomadas.
  2. reembolso de los intereses devengados de las primeras disposiciones.
  3. cualquiera de otros pagos realizados en razón de los derechos o bienes hipotecados en el remate, avales, etc.
  4. otros pagos derivados de las disposiciones como indemnizaciones, seguros, intereses de demora y otras comisiones del negocio financiero.
  5. y por supuesto, MUY IMPORTANTE, el riesgo se transmite totalmente al fondo y, en consecuencia, a los bonistas.

DETALLE punto 4: de otros pagos derivados de las disposiciones

 

Es posible una participación en el negocio hipotecario de un tercero sin que haya cesión del contrato?  Sí! en las cédulas hipotecarias, que las hay en miles de millones metidas, en las gestoras, en este caso, en fondos de titulización de cédulas.

Otra consecuencia muy importante de lo que estamos hablando tiene relación con la legitimación activa del cedente – banco.

La entrega o transmisión del contrato se manifiesta, de tal modo clara, que todas las escrituras de fondos de titulización llevan otro apartado de la nueva relación contractual adquirida por el Banco respecto de los activos cedidos – participaciones PH y certificados hipotecarios CTH- que expresan  su carácter de “servicers“:

En la siguiente imagen de la escritura de constitución del Fondo, se explicita claramente que el banco dedicará el mismo mimo en la gestión de los CTH o PH que si fueran “propiedad suya”. Ahí lo dice….. el Banco certifica en la escritura que las hipotecas no son suyas. ¿Qué discusión cabe en los juzgados? ¿de qué discuten los magistrados de Audiencia y jueces de primera Instancia en BCN obstinados en defender que las hipotecas son de los bancos y no han sido vendidas-cedidas?

Otras consecuencias del “contrato secreto” entre banco y Fondo de titulización que el deudor no conoce pero condiciona su contrato.

El contrato secreto no es otro que la escritura de constitución de la venta del activo del deudor – hipoteca- al Fondo. Si la cláusula, objeto de litigio en esta sentencia, por la que el deudor renuncia a conocer si su hipoteca ha sido vendida – cedida en la jerga- a un tercero, ES OBLIGATORIO QUE LA MADRE DE ESA CLÁUSULA TAMBIÉN ESTE EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE TITULIZACIÓN:

Vamos a ver otra conclusión de toda esta larga exposición para explicar al lector de que estamos hablando. La cláusula anulada por la jueza se hace porque contraviene los derechos del consumidor: “lo prohíbe expresamente el artículo 86.3 TRLGCU que considera abusivas por limitar los derechos básicos de consumidores y usuarios la -liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste-“. Esa vulneración de derechos del usuario también TIENE A SU CLÀUSULA MADRE, ESCONDIDA DEL IGNORANTE DEUDOR, EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE TITULIZACIÓN:

En este apartado de la escritura del Fondo, el banco, administrador, Servicer, se le impide cualquier clase de negociación con el deudor, ignorante de este contrato secreto, que no tenga el aval del Fondo. O sea, el deudor no puede negociar las condiciones de su contrato, que siendo un contrato entre iguales SÍ tiene derecho, porque la otra parte es un “correveydile” de un tercero que permanece escondido tras el telón juríco-financiero: El Fondo de titulización.

O sea, como dice la sentencia: Por todo ello, dicha cláusula contenida en ambos préstamos debe considerarse nula por limitar los derechos propios del consumidor al no poderse beneficiar de este modo de las consecuencias que ocasiona la notificación de la cesión del contrato de préstamo.

Consecuencias de esta sentencia que creemos pionera pues abre nuevos frentes de conflicto a la Banca

Hay otras consecuencias más allá de la anulación de la esmentada cláusula? Sí. Una primera que el abogado Andrés GIORDANA adelanta en su blog (6):

Ahora el hecho de la existencia de esta cláusula, el banco reconoce que se trataba de una cesión de contrato. Y como la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe expresamente a renunciar a derechos con antelación, la cláusula es nula por si misma. Aunque el reglamento hipotecario español, lo consienta, este mismo reglamento está por debajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los derechos básicos del consumidor…… Todo esto la verdad, abre un abanico de batallas judiciales, en las que las familias podrán tener más posibilidades de defender sus hogares contra las estafas bancarias.

Si ha habido una venta de contrato, ¿que pintan los avalistas en esa nueva relación que se ha creado? Nosotros creemos que los avalistas como tales no podrían ser perseguidos de ninguna manera.

También abre la vía a considerar compensaciones económicas al deudor por los daños derivados de la transmisión del contrato hipotecario a un tercero y la misma sentencia abre esa posibilidad.

Lo que se consigue, como ya sentó la Sentencia Tribunal Supremo núm. 792/2009, de 16 de diciembre, “es que por el adherente se renuncia a la notificación, es decir, a que pueda oponer la falta de conocimiento, en orden a los efectos de los arts. 1.527 (liberación por pago al cedente) y 1.198 (extinción total o parcial de la deuda por compensación) del Código Civil”. Sigue estableciendo dicha resolución que “la renuncia anticipada a la notificación, en tanto que priva de las posibilidades jurídicas anteriores a la misma (conocimiento), merma los derechos y facultades del deudor cedido […]”.

Igualmente, si se confirma en sentencia firme que ha habido transmisión de contrato y no de un crédito, y aunque en la legislación española y en el Código Civil no esté regulado, sí hay jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido que el cesionario debe dar el consentimiento de la cesión del contrato. Tal aseveración

STS de 19-09-2002 En efecto, la cesión de contrato que conocida y consolidada jurisprudencia construye implica la transmisión a un tercero de la relación contractual, en su totalidad unitaria, presumiendo, por ende, la existencia de obligaciones sinalagmáticas que, en su reciprocidad, se mantienen íntegramente vivas para cada una de las partes. La figura jurídica de la cesión del contrato supone un negocio de cesión entre cedente y cesionario de un contrato de prestaciones recíprocas, pues de ser de prestación única se estaría ante una simple cesión de créditos o asunción de deudas. La necesidad de mediar consentimiento es requisito determinante de la eficacia de la referida cesión contractual, y así lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 12 de julio de 1.996, 1 de julio de 1.949, 26 de febrero y 26 de noviembre de 1.982, 23 de octubre de 1.984 y 5 de marzo de 1.995…”

La idea de contrato sinalagmático refiere a un contrato bilateral, que es un convenio que genera obligaciones recíprocas para aquellos que firman el acuerdo. De este modo, el sinalagmático es un contrato que se diferencia del unilateral (que implica obligaciones para una única parte). El contrato hipotecario es unilateral sólo? Así pues, vamos a afilar la punta del lápiz y con todos aquellos gabinetes de abogados que se presten a colaborar, podemos comenzar a crear esas nuevas armas jurídicas que esta sentencia abre. Esperamos poder cooperar en todo ello y especialmente preparamos para este otoño un debate público en nuestra sede que esclarezca a la luz de las investigaciones caminos de defensa jurídica.

salva TORRES, activista de 500×20


sentencia 928 de 17 julio 2018 Juzgado 1a instancia n3 girona.pdf


(1)  asociación 500×20, Cómo actuar delante de Anticipa Real State: ¿ponemos una piedra en el zapato de Blackstone?.
(2)  scribd.com, escritura constitucion FTA2015.
(3)  Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fondo de titulización FTA2015.
(4)  Ahorro y Titulización, Fondo de titulización FTA2015.
(5) la escritura del FTA2015 es un compendio que hace legal un negocio de trileros entre CX, Frob, Blackstone y su cohorte de sociedades luxemburguesas que muestra las malas maneras en que se vendió el fondo hipotecario de CX poniendo como avalista final siempre al FROB, o sea, el dinero de todos los ciudadanos de  este país. Esa venta, la de CX a Blackstone, en esas condiciones quiere decir que algunas personas relevantes del entorno sacaron suculentas comisiones del expolio. Les invitamos a que lean las 460 páginas que necesitaron para escribir todas las condiciones para no reventar en disputas ese negocio de ladrones.
(6) Andrés Giordana, GANADA CESIÓN DE CRÉDITO CONTRA BBVA.


La sentencia en formato video, gentileza de Andrés GIORDANA.


INFORMACIÓN RELACIONADA:




#LourdesEsQueda: concentració de suport davant el domicili del subhaster Konstantin Toporkov

Primer intent de desnonament al 2016 a la Sagrera

La llar de la família García-Yubero ha entrat en unes setmanes decisives davant un desnonament obert des del 9 de juliol

No cal explicar l’angoixa que es pot viure quan et volem desnonar de la llar on has viscut més de 20 anys, han crescut els fills i la vida familiar. L’empresari d’origen rus Konstantin Toporkov, nacionalitzat espanyol, gràcies a la llei del Partit Popular que permet a qualsevol ric tenir nacionalitat posant diners sobre la taula, els vols desnonar perquè ha comprat casa seva en una subhasta de Catalunya Caixa al 2016 per 91.000 euros, a través de una de les 40 societats de les que ha estat administrador: Kontur Grup Company 3000 SL. El sr. Konstantin Toporkov, és un subhaster que viu de pul·lular pels Jutjats de la “Ciutat de la Justícia” i quedar-se pisos que ofereixen els Bancs al remat de famílies ofegades per aquesta crisis permanent nascuda al 2007.
Ha tingut càrrecs a més de 40 empreses creades amb un capital social de 3000 € i, que en paraules de Lourdes García– activista nostra- ,després revèn a altres inversors que volen ampliar el negoci i no hi ha cap declaració de societats. Totes són del negoci immobiliari i tot fa sospitar que el origen del seu negoci immobiliari principal està a la “Ciutat de la Justícia” concretament a les subhastes de les entitats financeres. Els bancs venen els pisos a subhasters nacionalitzats espanyols. Quin patriotisme financer!. Els bancs tenen un gran apreci per aquesta altra classe de voltors. Al comprar al remat els habitatges els deslliuren que cap responsabilitat social com el lloguer social o la moratòria Guindos de desnonaments fins al 2020. Han trobat els sistema perfecte de saltar-se les poques lleis que encara alleugeraven les seves malifetes. Tots són voltors, però hi ha categories. Sense els Fainé, González o Botín, aquests altres voltors de segona categoria no tindrien els negoci de les engrunes immobiliàries.

Però hi ha altres actors imprescindibles en aquest terrorisme financer. Són els jutges, els magistrats i els registradors de la propietat. Sense la figura del fedatari públic que certifica la pantomima de com una hipoteca que al 2012 només li quedava 28.00 euros per pagar pot passar a un desnonament obert al 2018. L’execució hipotecaria de la família ha estat un cúmul d’escàndols judicials. que podeu llegir en deteniment aquí>>>.

tot fa sospitar que el origen del seu negoci immobiliari principal està a la “Ciutat de la Justícia” concretament a les subhastes de les entitats financeres. Els bancs venen els pisos a subhasters nacionalitzats espanyols. Quin patriotisme financer!

En resum, el Jutjat de Primera Instància 55 de Barcelona els ha negat l’oposició a la execució perquè Catalunya Caixa no era propietària del crèdit perquè se l’havia venut a un altre actor: GAT.sgft, extinta societat de titulització de CX. Perquè en el moment de la subhasta Catalunya Caixa ja havia cobrat amb escreix el crèdit de la família i va obtenir a més 90.000 euros del subhater K.Toporkov i la família encara té un petit deute a pagar per cobrir interessos, costes, etc. Els registradors de la propietat tenen una responsabilitat fent còpies executives a entitats que no són les mateixes que van concedir el crèdit- no és el mateix Catalunya Caixa que Catalunya Bank- però els bancs tenen una patent de corsari que no s’aplica a la resta dels mortals. El jutjat de Primera Instància 55 té una responsabilitat perquè no va acceptar el recurs de la Lourdes perquè el Banc ja no era el seu creditor. L’Audiència provincial, on va recórrer, va certificar que això de vendre els crèdits no era un problema encara que CX no fos el propietari del deute. I retornant finalment al Jutjat 55 de Barcelona que sistemàticament, saltant-se totes les lleis espanyoles i sentències del TJUE, ha negat la paralització de tots els procediments per clàusules abusives. I aquí no ha passat res!

Esperem un últim gest de l’Ajuntament de Barcelona.

Finalment, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Andreu, que al 2016 ja va iniciar actuacions per concedir un habitatge d’emergència a la família no sap com aplicar la seva normativa de concessió d’habitatges socials perquè no els cap al cap, valgui la redundància, que una família hagi volgut defensar la seva llar contra gegants, i no està clar que acabi castigant també a la família sense cap ajuda, en la incapacitat de lligar la reslitat del carrer en l’estúpida normativa de concessió de drets Encara esperem que l’últim recurs de justícia que es troba en l’administració més propera a la ciutadania doni un pas endavant entomant aquest desagradable afer.

Quan tot està perdut cal tocar a la porta de l’Ajuntament. L’Ajuntament de Barcelona pot fer un toc d’atenció com institució a la “Justicia” per les males maneres de com s’ha portat tot i que li toca menjar-se ara el marron. Alleugeraria la llarga cua d’espera d’habitatges d’emergència d’un any.

L’Ajuntament de Barcelona, podria posar en marxa, la resolució aprovada al Consistori de la nostre ciutat, al novembre del 2016 en contra de la titulització hipotecària dels crèdits de les famílies, de la que l’Asc.500×20 som un dels responsables. Moltes comunitats autònomes i ciutats de tot l’estat han aprovat resolucions i lleis per denunciar aquesta pràctica usurera de la Banca sense cap transparència que es un negoci multimilionari de les entitats financeres. No entenem perquè l’administració local no ha implementat totes les mesures perquè aquest tema de la titulització arribi a cada Oficina d’habitatge i el sol ressò hagues fet despertar algun magistrat de l’Audiència provincial del somni de signar qualsevol barbaritat que li posa davant un banc>>>.

Aturem el desnonament obert: #LourdesEsQueda

Independentment de tot, ara toca a l’Ajuntament de Barcelona fer l’últim pas. Que #LourdesEsQueda vol dir que ella, el seu marit malalt dels ensurts de la vida i els seus 3 fills menors no es quedin al carrer i que el voltor Konstantin TOPORKOV no es surti amb la seva. Catalunya Bank serà tema d’altra. A la gent solidària de la ciutat ajudar a la Lourdes que es una activista del dret a l’Habitatge de la nostra Associació i del Sindicat de Llogateres. Us esperem a tothom a la porta de casa de Lourdes donant suport aquest dies fins el 20 de juliol tots els matins fins a una solució justa.


CONCENTRACIÓ DE SUPORT A #LourdesEsQueda

Ahir Lourdes, amb el suport del Sindicat de llogateres i de la nostra Associació i moltes solidàries de la ciutat, va fer una concentració de protesta davant el domicili del subhaster K.Toporkov, al carrer Sicília amb Aragó, on va comptar amb el suport de més de 50 persones solidàries.